En el complejo tablero de la política española, pocas figuras generan tanta polarización como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, en los últimos tiempos, el foco de atención mediática y judicial se ha desplazado de manera inevitable hacia su entorno más íntimo, específicamente hacia su pareja, el empresario Alberto González Amador. Lo que comenzó como una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria se ha transformado, con el paso de los meses, en uno de los episodios de presunta corrupción, tráfico de influencias y uso partidista de las instituciones más bochornosos de la historia reciente de España. Un caso que el periodista Ignacio Escolar ha diseccionado con precisión quirúrgica, exponiendo las profundas contradicciones de una estrategia de defensa basada exclusivamente en el victimismo y el amparo del poder político.
Para comprender la magnitud de los hechos, es estrictamente necesario retroceder al origen de la fortuna que hoy se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. Corría el año 2020, una época lúgubre en la que el país entero permanecía confinado en sus hogares, los hospitales se encontraban colapsados y miles de ciudadanos fallecían en la más absoluta soledad debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Mientras la inmensa mayoría de la población española aplaudía a los sanitarios a las ocho de la tarde y sufría las consecuencias económicas del parón global, un reducido grupo de personas vio en la escasez de material médico una oportunidad de oro para hacer caja. Alberto González Amador
fue una de ellas.
Sin fabricar una sola mascarilla, sin inventar tecnología médica alguna y sin curar a un solo paciente, González Amador actuó como comisionista o intermediario, conectando a empresas vendedoras con compradoras. Por esta labor de intermediación, en apenas dos operaciones realizadas en mayo y agosto de 2020, se embolsó cerca de dos millones de euros en comisiones. Cobrar comisiones millonarias en mitad de una tragedia humanitaria puede resultar moralmente cuestionable, pero en sí mismo no constituye un delito. El verdadero problema legal —y penal— comenzó cuando el empresario intentó supuestamente evitar que ese dinero tributara al Estado de la manera que le correspondía legalmente.
De acuerdo con la exhaustiva inspección iniciada por Hacienda en el año 2022, el novio de la presidenta madrileña presuntamente orquestó un sofisticado entramado para reducir de forma fraudulenta sus beneficios declarados. Para ello, se valió del uso de empresas pantalla y de la emisión de facturas falsas por servicios que jamás existieron. El ejemplo más flagrante destapado por los inspectores fiscales fue una factura de 900.000 euros por un supuesto trabajo de consultoría en Costa de Marfil; una labor de la que no existe rastro, que nunca se ejecutó y por la que jamás se pagó un céntimo real. Era un documento fantasma creado con el único propósito de restar beneficios de su base imponible y eludir el pago de impuestos. Tras detectar estas maniobras, la Fiscalía presentó una denuncia formal por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, estimando la cantidad defraudada en unos 350.000 euros, una cifra que supera con creces el umbral de los 120.000 euros anuales necesarios para que el fraude sea calificado como delito penal y no como mera sanción administrativa.
Ante la contundencia de las pruebas recabadas por la Agencia Tributaria, la reacción inicial de Alberto González Amador distó mucho de la altanería que exhibe en la actualidad. En febrero de 2024, plenamente consciente del riesgo penal al que se enfrentaba, el empresario, a través de su abogado defensor, dirigió un escrito oficial a la Fiscalía de Delitos Económicos. En ese documento, González Amador reconoció explícitamente haber cometido los dos delitos fiscales que se le imputaban y se ofreció formalmente a pagar la cuota defraudada, sumada a los intereses de demora y las sanciones correspondientes, una suma total que rondaba los 520.000 euros. Asimismo, aceptó la imposición de penas de cárcel (cuatro meses por cada delito) con la condición de que se suspendiera su ingreso en prisión por carecer de antecedentes. En términos judiciales sencillos: el investigado confesó por escrito su culpabilidad para evitar el banquillo y un castigo mayor.
Sin embargo, el destino de este pacto privado cambió de manera radical en el momento exacto en que la información sobre el fraude fiscal fue desvelada y publicada en exclusiva por el diario digital ‘eldiario.es’. Lo que hasta entonces era un problema fiscal estrictamente privado de un ciudadano particular se transformó, como por arte de magia y mediante una agresiva estrategia de comunicación, en una encendida batalla política de alcance nacional. El entorno de Isabel Díaz Ayuso, capitaneado por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, asumió de inmediato la defensa del empresario. Rodríguez llegó a filtrar a diversos medios de comunicación correos electrónicos internos y reservados de la Fiscalía con el firme propósito de revertir el relato de los hechos y proyectar la imagen de que González Amador estaba siendo víctima de una cacería política orquestada desde las cloacas del Estado y la Moncloa.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa para calificar la inspección de Hacienda como una “persecución política escandalosa” y una “operación salvaje del Estado” dirigida contra un ciudadano supuestamente anónimo e inocente. El contraste, tal y como señala de forma incisiva Ignacio Escolar, resulta verdaderamente demoledor: un empresario de mediana edad que había defraudado intencionadamente casi el 40% de sus obligaciones fiscales y que lo había admitido por escrito, era súbitamente transformado por la maquinaria institucional autonómica en un mártir de la libertad, permitiéndole esconderse detrás del poder político de su pareja sentimental.
La estrategia de contraataque del entorno madrileño pareció cobrar un impulso inusitado tras la posterior imputación y condena por parte del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos derivado, precisamente, de las filtraciones de aquella nota informativa de la Fiscalía que buscaba desmentir los bulos sembrados por Miguel Ángel Rodríguez. Amparándose en dicha resolución judicial, la defensa jurídica de González Amador presentó en febrero de 2026 un escrito solicitando formalmente la nulidad absoluta de todo el proceso penal por fraude fiscal que pesa sobre él, alegando que la causa estaba completamente contaminada.
Sin embargo, el Tribunal Supremo se encargó de asestar un golpe definitivo a las pretensiones de impunidad del comisionista. En el propio texto de la sentencia contra el fiscal general, el Alto Tribunal dedicó dos páginas completas a dejar meridianamente claro que dicha condena en ningún caso invalida ni anula el juicio pendiente por los delitos fiscales de González Amador. El Supremo calificó de “precipitado e infundado” pretender que los jueces encargados del caso del fraude no vayan a realizar su trabajo con total imparcialidad, sentenciando que una cosa son las irregularidades que cometiera el fiscal general en materia de comunicación y otra, radicalmente distinta, la falsificación de facturas y la evasión fiscal admitida por el propio investigado, por la cual tendrá que responder ante la justicia de forma ordinaria.
Este intrincado caso pone de manifiesto una profunda anomalía democrática que va mucho más allá de un simple fraude contable. Evidencia la alarmante existencia de una doble vara de medir en la sociedad española: una realidad implacable para el ciudadano de a pie, sobre el que cae todo el peso inspector de la administración por el más mínimo error en su declaración de la renta, y otra realidad paralela y privilegiada para aquellos que gozan de los apellidos adecuados, los contactos idóneos o las relaciones sentimentales oportunas. La transformación de un fraude confeso en una causa política de supuesta defensa de las libertades individuales representa un preocupante ejercicio de hipocresía que erosiona la confianza ciudadana en la equidad de las instituciones públicas. Frente a la estrategia de sembrar el ruido mediático, emborronar el campo de juego y distorsionar los hechos probados, la única herramienta eficaz con la que cuenta la sociedad civil para combatir la impunidad de las élites es el ejercicio riguroso de la información y la preservación de la memoria democrática.
