Lo que debería ser una obra de infraestructura al servicio de más de 500,000 bonaverenses se ha convertido en el epicentro de un escándalo que estremece las estructuras de poder en el Valle del Cauca. La modernización del muelle turístico de Buenaventura, un proyecto que prometía ser el motor de empleo y bienestar para la región, está bajo una lupa rigurosa tras revelarse un presunto entramado en el que el dinero público financia la obra, pero el control y las jugosas ganancias parecen estar destinados a manos privadas, rodeadas de sospechas y nombres vinculados al narcotráfico.
El representante a la Cámara y senador electo, Duvalier Sánchez, ha puesto al descubierto una red de irregularidades que, a su juicio, constituyen una “expropiación” de los beneficios que le corresponden al pueblo. La denuncia, que ha sido presentada tanto en el Congreso como ante las autoridades de control, detalla cómo una inversión de 25,000 millones de pesos de los vallecaucanos se ha gestionado mediante sociedades mixtas donde, en la práctica, el control total ha sido cedido a intereses privados con la venia de la Gobernación y la Alcaldía.
ez rastrea el origen de esta situación hasta la creación de la sociedad portuaria “Muelles Turísticos del Pacífico”. Documentos que han salido a la luz muestran que, aunque tanto la Alcaldía como la Gobernación figuran como socios minoritarios, la estructura de la sociedad fue modificada para que el control real, superior al 80%, quede en manos de privados. Este modelo de negocio permite que, mientras la inversión inicial proviene del erario público, la administración, la operación y, por supuesto, la facturación por el uso de los embarcaderos y locales comerciales, beneficien a particulares.
Lo más alarmante, según denuncia el parlamentario, es la calidad moral y jurídica de algunos de estos socios privados. En los documentos fundacionales figura el nombre de Juan Matías Obregón, un individuo capturado recientemente con más de 2,300 kilogramos de cocaína y solicitado en extradición por Estados Unidos. Que una figura presuntamente vinculada al narcotráfico sea parte de la sociedad que pretende administrar el punto de entrada y salida de cerca de un millón de pasajeros al año no es solo una falta ética; es una amenaza a la seguridad y al desarrollo legítimo de Buenaventura.
El “Contratadero” Preferido y la Opacidad en la Obra
El entramado no termina en la conformación de la sociedad. La ejecución de la obra de remodelación, valorada en 25,000 millones de pesos, también ha sido cuestionada por las comunidades, transportadores y empresas turísticas locales, quienes dudan de la transparencia y calidad de la inversión. Sánchez ha denunciado de forma reiterada que estos millonarios contratos son entregados, sistemáticamente, a la Fundación Universidad del Valle, la entidad que el congresista describe como el “contratadero preferido” de la administración de la gobernadora Dylian Francisca Toro.
La pregunta que resuena en las calles de Buenaventura es sencilla pero directa: ¿Realmente se invirtieron 25,000 millones de pesos en la remodelación, o la obra es apenas un bacheo estético que oculta un desvío de recursos? La falta de claridad sobre la ejecución de los recursos y la prisa por dejar todo en manos de un esquema privado sugieren que el objetivo nunca fue el bienestar del puerto, sino garantizar un flujo de caja permanente para aliados políticos y empresariales de los poderosos de Bogotá y Cali.
Un Enfrentamiento de Alto Voltaje
La tensión llegó a su punto máximo el pasado 24 de abril durante una mesa técnica convocada para discutir estas anomalías. La escena, lejos de ser un ejercicio de diálogo democrático, se transformó en un campo de batalla verbal. Cuando Duvalier Sánchez arribó al lugar, fue interceptado por la alcaldesa de Buenaventura y su asesor jurídico, quienes, según el relato del congresista, lo recibieron tratándolo de “mentiroso” antes siquiera de iniciar el diálogo.
La alcaldesa, visiblemente alterada, intentó deslegitimar los hallazgos de Sánchez, quien respondió con la frialdad de quien posee la evidencia judicial de su lado. “Yo he ido ocho veces a la justicia para que me hagan retractar de una coma y la justicia ha dicho que todo lo que he dicho está en el marco de la ley”, replicó el parlamentario. El intercambio escaló rápidamente: el asesor jurídico de la administración local amenazó con acciones legales, mientras que Sánchez contraatacó señalando las graves imputaciones que pesan sobre funcionarios de la misma alcaldía por el desvío de 12,000 millones de pesos destinados a vivienda.
La situación fue tan crítica que el delegado de la Procuraduría presente en la reunión tuvo que intervenir, advirtiendo que, si continuaban las agresiones y la falta de respeto, se verían obligados a iniciar actuaciones disciplinarias contra los funcionarios públicos presentes. Sánchez, ante la hostilidad manifiesta, decidió retirarse al entender que no se trataba de la mesa técnica que él había solicitado para discutir las irregularidades financieras y legales, sino de un escenario montado para la confrontación personal.
La Verdad Judicial frente a los Intereses Privados
Tras el incidente, Duvalier Sánchez reafirmó su postura ante los medios de comunicación. El congresista sostiene que la evidencia no es una construcción de la inteligencia artificial, sino una realidad documentada en derechos de petición, borradores preliminares de contratos y testimonios de empresarios que han confirmado cómo se gestaba la sociedad mixta con la Gobernación.
El congresista es tajante: no está en contra de la modernización de Buenaventura, pero se opone frontalmente a que se privatice el beneficio económico de una infraestructura construida con dinero de todos los vallecaucanos. “Estoy en contra de que lo que Buenaventura puede hacer para generar empleo, bienestar e ingresos a su gente termine privatizado por el poder corrupto de este departamento y por empresarios aliados”, declaró.
Para Sánchez, este caso es una radiografía de cómo opera el poder regional: se disfraza de “modernización” o “innovación” un modelo de negocio que, en última instancia, empobrece al territorio y enriquece a una élite. La lucha ahora se trasladará a las instancias judiciales, donde el representante espera que las pruebas contundentes logren frenar lo que él denomina una “verdadera expropiación” de los derechos del pueblo bonaverense.
El caso del muelle turístico es solo una muestra de la vigilancia que se requiere sobre los grandes proyectos en el Pacífico colombiano. Mientras los privados y los sectores políticos intentan consolidar su control sobre el puerto, voces como la de Duvalier Sánchez advierten que el pueblo de Buenaventura ya no es engañable y que la verdad, cuando se sustenta en evidencias, es el arma más potente contra la maquinaria de la corrupción. La historia de este muelle apenas comienza a escribirse, y el desenlace determinará si Buenaventura recupera el control de su riqueza o si el poder oscuro termina de sellar un pacto que condene a sus habitantes a la pobreza perpetua.
