José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, se convirtió este martes en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado por un juez. El exsecretario general del PSOE está investigado como supuesto “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias que actuó, al menos, entre 2020 y 2025 y que se sirvió de su familia y su entorno para canalizar supuestas comisiones ilegales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido llamarlo a declarar el próximo 2 de junio en un procedimiento judicial “seguido por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales”. El magistrado es contundente en su escrito, que generó este martes un verdadero terremoto político al afectar a una figura convertida en referencia moral del partido y que se ha hecho cargo del ánimo de la militancia en los últimos tiempos.

La investigación describe cómo Zapatero se valía de un amigo, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, como vehículo para canalizar los pagos de empresas que buscaban sus favores, y que los investigadores cifran, en el caso de Zapatero, en 1,95 millones de euros. Para ello, constituyeron la consultora Análisis Relevante S. L., a la que el juez ubica en el centro de la red. El magistrado cree que se trataba de una mercantil tapadera que firmaba contratos para la redacción de informes de consultoría con empresas que, en realidad, buscaban la influencia del expresidente para lograr un objetivo económico: ya fuera el rescate de una aerolínea (como Plus Ultra) o la compraventa de petróleo en Venezuela.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva, junto con la Fiscalía Anticorrupción, investigando este asunto desde finales de 2024, después de recibir una petición de las fiscalías suiza y francesa sobre un posible blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela. La operación terminó de explotarse este martes, cuando los agentes se personaron en casa del expresidente del Gobierno para entregarle en mano su citación. Además, registraron su oficina, la empresa de marketing de las dos hijas de Zapatero, Whathefav S.L., así como otras dos sociedades vinculadas a la trama.

El juez Calama ha levantado este martes el secreto de sumario y en un extenso auto de 85 páginas describe las “múltiples evidencias” que apuntan hacia el expresidente hasta situarlo en el “vértice” de un entramado que tiene el “centro de coordinación de la red” en su oficina particular de la calle Ferraz de Madrid. Desde allí, detalla el instructor, “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

El juez señala su “intervención directa” en “operaciones internacionales de alto valor económico” relativas a productos petrolíferos, oro, acciones o divisas. Se basa en correos, cartas y conversaciones de alguno de los implicados incautadas por la UDEF, así como en los mensajes extraídos del móvil de Rodolfo Reyes (venezolano otrora dueño de Plus Ultra) que ha facilitado Estados Unidos a los investigadores españoles. Además, construye el posible tráfico de influencias sobre las presiones de Zapatero para el rescate de 53 milllones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea en 2021 y la colaboración del expresidente, supuestamente, en la creación de una sociedad off shore en Dubái para enviar allí una comisión cobrada tras las ayuda.

“Núcleo decisor y estratégico de la red”

El auto asigna a José Luis Rodríguez Zapatero un papel de “núcleo decisor y estratégico de la red”, aunque su “liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública”, sino evitando “la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. El juez lo deduce de conversaciones de investigados, que se refieren al expresidente como “nuestro pana Zapatero detrás” [pana significa ”amigo“, ”camarada“ o ”compinche“], o hablan de “Grupo Zapatero”; se refieren a “Zapa es nuestro contacto”, “no sé si será bueno que (…) Zapatero hable con alguien en la SEPI”, incluso aseguran, en enero de 2021: “Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España”.

El exmandatario publicó un vídeo este martes en el que niega tajantemente cualquier intervención en este rescate, así como cualquier irregularidad en su actividad privada. “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración“, ha dicho.

El amigo de Zapatero, que fue detenido el pasado 11 de diciembre junto con los directivos de Plus Ultra en una primera fase de la operación, es una de las piezas clave de este puzle. Este alicantino controla un entramado de 39 mercantiles, según un informe que presentó el pasado mes de febrero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. De estas, 15 se encuentran activas, si bien ocho de ellas no tienen empleados o apenas retribuciones. Para el magistrado es llamativo que, de todo el entorno societario bajo el control de Martínez, Análisis Relevante sea la mercantil que recibe mayores ingresos. En total, 959.798 euros entre 2020 y 2025.

El expresidente ha reconocido públicamente que estuvo en la creación inicial de esta consultora por parte de su amigo, quien le consultó si formaría parte de ella por su valor como gran conocedor de la geopolítica y las dinámicas sociales. La investigación ha demostrado no solo eso, sino que existía un chat grupal denominado “AR” (siglas de Análisis Relevante) que integraban Julio Martínez Martínez, Zapatero, el directivo de Telefónica Javier de Paz, la hija de este, y la mano derecha de De Paz y actual alto cargo de Movistar+, Sergio Sánchez. Para el juez, esto revela la “participación activa y directa” del expresidente en los canales de organización y comunicación interna de la consultora.

“¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero?”

La investigación desgrana de forma cronológica las comunicaciones entre Julio Martínez Martínez, el presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola (comparten nombre y apellido, pero no parentesco), el consejero delegado Roberto Roselli y el abogado madrileño Miguel Palomero, que fueron detenidos el 11 de diciembre del pasado año, cuando saltó a la opinión pública la existencia de esta causa que llevaba un año en la Fiscalía Anticorrupción. “Necesitamos llegar a las ayudas (…) A ver qué se te ocurre a nivel político”, dijo el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, el venezolano Rodolfo Reyes, dueño de la compañía entonces al abogado Miguel Palomero, investigado en el caso. “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político”, le diría una semana después.

A partir de entonces comienza toda una ristra de mensajes en la que mueven sus contactos hasta llegar por primera vez a Julio Martínez Martínez. En realidad, los dueños de Plus Ultra activan dos vías “que habrían operado de forma simultánea” para conseguir el rescate que, en ese momento, el Ejecutivo ponía en marcha para reflotar empresas turísticas o de aviación tras el parón que iba a suponer el Covid. Una vía hacia el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para lo que trataron de hablar con Koldo y llegaron a reunirse con el secretario de Estado, Pedro Saura. Y “la vía Zapatero” que “adquirió un papel predominante”, según el juez, y “permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.

Los dueños de la aerolínea llegaron a enviar una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander en la que se indica que “por instrucciones de Zapatero”, solicitaban ayuda para la obtención de un crédito ICO. Fuentes financieras aseguran que esto, sin embargo, nunca se llevó a término. Los mensajes explicitan que los directivos de la compañía estaban dispuestos a pagar mordidas (“Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, dijo el 30 de marzo el entonces vicepresidente Martínez Sola); y que los supuestos contactos con Zapatero comenzaron, al menos, desde abril de 2020. “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo (…), luego cuando tú puedas le preguntas”, expuso el 30 de ese mes Rodolfo Reyes. Tratando de acercarse a Zapatero llegan a un tal Julio Martínez Martínez a quien también llaman “lacayo”.

Rodolfo Reyes: “¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?“, preguntó el 18 de mayo de 2020.

Roberto Roselli (jefe de finanzas de Plus Ultra): “No con él directo. Hablo con un lacayo (…) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida”.

Unos meses después, la aerolínea contrata a Martínez, a través de Análisis Relevante. Plus Ultra suscribió un contrato con la consultora el 30 de julio de 2020 (ocho meses antes de lograr el rescate), por una duración de 12 meses, cuyo objetivo era “la entrega de un informe mensual sobre la situación política, económica y social en el mundo, en especial en España y Latinoamérica, incluyendo principales sectores innovadores y tendencias”, además del “asesoramiento continuado, mediante informes específicos sobre países, organizaciones internacionales y sus políticas, objeto de interés para el cliente”. Plus Ultra empezó entonces a remunerar a Análisis Relevante con 5.000 euros mensuales. Un contrato muy similar al que, por ejemplo, el grupo Aldesa (de origen chino) suscribió en septiembre de 2022 también en concepto de asesoramiento y por el mismo importe: 5.000 euros al mes. Por eso, el magistrado sospecha que la consultora era, en realidad, una tapadera para circular las comisiones.

El 19 de septiembre de 2020 el rescate seguía sin llegar y dentro de la compañía cundía el nerviosismo. “Por cierto, pana, hoy nada. Yo estaba en una reunión y Julio llamó al contacto y… macho… el tipo le dijo que la vaina estaba paradísima porque la SEPI no tiene gente para ver expedientes”, explicó Roselli a Rodolfo Reyes ese día. “No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI”. A partir de febrero de 2021 la situación se desencalla. El 6 de febrero de ese año, Reyes dice: “Puedes organizar una comida con el tocayo [Julio Martínez], tú y Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano]. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”.

El 26 de febrero, siete días antes de que el consejo gestor de los fondos se reuniera para decidir si se entregaba la ayuda pública a Plus Ultra, el empresario Julio Martínez Martínez ya comunicó a Camilo Ibrhim Isssa que el rescate había sido concedido: “Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin duda ha sido consecuencia de la excepcional labor desarrollada”.