El corazón histórico de la Ciudad de México es un ecosistema vibrante, un laberinto de calles donde convergen la historia, el turismo y una economía paralela inmensa. Sin embargo, detrás del bullicio ensordecedor de los comerciantes ambulantes, existe una sombra persistente de violencia y extorsión. El 17 de octubre de 2024, a las dos y cuarenta de la tarde, esa sombra se materializó de la forma más brutal posible. En la concurrida intersección de las calles Motolinia y 5 de Mayo, a plena luz del día, el terror tomó el control en cuestión de segundos, exponiendo las entrañas de una guerra silenciosa que las autoridades locales parecen incapaces de frenar.
Diana Sánchez Barrios, reconocida lideresa de comerciantes ambulantes, activista y diputada suplente, caminaba junto a su equipo de trabajo tras haber salido del Congreso de la Ciudad de México. Ella conoce el territorio del centro histórico mejor que cualquier funcionario; sus alianzas y disputas se han forjado en esas mismas aceras durante décadas. Aquella tarde, sin embargo, se convirtió en el blanco de una cacería meticulosamente planeada. Una motocicleta negra se detuvo abruptamente. Un hombre con playera blanca y gorra descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a quemarropa. Las cámaras de vigilancia captaron la espeluznante secuencia: los transeúntes corriendo en pánico, Diana intentando refugiarse dentro de un local comercial, y el sicari
o persiguiéndola implacablemente para asestar más disparos.
El saldo de aquel ataque fue devastador. Dos colaboradores de Sánchez Barrios perdieron la vida, incluyendo a su propio primo, quien falleció meses después en el hospital. Un vendedor de lentes que simplemente pasaba por el lugar también fue alcanzado por las balas, una víctima colateral de una guerra que no era suya. Diana sobrevivió milagrosamente, pero el precio fue altísimo: llegó al hospital con heridas críticas, fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas de emergencia y permaneció semanas en un coma inducido. Cuando finalmente despertó, su cuerpo llevaba las cicatrices imborrables de la violencia, pero su espíritu combativo seguía intacto.
Las primeras detenciones ocurrieron semanas después del atentado. A principios de noviembre de 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a Gael “N”, alias “El Flaco”, y a Iván Aldair “N”, los ejecutores materiales del ataque. También cayó Shaneri “N”, la mujer responsable de facilitar su escape. Sin embargo, estas capturas solo cerraron la fachada del caso. El verdadero arquitecto del terror, el hombre que prestó el inmueble para esconder a los sicarios y que dio las órdenes precisas de seguimiento, seguía libre. Su nombre es Dylan Sebastián Marroquín López, alias “El Cojo”, y durante veinte largos meses se convirtió en el fantasma más incómodo para el sistema de justicia capitalino.
Durante ese año y medio de impunidad, “El Cojo” no se escondió en las sombras ni detuvo sus actividades criminales. Al contrario, continuó operando activamente en diversas alcaldías de la ciudad. Las investigaciones lo vincularon directamente con un feminicidio perpetrado el 14 de febrero de 2026 en la alcaldía Tláhuac, así como con un doble homicidio en la alcaldía Venustiano Carranza. Mientras este individuo acumulaba sangre en sus manos, Diana Sánchez Barrios alzó la voz con una valentía estremecedora. Públicamente, lanzó una acusación directa contra la Fiscalía capitalina, señalando que las instituciones estaban actuando como cómplices. “Parece que la fiscalía los está protegiendo… no los quiere detener”, declaró en entrevistas. Y fue aún más lejos: “Yo ya le dije a la fiscal, si me llega a pasar algo, usted es responsable”. Una declaración de esta magnitud, proferida por una diputada y víctima de intento de asesinato, expuso una herida institucional profunda que nadie se atrevió a desmentir categóricamente.
Para comprender la magnitud de este atentado, es imperativo entender el oscuro imperio de La Unión Tepito. Esta organización criminal, que nació a principios de la década de 2010 como una escisión de grupos de narcomenudeo en el “Barrio Bravo”, ha evolucionado hasta convertirse en un sofisticado corporativo del crimen. Sus tentáculos se extienden por el comercio informal, cobrando cuotas millonarias a los vendedores ambulantes del centro histórico. Diana Sánchez Barrios representaba un obstáculo monumental para este lucrativo negocio. Al defender a sus agremiados de las extorsiones del cártel, se convirtió en una barrera financiera que la cúpula criminal decidió eliminar a cualquier costo.
Las investigaciones señalan que la orden de ejecución provino directamente de las altas esferas de La Unión Tepito, específicamente de Jonathan Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, y Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”. “El Cojo”, siendo un operador de nivel medio, fue el encargado de traducir esa orden en sangre. Aunque “El Irving” fue detenido en septiembre de 2025 en la colonia Guerrero, la estructura de la organización ha demostrado una resiliencia aterradora, alimentada por sospechas de colusión con autoridades y actores políticos locales.
Finalmente, el 10 de junio de 2026, el velo de impunidad de “El Cojo” llegó a su fin. No fue un operativo de proporciones cinematográficas, sino el resultado de trabajos de inteligencia silenciosos y persistentes. Las autoridades habían logrado delimitar su zona de movilidad en la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante un patrullaje discreto en la colonia Magdalena de las Salinas, los agentes detectaron a un hombre a bordo de una camioneta azul manipulando un arma de fuego. Esa imprudencia fue su ruina. Al interceptarlo, confirmaron su identidad: Dylan Sebastián Marroquín López, de 36 años. En el vehículo se le incautaron el arma y un centenar de dosis de droga. Horas más tarde, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, confirmó la captura, destacando su papel como un objetivo prioritario generador de violencia.
Pero la historia cobró un giro aún más escalofriante durante los interrogatorios iniciales. Según fuentes cercanas a la investigación, “El Cojo” confesó abiertamente que él había planeado la agresión contra la lideresa de comerciantes, confirmando que actuó bajo las órdenes estrictas de los líderes de La Unión Tepito. Esta confesión no solo tiene un inmenso valor procesal, sino que traza a la perfección la cadena de mando del crimen organizado en la capital del país.
La captura de Dylan Sebastián Marroquín cierra un capítulo doloroso, pero abre interrogantes que resuenan en los pasillos del poder. Aunque Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, ha impulsado estrategias de coordinación institucional para combatir a estos grupos, la realidad local presenta matices alarmantes. ¿Qué frenó la detención de este individuo durante veinte meses? ¿Por qué la Fiscalía capitalina permitió que un asesino confeso operara libremente mientras la víctima denunciaba protección institucional? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales no solo para hacer justicia a Diana Sánchez Barrios y a las víctimas inocentes que perdieron la vida, sino para desmantelar de una vez por todas los pactos no escritos que permiten a los cárteles operar a plena luz del día en el corazón mismo de México. La caída de “El Cojo” es una victoria significativa, pero el verdadero desafío radica en purgar las estructuras de poder que durante meses lo mantuvieron intocable.
