Existen derrotas políticas que escuecen por lo ajustado del escrutinio, y luego existen varapalos monumentales que duelen por las verdades incómodas que sacan a la luz. La reciente hecatombe electoral sufrida por el partido Morena en el estado de Coahuila se inscribe, sin lugar a duda, en esta segunda y amarga categoría. Resulta imprescindible abordar este suceso con la claridad y la crudeza que la madurez de nuestra democracia exige. El partido en el poder no perdió la contienda por un margen estrecho en un par de distritos disputados; el descalabro fue total. Perdieron los dieciséis distritos en juego. Una humillante proporción de dieciséis a cero. Esta caída se materializó con una desventaja de más de trescientos mil sufragios, marcando una brecha de aproximadamente veinticinco puntos porcentuales frente a una sólida coalición priista que aglutinó cerca de 684.000 votos, eclipsando por completo los raquíticos 325.000 apoyos que apenas consiguió rascar la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo.
Sin embargo, lo que resulta verdaderamente insólito y preocupante no es el castigo de las urnas en sí, sino la reacción visceral del aparato oficialista. Mucho antes de que el conteo de votos llegara a su fin, la cúpula nacional del movimiento ya tenía perfectamente engrasada y difundida su cuartada justificativa. No admitieron una derrota; sentenciaron, con inusitada ligereza, que habían sido víctimas de una “elección de Estado”. Es imperativo detenernos a diseccionar esta frase, porque encierra un peso histórico trascendental. Aquellos que peinan canas y guardan memoria de las lucha
s políticas de antaño reconocen estos términos al instante. Son exactamente las mismas palabras que la izquierda mexicana esgrimió durante décadas para denunciar los abusos del viejo régimen hegemónico. Fueron el grito de guerra en plazas, el argumento central en interminables plantones y la exigencia moral de una sociedad agotada de que el gobierno operara como juez y parte para anular a la oposición.
Hoy, en un giro narrativo que resulta ser una asombrosa pirueta de la historia, esas mismas consignas de resistencia son pronunciadas por el partido que gobierna la nación con la mayoría parlamentaria y territorial más amplia que se haya visto en la era democrática contemporánea. Todo ello para intentar explicar su fracaso absoluto en un territorio adverso. Ariadna Montiel, dirigente nacional de la formación, fue la encargada de articular esta tesis en una extensa comparecencia ante los medios de comunicación. Denunció la existencia de un entramado sofisticado de coacción al votante, rápidamente bautizado con vocación de volverse viral como el “Qergérgate”. Según este relato, los operadores del Partido Revolucionario Institucional suministraron códigos QR a los ciudadanos para que, tras fotografiar subrepticiamente sus boletas, pudieran acreditar su voto a cambio de una retribución económica en efectivo.
A este panorama, la dirigencia sumó acusaciones sobre la supuesta filtración de bases de datos y la detención arbitraria de alrededor de doscientos simpatizantes en las horas previas al cierre de los colegios electorales. Para rematar el marco discursivo y asegurar su anclaje emocional, no dudaron en equiparar lo sucedido en Coahuila con escándalos del pasado como “Amigos de Fox” y el “Caso Monex”. Es justo en este punto de la narrativa donde el reflejo resulta más nítido y perturbador. Recordemos que el caso Monex fue el entramado de tarjetas utilizado para denunciar la compra masiva de voluntades en las presidenciales de 2012, las mismas que llevaron al presidente Enrique Peña Nieto al poder. Durante años, la indignación por estas prácticas constituyó el catecismo fundacional del movimiento que prometía barrer con la llamada “mafia del poder”. Ahora, desde la inmensa comodidad de los despachos gubernamentales, recurren a esos mismos fantasmas para maquillar su inoperancia. El alumno, al mirarse en el espejo de la adversidad, ha descubierto el rostro del viejo maestro al que juró defenestrar.
Lo verdaderamente grave de este fenómeno no radica en otorgar o restar veracidad inmediata a las denuncias presentadas, una labor que corresponde en exclusiva a las autoridades y tribunales electorales, los cuales, al redactar estas líneas, aún no han emitido un dictamen definitivo. El núcleo del problema reside en la incapacidad crónica de este movimiento para ejercer la autocrítica. Se han sumido en el viejo y nocivo hábito de que quien ostenta el poder absoluto desaprende el sano ejercicio de saber perder. No es un caso aislado. Basta retroceder al año pasado en el estado de Durango, donde también cosecharon malos resultados. En aquella ocasión, bajo la batuta operativa de su figura más prominente, Andrés Manuel López Beltrán, el veredicto fue un decepcionante tercer lugar. Las excusas fueron calcadas: compra de votos, coacción y trampas sistémicas. El patrón es innegable: la derrota jamás se percibe como el mandato del electorado soberano; siempre se disfraza de fraude o conspiración.
Afortunadamente para la salud del debate público, las grietas a esta imposición narrativa han comenzado a emerger desde el interior de sus propias filas. Ricardo Monreal, un perfil curtido en mil batallas y actual líder parlamentario, deslizó la tesis oficial, pero tuvo la franqueza y el valor que otorga la veteranía para señalar lo que nadie más quería verbalizar. Admitió que el partido no debió depositar tantas esperanzas en factores externos y que sus propias estructuras, lisa y llanamente, fracasaron. Esta confesión interna vale oro puro. Desmonta el relato victimista y revela que no fue el supuesto aparato del Estado quien les arrebató el triunfo, sino su propia maquinaria, desorganizada e incapaz de movilizar al electorado en un territorio históricamente refractario.
La insistencia en la teoría del fraude beneficia en exclusiva a los altos mandos, que encuentran así el chivo expiatorio perfecto para eludir sus responsabilidades por haber diseñado estrategias fallidas y abandonado a sus candidatos locales a su suerte. Los que realmente pagan el coste de esta farsa son los militantes de base que, de buena fe, invirtieron su tiempo y esfuerzo en una contienda que sus líderes ya daban por amortizada. Además, no podemos obviar el ensordecedor doble rasero con el que opera el oficialismo. Resulta paradójico que clamen al cielo por una presunta coacción en Coahuila, mientras mantienen un silencio cómplice frente al caos en estados que sí gobiernan, como Sinaloa, donde la violencia impone sus propias reglas, o ante las reiteradas acusaciones del uso clientelar de los programas sociales a través de la red de “servidores de la nación”. La coacción, parece ser, solo resulta intolerable cuando la ejerce el adversario político.
El impacto de este comportamiento trasciende ampliamente las fronteras de Coahuila, un estado fronterizo con Texas cuya estabilidad económica y política es celosamente vigilada por inversores internacionales y por Estados Unidos. Esta elección intermedia no fue un simple trámite; fue el gran ensayo general de cara al crucial 2027, cuando se renovará el Congreso nacional y diversas gubernaturas. El dirigente opositor Alejandro Moreno interpretó rápidamente este triunfo como un mensaje de que el gobierno no es imbatible. Precisamente para proteger ese mito de invencibilidad, el oficialismo prefiere dinamitar el prestigio del árbitro electoral antes que mostrar debilidad.
El precio a pagar por esta arrogancia es incalculable. Deslegitimar a las instituciones electorales autónomas, las mismas que validarán sus futuras victorias y cuya construcción costó décadas de lucha ciudadana y vidas humanas, es un acto de extrema irresponsabilidad histórica. La semilla de la desconfianza, una vez plantada, erosiona el tejido democrático en su totalidad. El verdadero liderazgo político no consiste en alimentar los agravios de la militancia, sino en tener la grandeza de aceptar la decisión del pueblo, incluso cuando duele. El día que nuestras autoridades aprendan a decir “perdimos” con dignidad, habremos asegurado el futuro de la democracia para las generaciones venideras. Mientras tanto, seguimos atrapados en un bucle donde el poder se niega a mirarse al espejo por miedo a lo que pueda encontrar.
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