En el panorama político actual de México, parece haberse instaurado un sistema judicial con dos raseros completamente distintos. Un sistema donde la justicia, lejos de ser ciega, tiene una visión sumamente selectiva, capaz de distinguir a la perfección los colores partidistas antes de emitir una orden. La Fiscalía General de la República ha demostrado una celeridad asombrosa para sentar en el banquillo a los adversarios políticos, pero sufre de una extraña e incomprensible parálisis cuando los expedientes criminales señalan a los nombres más pesados del partido gobernante. La indignación ciudadana no deja de crecer al observar cómo se configura una verdadera lista de consentidos, un grupo privilegiado de la impunidad política donde gobernadores, operadores y altos cargos parecen ser completamente inmunes a la ley y a los citatorios judiciales.
Para ilustrar esta terrible disparidad, basta con observar lo ocurrido recientemente con la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, perteneciente a la oposición. El pasado 27 de mayo, la fiscalía no titubeó un solo segundo en citarla a comparecer, junto al exfiscal César Jáuregui, para rendir cuentas sobre un operativo antinarcóticos realizado en abril, el cual contó con la participación de agentes estadounidenses. Hasta este punto, la exigencia de transparencia parece el estándar adecuado de una democracia saludable. Sin embargo, el contraste resulta verdaderamente brutal cuando se analiza el trato dispensado a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros funcionarios de su administración. A pesar de haber sido señalados directamente en Estados Unidos por presuntos vínculos alarmantes con el crimen organizado, a Rocha Moya únicamente se le convocó a una amable “entrevista”
. Esta invitación careció de una fecha pública definida y, por supuesto, de cualquier carácter formal de comparecencia procesal. Jamás se vio al gobernador enfrentando las cámaras o a los fiscales con la misma contundencia. Esta clamorosa diferencia de trato ha alimentado las críticas de una sociedad que acusa al gobierno de utilizar a las instituciones de justicia como un garrote contra sus rivales, mientras despliega una alfombra roja para proteger a sus aliados.
Lamentablemente, la lista de los protegidos es extensa y profundamente dolorosa. Retrocedamos hasta marzo del año 2021, cuando el activista Bryan LeBarón presentó una denuncia penal ante la autoridad contra Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad del estado de Sonora. La acusación no era un asunto burocrático menor: se le señalaba por presunta omisión y grave responsabilidad penal en el marco de una atroz masacre ocurrida en 2019, donde tres mujeres y seis menores de las familias LeBarón, Langford y Miller fueron brutalmente asesinados. Las familias afectadas sostuvieron con firmeza que las autoridades ya tenían pleno conocimiento del nivel extremo de violencia que imperaba en la zona, argumentando que la total falta de protección policial solamente podía explicarse a través de una negligencia inaceptable o, peor aún, de una clara complicidad con los grupos criminales de la región. Aunque esta denuncia coincidió en el tiempo con la campaña electoral de Durazo para alcanzar la gubernatura, los denunciantes recalcaron incansablemente que su búsqueda de justicia carecía de fines electorales. ¿Cuál fue la respuesta del aparato de justicia? Un silencio ensordecedor. Jamás se citó a declarar a Durazo ni se abrió una línea formal de investigación que pusiera bajo la lupa su actuación administrativa. La fiscalía prefirió concentrar sus esfuerzos únicamente en perseguir a los sicarios del grupo criminal responsable, permitiendo que el actual gobernador sorteara la tragedia sin pisar un juzgado.
El patrón de encubrimiento y favoritismo se repite en el sureste del país, específicamente en el estado turístico de Quintana Roo, bajo el mandato de la gobernadora Mara Lezama. Las sospechas y denuncias formales contra Lezama comenzaron a acumularse desde su época como alcaldesa de Cancún y, sorprendentemente, continúan acumulando polvo en los cajones oficiales. En abril de 2021, una organización civil respaldada por empresarios y activistas presentó denuncias contundentes por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y un enriquecimiento ilícito escandaloso. El núcleo de la investigación apuntaba a que Lezama y su círculo familiar más íntimo habrían utilizado empresas fachada para adquirir terrenos, propiedades de lujo y vehículos declarando valores ínfimos frente a su costo real. El caso más descarado fue la adquisición de un terreno público en una zona privilegiada de Cancún por apenas 4,8 millones de pesos, cuando su verdadero valor comercial excedía los 32 millones, operación ligada a la construcción de una suntuosa “Casa Blanca”. La sombra de la corrupción creció a finales de 2023, cuando se sumaron nuevas denuncias por tráfico de influencias en la asignación de jugosos contratos millonarios en materia de salud pública. El gobierno habría favorecido a la empresa Romedic, propiedad de un íntimo amigo de altas esferas del poder, a pesar de que dicha compañía estaba castigada por severas irregularidades sanitarias. A día de hoy, la gobernadora no ha recibido un solo citatorio.
La indiferencia de la balanza judicial también cobija a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. Durante la contienda electoral, se interpuso una denuncia penal contra él y contra su líder de partido por presunta coacción del voto y uso indebido de programas sociales, amenazando a la población más vulnerable con retirarles ayudas económicas si no entregaban su voto. A pesar de que el propio Tribunal Electoral reconoció de forma oficial la gravísima intromisión del crimen organizado en diversos municipios durante los comicios, nadie judicializó la denuncia. Ramírez Bedolla asumió el poder y la justicia apartó la mirada.
Quizá uno de los expedientes más turbios y que más tensión internacional ha generado es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Las alarmas diplomáticas saltaron a raíz de una investigación que la relaciona de manera indirecta con una intrincada red de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, una estructura presuntamente manejada por su expareja. Según las indagatorias, se habrían recibido cuantiosos pagos mensuales provenientes de jefes policiales a cambio de brindar protección institucional a diversas figuras del crimen. La gravedad del asunto fue tal que, en 2025, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión sin precedentes de revocar las visas de entrada de la mandataria y su entonces esposo. Protegida por el blindaje que le otorga su puesto político, las autoridades nacionales han evitado cuidadosamente llamarla a rendir cuentas formales, manteniendo su expediente en un limbo conveniente.
Pero si hablamos de un escudo impenetrable, resulta imperativo abordar el caso de Andrés Manuel López Beltrán. Fue denunciado formalmente por estar presuntamente implicado en una inmensa red de corrupción aduanera que salpica a múltiples funcionarios clave. La acusación se sostiene sobre un sólido informe de inteligencia militar que advertía sobre el destructivo negocio del contrabando de combustibles. Las exorbitantes ganancias económicas derivadas de esta evasión fiscal masiva habrían sido canalizadas estratégicamente para financiar proyectos políticos y enriquecer de manera grotesca al círculo más cercano del presidente López Obrador. A pesar de los señalamientos por delincuencia organizada y lavado de dinero, el expediente duerme el sueño de los justos.
Esta misma red oscura involucra a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, quien también enfrenta graves denuncias sustentadas por agencias de inteligencia, pero cuyo fuero estatal lo mantiene blindado ante cualquier intento de investigación profunda.
Aun así, el caso que verdaderamente rompe todos los récords de la impunidad y desafía cualquier sentido común es el del senador Adán Augusto López. Sobre sus espaldas pesan la abrumadora cifra de 37 denuncias penales por corrupción. Los cargos documentados apuntan a un colosal desvío de recursos públicos y un daño al patrimonio del Estado que alcanza los 800 millones de pesos, detectado durante su etapa como gobernador. Las exhaustivas auditorías revelaron transferencias multimillonarias hacia empresas fantasma y cuentas opacas. ¿El resultado procesal de este saqueo? La inacción absoluta. Protegido por el fuero legislativo, a este funcionario se le ve paseando tranquilamente y disfrutando de partidos de fútbol desde su escaño en el Senado, completamente ajeno a la palabra justicia.
Al contemplar esta realidad, la conclusión resulta verdaderamente amarga. En el país de hoy, las autoridades se mueven con una eficacia implacable cuando toca acorralar a un adversario, pero sufren de amnesia procesal cuando las pruebas apuntan a los suyos. Los funcionarios intocables se han convertido en delicadas piezas de porcelana a las que nadie osa mirar fijamente. Quienes constantemente se jactan de su superioridad ética en los discursos matutinos deberían aplicar aquel viejo dicho popular: “el que nada debe, nada teme”. Si tanta seguridad tienen de su impecable inocencia, el acto verdaderamente revolucionario y valiente sería renunciar a sus fueros políticos y dar la cara en los tribunales. En lugar de ello, han demostrado una cobardía crónica y una alergia sumamente oportuna a la rendición de cuentas, escondiéndose tras los privilegios del poder que prometieron erradicar.
