El 1 de septiembre de 1982, las pantallas de televisión de todo México transmitieron una de las escenas más surrealistas, dramáticas e indignantes de la política contemporánea. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente José López Portillo ofreciía su último informe de gobierno. Con la voz quebrada, los ojos húmedos y un sonoro golpe sobre el atril, el mandatario lloraba ante los diputados y la nación entera, pidiendo perdón a los desposeídos y a los marginados a quienes no había alcanzado a rescatar de la pobreza. Sin embargo, aquellas lágrimas no brotaron en una barriada humilde ni en una fila de desempleados; emanaron desde la cúspide del poder político, un sistema que durante seis años operó bajo la lógica del botín familiar, el exceso arquitectónico y la impunidad descarada. La posteridad no absorbió ese llanto como un acto de noble contrición, sino como la máxima expresión de la hipocresía gubernamental.
López Portillo había asumido la presidencia en 1976 cobijado por la imponente y casi indestructible maquinaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El país salía de un sexenio convulso y desgastado por la desconfianza, y la llegada de este abogado de retórica culta e impecable presencia prometía orden y estabilidad. La fortuna pareció sonreírle de inmediato: en las costas de Campeche se descubrió Cantarell, uno de los yacimientos petroleros más grandes del planeta. De la noche a la mañana, la admin
istración de las carencias se sustituyó por una consigna que sellaría su destino: “Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia”. Con una fe ciega y mesiánica en el hidrocarburo, el régimen inyectó cerca de 27,000 millones de dólares en Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 1977 y 1981, inflando las expectativas económicas nacionales mediante un endeudamiento externo masivo y descontrolado.
Esa riqueza subterránea obnubiló los límites del servicio público. Convencido de que el Estado era una extensión de su patrimonio personal, López Portillo instauró un descarado sistema de nepotismo y favores íntimos. Su hijo José Ramón fue colocado en una subsecretaría clave de Programación y Presupuesto; su hermana Margarita asumió las riendas de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); su cuñado controló la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y diversos primos y familiares se repartieron dependencias estratégicas. Ante las críticas, el mandatario respondió con un desplante de soberbia monárquica que retrataba la naturaleza de su gestión: defendió públicamente el orgullo de su nepotismo, argumentando que la patria necesitaba de la lealtad de su propia sangre. En esa misma mesa de privilegios se sentó Rosa Luz Alegría, señalada por la crónica de la época como una figura sentimentalmente muy cercana al presidente, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar una Secretaría de Estado al asumir la cartera de Turismo.
El nepotismo no solo vació las arcas, sino que carbonizó la memoria histórica del país. Margarita López Portillo, sin más credenciales que su apellido, administró las instituciones culturales con un desdén técnico absoluto. A pesar de las constantes y documentadas advertencias de los expertos sobre la peligrosidad y el carácter inflamable del nitrato de celulosa en los archivos fílmicos, la desidia institucional imperó. El 24 de marzo de 1982, la Cineteca Nacional ardió en un infierno de llamas y explosiones. El siniestro cobró la vida de al menos cinco personas, dejó decenas de heridos y redujo a cenizas miles de negativos históricos, guiones y rollos cinematográficos únicos que conformaban el patrimonio visual del siglo XX mexicano. Fiel a las dinámicas del régimen, la tragedia se sepultó bajo un manto de opacidad y silencios oficiales, impidiendo cualquier rendición de cuentas efectiva para la hermana presidencial.
De forma paralela, el saqueo y la delincuencia se uniformaron en las calles de la capital. Arturo Durazo Moreno, alias “El Negro”, un amigo de la infancia del presidente con un turbio historial en los aparatos represivos del Estado, fue nombrado jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Bajo el amparo absoluto de la amistad presidencial, Durazo convirtió a la corporación policiaca en una gigantesca maquinaria de extorsión, contrabando y abusos sistemáticos. Mientras recibía condecoraciones absurdas y el grado apócrifo de “general”, Durazo erigió monumentos a la impunidad. En el Ajusco construyó una residencia con caballerizas y colecciones de autos, y en las costas de Guerrero levantó “El Partenón” de Zihuatanejo, un palacio de mármol con columnas griegas y estatuas clásicas cuyo costo superó los 700 millones de pesos de la época, una bofetada obscena para un pueblo que empezaba a resentir los embates del desastre financiero.
El derroche gubernamental adquirió su dimensión física más colosal en la Ciudad de México con la edificación de la “Colina del Perro”. En Bosques de las Lomas, en un terreno descomunal de 120,000 metros cuadrados (equivalente a casi 17 canchas de fútbol), se erigió un búnker de cuatro mansiones residenciales destinadas al retiro del mandatario y su familia. La residencia principal ostentaba más de 630 metros cuadrados de construcción, muros kilométricos, chimeneas majestuosas y un par de leones tallados resguardando la entrada. Esta fortaleza privada se alzaba desafiante mientras el andamiaje económico de la nación crujía irremediablemente.
Hacia 1981, la ilusión petrolera se desplomó debido a la sobreoferta internacional de crudo y el alza mundial de las tasas de interés. El peso, artificialmente sobrevaluado en más de un 40%, inició una devaluación catastrófica, pasando de los 22 pesos por dólar a inicios del sexenio a niveles cercanos a los 70 pesos al concluir el mandato. Las reservas del Banco de México se evaporaron financiando la fuga de capitales de los sectores más acaudalados que huían antes del colapso generalizado. En un manotazo desesperado para contener el naufragio y encontrar un enemigo público que distrajera la atención de sus propios excesos, López Portillo utilizó su último informe para decretar la nacionalización de la banca privada y el control de cambios, acusando a los banqueros de ser los “sacadólares” que habían desangrado al país.
La conclusión del mandato presidencial dio paso a un tortuoso ocaso personal e histórico. La retórica del presidente que prometió defender la moneda “como un perro” se disolvió en la amargura del repudio popular. Alejado de la vida pública oficial, López Portillo entabló un romance y posterior matrimonio en el año 2000 con la famosa actriz cinematográfica Sasha Montenegro, instalándose juntos en los terrenos de la Colina del Perro. Los últimos años del exmandatario transcurrieron entre graves padecimientos de salud y una sórdida batalla judicial y mediática contra Montenegro por la disputa de bienes y pensiones, falleciendo finalmente en 2004 en medio de un núcleo familiar profundamente fracturado.
El veredicto del tiempo terminó desmantelando los antiguos altares de la soberbia priista. A finales de los años noventa, las mansiones de la Colina del Perro fueron demolidas y sus hectáreas fragmentadas para dar paso a desarrollos inmobiliarios privados de alta plusvalía, borrando el vestigio físico del agravio. Por su parte, tras una prolongada batalla legal, el “Partenón” de Arturo Durazo fue incautado por las autoridades estatales y finalmente transformado en septiembre de 2024 en un espacio cultural y de memoria pública abierto a la comunidad de Zihuatanejo. Sin embargo, la reconversión de los inmuebles no elimina la profunda cicatriz histórica de una época en la que la riqueza nacional se administró con la ligereza de una herencia privada, legando una lección imperecedera sobre los devastadores costos de la megalomanía, el nepotismo y la impunidad gubernamental.
