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¡HARFUCH ENJAULÓ al “GENERAL MÉRIDA” RECIBÍA $100 MIL DÓLARES MENSUALES DE LOS CHAPITOS 

¡HARFUCH ENJAULÓ al “GENERAL MÉRIDA” RECIBÍA $100 MIL DÓLARES MENSUALES DE LOS CHAPITOS 

Observa. Si no ves nada, no dispares. Miércoles 20 de mayo de 2026, cuando las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar las afueras de la Ciudad de México, Omar García Harfuch ejecutó uno de los operativos más simbólicos y dolorosos de toda esta ofensiva que lleva meses desmantelando las estructuras de corrupción más profundas del país.

 esta mañana enjauló al general Mérida, uno de los militares más corruptos en la historia reciente de las fuerzas armadas mexicanas. Un hombre que durante años recibió $100,000 mensuales de los chapitos a cambio de traicionar el uniforme que vestía, la institución que representaba y la seguridad de millones de mexicanos que confiaban en que ese uniforme significaba protección y no complicidad con el crimen organizado.

 Y lo que hace que este operativo sea distinto a todo lo que esta ofensiva ha ejecutado hasta ahora no es solo la gravedad de los cargos ni la cantidad de dinero involucrada en los sobornos documentados, sino el hecho de que esta mañana cayó un general, alguien que llegó a uno de los rangos más altos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, alguien cuyas decisiones afectaban directamente la estrategia de seguridad del país y cuya traición no fue el resultado de un impulso aislado ni de una decisión tomada bajo presión

en un momento de debilidad, sino de una relación sistemática documentada y millonaria con una de las facciones más violentas del crimen organizado en México. Piensa en eso antes de seguir adelante, porque hay una distancia enorme entre escuchar que detuvieron a un general corrupto y comprender lo que significa que alguien con ese nivel de acceso a información clasificada, a operativos en tiempo real, a rutas de despliegue de tropas y a estrategias de combate al narcotráfico, haya estado vendiendo todo eso por

$100,000 mensuales a los hijos del Chapo Guzmán, mientras el ejército mexicano perdía elementos en enfrentamientos que este mismo general sabía de antemano, porque él mismo había filtrado la información que permitía a los chapitos prepararse, reubicarse y, en muchos casos, tender emboscadas que costaron vidas de soldados que confiaban en que la cadena de mando por encima de ellos estaba del lado correcto de la guerra.

El general Mérida no es un nombre que haya aparecido en los titulares de manera recurrente durante los últimos años. No es una figura pública con perfil mediático conocido. No es alguien cuyo rostro la mayoría de los mexicanos reconocería si lo vieran caminando por la calle. Y esa invisibilidad pública fue precisamente uno de los mecanismos que le permitieron operar durante tanto tiempo sin levantar sospechas, porque en el imaginario colectivo, los generales corruptos son aquellos que aparecen en las noticias rodeados de lujos

escandalosos, con propiedades sustentosas y estilos de vida que cualquier ciudadano común puede identificar como incompatibles con un sueldo de servidor público. Pero el general Mérida era más inteligente que eso. O al menos eso creía, porque durante años mantuvo un perfil suficientemente discreto como para no activar las alarmas automáticas que el sistema de controles internos de la Secretaría de la Defensa tiene implementadas para detectar enriquecimiento inexplicable entre su personal de alto rango. Vivía en una

residencia de lujo en las afueras de la Ciudad de México, pero no en una mansión tan escandalosa que llamara la atención de los medios o de las autoridades fiscales de manera inmediata. Conducía vehículos de alta gama, pero no Ferrari ni Lamborghini que aparecieran en vídeos virales en redes sociales.

 Vestía ropa de diseñador, pero no de una manera tan ostentosa que generara comentarios en los círculos militares donde se movía. Mantenía cuentas bancarias en el extranjero, pero estructuradas a través de empresas fachada y fideicomiso offshore con suficientes capas de intermediación como para dificultar el rastreo directo entre los depósitos que recibía y su nombre personal.

 Y esa estrategia de discreción calculada funcionó durante años hasta que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a rastrear los flujos de dinero que salían de las estructuras financieras vinculadas a los chapitos como parte de la ofensiva más amplia que lleva meses desmantelando las redes de lavado y corrupción que permitieron que el cártel de Sinaloa operara durante décadas con niveles de impunidad que desafiaban cualquier lógica.

 Escribe en los comentarios si ya sospechaban que había generales de este nivel recibiendo sobornos millonarios de los chapitos. Porque la intuición colectiva sobre la profundidad de la corrupción en las fuerzas armadas mexicanas muchas veces va varios pasos adelante de lo que los comunicados oficiales están dispuestos a confirmar públicamente.

La investigación que condujo al operativo de esta mañana no comenzó con el general Mérida como objetivo principal. comenzó con el rastreo de los pagos que los chapitos realizaban de manera sistemática a lo que en sus registros internos llamaban nómina institucional, un término que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera tardaron semanas en descifrar completamente, pero que una vez comprendido reveló la existencia de una estructura de sobornos mucho más amplia y organizada de lo que cualquier investigación previa sobre corrupción en

las fuerzas armadas había documentado. La nómina institucional no era una lista de pagos esporádicos a funcionarios menores que ocasionalmente hacían favores al cártel a cambio de dinero. Era un sistema formal de pagos mensuales a decenas de funcionarios de todos los niveles del aparato de seguridad del Estado mexicano, desde policías municipales que recibían unos cuantos miles de pesos por no molestar las operaciones del cártel en sus jurisdicciones.

 hasta comandantes de la Guardia Nacional que recibían decenas de miles de dólares por filtrar información sobre operativos en tiempo real, pasando por fiscales que recibían pagos por archivar carpetas de investigación y jueces que recibían sobornos por otorgar amparos y órdenes de libertad a miembros capturados de la organización.

 Y en la cúspide de esa nómina institucional, recibiendo la cantidad más alta de todas las que los analistas identificaron en los registros financieros incautados durante los operativos previos de esta ofensiva, estaba un pago mensual de $100,000 que salía de una cuenta intermediaria registrada a nombre de una empresa agrícola en Sinaloa, pero que en realidad funcionaba como uno de los nodos principales de la red de lavado de los chapitos y que llegaba a través de una cadena de transferencias internacionales que pasaban por bancos

en Panamá, en las islas Caimán y en Suiza, antes de depositarse finalmente en una cuenta de un fideicomiso registrado en Delaware a nombre de una empresa de consultoría que no tenía empleados, no tenía oficinas físicas y cuyo único beneficiario real era el general Mérida. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera que identificaron ese flujo de pagos tardaron semanas en rastrearlo completamente porque la sofisticación de los mecanismos de intermediación financiera que los chapitos utilizaban para estos pagos de alto nivel era

significativamente mayor que la que utilizaban para los pagos a funcionarios de niveles inferiores. Precisamente porque los pagos a un general activo de la Secretaría de la Defensa Nacional representaban un riesgo mucho mayor si eran descubiertos y por lo tanto requerían capas adicionales de protección.

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