Totolapan, Morelos, Finca, Los Aguacates. Camionetas blindadas de la FEMDO se atraviesan en el portón principal, agentes con chalecos pesados saltan al piso, gritos perros que ladran a lo lejos. Y adentro de esa propiedad, la misma finca donde Júpiter Araujo, alias el Barbas, líder regional del cartel de Sinaloa en Morelos, se había sentado meses atrás con los alcaldes de Cuautla y Atlatucan a repartirse un estado entero.
Empiezan a aparecer cosas que ningún operativo previo había encontrado. Indicios balísticos de armas largas, escopetas, cargadores tirados, lujos por todos lados y entre la tierra removida del fondo de la propiedad rastros que los peritos identifican como posibles fosas clandestinas. Esto que les estoy contando llevaba más de 40 horas armándolo, cruzando expedientes oficiales de la FEMDO, partes filtrados, reportes de Infobae, El Universal Proceso, SDP Noticias y El Diario de Morelos.
Y cuando uno empieza a entender lo que pasó dentro de esa finca, se da cuenta de que la cosa más fuerte de toda esta historia todavía no ha salido y cuando salga le va a revolver el estómago. Si a usted también le hierve la sangre cuando escucha que el narco se sentaba con los alcaldes a repartirse municipios mexicanos como si fueran ranchos de su propiedad, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando lo que durante años se quedó callado en Morelos.
La finca a Los aguacates no es cualquier propiedad. Está enclavada en Totolapan, en una zona rural del norte de Morelos, rodeada de ferros, lejos de las miradas indiscretas, con acceso controlado y un portón que durante años nadie se atrevió a tocar. Ahí adentro, según lo que ahora está saliendo en los expedientes, el Barbas montó su centro de operaciones para el Estado entero.
Desde esa finca se tomaban decisiones sobre quién entraba a la política municipal, quién recibía protección. ¿Qué presidente municipal le respondía al cártel y cuál era prescindible? No era una guarida de narcomenudistas, era una oficina de gobierno paralela. ¿Y cuánto tiempo llevaba esta finca operando frente a las narices de las autoridades estatales sin que nadie moviera un dedo? La respuesta va a cambiar la forma en que usted ve todo este caso.
Y la pregunta que cualquier persona con dos dedos de frente se hace al escuchar esto es cómo es posible que una finca así en pleno Morelos a horas de la Ciudad de México, haya funcionado durante años sin que nadie la tocara. La respuesta, y esto es lo que duele, está en los nombres de los funcionarios que se sentaron ahí a negociar.
Porque mientras la finca operaba con normalidad, los alcaldes de los municipios cercanos firmaban discursos sobre seguridad, posaban para fotos institucionales, prometían mano dura contra la delincuencia y luego en privado manejaban hasta los aguacates a recibir órdenes. Édese hasta el final porque lo que se filtró sobre cómo era exactamente esa reunión entre el Barbas y los alcaldes le va a cambiar para siempre la idea que usted tenía de lo que pasaba en Morelos.
Lo que el cateo destapó dentro de la finca pinta el tamaño real del nivel de vida que llevaba este personaje mientras los morelenses comunes y corrientes, pagaban derecho de piso, vivían con miedo, enterraban a sus muertos sin justicia, camionetas de gama alta, relojes, joyería, equipos de comunicación encriptada, habitaciones acondicionadas con lujos que uno solo ve en revistas y junto a todo ese despliegue de dinero, los indicios balísticos que confirmaban que esa finca No era una residencia de descanso, era una posición fortificada,
cargadores de armas largas, escopetas, casquillos, material táctico, la radiografía de un grupo armado operando con total tranquilidad en suelo mexicano. Y todo esto que acaba de escuchar es apenas la primera capa, porque lo que apareció debajo de la tierra de Safca es lo que ha dejado mudos hasta los propios peritos.
Si a usted le indigna que mientras millones de familias mexicanas no llegan a fin de mes y le tienen que pagar al líder de la cuadra para que las deje vender en paz, estos personajes vivieran rodeados de lujos pagados con el miedo y la sangre del pueblo de Morelos. Suscríbase, aquí no se les va a olvidar ninguno de sus nombres.
La gente lleva décadas pidiendo que alguien entrara a una finca como esta y la abriera de par en par. Y por fin en este sexenio está pasando. Los hallazgos de los aguacates llevaban años esperando ese cateo y los responsables de que no se hiciera antes también tienen nombre, aunque algunos todavía nadie se los haya leído en voz alta. No cierre este video porque el detalle que apareció en el fondo de la propiedad es lo que convierte este caso en uno de los más graves de los últimos años en Morelos.
Pero lo más fuerte del cateo no fueron las armas ni los lujos, por más escandalos que sonaran. Lo más fuerte vino cuando los peritos empezaron a remover la tierra en el fondo de la propiedad. Ahí, en una zona apartada de la finca, comenzaron aparecer indicios que apuntaban a algo que ningún reporte oficial había contemplado. Rastros de presuntas fosas clandestinas dentro de la misma propiedad donde se sentaba a negociar el destino de los municipios de Morelos.
La finca no era solo el lugar de las reuniones políticas, era, según todo apunta, el lugar donde se ejecutaba también todo lo que esas reuniones autorizaban en silencio. ¿Y cuántas personas habrían pasado por ese fondo de la finca antes de que la FEMDO entrara? La cifra estimada que se está manejando en los expedientes es la que nadie quiere pronunciar en voz alta.
Para entender por qué esto importa, hay que recordar quiénes eran esos alcaldes que aceptaron entrar a la finca. Hablamos del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, un hombre que ganó las elecciones con un lema de campaña que hoy cuando uno lo escucha da hasta vergüenza ajena repetirlo. De la seguridad me encargo yo.
Esas seis palabras se las prometió a los votantes de Cuautla y resulta que según todo lo que está saliendo, la seguridad efectivamente se la encargaron, pero no al ayuntamiento, sino al líder regional del cártel de Sinaloa. La frase electoral que parecía una promesa de protección ciudadana terminó siendo, según versiones que circulan en los expedientes, una clave entre socios.
Siga viendo, porque el otro alcalde que entró a esa finca todavía no ha aparecido en ningún tribunal y la razón por la que sigue libre es lo más vergonzoso de toda esta historia. Y junto a Corona, Damián estaba el alcalde de Atlatucán, otro municipio que llevaba años bajo control silencioso de la misma red.
Dos hombres con banda presidencial, con escoltas pagadas por el herario, con discursos sobre el bienestar de sus comunidades, sentados en una finca rodeada de armas frente a un líder narco que les dictaba las condiciones del pacto. La fotografía moral de cómo se gobernaba en una buena parte de Morelos antes de que la FEMDO entrara a los aguacates.
Uno escucha esto y no sabe si reír o llorar. Y lo peor es que durante años los vecinos de esos municipios lo intuían, lo comentaban entre ellos, pero nadie en el gobierno anterior se atrevía a tocar la finca. ¿Por qué precisamente esa finca en ese municipio con esos dos alcaldes? Hay una razón muy concreta detrás de cada uno de esos detalles y cuando se conecten todos los puntos, todo va a encajar de golpe.
Lo que se está manejando en los expedientes es que esa reunión en los aguacates no fue una negociación entre iguales, no fue un trato cerrado a la antigua con un apretón de manos. Lo que pasó dentro de esa finca, según las versiones que han ido filtrándose, fue mucho más oscuro, mucho más violento, mucho más humillante para los funcionarios que aceptaron entrar.
Y la frase que el Barbas pronunció frente a esos alcaldes, la condición que les puso con todas sus letras, sin disimulo, con la seguridad del que sabe que nadie en esa sala se atreve a contradecirlo, es lo que convierte este caso en la prueba más clara de hasta dónde había llegado la infiltración del narco en la política morelense.
Quédese, porque esa frase concreta dicha en voz alta dentro de esa finca es la que va a explicar por qué este caso ya no se podía tapar más, ni siquiera para los que durante años lo protegieron desde lo más alto. La frase que el Barbas soltó dentro de los aguacates frente a los alcaldes de Cuautla y Atlatucán, según lo que se está manejando en los expedientes filtrados, fue tan directa que todavía hoy cuando uno la lee cuesta trabajo creer que un funcionario público se haya quedado callado al escucharla.
Nosotros aportaremos votos a su campaña y una vez que ganen cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios. Esas fueron las palabras según las versiones que han ido saliendo. Una propuesta dicha de frente, sin rodeos, sin disimulo, sin la prudencia que normalmente usan estos personajes para esconderse detrás de medias frases.
El Barbas no negoció, el Barbas dictó y los alcaldes, según todo apunta, no estaban ahí en condiciones de negarse. ¿Y qué dese porque cómo llegaron exactamente esos alcaldes a esa finca? es el detalle que convierte esta reunión en algo todavía más grave de lo que parecía, porque lo que ahora se está revelando es que esa reunión en los aguacates no fue voluntaria.
Los alcaldes no llegaron en su camioneta oficial a tomarse un café con un socio. Según las versiones que han ido filtrándose desde el interior de la investigación, los funcionarios habrían sido llevados hasta la finca bajo coacción con una veintena de hombres armados rodeándolos durante toda la reunión. Imagínese usted la escena.
Dos hombres con banda presidencial sentados frente a un líder regional del cártel de Sinaloa en una finca aislada en los cerros de Totolapan con 20 sicarios alrededor, armas largas a la vista y la propuesta de aporto votos, cobro cuota puesta sobre la mesa como si fuera una factura que hay que firmar sí o sí.
No era una invitación, era una orden. Y la pregunta que cualquiera se hace al oír esto es, ¿por qué después de salir de esa finca con vida, ninguno de los dos alcaldes denunció lo que acababa de pasar? El segundo detalle que aparece en los expedientes, el que nadie esperaba, es el papel concreto que jugaron los lujos de la finca dentro del pacto.
Las camionetas de gama alta, los relojes, las joyas, los equipos encriptados que aparecieron durante el cateo, no eran solo el botín personal del Barbas, según lo que se está manejando, eran también la moneda con la que se cerraban los favores, funcionarios que recibían un reloj, operadores políticos que se llevaban una camioneta.
familiares de los alcaldes que aparecían de pronto con propiedades imposibles de explicar con un sueldo municipal. La finca no era solo el lugar de las reuniones, era el almacén desde donde se repartía el dinero negro que aceitaba a toda la red y la lista de quienes recibieron que según las versiones que han ido saliendo, todavía no se ha publicado completa.
Y esto que acaba de escuchar es solo la punta del iceberg, porque lo que se descubrió sobre cuánto llevaba operando esta red en Morelos es lo que verdaderamente le va a doler, porque esto no empezó en una campaña, esto no empezó en una elección, esto según los cruces que se han hecho con expedientes anteriores, llevaba operando en Morelos durante años, durante varios sexenios estatales, durante administraciones municipales que fueron pasando una atrás de otra, sin que nadie en el gobierno anterior se atreviera a tocar los aguacates. La finca estaba ahí, los
habitantes de Totolapan la conocían. Los vecinos de la zona habían visto entrar y salir camionetas sospechosas durante años. Los reportes ciudadanos existían y sin embargo durante todo ese tiempo las autoridades estatales del periodo neoliberal, gobernadores, fiscales, mandos policíacos que cobraban sueldazos del erario, voltearon la cara para otro lado.
Algunos por miedo, otros todo apunta porque ellos mismos estaban en la nómina. siga viendo, porque cuando se conozca el nombre del primer funcionario estatal que protegió a esta red desde un cargo de gobierno, va a entender por qué este caso lleva años queriendo salir a la luz. Y aquí es donde la historia da el giro que cambia todo lo que se había contado hasta ahora, porque toda esta red, las reuniones en los aguacates, las cuotas mensuales, los alcaldes obligados, los lujos repartidos como sobornos, los años de impunidad protegida desde arriba, habría seguido
funcionando con total normalidad si no fuera porque un día alguien desde adentro decidió grabar lo que estaba pasando en esa finca y filtrarlo a las redes sociales de manera anónima. Ese vídeo fue el detonante de todo. Sin ese vídeo no habría habido cateo. Sin ese cateo no habrían aparecido los lujos. Sin esos lujos no habrían salido los nombres.
Y sin esos nombres los alcaldes seguirían hoy gobernando sus municipios con la tranquilidad del que se sabe protegido. La pieza que rompió la red completa fue una cámara prendida en silencio. ¿Quién la prendió? Todavía nadie lo sabe y quédese hasta el final porque lo que pasó después de que ese vídeo apareció en redes lo que convirtió este caso en una bomba política que ya nadie en Morelos pudo apagar.
Lo que vino después de la difusión del video fue, en palabras de quienes han seguido el caso desde adentro, una sacudida que se sintió en Todo Morelos. Los alcaldes que aparecían sentados en esa finca dejaron de salir a actos públicos. Empezaron a circular versiones de viajes inesperados, de funcionarios que pedían licencia por motivos personales, de operadores políticos que de pronto se volvían imposibles de localizar.
La cúpula municipal de Cuautla, la de Atlatucan y la de otros municipios cercanos entró en un silencio que cualquier persona con un mínimo de experiencia política reconoce de inmediato. El silencio de los que saben que ya los van a agarrar. y cuántos funcionarios, más además de los dos que aparecen en el vídeo, sabían que esa finca existía y para qué se usaba esa lista es la que ahora está revisando la FEMDO documento por documento.
Las pesquisas, según ha trascendido, no se quedaron en los dos alcaldes del video. Lo que está sobre la mesa ahora mismo son investigaciones contra 17 presidentes municipales de Morelos. Una cifra que por sí sola pinta el tamaño del desastre. No es un alcalde, no son dos, son 17. 17 municipios de un estado relativamente pequeño donde según todo apunta la misma red del Barbas tenía algún tipo de presencia, control, financiamiento o sometimiento.
Imagínese usted lo que significa esa cifra. Significa que durante años, en una parte importante del territorio morelense, no gobernaban los alcaldes electos, gobernaba una red criminal disfrazada con bandas presidenciales. No se vaya porque uno de esos 17 alcaldes hizo algo después de enterarse de la investigación que demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar esta red para no caer.
El golpe para las familias morelenses fue todavía más duro cuando empezaron a salir los testimonios de lo que estos municipios habían vivido bajo el control silencioso del cártel. Comerciantes que llevaban años pagando cuota semanal. Madres que habían perdido a hijos sin que nunca se abriera una investigación seria.
Pequeños empresarios que cerraban sus negocios porque ya no aguantaban las extorsiones. Maestros que recibían la amenaza si no aceptaban colaborar con tareas que no eran suyas. Familias que sabían perfectamente bien quién mandaba en su colonia, pero que nunca tuvieron a quién denunciarlo, porque el alcalde y el comandante de la policía municipal eran parte del mismo aparato.
Todo eso durante años, mientras los aguacates seguía intocada. Uno escucha esto y francamente da vergüenza ajena pensar en los políticos del periodo anterior que sabían y se hicieron de la vista gorda. Y lo más doloroso de toda esta historia todavía no ha salido porque el número de fosas potenciales identificadas en otras propiedades vinculadas a la misma red es la cifra que más le va a costar escuchar, porque la finca a los aguacates, según lo que están cruzando los investigadores, no era la única propiedad bajo control de la red. Había
más fincas, había más casas de seguridad, había más terrenos rurales en zonas apartadas de Morelos, donde según las primeras revisiones también se estarían identificando indicios similares a los que aparecieron en Totolapan. El mapa completo de la infraestructura física que el cártel de Sinaloa había levantado en Morelos durante todos estos años es mucho más grande de lo que cualquier persona ajena al caso podría imaginar.
Y cada nueva propiedad que se catee en los próximos días, según las versiones que han ido saliendo, va a sumar más nombres, más hallazgos, más expedientes y muy probablemente más fosas. ¿Y por qué precisamente Morelos y no otro estado terminó convertido en el laboratorio donde el cártel de Sinaloa aprobó este modelo de gobierno paralelo? La respuesta tiene que ver con un acuerdo político muy concreto firmado años atrás.
y cuando lo escuche, todo lo que ha visto en este sexenio le va a hacer mucho más sentido. La respuesta a esa pregunta es la que abre la puerta a entender por qué la presidenta Claudia Shainbound tomó la decisión de meterse de lleno en Morelos. Porque lo que estaba pasando ahí no era un problema policiaco, no era una racha de violencia, no era un grupo aislado de funcionarios corruptos, era, según todo apunta, la consolidación de un modelo donde el narco había dejado de ser una amenaza externa para convertirse en el verdadero gobierno de buena parte del
Estado. Y un modelo así, dejado correr un sexenio más, habría sido prácticamente imposible de revertir. La decisión que vino después, la orden directa que salió de Palacio Nacional es lo que finalmente cambió el rumbo de toda esta historia. Y quédese, porque la cifra exacta de elementos que Shane Bound mandó desplegar a Morelos y lo que ya está pasando con los alcaldes señalados es lo que cierra esta historia con un giro que muy pocos esperaban.
La respuesta de Palacio Nacional fue rápida y de un peso que en Morelos no se veía desde hacía décadas. Por instrucción directa de la presidenta Claudia Shane, se ordenó el despliegue de más de 2,00 elementos de la Guardia Nacional en el estado de Morelos. 2,000 hombres y mujeres uniformados entrando a un territorio donde durante años el verdadero mando lo tenía una red criminal disfrazada de gobierno municipal.
La cifra no es decorativa, no es un operativo de fotos, es la fuerza concreta que necesita un estado para recuperar el control de los municipios que habían dejado de pertenecerle a sus propios habitantes. Y la orden, según todo apunta, salió sin titubeos, sin negociaciones previas con los gobernadores anteriores, sin las consultas eternas que durante años sirvieron para que estos casos nunca avanzaran.
Y sigue habiendo porque lo que pasó con los alcaldes señalados después de que la Guardia Nacional empezó a moverse en Morelos es lo que demuestra que esta vez sí iba en serio. Los primeros operativos se concentraron en los municipios donde la presencia de la red del Barbas era más visible. Cuautla, Atlataucan, Totolapan y varios municipios cercanos amanecieron con retenes, con patrullas circulando por colonias que durante años habían sido prácticamente intocables, con agentes federales entrando a comandancias municipales para revisar archivos,
expedientes, listas de personal y vínculos administrativos. Lo que durante el periodo anterior había sido imposible meterle mano a una policía municipal infiltrada empezó a pasar sin permiso de nadie y los vecinos lo notaron. Las versiones que han salido desde las propias comunidades hablan de una sensación que en Morelos llevaba años perdida, la de ver a la fuerza pública del lado correcto.
¿Y cuál fue el primer alcalde de Morelos que cayó después de que se desplegó este operativo? El nombre es el que esta investigación llevaba meses esperando pronunciar. El primer alcalde detenido formalmente fue uno de los dos que aparecían sentados frente al Barbas en aquella reunión de los aguacates. El operativo de captura, según las versiones que han ido saliendo, se ejecutó con discreción para evitar que la red criminal pudiera reaccionar a tiempo.
El presidente municipal fue trasladado a instalaciones federales, presentado formalmente ante las autoridades correspondientes y vinculado a la investigación que arrancó precisamente con el cateo de la finca. La banda presidencial que durante todos estos meses había usado en actos públicos quedó guardada en un cajón y los habitantes del municipio, según los testimonios que han ido saliendo, no salieron a defenderlo.
Nadie protestó, nadie marchó. La gente durante años ya sabía lo que estaba pasando. Solo estaba esperando que alguien por fin hiciera algo. Quédese porque del otro alcalde que estaba en ese vídeo, el de Cuautla, todavía falta por contarse la parte más vergonzosa. Porque mientras uno de los alcaldes cayó, el otro, Jesús Corona Damián, el presidente municipal de Cuautla, el del lema de la seguridad me encargo yo, eligió otro camino.
Según las versiones que han ido saliendo desde el interior de la investigación, Corona Damián no se quedó a enfrentar el proceso, no dio la cara, no publicó un solo comunicado defendiéndose. Lo que hizo, según todo apunta, fue desaparecer. Hoy se le considera prófugo de la justicia. El hombre que prometió en campaña encargarse personalmente de la seguridad de Cuautla, terminó huyendo de las propias autoridades que debían procesarlo por presuntos vínculos con el narco que él mismo había contratado para ejercer esa seguridad. Uno escucha esto
y no sabe si reír o llorar. Si esto no es la radiografía completa de cómo se gobernaba en Morelos antes, entonces nada lo es. No cierre este video porque la lista completa de funcionarios que ahora mismo están siendo revisados por la FEMDO es lo que confirma que esta historia apenas está empezando. La investigación, según ha trascendido, ya no se limita a los dos alcaldes del vídeo.
Las pesquisas se han extendido a los 17 presidentes municipales, señalados a sus equipos directos de gobierno, a los comandantes de las policías municipales, a operadores políticos locales, a familiares con propiedades imposibles de justificar y a una red de empresas presuntamente utilizadas para mover el dinero de las cuotas mensuales que el cártel cobraba en cada municipio.
El expediente, según las versiones que circulan, ya no se mide. En hojas se miden cajas y cada caja, según los que han tenido acceso al material, contiene nombres que van mucho más arriba que un alcalde de municipio. Hay personajes del periodo neoliberal, hay figuras del PRIAN, hay operadores que durante años se vendieron como funcionarios respetables, que ahora están viendo como su nombre aparece en una carpeta que ya no van a poder tapar.
Y cuánto tiempo tardaron las autoridades anteriores en abrir un expediente similar al que la FEMDO armó en cuestión de semanas. La respuesta es la diferencia exacta entre el periodo neoliberal y este sexenio, porque la comparación francamente da vergüenza ajena. Durante años, los gobiernos del PRIAN tuvieron sobre la mesa reportes, denuncias ciudadanas, alertas de inteligencia, testimonios de vecinos y hasta videos que circulaban en redes sociales.
Y durante años no pasó absolutamente nada. Los alcaldes seguían gobernando, la finca seguía operando, las cuotas seguían cobrándose, las fosas seguían llenándose y los responsables seguían apareciendo en eventos públicos, abrazando niños, posando para fotos institucionales, dando discursos sobre la importancia de la seguridad.
Esa fue la realidad de Morelos durante los sexenios anteriores y esa es la diferencia con lo que está pasando ahora. No hay tolerancia, no hay negociación, no hay pacto. Hay operativos, hay capturas, hay expedientes y hay órdenes que se cumplen. Eso es lo que el pueblo de Morelos llevaba décadas pidiendo. Y lo más importante de toda esta historia, lo que el espectador tiene que llevarse claro, todavía no ha quedado dicho con todas sus letras.
Lo que está pasando en Morelos no es solo un caso de corrupción municipal, no es un escándalo aislado, no es una racha de mala suerte política. Lo que está pasando, según todo apunta, es la primera radiografía completa de cómo el cártel de Sinaloa, durante los exenios del periodo neoliberal, construyó un gobierno paralelo dentro de un estado mexicano completo, usando a los alcaldes electos como administradores de su propio territorio.
Y lo que está pasando ahora es la primera operación seria, sostenida y respaldada desde la presidencia para desmantelar ese gobierno paralelo desde la raíz, sin negociar con los responsables, sin protegerlos por colores partidistas, sin permitir que se vuelvan a esconder detrás del fuero municipal.
Esa es la diferencia, esa es la transformación de la que tanto se habla en discursos, traducida en algo concreto, palpable, visible en las calles de Cuautla, Atlatucan y Totolapan. ¿Qué desea hasta el final? Porque la advertencia que la presidenta lanzó después de las primeras detenciones es la que más debería poner nerviosos a los que todavía no han caído, porque el mensaje que se mandó desde Palacio Nacional fue claro.
No se trata de cerrar el caso con dos alcaldes y declarar victoria. Se trata, según todo apunta, de revisar uno por uno los 17 expedientes, de cruzar cada nombre con cada propiedad, cada movimiento bancario, cada vínculo familiar, cada empresa que aparezca registrada en zonas de control del cártel y de seguir hacia arriba, porque una red de esa magnitud no se sostiene sola.
Necesita protección desde niveles más altos. Necesita funcionarios estatales que voltearan la cara. Necesita mandos policiacos que se hicieran de la vista gorda. Necesita exgobernadores que firmaran nombramientos imposibles de explicar. Y todos esos nombres, según las versiones que han ido saliendo, también están dentro de las cajas del expediente.
La pregunta ya no es si van a salir. La pregunta es cuándo y en qué orden y qué va a pasar con los exfuncionarios estatales del periodo anterior que aparezcan vinculados a esta red. Esa es la conversación que ahora mismo están teniendo a puerta cerrada los abogados de muchos personajes que durante años se creyeron intocables.
Para los habitantes de Morelos, lo que está pasando se siente como un cambio profundo. Las calles que durante años fueron de la red empiezan a sentirse otra vez como propias. Los comerciantes que pagaban cuota semanal empiezan a respirar. Las madres que llevaban años buscando justicia para sus hijos empiezan a ver que por primera vez en mucho tiempo alguien está moviendo expedientes que llevaban congelados toda una década.
No es magia, no es discurso, es trabajo, es presión, es voluntad política aplicada con constancia. Y aunque queda muchísimo por hacer, aunque la red aún no está completamente desmantelada, aunque el alcalde prófugo de Cuautlas sigue sin aparecer y aunque las fosas potenciales de otras propiedades todavía no se han revisado por completo, el pueblo de Morelos ya está viendo algo que durante años creyó imposible, que estos personajes sí pueden caer, que sí pueden ser perseguidos, que sí pueden terminar pisando el suelo del tribunal, que
durante años se burlaron. Y aún así, esta historia no termina aquí, porque lo que se va a destapar a continuación es lo que muchos en Morelos llevaban años esperando ver, porque la finca a los aguacates fue solo la primera piedra que se levantó. Debajo de ella había nombres, debajo de los nombres hay rutas de dinero.
Debajo de las rutas hay propiedades, empresas y operadores que durante años creyeron que su pacto con el cártel iba a durar para siempre. Y lo que viene en los próximos días, según las versiones que han ido saliendo, va a sacudir todavía más al estado entero. La red de El Barbas no era una organización aislada, era una pieza dentro de un mapa mucho más grande conectado con otros estados, con otras estructuras, con otros funcionarios que en este momento ya saben que sus nombres están sobre la mesa de la FEMdo.
Esta historia tiene muchos hilos abiertos, muchos personajes que todavía no han hablado, muchos documentos que todavía no se han hecho públicos. Y si usted quiere entender lo que viene a continuación, lo que conecta este caso con lo que está pasando en otros puntos del país y con los nombres que ya empiezan a circular en los pasillos del Senado, no se mueva.
Justo aquí arriba en pantalla le voy a dejar el siguiente video. Ábralo, véalo con calma, porque ahí está la pieza que termina de explicar todo lo que acaba de escuchar.
