Introducción: El ataque que desató la controversia
En el complejo e impredecible tablero de la política mexicana, hay declaraciones que, en lugar de hundir al adversario, terminan rebotando y exhibiendo a quien las pronuncia. Esto es exactamente lo que ocurrió el pasado 16 de abril de 2026, cuando el senador priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas decidió lanzar un dardo envenenado a través de sus redes sociales contra el ex canciller Marcelo Ebrard. La palabra clave de su mensaje fue rotunda y explosiva: “Cínico”.
Moreno acusó a Ebrard de descaro, afirmando que su actitud retrataba a Morena de cuerpo entero, y criticó duramente el presunto uso de recursos públicos para privilegios personales. La acusación se centraba en que el hijo de Ebrard, Marcelo Patrick Ebrard, había vivido en la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante los meses más álgidos de la pandemia en 2021. Sin embargo, más allá de la legitimidad de este debate público, la verdadera noticia no fue el ataque en sí, sino quién sostenía la piedra. La ironía se volvió monumental al contrastar las palabras del senador con su propio historial: Alejandro Moreno es, según los registros oficiales, el legislador con más faltas injustificadas de toda la Cámara Alta, y cobra una auténtica fortuna proveniente del erario público que dice defender.
El récord de la ausencia: Cobrar sin presentarse al Senado
Para entender la magnitud del descaro, es necesario recurrir a los datos duros, aquellos que no mienten ni pueden ser maquillados por estrategias de comunicación. Según el registro oficial del Senado de la República, disponible a través del portal de transparencia y verificable por cualquier ciudadano mexicano, el récord de asistencia de Alito Moreno es, francamente, indefendible. Desde el inicio de la LXVI Legislatura en septiembre de 2024 hasta marzo de 2026, el senador priista ha acumulado entre siete y ocho faltas completamente injustificadas.
Esto lo convierte no solo en el senador más ausente de su propia bancada, sino en el legislador individual con más inasistencias sin justificar de entre los 128 representantes que conforman la Cámara Alta. A esto hay que sumarle una veintena de inasistencias “justificadas”. Es importante hacer una distinción justa: en la política democrática, la oposición a menudo utiliza la ausencia como una táctica legítima de protesta. Sucedió cuando se aprobaron reformas polémicas como la del Poder Judicial o la Guardia Nacional. No obstante, las faltas injustificadas son una historia completamente distinta. Son ausencias sin justificación registrada, es decir, faltar al trabajo sin más. Si un ciudadano común acumulara ese nivel de ausencias sin justificar en cualquier empleo, sería despedido de manera fulminante. Alito, en cambio, sigue cobrando.
132,900 pesos mensuales: El privilegio de la cúpula frente al México real
El cinismo no solo radica en no asistir a legislar, sino en lo que le cuesta al pueblo mexicano esa improductividad. En febrero de 2026, mientras Alejandro Moreno gritaba a los cuatro vientos sobre la supuesta falta de austeridad y la corrupción gubernamental, el Senado publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo manual de remuneraciones. Los senadores, en un acto de dudosa empatía social, se aprobaron un aumento salarial.
Hoy, la dieta neta mensual de un senador asciende a la exorbitante cantidad de 132,900 pesos. Pero eso no es todo: esta cifra es apenas el salario base. Los senadores gozan de un aguinaldo equivalente a 40 días (aproximadamente 253,000 pesos adicionales), seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, fondo de ahorro, vales de despensa y hasta apoyo para la adquisición de lentes. En los 19 meses que lleva esta legislatura, Alito Moreno ha ingresado a sus cuentas bancarias más de 3 millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.
Para poner esta cifra en perspectiva y dimensionar la desconexión total con la realidad de la población, analicemos el salario mínimo en México, que ronda los 9,582 pesos mensuales. Un trabajador mexicano promedio, rompiéndose la espalda en jornadas extenuantes, tendría que trabajar cerca de 14 meses ininterrumpidos —sin gastar un solo centavo en comida, transporte, renta o vestido— para poder igualar lo que Alejandro Moreno recibe en apenas 30 días. Que una figura que percibe semejante suma sin asistir a su lugar de trabajo se atreva a dar lecciones de austeridad y denuncie abusos de recursos públicos, roza lo surrealista.
El fuero constitucional: Un escudo de impunidad ante la justicia
Pero, ¿por qué alguien que claramente no tiene interés en el trabajo legislativo cotidiano se aferra tanto a su curul en el Senado? La respuesta no está en su vocación de servicio, sino en la pura y dura supervivencia legal y política. El cargo de senador viene acompañado del ansiado fuero constitucional, un mecanismo diseñado originalmente para proteger la libertad de expresión de los legisladores, pero que en México se ha deformado hasta convertirse en un blindaje contra la justicia penal.
Alejandro Moreno enfrenta acusaciones sumamente graves. Se le señala por un presunto peculado que asciende a 83.5 millones de pesos. Además, investigaciones periodísticas y gubernamentales han identificado hasta 34 propiedades en el estado de Campeche, presuntamente adquiridas a través de prestanombres, incluyendo a su propia madre. Su imperio inmobiliario abarca un campo de golf, un boliche y un cine, todos conectados por una faraónica barda perimetral valuada en 5 millones de pesos. Figuras del gobierno actual, como la propia Claudia Sheinbaum, no han dudado en calificar estas operaciones como lavado de dinero.
Mientras Moreno siga siendo senador, gozará de fuero, y mientras tenga fuero, la Fiscalía de Campeche tiene las manos atadas para ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra. La ironía del sistema jurídico mexicano es que el fuero no contempla una cláusula de desempeño ni de asistencia mínima. Puedes ser el legislador con más faltas injustificadas de todo el país, puedes no participar en el trabajo de las comisiones, puedes no votar las leyes más cruciales y, aun así, la protección constitucional se mantiene intacta.
La estrategia mediática y el reloj del desafuero
El comportamiento de Moreno no es fruto de la pereza, es un cálculo político meticuloso. Su estrategia es evidente: mantener una visibilidad mediática máxima a través de escándalos y conferencias de prensa incendiarias, pero minimizar su participación en el verdadero trabajo legislativo. Lo vemos atacando verbalmente a funcionarios, viajando a Washington para presentar denuncias ante el FBI, o protagonizando enfrentamientos físicos en la tribuna del Senado, pero su trabajo silencioso creando leyes es nulo. Él sabe que en la política de nuestro país, el ruido mediático construye la narrativa de “perseguido político”, mientras que el trabajo de comisiones no acapara titulares.
Todo este show tiene una fecha límite muy específica marcada en el calendario: el 30 de abril de 2026. Ese día vence el plazo para que la Sección Instructora presente el dictamen sobre su proceso de desafuero ante el pleno de la Cámara. Si Moreno logra, a través de tácticas dilatorias, que el desafuero no se vote antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en esa fecha, asegurará su inmunidad hasta septiembre. Eso significaría medio año más de protección legal y, por supuesto, cobrar casi 800,000 pesos extra de salario base del presupuesto público.
¿Quién es el verdadero cínico?
