vergonzoso que tengan que ser los periodistas, en este caso MX, quien haya dado a conocer esta información que es importante, no es cosa menor y que la presidenta de México de nueva cuenta esté ocultando información a los mexicanos. No es posible que ella no lo supiera. Creo que esta estrategia de continuar mintiendo y miniti Claudia Shinbound tendrá un costo político dentro y fuera de México mayúsculo.
A Carmen, yo he hablado con he tenido comunicación con personas, dijéramos eh del gobierno, funcionarios eh personas que están cercanas a todas estas indagatorias, a todas estas decisiones que se están tomando del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. y comentan de a qué le tiene miedo Claudia Shemba por qué no manda a Rocha Moya, por qué no lo entrega y finalmente que en Estados Unidos, en base a las leyes estadounidenses, se determine su inocencia y culpabilidad.
¿Qué esconde Claudio Shem? Ahora se preguntan eso, Carmen, ¿qué es lo que se está escondiendo? Y es ahí, Carmen, donde habrá que recordar que en toda esta historia hay un punto, un punto de partida, Carmen, que creo que es probable que sea uno de las motivaciones, eh lo planteo como hipótesis, podría ser una de las motivaciones por las que Claudia Shanbound tratará no solo de no entregar a Rocha Moya, sino de no entregar y de resistir, de no entregar a otros muchos miembros de la cúpula de Morena que están ya en el listado para
que se pida su orden de tenión con fines de extradición. Y es aquel tema del 2006, de la campaña presidencial del 2006. Carmen, recordarás que en enero del 2024 publiqué eh casi de manera simultánea, primero publiqué yo, después los los compañeros de Pro Pública y de Insider Crime sobre este financiamiento documentado investigado por la Agencia Antidrogas DEA.
del cártel de Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hoy estoy en posibilidades de señalar al auditorio una un dato que no había yo revelado, pero que creo que hoy es importante. La fiscalía que estaba haciendo esa indagatoria que no fue desechada, fue guardada en un cajón, no fue desechada. No es que se haya dicho, determinamos la no culpabilidad, determinamos el no ejercicio, no, simplemente fue archivada, la estaba llevando a cabo justamente la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, la misma que hoy está llevando a cabo el
tema de Rochabuya y la misma que seguramente estará acumulando a otros políticos morenistas que estén involucrados en este grandísimo indagen que yo ya comentaba la semana pasada de más de 30 acusados. entre ellos Rocha Moya y que seguramente será sumando y sumando y sumando más. Ahora Maridali estaba comentando de acuerdo a sus fuentes de información otros coacusados que podrían entrar en la misma, dijéramos eh en esta misma acusación penal.
Entonces, estaríamos hablando realmente de una situación muy muy compleja. Llama la atención que sea la mí la misma Fiscalía de Distrito Sur la que estaba investigando a López Obrador, la que había ya confirmado a través de diferentes informantes, diferentes miembros del Carta Sinaloa en ese momento 20101 ya extraditados Estados Unidos, que habían confirmado si entregamos dinero para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador a través de Nicolás Mollinedo y a través de Mauricio, ahorita no me recuerdo, Soto Caballero que también era otro otra
persona que trabajaba con Nicolás Mollinedo durante la campaña presidencial de López Obrador. Y me parece que el tema es eh Claudia Shenbound está involucrada de alguna manera directamente en esa operación o en operaciones subsecuentes como la elección del 2024. Lo que tiene miedo Morena es que al finalmente se descubra, como lo señalé en el libro, La historia secreta, que tanta incomodidad provocó al sistema morenista, que realmente uno de los métodos para llegar al poder de Andrés Manuel López Obrador y otros morenistas como
Rocha Moya y como otros el propio Américo Villarreal y como otros gobernadores que llegaron al poder tomando dinero, siendo financiado ados por la criminalidad organizada. ¿Qué tuvimos como efecto? Tuvimos como efecto que cuando estas entidades, con estos políticos López Obrador, los abrazos y novalazos en Sonora, en en en Tamaulipas, en Sinaloa, ¿qué fue lo que pasó? Ahí están las pruebas feacientes.
Pasó que efectivamente cuando estos políticos llegaron, la criminalidad organizada que ya estaba ahí, no voy a decir que ellos llevaron la criminalidad a estos estados, ya estaba ahí, pero floreció, se expandió, floreció y empezaron a tener más negocios, sobre todo el tema del tráfico de hidrocarburos, que es un tema que también yo denuncio en el libro La historia secreta.
Los chapitos se dedicaban, además de todas las fechorías que hacían de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, de fentanilo, también se dedicaban al tema del huachicol. Entonces, es muy preocupante que la presidenta de México esté tomando estas decisiones. Yo no sé si médicamente eh tiene algún problema. Yo no sé si tiene la estabilidad emocional, psicológica, poder estarando una situación delicada en México, pero repito, yo creo que es importante que la presidenta actúe como presidenta y y perdón, Carmen, si no puede hacerlo, si
su conflicto de interés, como lo he dicho en otros programas, es mayúsculo, pues que diga que no puede y se retire y veamos qué solución damos a esta circunstancia que se está viviendo en México, Porque ha llegado tal, perdón por la expresión, la absurdidad, la ridiculez en los argumentos de la presidenta de México, que a este punto va va a terminar dando una conferencia de prensa diciendo que en realidad el pobre de García Luna es inocente, que en realidad pues nunca hubo pruebas, que era aparte lo que alegaba el abogado de
García Luna, aparte lo que alegaba el propio García Luna. No hay pruebas, están de acuerdo. Las pruebas están de acuerdo al sistema penal que existe en Estados Unidos. Por eso se le está pidiendo en extradición. Por ejemplo, en México no existe la ley rico, esta ley de conspiración criminal no existe. Como est bajo esta ley han sido juzgados narcotraficantes en Estados Unidos.
El propio García Luna fue para poder incriminarlo, para poder hacer un catálogo de todos los delitos que cometió. Se tomó en cuenta eso, se tomó en cuenta la empresa criminal continuada, una serie de delitos que en México no están tipificados. ¿Cómo está esperando la señora Claudia poder juzgar en todo caso a Rocha Moya en México para poder satisfacer la justicia de Estados Unidos y hay delitos que ni siquiera existen en México están? Me parece que la presidenta debe debe atenderse.
Cualquiera que sea la cosa que está haciendo de que no la permite estar lúcida, debería de dejar de hacerla y debería comenzar a realmente a hablar con verdad a los mexicanos y no tomar estas actitudes de mentira como el caso de el tema de la UIF, como si la UIF no fuera parte de su gobierno. Pues ahí está, ahí están los mandamientos que hacen Maridala Gómez y Anabel Hernández.
A las dos gracias y obviamente seguiremos hablando del tema. Buenos días, un abrazo y buen buen fin buen fin de semana. Buen fin de semana. Fuerte abrazo. Gracias a las dos por estar aquí. Pues son ideas fuertes.
La conversación en el estudio quedó suspendida por unos segundos después de las palabras de Anabel Hernández. El ambiente ya no era solamente el de un análisis político habitual. Lo que comenzaba a instalarse en la opinión pública era la sensación de que el caso de Rubén Rocha Moya podía convertirse en una de las crisis más delicadas para el gobierno federal en los últimos años.
Mientras las cámaras seguían encendidas y los conductores revisaban documentos, mensajes y nuevas filtraciones, la noticia sobre el presunto congelamiento de cuentas empezó a expandirse con rapidez en redes sociales. Periodistas, analistas financieros y figuras políticas comenzaron a reaccionar casi de inmediato. Algunos exigían explicaciones urgentes por parte de la UIF, mientras otros acusaban a la oposición de intentar construir una narrativa de desestabilización en medio de un contexto internacional extremadamente sensible.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el silencio dentro de Morena. Muchos dirigentes importantes del partido evitaron pronunciarse públicamente. Algunos cancelaron entrevistas programadas, otros simplemente ignoraron preguntas de la prensa. Ese vacío alimentó todavía más las especulaciones.
Horas más tarde, diversos programas de análisis político retomaron las declaraciones de Anabel Hernández y comenzaron a discutir un tema todavía más delicado: la posibilidad de que existieran investigaciones simultáneas tanto en México como en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos financieros entre operadores políticos y organizaciones criminales.
En Washington, varios corresponsales mexicanos reportaban movimientos inusuales dentro del Departamento de Justicia estadounidense. Aunque oficialmente ninguna autoridad norteamericana confirmó nombres ni procesos específicos, fuentes cercanas a las investigaciones aseguraban que el expediente relacionado con Sinaloa había crecido considerablemente durante los últimos meses.
La tensión aumentó todavía más cuando algunos periodistas recordaron que no era la primera vez que surgían señales de presión internacional alrededor del gobernador sinaloense. El tema de la supuesta cancelación de visa seguía siendo mencionado constantemente como antecedente, especialmente porque la respuesta oficial había sido prácticamente idéntica: “no tengo información”.
En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir clips de conferencias anteriores de la presidenta, comparando declaraciones recientes con respuestas dadas semanas atrás. Los hashtags relacionados con Rocha Moya, la UIF y las investigaciones internacionales se posicionaron rápidamente entre las principales tendencias nacionales.
Mientras tanto, dentro de Palacio Nacional, el ambiente comenzaba a volverse más complicado. Algunos reporteros afirmaban que asesores del gobierno estaban preocupados por el impacto político de las filtraciones. El problema ya no era únicamente el contenido de las acusaciones, sino la percepción pública de opacidad y contradicción.
Analistas cercanos al oficialismo intentaron defender la postura presidencial argumentando que la UIF opera bajo criterios técnicos y que muchos procesos financieros están protegidos por secrecía legal. Sin embargo, la oposición aprovechó el momento para exigir transparencia inmediata.
Senadores y diputados opositores comenzaron a pedir comparecencias formales de funcionarios de Hacienda y de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Algunos incluso hablaron de una posible crisis institucional si se confirmaba que existían investigaciones internacionales activas contra figuras relevantes del partido gobernante.
Pero más allá del debate político, había otro elemento que comenzaba a generar preocupación entre empresarios y mercados financieros: el posible impacto internacional sobre la imagen del país.
Diversos analistas económicos advirtieron que cualquier percepción de protección política frente a investigaciones relacionadas con lavado de dinero o crimen organizado podría tensar todavía más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación financiera y seguridad.
En programas nocturnos de televisión, exfuncionarios federales comenzaron a discutir el papel histórico de la UIF en casos similares. Algunos recordaron cómo en administraciones anteriores el congelamiento de cuentas había sido utilizado como una herramienta poderosa para combatir estructuras criminales y redes de corrupción. Otros, en cambio, señalaron que muchas veces estos procesos terminaban envueltos en disputas políticas y mediáticas antes de llegar a resoluciones judiciales definitivas.
La figura de Rocha Moya permanecía en el centro del huracán. Aunque sus abogados evitaron inicialmente hacer declaraciones extensas, personas cercanas al gobernador comenzaron a filtrar mensajes asegurando que todo formaba parte de una campaña de desprestigio.
No obstante, la presión creció todavía más cuando comenzaron a circular versiones sobre posibles nuevas órdenes de investigación dirigidas a empresarios, operadores financieros y antiguos colaboradores políticos relacionados con administraciones estatales en el norte del país.
En ese contexto, varios periodistas retomaron investigaciones pasadas sobre el crecimiento del crimen organizado en ciertas regiones durante los últimos años. El tema del huachicol, mencionado por Anabel Hernández, volvió a colocarse en el centro de la discusión pública.
Especialistas en seguridad señalaron que el robo y tráfico ilegal de combustible había evolucionado hasta convertirse en uno de los negocios criminales más lucrativos de México, involucrando redes complejas de corrupción política, empresarial y criminal.
Los reportajes televisivos comenzaron a conectar distintos casos aparentemente separados: rutas de tráfico, contratos gubernamentales sospechosos, empresas fantasma y operaciones financieras irregulares. Aunque muchas de esas conexiones todavía no habían sido comprobadas judicialmente, el ambiente político ya estaba profundamente contaminado por la sospecha.
Al interior de Morena, algunos grupos empezaron a preocuparse por el impacto electoral de la crisis. Gobernadores y operadores territoriales temían que el caso terminara afectando la narrativa principal del movimiento: la lucha contra la corrupción y los privilegios del pasado.
Incluso algunos simpatizantes históricos del oficialismo comenzaron a expresar incomodidad en redes sociales, preguntándose por qué el gobierno no respondía de manera más clara y contundente.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la prensa especializada en temas judiciales continuaba siguiendo discretamente los movimientos del Departamento de Justicia. Aunque todavía no existían anuncios públicos formales, varios periodistas estadounidenses comenzaron a mencionar la posibilidad de nuevas acciones relacionadas con investigaciones transnacionales de lavado de dinero y narcotráfico.
La presión mediática sobre la presidenta aumentó notablemente durante las siguientes mañaneras. Cada conferencia incluía nuevas preguntas sobre la UIF, Rocha Moya y las supuestas investigaciones estadounidenses.
Sin embargo, lejos de disminuir la polémica, las respuestas ambiguas parecían alimentar todavía más las dudas.
En círculos políticos comenzó a hablarse de una “crisis silenciosa” dentro del gobierno. Algunos analistas afirmaban que existía preocupación real por posibles consecuencias diplomáticas si Washington decidía avanzar públicamente contra figuras cercanas al oficialismo.
Otros iban todavía más lejos y advertían sobre el riesgo de una confrontación política bilateral sin precedentes recientes.
Mientras el debate crecía, las familias de Sinaloa observaban el panorama con incertidumbre. Muchos ciudadanos comunes sentían que nuevamente el nombre de su estado aparecía asociado a violencia, corrupción y crimen organizado.
En entrevistas callejeras, algunos habitantes expresaban cansancio y frustración. Decían sentirse atrapados entre disputas políticas, violencia criminal y una constante exposición mediática negativa.
Aun así, el tema seguía escalando.
Nuevos periodistas comenzaron a investigar movimientos financieros sospechosos, propiedades, transferencias internacionales y presuntas redes de prestanombres vinculadas a personajes políticos relevantes.
La sensación general era que apenas comenzaba una historia mucho más grande.
Y conforme avanzaban los días, una pregunta empezaba a repetirse en programas de radio, columnas políticas y conversaciones privadas dentro del poder:
Si realmente existen investigaciones internacionales avanzadas… ¿quiénes serán los próximos nombres en aparecer?
La incertidumbre política empezó a extenderse mucho más allá de los círculos periodísticos. En diversos estados del país, gobernadores, alcaldes y operadores regionales de Morena comenzaron a reunirse discretamente con sus equipos jurídicos y financieros para revisar contratos, movimientos bancarios y posibles vulnerabilidades. Nadie quería aparecer inesperadamente en una nueva filtración.
En Ciudad de México, el ambiente dentro del Congreso también cambió de tono. Legisladores oficialistas evitaban permanecer demasiado tiempo frente a las cámaras. Algunos respondían con frases cuidadosamente preparadas; otros simplemente caminaban rápido entre los pasillos ignorando las preguntas de los reporteros.
La oposición, por su parte, encontró una oportunidad política enorme. Conferencias de prensa, comunicados y debates comenzaron a girar alrededor de una sola idea: si realmente existían investigaciones internacionales sobre presuntos vínculos entre políticos y crimen organizado, el gobierno tenía la obligación de transparentar toda la información.
Sin embargo, el problema más delicado para Palacio Nacional no provenía únicamente de México.
Diversos medios estadounidenses comenzaron a prestar atención al caso. Aunque en un inicio el tema parecía limitado a medios mexicanos especializados, poco a poco analistas norteamericanos empezaron a hablar sobre el posible impacto del narcotráfico dentro de estructuras políticas regionales mexicanas.
Algunos programas de análisis internacional mencionaron incluso el contexto geopolítico actual entre ambos países: tráfico de fentanilo, presión electoral en Estados Unidos, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.
Todo eso hacía que cualquier investigación relacionada con figuras políticas mexicanas adquiriera un peso muchísimo mayor.
Mientras tanto, la figura de Claudia Sheinbaum continuaba bajo intensa presión mediática. Cada gesto suyo era analizado al detalle. Columnistas políticos comenzaron a escribir sobre el lenguaje corporal de la mandataria durante las conferencias matutinas.
Algunos aseguraban que lucía más tensa que en meses anteriores. Otros decían que el gobierno parecía reaccionar tarde frente a filtraciones que constantemente lo tomaban por sorpresa.
En medio de ese panorama, surgió otro elemento inesperado.
Un exfuncionario financiero, entrevistado en un programa nocturno, declaró que dentro del sistema bancario mexicano existía preocupación por la magnitud de las órdenes de supervisión emitidas en las últimas semanas. Según explicó, cuando una alerta internacional de alto nivel llega a las instituciones financieras, normalmente implica meses —o incluso años— de recopilación de información previa.
Sus palabras provocaron una auténtica tormenta política.
Porque si aquello era cierto, entonces el caso podría ser mucho más profundo de lo que el gobierno estaba dispuesto a reconocer públicamente.
En redes sociales comenzaron a circular listas no verificadas de supuestos políticos bajo observación financiera. Aunque muchas eran simples rumores sin evidencia, el miedo empezó a crecer dentro de ciertos sectores políticos y empresariales.
Algunos empresarios sinaloenses reportaron dificultades para cerrar operaciones internacionales debido a revisiones bancarias más estrictas. Otros confesaban en privado sentirse preocupados por el deterioro de la imagen económica del estado.
Mientras tanto, periodistas de investigación seguían revelando nuevos detalles.
Uno de los temas que empezó a llamar la atención fue la posible relación entre contratos públicos y empresas vinculadas indirectamente a operadores financieros investigados años atrás por autoridades estadounidenses.
No existían todavía acusaciones judiciales definitivas, pero el patrón comenzaba a repetirse: compañías recién creadas, movimientos financieros atípicos y redes empresariales difíciles de rastrear.
La narrativa pública comenzó entonces a cambiar.
Ya no se hablaba solamente de Rocha Moya.
Ahora la discusión giraba alrededor de una pregunta mucho más inquietante: ¿existe una estructura política más amplia protegida durante años?
En varios programas de radio, expertos en seguridad recordaban cómo distintos cárteles mexicanos habían evolucionado en las últimas décadas. Explicaban que ya no funcionaban únicamente como organizaciones de tráfico de drogas, sino como verdaderas estructuras económicas capaces de infiltrarse en gobiernos locales, empresas, sindicatos y sistemas financieros completos.
Esas declaraciones aumentaron todavía más el nerviosismo.
Dentro de Morena, algunos sectores empezaron a exigir internamente una estrategia más agresiva de control de daños. Temían que el silencio prolongado terminara debilitando políticamente al partido rumbo a futuras elecciones estatales.
Pero otros grupos defendían una postura completamente distinta: resistir, minimizar las filtraciones y evitar cualquier señal de fractura interna.
La tensión entre ambas posiciones comenzó a crecer silenciosamente.
En paralelo, figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador reaparecieron públicamente para cerrar filas con el movimiento. Algunos acusaban directamente a medios internacionales y sectores conservadores de intentar construir un “golpe mediático” contra la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, esas declaraciones tampoco lograron frenar las dudas.
Cada nueva filtración alimentaba más preguntas.
Cada silencio oficial generaba más sospechas.
Cada contradicción era amplificada inmediatamente en redes sociales.
En Sinaloa, mientras tanto, el clima político empezó a tensarse peligrosamente. Operadores locales reconocían en privado que existía incertidumbre sobre posibles movimientos futuros del gobierno federal o incluso de autoridades estadounidenses.
Algunos alcaldes comenzaron discretamente a tomar distancia pública del gobernador.
Otros evitaron aparecer en eventos políticos conjuntos.
La percepción de fragilidad crecía día tras día.
En medio de todo eso, varios analistas comenzaron a advertir sobre un riesgo todavía mayor: que la crisis política terminara afectando la relación institucional entre México y Estados Unidos en temas clave de seguridad.
Washington llevaba meses endureciendo su discurso contra los cárteles mexicanos, especialmente por el tráfico de fentanilo. Y ahora, cualquier sospecha de protección política podía convertirse en un tema extremadamente sensible dentro del debate electoral estadounidense.
Esa posibilidad preocupaba profundamente a diplomáticos y especialistas en relaciones internacionales.
Porque si las investigaciones avanzaban públicamente, la presión externa sobre el gobierno mexicano podría escalar rápidamente.
Al mismo tiempo, sectores empresariales comenzaron a pedir estabilidad y claridad institucional. Varias cámaras económicas insistieron en la necesidad de proteger la confianza financiera internacional y evitar escenarios de incertidumbre prolongada.
Pero el ambiente ya estaba demasiado cargado.
Cada conferencia presidencial se transformaba en un campo minado político.
Cada periodista buscaba una nueva declaración.
Cada filtración parecía más grave que la anterior.
Y entonces ocurrió algo que volvió a encender todas las alarmas.
Un periodista estadounidense aseguró en televisión que agencias federales norteamericanas estaban revisando expedientes relacionados no solamente con Sinaloa, sino también con otras entidades gobernadas por figuras cercanas a Morena.
La información no fue confirmada oficialmente.
Pero bastó eso para desatar una nueva ola de especulaciones.
En cuestión de horas, comenzaron a circular nombres de otros gobernadores, senadores y operadores políticos presuntamente bajo observación internacional.
El nerviosismo dentro del oficialismo se hizo evidente.
Incluso algunos analistas tradicionalmente cercanos al gobierno empezaron a pedir respuestas más contundentes y transparentes.
Porque el problema ya no parecía limitado a un solo político.
La sensación creciente era que México estaba entrando en una etapa extremadamente delicada, donde política, crimen organizado, poder financiero y presión internacional comenzaban a mezclarse de manera explosiva.
Y mientras la incertidumbre seguía creciendo, una pregunta se repetía cada vez con más fuerza dentro y fuera del país:
Si esto apenas es el comienzo… ¿qué tan lejos puede llegar realmente esta investigación?
