¡Bomba Silenciosa de Sheinbaum!
El Decreto Oculto que Congela tu Edad de Jubilación en el ISSSTE y que Nadie te Está Explicando. Si Tienes Más de 50 Años, tu Futuro Laboral Acaba de Cambiar Drásticamente. Descubre si esta Medida de Emergencia Salvará tu Retiro o es una Peligrosa Trampa Política.
¡ÚLTIMA HORA! SHEINBAUM PUBLICA EL DECRETO QUE FRENA EL AUMENTO DE EDAD PARA JUBILARSE EN EL ISSSTE
Hay un decreto que el gobierno de Claudia Shinbound publicó en el Diario Oficial de la Federación y que millones de trabajadores del Estado mexicano no han leído todavía, pero que cambia de manera directa la fecha en que podrán dejar de trabajar. Un decreto que llegó sin ruido, sin conferencia mañanera dedicada, sin campaña de comunicación masiva y que, sin embargo, tiene el potencial de ser la medida de política laboral más significativa para los empleados federales en los últimos 15 años. El problema es que nadie lo está
explicando con claridad y cuando algo así no se explica, el espacio lo llenan las versiones equivocadas, el miedo y la desinformación. Lo que ese decreto dice en términos concretos es que el aumento gradual en la edad de jubilación que el ST tenía programado continuar su marcha en 2025 queda detenido congelado mientras dure la revisión que el propio decreto ordena y eso para cualquier persona mayor de 50 años que trabaja en el gobierno federal, en una universidad pública, en un hospital de Liseste, en una Secretaría de Estado, en el Poder
Judicial Federal o en cualquiera de las 670 instituciones que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. adores del Estado es una noticia que afecta directamente el cálculo de cuántos años le quedan de trabajo obligatorio antes de poder jubilarse. Pero antes de llegar a lo que el decreto significa en la vida de esas personas, hay que entender cómo se llegó hasta aquí.
Porque esta historia no empieza con el decreto de Shanbow, empieza en 2007 con una reforma que durante casi dos décadas fue erosionando en silencio los derechos de jubilación de los trabajadores del Estado y cuyo efecto más duro estaba programado para activarse con toda su fuerza precisamente ahora en los próximos años, justo cuando la generación que entró a trabajar al gobierno a finales de los años 90 y principios de los 2000 está llegando a la edad en que empieza a pensar en cuándo puede retirarse.
El 31 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón firmó la reforma a la ley de Lis Stie. Esa reforma dividió al universo de trabajadores del Estado en dos grupos que desde ese día tuvieron destinos radicalmente distintos. Los que ya estaban en el sistema antes de esa fecha, los llamados trabajadores del régimen décimo transitorio, mantuvieron los términos de la ley anterior, jubilación por años de servicio, sin requisito de edad mínima en ciertos supuestos y acceso a una pensión calculada sobre el salario integrado con
los bonos y prestaciones. Los que entraron después de esa fecha o que se cambiaron voluntariamente al nuevo régimen quedaron bajo un sistema de cuentas individuales similar al de IMISAS, donde la pensión depende del ahorro acumulado durante la vida laboral y donde los requisitos de edad para acceder al beneficio se rigen por una tabla que los va incrementando gradualmente año con año.
Esa tabla es el corazón del problema. Bajo la ley de 2007, la edad para acceder a la pensión de cesantía en edad avanzada arrancó en 60 años y está diseñada para subir un año cada 2 años hasta llegar a los 65. La edad para la pensión por vejez arrancó en 65 años con perspectiva de ajuste y el porcentaje de la cuota social que el gobierno aporta como complemento a la cuenta individual va decreciendo en términos relativos a medida que sube el salario del trabajador, lo que significa que los empleados con salarios medios y bajos,
que son la mayoría dentro del aparato del Estado, acumulan pensiones que en muchos casos van a ser insuficientes para mantener el nivel de vida que tenían durante su vida activa. Hay un dato que la CP y Eles ST manejan en sus proyecciones internas, pero que rara vez aparece en la comunicación pública. Se estima que aproximadamente el 40% de los trabajadores bajo el nuevo régimen de la ley de 2007 va a llegar a la edad de retiro con un saldo en su cuenta individual que genera una pensión inferior al salario mínimo, menos del
salario mínimo. Para personas que pasaron 25 o 30 años trabajando para el Estado mexicano, eso no es una abstracción. Esos son maestros de escuelas públicas federales, enfermeras de hospitales de la ISSTT, trabajadores administrativos de la UNAM o del IPN, empleados de base de cualquier Secretaría Federal, personas que en este momento tienen entre 45 y 55 años, que entraron a trabajar después de 2007 o que se cambiaron al nuevo régimen creyendo que era mejor y que en 10 o 15 años van a descubrir que el sistema al
que cotizaron toda su vida laboral no va a darle suficiente para vivir con dignidad. Ahí está la bomba de tiempo que el decreto de Shane Bound intenta desactivar o al menos detener mientras evalúa qué hacer con ella. Lo que ocurrió el día de la publicación fue esto. Era un martes por la mañana. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial en su edición vespertina, como ocurre con la mayoría de los instrumentos jurídicos que no vienen acompañados de un evento público de firma. No hubo fotógrafos en la sala
tesorería, no hubo transmisión en vivo, no hubo rueda de prensa específica. El decreto apareció en las páginas del DOF, entre otras disposiciones administrativas. en el lenguaje técnico y comprimido que caracteriza ese tipo de documentos. Y durante las primeras horas fue prácticamente invisible para el público general.
Los primeros que lo detectaron fueron abogados laborales especializados en materia de seguridad social que monitorean el DOF de manera rutinaria. Después llegaron los analistas de las organizaciones sindicales del sector educativo y de salud. Después circuló en grupos cerrados de trabajadores federales y para la tarde, cuando el resumen de dos párrafos empezó a circular en WhatsApp con el texto Shane Baum ya firmó, “Ya no suben la edad para jubilarte”.
El contenido real del decreto ya estaba siendo interpretado de maneras que no siempre correspondían con lo que el documento decía exactamente. Eso tiene consecuencias porque la diferencia entre lo que el decreto dice y lo que mucha gente cree que dice puede llevarte a tomar decisiones equivocadas sobre tu vida laboral y tu planeación de retiro.
Para entender quién es la persona que firmó ese decreto y por qué su decisión tiene el peso que tiene, hay que entender la posición en que Claudia Shane Bom llegó al tema de las pensiones de ISES TSTE cuando asumió la presidencia en octubre de 2024. Shane Boom llegó con un compromiso de campaña explícito sobre pensiones.
Durante los meses de campaña, reiteró en múltiples ocasiones que su gobierno revisaría el sistema de seguridad social para los trabajadores del Estado con el objetivo de garantizar pensiones dignas. Esa frase pensiones dignas apareció en su plataforma electoral, en sus debates, en sus entrevistas. Era un compromiso concreto con una base electoral muy específica.
los trabajadores sindicalizados del sector público que en México representan aproximadamente 28,000ones de personas activas más una base de pensionados y jubilados que supera el millón y medio de personas y que históricamente han sido un segmento de votantes con alta participación electoral y con organizaciones capaces de movilizar a sus afiliados de manera disciplinada.
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El decreto que firmó es en parte el cumplimiento de ese compromiso y en parte es también una respuesta a una presión que se acumuló durante los últimos 2 años del gobierno de López Obrador, cuando diversas organizaciones de trabajadores federales encabezadas por el STUNAM, el Staunam, el Sindicato de Trabajadores del Isti y varias secciones del SNTE presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparos y acciones colectivas argumentando que el aumento gradual de la edad de jubilación que estaba ocurriendo bajo la ley de 2007 era
inconstitucional por no tomar en cuenta las condiciones específicas de cada categoría de trabajador y por no contar con estudios actuariales que justificaran los incrementos con datos reales sobre la esperanza de vida laboral activa de cada sector. Esos amparos estaban pendientes de resolución cuando Shan Bund llegó al poder y la SSGN, que en los últimos años ha mostrado mayor disposición a revisar la constitucionalidad de reformas laborales que en décadas anteriores habría dejado pasar, era un factor que el gobierno
tenía que considerar. Si la Corte resolvía los amparos antes de que el ejecutivo actuara, el resultado podía ser una sentencia que obligara al gobierno a hacer cambios que el propio gobierno habría preferido decidir con mayor control sobre los tiempos y los términos. El decreto se adelantó a esa posibilidad y eso dice algo sobre cómo este gobierno entiende el terreno político en el que opera.
El impacto del decreto en términos concretos tiene que medirse en personas reales con años reales de servicio. Tomemos el caso más directo, una maestra de primaria federal que ingresó al servicio en 2009, que tiene hoy 48 años y que bajo la tabla original de la ley de 2007 tendría que esperar hasta los 63 años para poder jubilarse con los requisitos que le corresponden por el momento en que entró al sistema.
Con el decreto que frena el incremento de edad, esa maestra queda congelada en los requisitos vigentes al momento de la publicación, que son los que aplican para el año en curso, sin el siguiente escalón que estaba programado subir. En función de cuántos escalones adicionales estaban previstos para los años venideros, la diferencia puede ser de 1 a 3 años menos de trabajo obligatorio. 1 a 3 años.
Para una persona de 48 años que lleva 16 trabajando para el Estado, eso es una diferencia que se mide en salud, en proyectos de vida, en cuidado de familiares mayores, en capacidad de decidir cuándo retirarse en lugar de esperar hasta que el cuerpo no aguante más. Hay 28 millones de trabajadores activos en el ISAST.
De ellos, según las proyecciones demográficas del propio instituto, publicadas en su informe financiero de 2024, aproximadamente 11,000000 están en el rango de edad de entre 45 y 60 años, que es la franja donde el decreto tiene el efecto más inmediato y relevante, 1,100,000 personas. Para quienes la diferencia de un dos o 3 años en la edad de jubilación tiene consecuencias directas y tangibles en su plameación de vida.
Pero aquí es donde hay que frenar y leer el decreto con cuidado, porque el decreto no es una reforma a la ley. El decreto es una instrucción presidencial que ordena una revisión del sistema y congela los ajustes de edad mientras esa revisión se realiza. Eso significa que no es permanente por definición, que el resultado de la revisión podría ser una propuesta de reforma que el Congreso tendría que aprobar, que los plazos de esa revisión están definidos en el propio decreto y que si el proceso se extiende o las negociaciones con los
sindicatos se complican, el congelamiento temporal podría convertirse en una promesa que tarda años en materializarse como cambio legislativo real. Y eso abre el primer punto de incertidumbre sobre el que todo trabajador mayor de 50 años debería estar pensando ahora mismo. La primera lectura del decreto es la que circuló desde el principio.
El gobierno cumplió su compromiso, frenó el aumento de edad y los trabajadores del Estado pueden respirar tranquilos porque su fecha de jubilación no va a moverse más hacia delante. Esta lectura tiene sustento parcial. El congelamiento es real. Los escalones que estaban programados para subir en los próximos dos o tr años efectivamente quedan suspendidos mientras dura la revisión.
Y la señal política que el gobierno está enviando a los sindicatos del sector público es clara. Este gobierno está de tu lado en el tema de las pensiones y está dispuesto a usar el instrumento ejecutivo para demostrarlo. La segunda lectura es más cautelosa. Un decreto presidencial puede ser modificado o derogado por otro decreto presidencial.
La reforma real del sistema de pensiones del ICST requiere una modificación a la ley del IST, que es una ley del Congreso. Mientras esa modificación no se produzca, el marco legal de fondo sigue siendo el de 2007. El decreto congela la aplicación de ciertos artículos, pero no los elimina. Y hay antecedentes en la historia reciente del sistema de seguridad social mexicano de que terminaron siendo levantados o que quedaron en suspenso indefinido por falta de acuerdo legislativo.
La reforma de 2007 misma fue el resultado de un proceso que llevó años de negociación y que en varios momentos parecía cerca de resolverse antes de tiempo para luego estancarse. Los abogados laborales especializados que leyeron el decreto en las primeras horas señalan de manera casi unánime que el texto es sólido en términos del instrumento que usa, pero que la durabilidad del efecto depende de lo que ocurra en la fase de revisión y sobre todo de lo que el Congreso esté dispuesto a hacer con la propuesta que resulte de esa revisión. Morena tiene
mayoría en ambas cámaras. Eso facilita el camino legislativo, pero facilitar no es garantizar. Y hay grupos de interés dentro del propio sistema financiero público que históricamente han resistido las reformas al sistema de pensiones del ISTE, porque los cambios en los flujos de cotización afectan las proyecciones actuariales del instituto y su balance financiero de largo plazo.
El ISEST tiene un déficit actuarial que sus propios informes institucionales estiman en cifras que varían dependiendo de las tasas de descuento y las proyecciones de empleo público que se usen para el cálculo, pero que en el escenario más conservador supera los 2 billones de pesos. 2 billones. Para comparar, el presupuesto federal total de México para 2025 es de aproximadamente 95 billones de pesos.
El déficit actuarial del IST equivale a poco más del 20% del presupuesto federal de un año. Eso no significa que el ISEST esté a punto de quebrar, significa que el sistema tiene compromisos futuros con sus trabajadores, que superan los activos y cotizaciones que están proyectados para cubrirlos y que esa brecha requiere financiamiento que tiene que salir de algún lado.
Cuando el gobierno frena el aumento de la edad de jubilación, está tomando una decisión que reduce uno de los mecanismos que la reforma de 2007 usó para intentar cerrar esa brecha, que los trabajadores cotizaran más años antes de retirarse, generando más ingresos para el sistema y menos años de pago de pensiones. Revertir eso, aunque sea parcialmente, tiene un costo actuarial que alguien tiene que calcular y que alguien tiene que financiar.
La revisión que el decreto ordena tiene que responder esa pregunta y la respuesta va a definir si la promesa de pensiones dignas se puede sostener en el tiempo o si va a chocar contra la aritmética. Hay actores en este proceso que tienen mucho que perder o que ganar dependiendo de cómo resulte la revisión.
Las Afores, las administradoras de fondos para el retiro que manejan las cuentas individuales de los trabajadores bajo el nuevo régimen del IST administran recursos que en conjunto superan los 4 billones de pesos en todo el sistema, incluyendo los fondos de LIMIS e ISES Teste. Para ellas cada año, adicional que un trabajador permanece en el sistema activo, es un año más de cotizaciones administradas.
Una reforma que reduzca la edad de jubilación reduce también el periodo de acumulación en las cuentas, lo que afecta las comisiones y el volumen de activos administrados. Los grupos financieros detrás de las Afores, más grandes del país, tienen capacidad de influencia en las discusiones técnicas sobre reforma de seguridad social, que no siempre es visible, pero que históricamente ha sido determinante.
El STUNAM y la FSTS, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado. Son los dos actores sindicales con mayor capacidad de presión directa sobre el proceso legislativo que el decreto instruye, constituir para la revisión del sistema. Ambas tienen agendas que van más allá de la edad de jubilación.
Quieren también una revisión de las tasas de reemplazo, que son el porcentaje del salario activo que la pensión reemplaza al momento del retiro, y quieren modificaciones al sistema de cuotas que el propio instituto cobra sus derecho habientes por los servicios médicos. Cada uno de esos puntos adicionales complica la negociación y la aleja del decreto original.
Y hay legisladores de oposición, principalmente del PAN y del PRI, que tienen incentivos para ralentizar el proceso legislativo si consideran que una reforma rápida le daría a Morena un logro político demasiado visible antes de las elecciones intermedias de 2027. La reforma al sistema de pensiones del ICST tiene el potencial de ser, si se aprueba con los términos adecuados, el argumento de campaña más poderoso que Morena podría usar con el segmento de trabajadores del Estado, un segmento que en elecciones intermedias tiene una tasa
de participación significativamente más alta que el promedio de la población. Hay una fecha clave. El decreto establece que la mesa de diálogo para la revisión del sistema tiene un plazo de 180 días para presentar sus conclusiones y una propuesta de reforma. 180 días desde la fecha de publicación en el DOF.
Eso coloca el vencimiento de ese plazo en algún punto del segundo semestre de 2025, dependiendo de la fecha exacta de publicación que los abogados laborales ya están calculando día por día. Si la mesa entrega sus conclusiones en tiempo, el Congreso tendría que iniciar el proceso legislativo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones de diciembre de 2025.
Si se extiende al periodo de febrero de 2026, la aprobación podría ocurrir en un contexto político de mayor tensión con el arranque del proceso electoral de 2027 ya en el horizonte. Esa fecha, el vencimiento de los 180 días, es la que cualquier trabajador mayor de 50 años debería tener marcada en su calendario personal, porque es el momento en que sabremos si el decreto fue el primer paso de una reforma real o si fue un instrumento de contención política que sirvió para ganar tiempo sin resolver el problema de fondo. Lo que necesitas
saber si tienes más de 50 años y trabajas en el ISTI es lo siguiente. Primero, el decreto existe, es real, fue publicado en el DOF y tiene efectos jurídicos desde el momento de su publicación. Segundo, el efecto inmediato es el congelamiento de los incrementos de edad programados, lo que significa que la tabla de requisitos que aplica hoy es la que va a seguir aplicando hasta que concluya la revisión.
Tercero, ese congelamiento no es permanente por ley. Es una instrucción ejecutiva que depende de lo que resulte del proceso de revisión y de lo que el Congreso apruebe. Cuarto, si tienes entre 50 y 60 años y estás pensando en cuándo retirarte, el momento de hablar con un abogado laboral especializado en materia de Leste no es cuando el Congreso apruebe la reforma.
Es ahora con el decreto vigente para entender exactamente qué requisitos te aplican hoy y cómo el resultado de la revisión podría afectar tu situación específica. La historia que el gobierno está contando sobre este decreto es la de un logro. Un gobierno que cumple su promesa de campaña y protege a los trabajadores del estado del impacto de una reforma que los dejaba en condición de desventaja.
Esa historia tiene elementos reales. El congelamiento es real. La señal política es real. El alivio que sienten hoy los trabajadores que estaban a uno o dos escalones de ver su edad de jubilación, aumentar es real. La historia que el decreto todavía no puede contar es la del resultado. Esa historia se escribe en los próximos 180 días en las reuniones de la mesa de diálogo, en los salones del Congreso, en los escritorios de los actuarios del IST, que tienen que encontrar la manera de que el sistema sea más justo para los trabajadores sin que el déficit
actuarial se amplíe hasta el punto en que sea insostenible. Y esa historia la va a contar alguien. La pregunta es, si tú vas a esperar a que te la cuenten o vas a hacer las preguntas correctas ahora cuando todavía tienes tiempo de tomar decisiones informadas sobre tu propio retiro. Entonces, te pregunto directamente, si tienes más de 50 años y llevas más de dos décadas trabajando para el Estado mexicano, ¿confías en que este decreto es el primer paso de una reforma que va a llegar a tiempo para cambiar las condiciones de tu jubilación
antes de que tú necesites jubilarte? ¿O crees que es otra promesa política que va a quedar atrapada en los mismos laberintos institucionales que llevan 15 años impidiendo que el sistema de pensiones de lees te sea lo que debería ser? Esa respuesta vale más que cualquier decreto, porque es la respuesta que vas a usar para decidir si puedes planear tu retiro con certeza o si tienes que seguir esperando a que el sistema decida por ti.
