7 REVELACIONES de HUGO CARVAJAL que SACUDEN a GUSTAVO PETRO — el DINERO que CRUZÓ FRONTERAS

 les permitía usar territorio venezolano para mover cocaína hacia Estados Unidos y Europa. A cambio, recibía un porcentaje de las ganancias y otra parte venía de la corrupción simple, contratos inflados, sobornos y negocios turbios con empresarios que querían hacer dinero rápido aprovechando el caos del chavismo. Carvajal coordinaba todo ese dinero como si fuera el gerente de un banco criminal.

 Tenía cuentas secretas en Panamá, en Suiza y en las Islas Caimán. Movía el efectivo en maletas diplomáticas que los agentes venezolanos llevaban en vuelos comerciales. Y cuando las cantidades eran muy grandes, organizaba vuelos privados que aterrizaban en pistas clandestinas en medio de la selva. Todo el sistema estaba diseñado para ser imposible de rastrear y durante años funcionó a la perfección.

 Con ese dinero, Chávez comenzó a financiar políticos de izquierda en toda América Latina. En Bolivia le dio millones de dólares a Evo Morales para que ganara las elecciones de 2005. En Ecuador financió a Rafael Correa. En Nicaragua apoyó a Daniel Ortega. En Argentina mantuvo una relación cercana con Néstor Kerner y en Perú le dio dinero a Ollanta o Mala.

 Todos esos políticos llegaron al poder con la ayuda económica del chavismo y una vez en el gobierno se convirtieron en aliados leales de Venezuela. Pero había un país que era más importante que todos los demás para Chávez. Colombie, el país vecino, el país con el que Venezuela compartía más de 2000 km de frontera y el país que históricamente había sido el aliado más cercano de Estados Unidos en la región.

Chávez sabía que si lograba poner a un presidente amigo en Colombia, habría ganado la partida geopolítica más importante de su vida. Así que le ordenó a Carvajal que hiciera de Colombia la prioridad número uno. Carvajal comenzó a identificar políticos colombianos de izquierda que pudieran ser financiados. visitó Bogotá varias veces disfrazado de empresario.

 Se reunió con líderes de movimientos sociales, con esguerrilleros que se habían desmovilizado y con intelectuales que compartían la visión bolivariana. Y entre todos esos contactos había un nombre que le llamó especialmente la atención, Gustavo Petro. Petro era un político joven con una historia interesante. Había sido guerrillero del M19 en su juventud.

Luego se había desmovilizado y se había dedicado a la política legal. Había sido congresista, senador y alcalde de Bogotá. Tenía carisma, hablaba bien y tenía una base de seguidores leales que creían en su proyecto de cambio. Pero también tenía un problema. No tenía dinero suficiente para lanzar una campaña presidencial competitiva.

 Y ahí era donde Carvajal podía entrar. Según lo que Carvajal revelaría años después en su testimonio ante las autoridades estadounidenses y españolas, él habría coordinado el envío de fondos desde Venezuela hacia la campaña de Petro. No todo de una sola vez, sino de forma gradual y discreta. Pequeñas cantidades que sumadas llegaban a millones de dólares.

 El dinero se movía a través de intermediarios, empresarios venezolanos que hacían negocios en Colombia, diplomáticos que llevaban efectivo en maletas y testaferros que abrían cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma. Carvajal declaró que ese mismo método se había usado con otros políticos en otros países y que todo formaba parte de una estrategia continental orquestada desde Caracas.

La idea no era solo ganar una elección, era crear una red de gobiernos aliados que pudieran protegerse mutuamente, compartir información y consolidar un bloque de poder que hiciera contrapeso a la influencia de Estados Unidos en la región. Era una visión ambiciosa y para ejecutarla se necesitaba mucho dinero y mucha coordinación y Carvajal era el hombre perfecto para ese trabajo.

 Pero como suele pasar con las operaciones secretas, todo tiene un límite. Y el límite para Carvajal llegó cuando Hugo Chávez murió en 2013. Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela y aunque Carvajal siguió en su puesto de jefe de inteligencia, las cosas comenzaron a cambiar. Maduro no confiaba en Carvajal como lo había hecho Chávez y Carvajal empezó a darse cuenta de que su tiempo en el poder estaba contado.

 En 2019, Carvajal rompió públicamente con el régimen de Maduro. Declaró su apoyo a Juan Guaidó, el líder opositor que reclamaba la presidencia de Venezuela y huyó del país. Primero se fue a España, donde pidió asilo político, pero Estados Unidos tenía otros planes para él. Lo acusó formalmente de narcotráfico y solicitó su extradición.

Carvajal intentó esconderse en Madrid, pero fue capturado por la policía española en 2019 y en 2020 fue extraditado a Estados Unidos. Cuando llegó a Nueva York y fue encerrado en una celda federal Carvajal, se dio cuenta de que su vida, tal como la había conocido, se había acabado. Los fiscales estadounidenses le presentaron las pruebas que tenían en su contra: testimonios de narcotraficantes, grabaciones de conversaciones, documentos financieros.

 y le dijeron sin rodeos que si no cooperaba iba a morir en la cárcel. Carvajal pasó meses luchando internamente con la decisión, porque cooperar significaba traicionar a las personas que durante décadas habían sido sus aliados. Pero al final el instinto de supervivencia fue más fuerte que la lealtad. En marzo de 2021, Carvajal le dijo a su abogado que estaba dispuesto a hablar, que tenía información sobre operaciones de narcotráfico, sobre corrupción y sobre financiamiento ilegal de campañas políticas en varios países.

Los fiscales estadounidenses se interesaron de inmediato y comenzaron las sesiones de interrogatorio. Durante semanas, Carvajal habló sin parar. Les contó todo lo que sabía. Y lo que dijo fue tan explosivo que las autoridades estadounidenses decidieron compartir parte de esa información con otros países, incluida España y Colombia.

En España, las declaraciones de Carvajal generaron un escándalo político enorme, porque Carvajal mencionó que el régimen chavista había financiado al partido político Podemos con millones de dólares. Los líderes de Podemos negaron todo, pero el testimonio de Carvajal ante la Audiencia Nacional Española quedó registrado oficialmente y comenzó a ser usado en investigaciones judiciales.

Y entonces llegó el turno de Colombia, porque en una de esas declaraciones, Carvajal mencionó el nombre de Gustavo Petro. Dijo que durante su tiempo como jefe de inteligencia militar había tenido conocimiento de transferencias de dinero desde Venezuela hacia la campaña de Petro. No dio cantidades exactas en ese momento, pero dijo que la información estaba documentada y que él estaba dispuesto a entregarla a las autoridades colombianas si lo solicitaban.

La noticia llegó a Colombia como una bomba. Los medios de comunicación comenzaron a publicar titulares explosivos. Es jefe de inteligencia venezolano. Acusa a Petro de recibir dinero de Chávez. Carvajal dice que financió campaña de Petro con plata del narcotráfico y el escándalo estalló porque en ese momento Gustavo Petro no era solo un político cualquiera, era candidato presidencial y las elecciones estaban a menos de un año de distancia.

Petro reaccionó de inmediato, salió a los medios y negó categóricamente haber recibido dinero de Venezuela. Dijo que no conocía a Hugo Carvajal. que nunca se había reunido con él y que todo era una campaña sucia de la oposición para desprestigiarlo. Pero los periodistas no lo dejaron tranquilo. Le preguntaron una y otra vez por los detalles y Petro decidió hacer algo arriesgado.

le pidió públicamente a la Corte Suprema de Justicia que lo investigara, que revisara sus cuentas de campaña y que determinara si las acusaciones de Carvajal eran ciertas o falsas. Fue un movimiento audaz porque parecía demostrar que no tenía nada que ocultar. La Corte Suprema tomó en serio la solicitud y abrió una investigación preliminar.

Lo primero que hicieron fue contactar a las autoridades españolas para obtener una copia completa del testimonio de Carvajal y luego decidieron que necesitaban escuchar directamente de él. Así que programaron una diligencia judicial por videoconferencia para que Carvajal desde su celda en Estados Unidos pudiera declarar ante los magistrados colombianos.

La noticia de que la Corte Suprema iba a interrogar a Carvajal generó expectativa en todo el país. Los analistas políticos debatían en televisión sobre lo que podía pasar. Algunos decían que Carvajal era un criminal buscando reducir su condena y que sus declaraciones no tenían credibilidad. Otros decían que precisamente porque era un criminal de tan alto nivel, su testimonio era valioso, porque él había estado en el centro de las operaciones y sabía cosas que nadie más sabía.

Mientras todo esto pasaba en los medios y en los tribunales en Venezuela, el régimen de Maduro guardaba silencio. No hicieron declaraciones públicas sobre las acusaciones de Carvajal, pero según filtraciones de inteligencia colombiana, el gobierno venezolano estaba furioso, porque Carvajal estaba revelando secretos que podían comprometer no solo a políticos extranjeros, sino también a funcionarios del propio régimen.

y eso era peligroso. En Colombia, la oposición a Petro aprovechó el escándalo para atacarlo con todo. Los senadores de derecha subían al estrado y exigían que Petro se retirara de la carrera presidencial. Decían que un candidato bajo investigación por presunto financiamiento ilegal no podía aspirar a la presidencia.

 Los seguidores de Petro, por su parte, salieron a las calles a defenderlo. Dijeron que todo era una persecución política, que Carvajal era un mentiroso y que la derecha estaba desesperada porque sabía que Petro iba a ganar las elecciones. El país estaba polarizado, dividido en dos bandos que parecían vivir en realidades paralelas. Y en medio de todo ese caos había una pregunta que nadie podía responder con certeza.

decía la verdad Hugo Carvajal o estaba mintiendo para salvar su pellejo. La única forma de saberlo era esperar a que declarara ante la Corte Suprema y ver qué pruebas presentaba. Esa espera se hizo eterna. Pasaron semanas y luego meses. La diligencia judicial con Carvajal fue programada varias veces, pero siempre fue pospuesta por problemas logísticos, por cambios de abogados o por decisiones administrativas de las autoridades estadounidenses.

Y mientras tanto, el caso seguía abierto como una herida sin cerrar en el debate político colombiano. Gustavo Petro seguía haciendo campaña, visitaba pueblos, daba discursos y prometía cambios profundos si llegaba a la presidencia. Pero en cada evento los periodistas le preguntaban por Carvajal y él repetía la [carraspeo] misma respuesta, que estaba tranquilo, que no tenía nada que ocultar y que la justicia iba a demostrar su inocencia.

Pero por dentro, según personas cercanas, a él estaba preocupado porque sabía que aunque las acusaciones fueran falsas, el simple hecho de estar bajo investigación lo debilitaba políticamente. En enero de 2022, la Corte Suprema finalmente logró coordinar la videoconferencia con Carvajal. Fue una sesión cerrada sin cámaras y sin público, solo los magistrados, los fiscales y Carvajal conectado desde una sala especial en la prisión federal de Estados Unidos.

Lo que se habló en esa sesión no se hizo público de inmediato, pero según filtraciones que salieron semanas después, Carvajal reafirmó sus acusaciones. Dijo que el régimen chavista había financiado a Petro y que él tenía documentos que lo probaban. Pero no presentó esos documentos ese día.

 Dijo que necesitaba garantías de protección y que solo los entregaría si las autoridades colombianas firmaban un acuerdo formal de cooperación con Estados Unidos. Esa condición complicó todo porque un acuerdo de cooperación judicial internacional puede tomar meses o incluso años y las elecciones presidenciales en Colombia estaban programadas para mayo de 2022, es decir, apenas 4 meses después.

No había tiempo suficiente para completar el proceso legal y eso significaba que el caso iba a quedar en el aire durante la campaña. Sin resolución y sin claridad, Petro aprovechó esa situación a su favor. dijo públicamente que el caso demostraba que no había pruebas reales contra él, que todo era humo y que sus enemigos políticos estaban usando el nombre de un criminal para intentar hundirlo.

Sus seguidores le creyeron y en las encuestas Petro siguió subiendo hasta que finalmente en junio de 2022 ganó las elecciones presidenciales. se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y el caso Carvajal quedó congelado. Pero congelado no significa olvidado porque la Corte Suprema no cerró la investigación, la dejó abierta esperando que en algún momento llegaran las pruebas prometidas por Carvajal.

Y mientras tanto, en Estados Unidos, Carvajal seguía negociando su condena, entregando información sobre otras operaciones y esperando que su cooperación le redujera la pena. Su vida ahora dependía de lo valioso que fuera su testimonio y de cuánto daño pudiera causar a los poderosos, que alguna vez fueron sus aliados.

Los meses que siguieron a la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia fueron de una tensión política constante. El país estaba dividido entre quienes celebraban el triunfo histórico de la izquierda y quienes veían con preocupación que un hombre investigado por presunto financiamiento ilegal hubiera llegado al poder.

 Pero lo que muy pocos sabían era que en una prisión de Estados Unidos Hugo Carvajal seguía hablando y lo que estaba revelando era mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Las sesiones de interrogatorio entre Carvajal y los fiscales estadounidenses se volvieron más frecuentes y más detalladas.

 Ya no se trataba solo de narcotráfico. Ahora los fiscales querían entender toda la red de operaciones financieras del chavismo, cómo se movía el dinero, quiénes eran los intermediarios y cuáles políticos en América Latina habían recibido fondos. Carvajal colaboraba porque sabía que era su única oportunidad de reducir una condena que de otra forma lo mantendría en prisión hasta su muerte.

 Y cada vez que hablaba entregaba nombres, fechas y cantidades. Uno de los fiscales asignados al caso era un hombre de apellido Morrison, un abogado de origen colombiano que había crecido en Miami y que llevaba más de 20 años persiguiendo carteles de droga. Morrison había visto muchos casos, pero el de Carvajal era diferente porque no se trataba solo de narcotraficantes comunes, se trataba de un gobierno entero que había convertido el crimen organizado en política de estado.

 Y Morrison sabía que si lograba documentar todo eso, el impacto sería histórico. Durante una de las sesiones, Morrison le preguntó a Carvajal de forma directa, “¿Cuánto dinero exactamente le dieron a Gustavo Petro? Carvajal se quedó en silencio unos segundos, miró al techo de la sala de interrogatorios y luego respondió, “No puedo darle una cifra exacta porque no era yo quien entregaba el dinero físicamente, pero según los reportes que yo recibía como jefe de inteligencia, hablamos de varios millones de dólares distribuidos en diferentes momentos

y a través de diferentes canales.” Morrison anotó eso en su libreta. y preguntó, “¿Puede darme nombres de los intermediarios?” Carvajal asintió. Puedo darle algunos, pero necesito garantías de que mi familia en Venezuela no va a sufrir represalias. Esa preocupación de Carvajal era real, porque aunque él estaba preso en Estados Unidos, su esposa y sus hijos seguían viviendo en Caracas y el régimen de Maduro no perdonaba traidores.

Ya habían circulado rumores de que agentes de inteligencia venezolana estaban vigilando a la familia de Carvajal, esperando cualquier excusa para arrestarlos. Así que Morrison hizo una llamada a sus superiores y consiguió que el gobierno estadounidense ofreciera protección a la familia de Carvajal. Les otorgaron visas de emergencia y los sacaron de Venezuela en un operativo discreto.

Una vez que la familia estuvo a salvo en Miami Carvajal, se sintió más libre para hablar. Los nombres que Carvajal comenzó a dar eran de empresarios venezolanos, algunos con negocios legítimos en Colombia. que habían servido como fachada para mover dinero. Uno de esos nombres era Alexaab, un empresario colombo venezolano que durante años había sido señalado como el testaferro principal de Nicolás Maduro.

Sa también estaba preso en Estados Unidos enfrentando cargos de lavado de dinero. Y según Carvajal, SA había jugado un papel clave en las operaciones de financiamiento político. Carvajal explicó que SAP tenía empresas en Colombia que importaban alimentos desde Venezuela. Esas empresas movían millones de dólares al mes.

 Y aunque oficialmente todo parecía legal, lo que realmente estaban haciendo era mezclar dinero limpio con dinero sucio. Parte de esas ganancias se desviaban hacia cuentas bancarias que luego se usaban para financiar campañas políticas. Era un esquema sofisticado, diseñado para ser casi imposible de rastrear, porque el dinero pasaba por tantas manos y tantas empresas que al final nadie podía demostrar su origen real.

Morrison preguntó si había pruebas documentales de esas transacciones. Carvajal dijo que sí, que en su época como jefe de inteligencia él había recibido reportes semanales sobre el movimiento de fondos. Esos reportes incluían nombres. montos y destinos. Pero cuando huyó de Venezuela no pudo llevarse esos documentos.

Sin embargo, dijo que conocía a otras personas que tenían copias, personas que también habían trabajado en la inteligencia venezolana y que ahora estaban escondidas en diferentes países esperando una oportunidad para hablar. Los fiscales estadounidenses comenzaron a buscar a esas personas. enviaron mensajes discretos a través de contactos en agencias de inteligencia de otros países y poco a poco comenzaron a aparecer testigos.

Uno de ellos era un escoronel venezolano que había trabajado bajo las órdenes de Carvajal. Ese hombre había huido a España en 2020 y había pedido asilo político. Los fiscales lo contactaron y él aceptó declarar lo que dijo confirmó gran parte del testimonio de Carvajal. Habló de maletas llenas de dinero que se movían en vuelos comerciales, de reuniones secretas en embajadas y de una lista de políticos latinoamericanos que recibían fondos de Caracas.

 Ese es coronel también mencionó a Gustavo Petro. Dijo que en una ocasión en 2010 había estado presente en una reunión en Caracas donde se discutió el apoyo a la campaña de Petro para la alcaldía de Bogotá. Según su testimonio, en esa reunión participaron funcionarios del gobierno venezolano y representantes de Petro y se acordó el envío de una cantidad inicial de dinero.

El escoronel no recordaba la cifra exacta, pero dijo que era considerable y que el dinero se entregaría a través de un empresario colombiano con vínculos en Venezuela. Cuando ese testimonio llegó a Colombia a través de canales oficiales, la Corte Suprema decidió reactivar la investigación.

 Porque ahora ya no era solo la palabra de Carvajal. Había otro testigo que confirmaba partes de la historia. El magistrado encargado del caso, Un hombre de apellido Reyes, ordenó que se citara a declarar al empresario colombiano mencionado por el escoronel. Pero cuando intentaron localizarlo, descubrieron que había salido del país y que estaba viviendo en Panamá.

Las autoridades colombianas solicitaron su extradición, pero el proceso iba a tardar meses, quizás años. Y mientras tanto, el caso seguía sin resolverse. Gustavo Petro ya estaba gobernando. Había asumido la presidencia en agosto de 2022 y su gobierno estaba enfocado en implementar las reformas que había prometido durante la campaña.

Pero el tema de Carvajal no desaparecía. Cada pocas semanas salía una noticia nueva, un testigo más, un documento filtrado o una declaración de algún político de oposición exigiendo explicaciones. Y aunque Petro públicamente se mostraba tranquilo diciendo que la justicia haría su trabajo en privado, estaba furioso porque sentía que sus enemigos políticos estaban usando el caso para desestabilizar su gobierno.

En una reunión privada con su equipo de comunicaciones, Petro habría dicho según versiones que se filtraron después, esto es una operación de inteligencia coordinada desde Washington. Quieren tumbarme porque no les gusta que Colombia tenga un presidente de izquierda. Están usando a Carvajal como peón y la oposición aquí está feliz de seguirles el juego.

Su ministro de Defensa intentó calmarlo. Presidente, usted pidió que lo investigaran. Si no hay nada que ocultar, entonces no hay de qué preocuparse. Pero Petro respondió, “El problema no es si hay algo o no. El problema es que la sola existencia de la investigación me debilita y eso es exactamente lo que ellos quieren.

” Mientras en Colombia el gobierno intentaba manejar la crisis de imagen en Estados Unidos, Hugo Carvajal seguía colaborando y lo que revelaba iba más allá de Petro. habló de otros políticos en otros países, de Evo Morales en Bolivia, de Ollanta Mala en Perú, de Rafael Correa en Ecuador. Según Carvajal, todos esos líderes habían recibido dinero de Venezuela en algún momento de sus carreras y todos habían llegado al poder con la ayuda directa o indirecta del chavismo.

era una red continental, una internacional de la izquierda financiada con petrodólares y dinero del narcotráfico. Uno de los casos más explosivos que Carvajal mencionó fue el del partido Podemos en España. Dijo que el chavismo había enviado millones de euros a ese partido para ayudarlo a crecer, que había reuniones regulares entre dirigentes de Podemos y funcionarios venezolanos y que todo se hacía bajo la fachada de cooperación cultural o académica.

Cuando esas declaraciones se hicieron públicas en España, el partido Podemos negó todo. Dijeron que Carvajal era un mentiroso, que estaba inventando historias para reducir su condena y que no había ninguna prueba realmaciones. Pero luego comenzaron a aparecer pruebas. Un medio de comunicación español publicó correos electrónicos que mostraban contactos entre dirigentes de Podemos y funcionarios venezolanos.

Los correos no probaban que hubiera habido transferencias de dinero, pero sí demostraban que había una relación mucho más cercana de lo que Podemos había admitido públicamente y eso fue suficiente para generar un escándalo. El partido perdió votos en las siguientes elecciones y varios de sus líderes tuvieron que salir a dar explicaciones.

En Colombia el caso seguía su curso. La Corte Suprema logró finalmente obtener parte de la documentación que Carvajal había mencionado. No era todo lo que él había prometido, pero si había reportes de inteligencia venezolana que mencionaban operaciones financieras en Colombia. Los documentos estaban redactados en lenguaje codificado usando nombres clave en lugar de nombres reales.

Pero los analistas de la corte lograron descifrar algunos de esos códigos y encontraron referencias a un proyecto político colombiano que recibía apoyo operacional. La fecha de esos reportes coincidía con los años en que Petro estaba haciendo campaña. Esos documentos fueron presentados como prueba ante el magistrado Reyes.

Pero el abogado defensor de Petro argumentó que no eran suficientes. Dijo que los reportes eran vagos, que no mencionaban explícitamente el nombre de Petro y que podían referirse a cualquier otro político. También argumentó que Carvajal era un testigo poco confiable. un criminal buscando reducir su condena y que sus declaraciones no podían ser la base de una acusación seria contra un presidente en ejercicio.

El debate jurídico se volvió complejo porque técnicamente el abogado tenía razón. Las pruebas no eran contundentes. Había indicios, testimonios y documentos que sugerían algo. Pero no había una pistola humeante, no había un vídeo de Petro recibiendo dinero, no había una transferencia bancaria con su nombre.

 Y sin ese tipo de prueba directa era difícil avanzar con una acusación formal. La Corte Suprema quedó en una encrucijada. Porque cerrar el caso sin más parecería que estaban protegiendo al presidente, pero seguir adelante sin pruebas sólidas podía ser visto como una persecución política. Mientras la justicia deliberaba en las redes sociales, el tema explotaba.

Los seguidores de Petro decían que todo era una farsa, que Carvajal era un montaje de la Cía y que la oposición estaba desesperada porque no podían derrotar a Petro en las urnas. Los críticos de Petro decían que donde hay humo hay fuego, que demasiados testigos estaban diciendo lo mismo y que era imposible que todo fuera inventado.

El país estaba polarizado y cada bando interpretaba los mismos hechos de forma completamente diferente. En medio de todo ese ruido político, apareció una nueva figura que complicó aún más las cosas. Un exfuncionario de la campaña de Petro decidió hablar. era un hombre de apellido Morales que había trabajado como coordinador financiero durante la campaña presidencial de 2018.

Morales dio una entrevista a un medio de comunicación independiente y dijo que durante la campaña había visto movimientos de dinero que no estaban registrados oficialmente, que había reuniones secretas con personas que él no conocía y que en una ocasión le habían pedido que recibiera una suma grande de dinero en efectivo sin hacer preguntas.

Morales dijo que en ese momento no pensó mucho en eso, que asumió que eran donaciones privadas de simpatizantes que no querían aparecer públicamente. Pero ahora, con todo lo que estaba saliendo sobre Carvajal, él comenzaba a sospechar que ese dinero podía haber venido de Venezuela. Dijo que no tenía pruebas, pero que su conciencia no lo dejaba tranquilo y que sentía la obligación de contar lo que sabía.

La entrevista generó un impacto inmediato. El gobierno de Petro reaccionó con furia. El ministro del Interior salió a decir que Morales era un resentido, que había sido despedido de la campaña por mal desempeño y que ahora estaba inventando historias para vengarse. Pero cuando los periodistas revisaron los registros, descubrieron que Morales no había sido despedido.

Había renunciado voluntariamente meses después de la campaña y no había ningún registro de problemas disciplinarios. Esa contradicción debilitó la versión oficial y le dio más credibilidad al testimonio de Morales. La Corte Suprema citó a Morales a declarar. Él aceptó y durante más de 4 horas respondió preguntas de los magistrados.

habló de cómo funcionaba la logística financiera de la campaña, de quiénes eran los principales donantes y de esos episodios sospechosos que había presenciado. Los magistrados le preguntaron si podía identificar a las personas con las que se había reunido en esas ocasiones. Morales dijo que no recordaba nombres, pero que sí podía describir físicamente algunos de ellos y que si le mostraban fotografías quizás podría reconocerlos.

Los investigadores de la corte prepararon un álbum fotográfico con imágenes de empresarios venezolanos y colombianos que habían sido mencionados en el caso. Le mostraron el álbum a Morales y él señaló tres fotografías. Una de ellas era de Alexa, otra de un empresario venezolano que tenía negocios de importación en Bogotá y la tercera de un hombre que Morales dijo haber visto en varias reuniones, pero que no sabía quién era.

 Cuando los investigadores revisaron esa tercera fotografía, descubrieron que era de un exmilitar venezolano que había trabajado en el equipo de Carvajal. Esa conexión era significativa porque corroboraba parte de lo que Carvajal había dicho, que había enviado a sus hombres a Colombia para coordinar las entregas de dinero.

 Con esa nueva información, la investigación tomó un rumbo más serio. La Corte Suprema ordenó que se revisaran todas las cuentas bancarias de la campaña de Petro, que se analizaran los registros financieros y que se buscaran irregularidades. El proceso iba a tardar meses porque estaban hablando de miles de transacciones, pero al menos ahora había una línea clara de investigación.

Petro seguía gobernando, pero el peso de la investigación comenzaba a afectarlo. En las encuestas de opinión su aprobación había bajado, no de forma dramática, pero sí de manera constante, y su equipo de gobierno estaba preocupado, porque si la Corte encontraba algo realmente comprometedor, las consecuencias podían ser catastróficas.

no solo para Petro, sino para todo el proyecto político que representaba. En diciembre de 2023, la Corte Suprema emitió un comunicado. Decía que la investigación seguía abierta, que se estaban analizando nuevas pruebas y que en los próximos meses se tomarían decisiones importantes sobre el futuro del caso.

 No dieron más detalles, pero el simple hecho de que la investigación continuara era noticia. porque muchos habían pensado que el caso iba a morir por falta de pruebas. Mientras tanto, en Estados Unidos, Hugo Carvajal seguía en prisión, pero su situación había mejorado un poco. Los fiscales estaban satisfechos con su nivel de cooperación y habían recomendado al juez que le redujeran la condena.

En lugar de cadena perpetua ahora enfrentaba una pena de entre 15 y 20 años, lo que significaba que si se portaba bien en prisión podía salir libre antes de los 80 años. Era un respiro, pero seguía siendo un castigo duro para un hombre que alguna vez había sido uno de los más poderosos de Venezuela. Carvajal pasaba sus días en una celda pequeña leyendo libros, escribiendo cartas a su familia y pensando en todo lo que había perdido.

A veces se preguntaba si había valido la pena, si toda esa vida de secretos y traiciones había valido la pena y la respuesta siempre era la misma. No, no había valido la pena porque al final estaba solo, preso y odiado tanto por sus antiguos aliados como por sus enemigos. Era el precio de haber jugado con fuego durante demasiado tiempo.

Pero aunque estaba arrepentido de muchas cosas, Carvajal no se arrepentía de haber hablado porque sabía que al hacerlo había abierto una caja de Pandora. Había expuesto un sistema de corrupción continental. había puesto nombre sobre la mesa y había obligado a la justicia de varios países a investigar. No sabía si al final habría consecuencias reales, si algún político poderoso terminaría en la cárcel o si todo quedaría en la impunidad.

Pero al menos había hecho su parte, había contado la verdad y eso era algo que nadie podía quitarle. En Colombia la historia seguía desarrollándose. Nuevos testigos aparecían cada cierto tiempo. Nuevos documentos eran filtrados a la prensa y el debate político no paraba. El caso Carvajal se había convertido en el elefante en la habitación de la política colombiana.

Todos sabían que estaba ahí, pero nadie sabía exactamente qué hacer con él. Y mientras el país esperaba respuestas definitivas, la pregunta seguía en el aire. ¿Había recibido Gustavo Petro dinero de Venezuela? ¿Y si era así, ¿qué iba a pasar con su presidencia? El año 2024 comenzó con una noticia que sacudió a Colombia hasta los cimientos.

La Corte Suprema de Justicia anunció que había encontrado irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2018. No eran pruebas definitivas de que hubiera recibido dinero de Venezuela, pero si había transacciones que no estaban debidamente justificadas, depósitos en efectivo que superaban los límites legales y donantes que no habían sido registrados de forma transparente.

La Corte dijo que esas irregularidades ameritaban continuar con la investigación de forma más profunda. La noticia cayó como una bomba en el palacio presidencial. Petro convocó una reunión de emergencia con su gabinete ministerial. Estaban todos ahí. El ministro del Interior, la ministra de justicia, el ministro de defensa y sus asesores más cercanos.

Petro estaba visiblemente molesto. Golpeó la mesa con la mano y dijo, “Esto es una persecución política. La Corte está actuando bajo presión de Estados Unidos y de la oposición. No voy a permitir que me tumben con mentiras. Pero su ministro de justicia le respondió con cautela. Presidente, con todo respeto, usted mismo pidió que lo investigaran.

Si ahora rechazamos los hallazgos de la corte, vamos a parecer culpables. Petro guardó silencio unos segundos y luego dijo, preparen un comunicado oficial. Vamos a colaborar con la justicia, pero también vamos a defendernos. Esa tarde Petro salió en cadena nacional por radio y televisión. Habló directamente a los colombianos con su tono característico, firme, pausado y cargado de emoción.

Compatriotas hoy la Corte Suprema. Ha hecho públicos unos hallazgos sobre mi campaña de 2018. Quiero ser claro, no he recibido ni un peso de Venezuela, ni de Hugo Chávez, ni de Nicolás Maduro, ni de ningún gobierno extranjero. Mi campaña fue financiada por el pueblo colombiano, por las pequeñas donaciones de miles de ciudadanos que creían en el cambio.

Si hubo errores administrativos en el registro de algunas donaciones, eso es cierto, pero errores administrativos no son prueba de corrupción y mucho menos de traición a la patría. Petro continuó hablando durante casi 15 minutos. dijo que todo era parte de una campaña orquestada para desestabilizar su gobierno, que sus enemigos no habían podido derrotarlo en las urnas y ahora estaban usando la justicia como arma política.

Terminó su discurso diciendo que iba a seguir gobernando, que no iba a renunciar y que confiaba en que la verdad iba a salir a la luz. El discurso dividió a la opinión pública. Sus seguidores lo aplaudieron. Dijeron que era víctima de una conspiración, pero sus críticos dijeron que estaba atacando a la justicia y que eso era inaceptable en una democracia.

Al día siguiente, los medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir el escándalo. CNN en español, BBC Mundo de New York Times. Todos publicaron artículos sobre el caso y el nombre de Colombia volvió a estar en las primeras planas, pero no por buenas razones, sino por un escándalo político que amenazaba con desestabilizar al gobierno.

Los analistas políticos comenzaron a especular sobre lo que podría pasar. Algunos dijeron que Petro podría ser destituido si la corte encontraba pruebas más contundentes. Otros dijeron que aunque hubiera pruebas era muy difícil destituir a un presidente en ejercicio porque el proceso era largo, complejo y requería una mayoría enorme en el Congreso.

Mientras el debate político se intensificaba en las calles de Bogotá, comenzaron a organizarse marchas. Por un lado, miles de seguidores de Petro salieron a las calles para defenderlo. Llevaban pancartas que decían Petro se queda y no al golpe de estado. Por otro lado, miles de opositores también marcharon exigiendo la renuncia del presidente.

Sus pancartas decían, “Fuera Petro corrupto y Colombia merece la verdad.” Las marchas fueron masivas y en algunos puntos de la ciudad hubo enfrentamientos violentos entre los dos bandos. La policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y varias personas resultaron heridas.

El país estaba al borde del colapso institucional porque ya no se trataba solo de un caso judicial, se trataba de una crisis de confianza en las instituciones democráticas. Una parte del país creía que la justicia estaba haciendo su trabajo y otra parte creía que la justicia estaba siendo manipulada por intereses políticos y esa división estaba rompiendo el tejido social.

Familias se peleaban en las mesas, amigos dejaban de hablarse y en las redes sociales el debate era tan violento que muchas personas decidieron simplemente desconectarse. En medio de toda esa tensión, Hugo Carvajal seguía siendo la pieza clave del rompecabezas, porque aunque había dado mucho testimonio, todavía no había entregado las pruebas documentales más contundentes que había prometido.

Los fiscales estadounidenses le preguntaban constantemente dónde están esos documentos y Carvajal siempre respondía lo mismo. Están en manos de personas de confianza, pero esas personas tienen miedo de entregarlos porque temen por sus vidas. Necesitamos garantías de protección. Los fiscales hicieron gestiones con sus colegas en otros países y finalmente lograron convencer a uno de los contactos de Carvajal para que hablara.

 Era una mujer, una exfuncionaria de la inteligencia venezolana que había trabajado como asistente administrativa de Carvajal durante varios años. Esa mujer había huído de Venezuela en 2019 y estaba viviendo en México bajo un nombre falso. Cuando los fiscales la contactaron, ella aceptó reunirse con ellos, pero pidió garantías de seguridad.

Le ofrecieron protección de testigos en Estados Unidos. y ella aceptó. La mujer viajó a Estados Unidos en enero de 2024 y fue interrogada durante varios días. Lo que reveló fue impactante. Dijo que durante su tiempo trabajando con Carvajal, ella había sido la encargada de archivar los reportes de inteligencia y que tenía copias digitales de muchos de esos documentos.

Los había guardado en una memoria USB como seguro de vida. por si algún día el régimen la traicionaba y ahora estaba dispuesta a entregarlos. Los fiscales revisaron la memoria USB y encontraron cientos de documentos, reportes operativos, listas de contactos y registros de transferencias financieras. Uno de esos documentos era un reporte fechado en agosto de 2017.

El título del reporte decía Operación Colombia Libre y en el contenido se describía un plan para apoyar financieramente a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales colombianas de 2018. El documento mencionaba tres candidatos que estaban siendo evaluados. Uno de ellos era Gustavo Petro. El reporte incluía una tabla con cifras.

En esa tabla se especificaba que el candidato identificado como GP había recibido una primera entrega de 2 millones de dólares en efectivo y que se estaban programando entregas adicionales dependiendo de los resultados de las encuestas. El documento también mencionaba que el dinero se estaba moviendo a través de una red de empresarios colombianos con vínculos en Venezuela y que todo el operativo estaba siendo coordinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo el mando de Hugo Carvajal.

Cuando los fiscales estadounidenses vieron ese documento, supieron que tenían algo grande. No era una prueba absoluta, porque el documento no mencionaba el nombre completo de Petro. solo las iniciales GP y no había una firma oficial que lo validara, pero era la pieza más cercana a una prueba directa que habían encontrado hasta ese momento.

Los fiscales compartieron ese documento con sus colegas en Colombia y la Corte Suprema decidió que era suficiente para avanzar con la investigación de forma más agresiva. La Corte ordenó que se citara a declarar a los empresarios mencionados en el documento. Algunos de ellos ya habían salido del país, pero otros todavía estaban en Colombia.

Uno de ellos era un hombre de apellido Vargas, un empresario de mediana edad que tenía negocios de importación y exportación con Venezuela. Vargas fue citado a la corte en febrero de 2024 y cuando llegó estaba visiblemente nervioso. Sudaba, temblaba y evitaba el contacto visual con los magistrados. Durante el interrogatorio, Vargas intentó negar todo.

 Dijo que no conocía a Hugo Carvajal, que nunca había participado en ninguna operación de financiamiento político y que todo era una confusión. Pero cuando los magistrados le mostraron el documento de la memoria USB Vargas se quedó en silencio. Le preguntaron, “¿Es usted la persona mencionada en este reporte como intermediario financiero?” Vargas tardó varios segundos en responder y finalmente dijo, “Necesito hablar con mi abogado.

” Esa reacción fue interpretada por los magistrados como una señal de culpabilidad, pero legalmente no podían obligarlo a declarar sin su abogado presente. Así que la sesión se suspendió y Vargas salió de la corte escoltado por guardias de seguridad. Afuera lo esperaban decenas de periodistas. Le gritaban preguntas.

Pero él no respondió, subió a su carro y se fue. Esa noche Vargas no durmió en su casa. Según versiones que se filtraron después, él habría buscado refugio en la embajada de un país extranjero. Temía ser arrestado y estaba considerando pedir asilo político. Mientras Vargas se escondía en Colombia, el caso estaba generando reacciones internacionales.

El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que estaba colaborando con las autoridades colombianas en la investigación y que esperaba que la justicia actuara con total independencia. Ese comunicado fue visto por muchos como una señal de que Washington estaba presionando para que el caso avanzara, porque un gobierno de Petro debilitado por un escándalo de corrupción era conveniente para los intereses estadounidenses en la región.

El gobierno de Venezuela también reaccionó, pero de una forma completamente diferente. Nicolás Maduro salió en televisión y dijo que todo era una operación de la CIA, que Hugo Carvajal era un traidor que había vendido su alma al imperialismo y que las acusaciones contra Petro eran parte de un plan para destruir a la izquierda latinoamericana.

Maduro dijo que Venezuela jamás había financiado campañas políticas en otros países y que todo era una mentira fabricada por los enemigos de la Revolución Bolivariana. Pero nadie le creyó porque para ese momento la credibilidad de Maduro estaba completamente destruida, tanto dentro como fuera de Venezuela. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Colombia convocó a Gustavo Petro a declarar como investigado.

 Era un momento histórico porque era la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio era citado formalmente en un caso judicial de esa magnitud. Petro aceptó presentarse, pero lo hizo acompañado de un equipo de abogados y de cámaras de televisión, porque quería que todo el país viera lo que estaba pasando.

La sesión duró más de 6 horas. Los magistrados le hicieron preguntas sobre cada aspecto de su campaña, sobre los donantes, sobre las reuniones que había tenido con empresarios y sobre los depósitos en efectivo que no estaban justificados. Petro respondió todas las preguntas, pero sus respuestas fueron vagas. dijo que él no se encargaba personalmente de las finanzas de la campaña, que tenía un equipo para eso y que si hubo irregularidades fueron errores administrativos de ese equipo.

No responsabilidad suya. Los magistrados le mostraron el documento de la memoria USB. Le preguntaron, “¿Conoce usted este reporte?” Petro lo leyó con atención y luego dijo que nunca lo había visto antes, que no sabía de dónde salía y que no podía confirmar su autenticidad. Los magistrados le preguntaron, “¿Conoce usted a Alex Sahab?” Petro respondió que había escuchado su nombre en las noticias, pero que nunca se había reunido con él personalmente.

Le preguntaron, “¿Conoce usted al empresario Vargas?” Petro dijo que no recordaba ese nombre, que durante la campaña había conocido a cientos de personas y que era imposible recordarlos a todos. Al final de la sesión, los magistrados le dijeron a Petro que la investigación iba a continuar y que podría ser citado nuevamente en el futuro.

 Petro salió de la corte y habló con los periodistas que lo esperaban afuera. Dijo que había respondido todas las preguntas con transparencia. que no tenía nada que ocultar y que confiaba en que la justicia iba a actuar con imparcialidad. Pero cuando subió a su carro y las puertas se cerraron, su rostro cambió. Ya no estaba la sonrisa de confianza, solo había preocupación porque sabía que la situación estaba fuera de su control.

Los meses siguientes fueron de una incertidumbre política constante. La investigación seguía avanzando, pero lo hacía lentamente porque cada paso requería procedimientos legales complejos y porque había demasiados intereses políticos en juego. Mientras tanto, el gobierno de Petro intentaba seguir funcionando, pero cada decisión que tomaba era cuestionada.

Cada política que implementaba era criticada. y su capacidad de gobernar se estaba erosionando día a día. En junio de 2024 salió una nueva filtración que complicó aún más las cosas. Un medio de comunicación independiente publicó una grabación de audio. Era una conversación telefónica entre dos hombres. Uno de ellos era el empresario Vargas y el otro era un funcionario de la campaña de Petro.

En la conversación que supuestamente había sido grabada en 2017, Vargas le decía al funcionario que el paquete estaba listo para ser entregado y el funcionario respondía que perfecto, que lo esperaban en el lugar acordado. La conversación era breve, apenas 2 minutos y no mencionaba explícitamente dinero ni nada ilegal, pero el contexto sugería que se trataba de algo clandestino.

Cuando el audio fue publicado, el gobierno dijo inmediatamente que era falso, que había sido manipulado con inteligencia artificial y que era parte de la campaña de desprestigio. Pero varios expertos en análisis forense de audio revisaron la grabación y dijeron que no había señales evidentes de manipulación, que parecía ser auténtica.

Eso generó más dudas y más presión sobre el gobierno. La oposición en el Congreso comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de un juicio político contra Petro. Varios senadores presentaron una moción formal para iniciar el proceso, pero la moción no prosperó porque el partido de gobierno todavía tenía suficientes votos para bloquearla.

Sin embargo, el solo hecho de que se hubiera discutido era un síntoma de lo grave que se había vuelto la situación. En julio de 2024, Hugo Carvajal fue sentenciado formalmente en Estados Unidos. El juez le impuso una pena de 18 años de prisión. Era menos de lo que los fiscales habían pedido originalmente, porque el juez reconoció que Carvajal había cooperado de forma significativa con la justicia, pero seguía siendo una condena dura.

Carvajal escuchó la sentencia en silencio, sin mostrar emoción. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Carvajal se levantó y habló. dijo que se arrepentía de muchas cosas que había hecho en su vida, que había servido a un régimen corrupto y criminal y que esperaba que su testimonio ayudara a que la verdad saliera a la luz en todos los países donde el chavismo había operado.

Ese discurso de Carvajal fue transmitido en vivo por varios medios de comunicación y en Colombia generó reacciones encontradas. Algunos dijeron que era un acto de redención, que Carvajal finalmente estaba asumiendo su responsabilidad. Otros dijeron que era un simple montaje, que solo estaba intentando quedar bien para conseguir beneficios penitenciarios, pero lo cierto es que sus palabras quedaron registradas y formaban parte del expediente judicial que la Corte Suprema de Colombia estaba revisando.

En agosto de 2024, la Corte Suprema emitió una nueva resolución. dijo que había suficientes elementos de juicio para continuar con la investigación formal contra Gustavo Petro, pero también dijo que el proceso iba a tardar al menos dos años más, porque había que recopilar más pruebas, interrogar a más testigos y cumplir con todos los procedimientos legales.

Esa resolución fue vista como una victoria parcial para Petro porque significaba que no iba a haber una decisión inmediata que lo sacara del poder, pero también era una derrota porque la sombra de la investigación iba a acompañarlo durante el resto de su mandato. Petro reaccionó con un comunicado escrito. dijo que respetaba la decisión de la corte, que iba a seguir colaborando con la justicia y que confiaba en que al final su inocencia quedaría demostrada.

Pero en privados, según personas cercanas, a él estaba furioso. Sentía que todo era una persecución y que no importaba cuántas veces negara las acusaciones, siempre iba a haber gente dispuesta a creerlas. Mientras el caso judicial avanzaba lentamente, el impacto político era inmediato. En las encuestas de opinión, la aprobación de Petro había caído a niveles históricos.

Apenas un 30% de los colombianos decía estar satisfecho con su gobierno y más del 60% decía que creía que había recibido dinero de Venezuela. Esos números eran devastadores porque significaban que la mayoría del país ya lo había juzgado. Independientemente de lo que dijera la Corte Suprema, el gobierno intentó cambiar la narrativa.

Lanzó campañas de comunicación hablando de los logros de la administración, de las reformas sociales, de los programas de ayuda a los más pobres. Pero nada de eso funcionaba porque el escándalo de Carvajal había manchado todo. Y era imposible hablar de cualquier otro tema sin que alguien preguntara, “¿Y qué pasa con el dinero de Venezuela?” En septiembre de 2024, el empresario Vargas finalmente salió de su escondite.

Había pasado meses refugiado en una embajada extranjera, pero su abogado logró negociar un acuerdo con la fiscalía. Vargas aceptó declarar como testigo. A cambio, la fiscalía no lo iba a procesar penalmente. Cuando Vargas llegó a la Corte Suprema para declarar, había decenas de cámaras esperándolo. Entró escoltado por guardias y durante más de 8 horas respondió preguntas.

Lo que Vargas dijo confirmó gran parte de lo que Carvajal había revelado. Dijo que si había participado en el movimiento de dinero desde Venezuela hacia Colombia. que lo había hecho a solicitud de contactos venezolanos que él conocía desde hacía años y que el dinero estaba destinado a apoyar la campaña de Gustavo Petro.

dijo que él no sabía exactamente de dónde venía ese dinero, pero que asumía que venía del gobierno venezolano y que él simplemente actuaba como intermediario. Recibía el efectivo en Caracas, lo traía a Colombia en vuelos comerciales escondido en maletas y lo entregaba a personas designadas por la campaña. Vargas dijo que en total había movido alrededor de 3 millones de dólares y que todo había ocurrido entre 2017 y 2018.

También dijo que nunca había hablado directamente con Gustavo Petro, que todas las coordinaciones las había hecho con miembros del equipo de campaña, pero que estaba seguro de que ese dinero había llegado a las cuentas de la campaña porque él había recibido confirmaciones cada vez que hacía una entrega. El testimonio de Vargas fue devastador porque ya no era solo Carvajal el que acusaba.

Ahora había un segundo testigo, un colombiano, un empresario que había participado directamente en las operaciones y que estaba dispuesto a contar todo con lujo de detalles. Cuando el testimonio se hizo público, la presión sobre Petro alcanzó niveles insoportables. Los medios de comunicación pedían su renuncia.

Los líderes de oposición exigían que el Congreso actuara y en las calles las protestas se intensificaron. Petro salió nuevamente en cadena nacional, pero esta vez su tono era diferente. Ya no era el tono firme y desafiante de antes. Ahora sonaba cansado, frustrado y casi resignado. Dijo que respetaba el testimonio de Vargas, pero que no podía aceptar que lo declararan culpable sin pruebas directas.

Dijo que si Vargas había movido dinero, eso era responsabilidad de Vargas. no de él, que él no podía controlar lo que hacían todas las personas que se acercaban a su campaña y que si algún miembro de su equipo había aceptado dinero ilegal sin su conocimiento, entonces esa persona debía ser investigada. Pero no él.

 Ese discurso no convenció a nadie porque el argumento de que no sabía lo que pasaba en su propia campaña sonaba poco creíble, especialmente viniendo de alguien que había sido alcalde de Bogotá y que tenía experiencia en la gestión de recursos públicos y privados. La percepción general era que o Petro sabía y estaba mintiendo o no sabía y eso demostraba que era incompetente.

En cualquier caso, la imagen presidencial estaba destruida. En octubre de 2024, la Corte Suprema citó a declarar al exfuncionario Morales, el hombre que había dado la entrevista meses atrás hablando de movimientos sospechosos de dinero. Morales llegó a la corte con una carpeta llena de documentos. Dijo que había guardado copias de correos electrónicos, de mensajes de texto y de registros internos de la campaña y que estaba dispuesto a entregarlos todos.

Los magistrados revisaron esos documentos y encontraron varios que eran relevantes. Uno de ellos era un correo donde un miembro del equipo de campaña le decía a Morales que habían recibido una donación grande en efectivo y que necesitaban registrarla de forma discreta para no levantar sospechas. Ese correo no probaba que el dinero venía de Venezuela, pero si probaba que había dinero en efectivo que no estaba siendo registrado de forma transparente.

Y eso era una violación de las leyes electorales colombianas, porque todo dinero que entra a una campaña debe ser reportado independientemente de su origen. Y ese dinero no había sido reportado. La Corte concluyó que había suficientes pruebas para afirmar que la campaña de Petro había violado los topes de financiamiento y que había ocultado información financiera.

Eso por sí solo era suficiente para abrir un proceso penal. Pero el problema era que procesar penalmente a un presidente en ejercicio era extremadamente complicado, porque la Constitución colombiana establecía que el presidente solo podía ser juzgado por delitos cometidos durante su mandato. No antes, y todo lo relacionado con la campaña había ocurrido antes de que Petro fuera presidente.

Así que legalmente la corte no podía procesarlo, solo podía investigarlo y emitir un concepto sobre si había cometido delitos, pero la decisión final de destituirlo o procesarlo correspondía al Congreso y el Congreso estaba dividido con el partido de gobierno defendiendo a Petro y la oposición atacándolo. Esa situación generó un limbo jurídico porque la Corte decía que había pruebas de delitos.

Pero no podía hacer nada y el Congreso podía hacer algo, pero no tenía los votos necesarios. Así que todo quedó en un impas. Petro seguía gobernando, pero con una legitimidad completamente erosionada y sin capacidad realementar su agenda política, porque cada vez que proponía algo, la oposición lo bloqueaba argumentando que un presidente investigado no tenía autoridad moral para gobernar.

El país entró en una crisis institucional profunda porque las instituciones democráticas estaban funcionando, pero no estaban produciendo resultados. La justicia investigaba, pero no podía condenar. El Congreso debatía, pero no podía decidir y el presidente gobernaba. Pero sin apoyo popular. Era una situación insostenible.

Y muchos analistas comenzaron a advertir que Colombia estaba al borde de una ruptura democrática. En noviembre de 2024, un grupo desmandatario colombianos emitió un comunicado conjunto. Pedían que se encontrara una solución política al conflicto. Sugerían que Petro podría considerar renunciar voluntariamente para permitir que el vicepresidente asumiera y que el país pudiera salir de la crisis.

Pero Petro rechazó categóricamente esa idea. Dijo que él había sido elegido democráticamente y que solo iba a dejar el poder cuando terminara su mandato en 2026 o cuando la justicia demostrara de forma definitiva que había cometido un delito. No antes. Mientras tanto, Hugo Carvajal seguía en prisión en Estados Unidos, pero su nombre ya formaba parte de la historia política de América Latina porque su testimonio había abierto una caja de Pandora.

Había expuesto un sistema de corrupción que operaba a nivel continental. Y aunque no todas las acusaciones habían sido comprobadas, se habían generado investigaciones en varios países, en España, en Perú, en Bolivia y, por supuesto, en Colombia. Carvajal sabía que nunca iba a salir libre, que iba a morir en prisión, pero al menos había dejado un legado, había contado la verdad o al menos su versión de la verdad.

Y eso era más de lo que muchos otros criminales habían hecho. En diciembre de 2024, la Corte Suprema emitió su informe final sobre la investigación preliminar. El informe de más de 300 páginas concluía que había suficientes indicios para afirmar que la campaña de Gustavo Petro había recibido financiamiento irregular, que había violado los topes de gasto electoral y que había ocultado información financiera.

Sin embargo, el informe también decía que no había pruebas directas e irrefutables de que Gustavo Petro personalmente hubiera recibido dinero de Venezuela, que los testimonios de Carvajal y Vargas eran creíbles, pero que no eran suficientes por sí solos para una condena penal y que la responsabilidad de decidir qué hacer con esa información correspondía al Congreso.

El informe dejó a todo el mundo insatisfecho porque no daba una respuesta definitiva. No decía Petro es culpable. Pero tampoco decía Petro es inocente. Solo decía hay indicios. Y esa ambigüedad alimentó aún más la polarización. Los seguidores de Petro dijeron que el informe demostraba que no había pruebas y que todo había sido una persecución injusta.

Los críticos de Petro dijeron que el informe demostraba que si había corrupción y que la falta de una condena era solo una cuestión técnica legal. Y así Colombia entró al año 2025 con un presidente debilitado, con una justicia que había hecho su trabajo, pero sin poder ejecutar sus conclusiones. Y con un congreso paralizado por la polarización, el país estaba dividido, cansado y sin claridad sobre el futuro, porque la pregunta que todos se hacían era la misma.

 ¿Cómo salimos de esto? y nadie tenía una respuesta. Gustavo Petro seguía gobernando, pero ya no era el líder carismático que había ganado las elecciones en 2022. Ahora era un presidente acorralado, defendiéndose constantemente y sin capacidad de avanzar su agenda. Su aprobación seguía cayendo y las encuestas mostraban que si las elecciones fueran hoy, él perdería por una diferencia enorme.

Pero las elecciones no eran hoy, eran en 2026. Y todavía faltaba tiempo, tiempo para que la historia se desarrollara y para que los colombianos decidieran qué hacer con toda esta información. Mientras tanto, en Estados Unidos, Hugo Carvajal seguía cumpliendo su condena. Pasaba los días escribiendo sus memorias.

un libro donde contaba todo lo que había vivido, todas las operaciones, todos los secretos y todos los nombres. No sabía si ese libro algún día se iba a publicar, pero lo escribía de todas formas porque sentía que era su obligación dejar un registro para que las futuras generaciones supieran lo que realmente había pasado y para que nunca más un gobierno pudiera usar el crimen organizado como herramienta de política exterior.

La historia de Hugo Carvajal y Gustavo Petro es una historia que todavía no termina. Porque aunque los hechos ya ocurrieron, las consecuencias siguen desarrollándose y el veredicto final no lo van a dar los jueces, lo van a dar los ciudadanos en las urnas, en las calles y en la memoria colectiva de un país que ha sufrido demasiado y que merece vivir en paz, con justicia y con la verdad por delante.

Acabas de escuchar la historia completa de como un espía venezolano acorralado en una prisión estadounidense reveló secretos que sacudieron a toda América Latina, de cómo millones de dólares del chavismo habrían llegado a campañas políticas en varios países y de cómo el nombre de Gustavo Petro quedó en el centro de uno de los escándalos más grandes de la historia reciente de Colombia.

Esta no es una historia sencilla. No hay buenos y malos claramente definidos. Hay testimonios, hay documentos y hay muchas dudas, porque la verdad completa quizás nunca la vamos a conocer. Pero lo que sí sabemos es que algo pasó, que hubo dinero que se movió en la oscuridad y que ese dinero llegó a lugares donde no debía llegar.

Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Gustavo Petro recibió plata de Venezuela o crees que todo fue una persecución política? El testimonio de Hugo Carvajal es creíble o es simplemente un criminal intentando reducir su condena. La Corte Suprema hizo bien su trabajo o debió haber sido más contundente? Y si fueras tú un votante colombiano que votó por Petro en 2022, ¿cómo te sentirías ahora sabiendo todo esto? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

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Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la historia la escriben los que se atreven a pregunta, no los que se quedan callados.