El panorama político en Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados. En las últimas horas, una propuesta lanzada por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encendió las alarmas y desató una oleada de reacciones inmediatas entre diversos sectores políticos, especialmente dentro del Pacto Histórico y los defensores de los procesos de paz. Las declaraciones de Uribe, centradas en la política antidrogas y la extradición de figuras políticas, no tardaron en recibir respuestas contundentes por parte del representante a la Cámara Alfredo Mondragón y del senador Iván Cepeda Castro, quienes no dudaron en recordarle al empresario el complejo historial judicial de su propia familia.
El origen de la controversia radica en una intervención pública de Tomás Uribe, en la cual afirmó con vehemencia que la producción de cocaína en el territorio colombiano se multiplicó de manera alarmante entre los años 2010 y 2025. Según la perspectiva del hijo del exmandatario, las estrategias y políticas antidrogas implementadas durante las administraciones de Juan Manuel Santos y del actual presidente Gustavo Petro han fracasado rotundamente, sumiendo nuevamente a la nación en una profunda crisis de criminalidad y violencia generalizada. Ante este diagnóstico, Uribe propuso una solución radical que considera la única vía efectiva para erradicar el fenómeno de forma permanente: cooperar judicialmente para extraditar a los denominados “d
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eterminadores políticos” del narcotráfico.
Asimismo, Tomás Uribe extendió una invitación abierta a los precandidatos presidenciales que buscan derrotar el proyecto político de Gustavo Petro e Iván Cepeda en las próximas elecciones del año entrante. El llamado tiene como fin principal que estos aspirantes se comprometan firmemente a liderar una agenda de cooperación internacional orientada a enviar a cárceles extranjeras a aquellos dirigentes políticos que, según sus señalamientos, estarían vinculados o favoreciendo las dinámicas del tráfico ilícito de estupefacientes. Además, el empresario calificó la situación jurídica actual de su padre como una supuesta victoria de las estructuras de la “narcoguerrilla”, señalando directamente a Iván Cepeda de actuar como un jefe político de las FARC.
La respuesta de los sectores aludidos no se hizo esperar y se caracterizó por una notable dureza discursiva. El primero en pronunciarse de manera directa frente a los micrófonos fue el senador Iván Cepeda. Con un tono sereno pero tajante, Cepeda manifestó comprender el resentimiento y la frustración que puede llegar a sentir Tomás Uribe debido a la coyuntura legal que actualmente rodea a su padre. No obstante, el legislador fue enfático en señalar que no pretendía desgastarse en comentarios mediáticos sin fundamento e invitó formalmente a Uribe a canalizar sus inconformidades a través de las vías institucionales. Cepeda aseguró estar plenamente dispuesto a comparecer ante los tribunales de justicia para resolver cualquier tipo de acusación o denuncia formal, recordando que ya ha librado batallas legales previas contra el propio expresidente Álvaro Uribe bajo las estrictas reglas del derecho.
Por su parte, el representante Alfredo Mondragón utilizó un tono sumamente crítico y directo para desmantelar los argumentos expuestos por Tomás Uribe. En una fuerte intervención, Mondragón ironizó sobre las intenciones del empresario y cuestionó de manera incisiva si su repentino interés por promover la extradición de políticos implicados con el narcotráfico no obedecía, en realidad, a un cansancio o desespero familiar debido a que el expresidente Álvaro Uribe apenas lleva una semana cumpliendo la medida de casa por cárcel. Para el congresista, resulta contradictorio y descarado que se pida la intervención de justicias extranjeras cuando el entorno cercano del uribismo ha tenido que responder históricamente ante diversos cuestionamientos relacionados con el fenómeno del narcotráfico en Colombia.
Con el fin de respaldar sus afirmaciones, Mondragón trajo a colación datos históricos específicos documentados por reconocidos periodistas de investigación del país, como Ignacio Gómez. El representante recordó detalladamente la gestión de Álvaro Uribe Vélez a principios de la década de los ochenta, cuando se desempeñó como director de la Aeronáutica Civil Colombiana. Mondragón expuso que, de acuerdo con los registros históricos recopilados, el Estado colombiano otorgó un aproximado de 2.339 licencias de aviación entre 1954 y 1981; sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que, durante un periodo de apenas 18 meses bajo la dirección de Uribe Vélez, la entidad aprobó de manera expedita un total de más de 2.024 licencias de vuelo y permisos para pistas de aterrizaje. Muchas de estas autorizaciones, según las investigaciones periodísticas citadas, terminaron vinculadas directamente a aeronaves y propiedades utilizadas por las principales estructuras del Cartel de Medellín.
El congresista del Pacto Histórico continuó con su argumentación recordando otros episodios controvertidos del pasado, tales como la autorización firmada en aquella época para la importación de un helicóptero destinado a Israel Londoño, quien fuera identificado como cuñado del reconocido narcotraficante Fabio Ochoa. De igual manera, Mondragón hizo alusión a un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA) datado en el año 1991, en el cual se mencionaba al expresidente dentro de una lista de personas con posibles nexos o cercanías con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Con base en estos antecedentes, Mondragón exhortó a Tomás Uribe a revisar minuciosamente la historia antes de lanzar acusaciones deliberadas contra la actual administración y los líderes de izquierda.
Más allá del debate sobre la extradición, Mondragón fijó una postura clara respecto al camino que debe seguir la justicia en el país. El legislador afirmó que, a diferencia de la propuesta de confrontación familiar y judicial que plantea Tomás Uribe, la prioridad de la sociedad colombiana debe centrarse en que los actores políticos y exmandatarios asuman sus responsabilidades directamente en el territorio nacional. Indicó que prefiere ver a Álvaro Uribe Vélez rindiendo cuentas ante los magistrados locales, aportando a la construcción de la verdad y garantizando la reparación integral a las víctimas del conflicto. Según Mondragón, Colombia se encuentra en un momento histórico idóneo para consolidar un periodo de profunda transparencia judicial que permita avanzar de forma decidida hacia la equidad y la justicia social.
Finalmente, la réplica hacia el hijo del exmandatario concluyó con un fuerte llamado a la madurez y a la responsabilidad civil. Se le recordó a Tomás Uribe que, a sus 44 años de edad, debe abandonar las narrativas simplistas que pretenden tratar a la ciudadanía colombiana como si careciera de memoria histórica. Se enfatizó que el proceso judicial que hoy afecta a su padre no es el resultado de una persecución política orquestada por el presidente Gustavo Petro, sino la consecuencia directa de una investigación que se inició hace más de 14 años en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Aquel proceso, que originalmente buscaba sancionar al senador Iván Cepeda por supuestos falsos testimonios, terminó dando un giro absoluto cuando el alto tribunal halló indicios de presunta manipulación de testigos por parte del propio denunciante, lo que derivó en la posterior renuncia de Uribe Vélez al Senado y en su actual situación legal. Las cartas están sobre la mesa y el debate promete seguir encendiendo la esfera pública.
