menos de 48 horas. Eso fue todo lo que le tomó a la Fiscalía General del Estado de Puebla identificar a su primer detenido tras la masacre más brutal que ha sacudido a la mixteca poblana en más de una década. Un joven de 20 años conocido en su comunidad como El Pony, fue interceptado la noche del lunes 18 de mayo circulando en motocicleta por las calles de Teuzingo.
No llevaba armas visibles, llevaba dosis de cristal y eso fue suficiente para que los agentes de investigación lo pusieran bajo custodia mientras la maquinaria ministerial afinaba las órdenes de apreensón por los 10 homicidios cometidos la madrugada del domingo en el rancho conocido como la marihuana en la comunidad de Texcalapa.
Lo que pareció una detención rutinaria por delitos contra la salud era en realidad el primer eslabón de una captura estratégicamente diseñada. Esta es la historia de cómo cayó el pony, quién es, qué lo vincula a los hechos y por qué su detención abre más preguntas de las que cierra. Para entender por qué la fiscalía fijó su mirada en Juan Manuel Torres Vázquez antes de que se cumpliera un día entero desde el hallazgo de los cuerpos, hay que entender quién es este joven y cuál es su lugar dentro de la familia Torres
Gerbacio. Gerbacio. Juan Manuel tiene 20 años y es sobrino directo de Cecilio Torres Gerbacio, el ganadero de 55 años que era el dueño del rancho donde ocurrió la masacre. Su padre Manuel Torres era hermano de Cecilio y trabajaba como peón en la misma propiedad familiar. Eso significa que Juan Manuel creció en ese entorno.
Conocía los ritmos del rancho. Sabía cómo entraban y salían las personas. Conocía los espacios, los trabajadores, los horarios. Y según informes ministeriales filtrados a medios locales, también sabía algo más, que la familia tenía guardados entre 800,000 y 1 millón de pesos en efectivo. Dinero destinado a la compraventa de ganado, el giro principal del negocio familiar.
Ese detalle es clave. Desde las primeras horas de la investigación, los peritos de la fiscalía comenzaron a reconstruir la escena en la comunidad de Texalapa. Encontraron 18 casquillos percutidos calibre 22 y 9 mm repartidos por la vivienda principal. Las víctimas habían sido maniatadas antes de recibir los disparos.
No había señales de que un grupo del crimen organizado hubiera irrumpido desde afuera. Las armas usadas eran de armamento corto, sin fusiles de alto poder, sin las marcas operativas de una célula criminal de la región. Esos datos técnicos le permitieron a la fiscal idamis pastor Betancurt declarar desde el domingo, apenas unas horas después de que se descubrieran los cuerpos, que la línea principal de investigación era, en sus palabras, un tema familiar.
Lo que la fiscalía no dijo públicamente en ese momento era que ya tenían nombres. Tres personas vinculadas directamente con las víctimas estaban en su radar y una de ellas era el Pony. La noche del lunes 18 de mayo, mientras los cuerpos de las 10 víctimas esperaban ser trasladados a sus comunidades de origen para los servicios funerarios, agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaban seguimiento en las calles de Teuzingo.
eran parte de un operativo más amplio que involucraba coordinación con la Marina y el Ejército Mexicano, desplegados en la región desde el domingo como respuesta inmediata al multihomicidio. El trabajo que permitió ubicar a Juan Manuel Torres Vázquez no fue el resultado de un golpe de suerte. Según los reportes ministeriales, los investigadores utilizaron imágenes de cámaras de seguridad instaladas en zonas urbanas cercanas al rancho de la familia Torres.
Esas cámaras registraron movimientos sospechosos en las horas previas y posteriores al crimen. A partir de ese material audiovisual, los analistas de inteligencia pudieron rastrear rutas, identificar vehículos y eventualmente cruzar esa información con el nombre que ya circulaba internamente dentro de la investigación, Juan Manuel, alias el Pony.
Cuando los agentes lo localizaron esa noche, Juan Manuel circulaba en motocicleta por una de las calles de Teetzingo. La detención fue discreta, no hubo enfrentamiento. Al momento del aseguramiento se le encontraron dosis de cristal, la misma sustancia que tiene nombre protagónico en otras líneas del caso. Eso le dio a las autoridades un instrumento jurídico inmediato, ponerlo a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud mientras se formalizaban las órdenes de aprensión relacionadas directamente con el multihomicidio. Es
una táctica que los investigadores conocen bien. Cuando existe la certeza operativa de que un individuo está vinculado a un crimen mayor, pero los tiempos legales para formalizar las órdenes aún no están listos. Una detención por un delito flagrante menor sirve como puente. Permite retener al sujeto dentro del sistema sin violar los plazos constitucionales, mientras los ministeriales ultiman los cargos definitivos.
La fiscal y Damis, pastor Betanc, confirmó la detención ese mismo lunes durante una conferencia de prensa, aunque fue cautelosa en los detalles. Dijo que un masculino había sido puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes y que se reservaban información adicional para no comprometer el proceso.
No pronunció su nombre en ese momento. Fue a través de medios locales y fuentes ministeriales extraoficiales que el nombre de Juan Manuel Torres Vázquez, alias El Poni, comenzó a circular públicamente. ¿Qué sabe la Fiscalía sobre Juan Manuel Torres Vázquez que justifica señalarlo como presunto responsable material de 10 homicidios? Lo primero que emerge de los registros ministeriales es que este joven de 20 años no llega a esta detención sin historial.
Según reportes de fuentes policiales difundidos por medios como el Sol de Puebla, Juan Manuel cuenta con antecedentes previos en la región. habría estado implicado en el disparo contra un comerciante en el mercado de el Moralillo y en otra ocasión fue retenido en el municipio de Piaxla por presunto robo de animales, práctica conocida como abigiato.
Esos antecedentes no son menores en el contexto de una región ganadera como la mixteca poblana, donde el robo de cabezas de ganado es un delito que genera conflictos violentos con frecuencia. Lo segundo que aparece en la investigación y que coloca a Juan Manuel en un escenario más complejo es su presunta vinculación con una banda delictiva originaria del estado de Morelos, conocida como Los chetos, señalada por fuentes policiales citadas por el Sol de Puebla como una organización dedicada a la vigiato en la región mixteca. Si ese vínculo se
confirma, la hipótesis del simple conflicto familiar se vuelve más oscura. No solo habría sido un sobrino resentido actuando por cuenta propia, sino un joven con conexiones en una red criminal que operaba en los territorios donde la familia Torres tenía sus animales y su dinero.
Pero hay un tercer elemento que los investigadores consideran central, el conocimiento previo que Juan Manuel tenía del rancho y de las costumbres de la familia. Como hijo de Manuel Torres, el hermano del ganadero asesinado, Juan Manuel creció cerca de esa propiedad. Sabía cuándo se manejaban sumas grandes de efectivo.
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Sabía que el dinero estaba guardado para la compraventa de ganado. Ese tipo de información privilegiada en el mundo de la vijiato y el robo rural tiene un valor muy concreto. Los peritos balísticos identificaron los calibres 22 y 9 mm en los 18 casquillos recolectados en la escena del crimen. La fiscalía descartó formalmente la participación de células del crimen organizado, precisamente porque ese tipo de armamento no corresponde al perfil operativo de los grupos que disputaban territorios en la mixteca en los años recientes. Los cárteles y estructuras
criminales grandes operan con fusiles de alto poder, armamento de grado militar que deja una firma balística inconfundible. Lo que se encontró en el rancho La marihuana fue otra cosa. Armas cortas, calibres accesibles, el tipo de armamento que porta alguien que no tiene acceso a arsenales organizados, pero sí tiene acceso a mercados informales de armas en la región.
Esa conclusión técnica fue fundamental para orientar la investigación hacia el entorno inmediato de las víctimas y refuerza la figura de Juan Manuel Torres Vázquez como presunto responsable material. Un joven de 20 años con antecedentes en robo de animales y con vínculos a una banda criminal regional puede acceder a ese tipo de armamento sin necesidad de pertenecer a una organización de alto perfil.
Hay otro elemento que los investigadores están rastreando y que aún no ha sido confirmado oficialmente, la posibilidad de que el Pony no haya actuado solo. Los reportes apuntan a que el grupo que entró al rancho esa noche era de varios sujetos armados. Someter a 10 personas, maniatar a todas y ejecutarlas de manera sistemática en distintos puntos de la propiedad, tanto dentro de la vivienda principal como en el área del granero, requiere coordinación y número.
Una sola persona no controla ese escenario. Eso significa que hay otros implicados que la fiscalía aún no ha detenido y que el expediente de Juan Manuel Torres podría ser la llave para llegar a ellos. Las cámaras de seguridad urbanas, el análisis de rutas, el historial del detenido, los 18 casquillos percutidos, la información sobre el efectivo guardado en el rancho y la conexión directa del detenido con las víctimas fueron los pilares que construyeron el expediente en menos de 36 horas de trabajo ministerial intensivo. Es un expediente que por
ahora tiene un nombre en el centro, pero los bordes de ese expediente todavía están incompletos. Desde el domingo 17 de mayo, apenas horas después de que el conductor de una pipa de agua descubriera los cuerpos alrededor de las 20 horas en el rancho la marihuana, la respuesta institucional en Teuitzingo fue inmediata y masiva en términos de despliegue.
Aunque más medida en términos de comunicación pública. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina activaron operativos de búsqueda en la región. La comunidad de Texcalapa, ubicada a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Tehitzingo, quedó bajo resguardar de permanente.
Cabe señalar un detalle que complica la cronología del caso. Desde el jueves 14 de mayo, 3 días antes del hallazgo, la zona había quedado sin señal telefónica ni internet por una falla técnica. Eso retrasó los reportes a las autoridades y significó que los cuerpos permanecieron en el rancho durante horas sin que nadie pudiera alertar a los servicios de emergencia.
La titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancurt, se convirtió en la voz oficial del caso desde el domingo. Fue ella quien anunció en entrevista con Radio Fórmula que la bebé de un mes y 20 días, Carolina, no había muerto por un impacto de bala, sino por asfixia cuando el cuerpo de su madre cayó sobre ella después de ser disparada.
Esa aclaración dolorosa en su precisión clínica también fue una señal del nivel de detalle con que la fiscalía estaba trabajando la escena desde el primer momento. El lunes, cuando el silencio institucional se extendió durante todo el día sin nuevas declaraciones oficiales sobre detenidos o sospechosos, los medios locales y redes sociales comenzaron a llenar ese vacío con información extraoficial.
Circuló el nombre de José Alfredo Torres como principal sospechoso, el hijo mayor de Cecilio, que había salido de un anexo de rehabilitación el 20 de abril, aproximadamente un mes antes del ataque, y que había difundido un video en redes sociales donde culpaba a su familia de sus adicciones y decía que no quería volver a ese entorno.
Ese video generó una narrativa dominante durante las primeras 24 horas, pero la fiscalía fue cuidadosa en no confirmarla públicamente. Lo que confirmaron fue la detención de Juan Manuel Torres Vázquez, el pony, esa misma noche del lunes, la fiscal, pastor Betancurt, lo anunció sin dar su nombre y precisó que la investigación tenía dos líneas activas, una relacionada con el detenido y otra con un familiar de nombre José Alfredo, descrito como una hipótesis de venganza.
Eso significa que para la fiscalía la captura del Pony no cierra el caso. Es, en sus palabras el inicio del esclarecimiento. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reaccionó públicamente condenando los hechos como reprobables y delesnables, y exigió que las investigaciones avanzaran con total rigor y prontitud.
También aseguró que las familias afectadas cuentan con el respaldo del gobierno estatal. Las palabras son las que los gobernadores dicen después de masacres. Lo que la comunidad de Texalapa esperaba era algo más concreto, que los responsables no se perdieran en los laberintos del sistema ministerial, como ha ocurrido en tantos casos anteriores de la región.
La detención de Juan Manuel Torres Vázquez, el Pony, en menos de 48 horas desde que se descubrieron los cuerpos, es operativamente notable. No es común que la Fiscalía de Puebla, una institución que ha enfrentado cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta ante la violencia en la entidad logre una apreensión con esa velocidad en un caso de esta magnitud.
El análisis de cámaras de seguridad, el cruce de inteligencia y la coordinación con fuerzas federales funcionaron esta vez con una eficacia que merece reconocimiento, aunque también obliga a hacer preguntas incómodas. La primera, ¿por qué un joven con antecedentes conocidos en la región, con historial de violencia contra un comerciante y de robo de ganado y con vínculos reportados a una banda criminal como los chetos no estaba bajo un seguimiento más estrecho de las autoridades locales? La mixteca poblana no es un territorio ajeno a la violencia
organizada. Es una región donde la viigiato, las disputas por tierras y la operación de pequeñas bandas criminales [música] llevan años siendo un problema documentado. La presencia de estructuras como los chetos, originarios de Morelos, en esa zona no es nueva. Si Juan Manuel Torres estaba vinculado a esa red, ese vínculo debió haber estado en los registros mucho antes del 18 de mayo.
La segunda pregunta que deja abierta esta detención, ¿quién más participó? La fiscal confirmó que hay al menos dos líneas de investigación activas. El nombre de José Alfredo Torres sigue en el expediente como hipótesis de venganza y los propios reportes ministeriales señalan que el grupo que entró al rancho esa noche no era de una sola persona.
Alguien coordinó el ingreso, la sujeción de 10 víctimas y su ejecución sistemática. Eso requiere más de un ejecutor. El pony puede ser uno de los responsables materiales, pero las órdenes de aprensión para el resto de los implicados aún están en proceso. La tercera dimensión del caso que la comunidad de Teguitzingo exige que no se pierda de vista es el dinero.
El millón de pesos que presuntamente la familia Torres tenía guardado para comprar ganado no fue recuperado. Si ese efectivo fue el detonante del ataque, si el conocimiento de su existencia fue lo que motivó a Juan Manuel a organizar o participar en el operativo, entonces hay una cadena de complicidades que va más allá del detenido en Texal.
Mientras tanto, la comunidad enterró a sus muertos. 10 ataúdes, tres generaciones de una misma familia, trabajadores que ese sábado llegaron al rancho sin saber que no regresarían a sus casas. un mecánico de Teuingo que fue a reparar un vehículo por la mañana y fue ejecutado junto con los dueños de la propiedad. La mixteca poblana lleva décadas conviviendo con la violencia, pero una masacre de esta escala dentro de un rancho familiar con víctimas maniatadas y ejecutadas una por una sacudió incluso a quienes creían haber visto de todo. La
captura de El Pony es el primer paso. No es la conclusión. Los habitantes de Teuzingo, las familias de las 10 víctimas y el estado de derecho en una región donde la impunidad ha sido históricamente la norma, exigen que ese primer paso no sea también el último. La historia de este caso tiene capas que una sola detención no alcanza a cubrir.
Está la capa del crimen familiar, los conflictos por tierras, por la posesión de un tractocamión heredado, por el resentimiento acumulado dentro de la familia Torres. Está la capa de la criminalidad organizada a escala regional. Una banda como Los Chetos, oriunda de Morelos, operando en los territorios ganaderos de la mixteca poblana, dedicada a la vieato, reclutando o asociándose con jóvenes locales que conocen el terreno, está la capa del dinero, un millón de pesos en efectivo que la familia guardaba para comprar ganado y que según los reportes
no fue recuperado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Fue el botín que motivó el ataque o simplemente fue tomado de oportunidad durante la ejecución de un plan que tenía otro origen? Esas preguntas no se responden con la detención de un joven en motocicleta portando cristal en una calle de Tewitzingo.
Se responden con un proceso judicial riguroso, con declaraciones ministeriales, con trabajo forense continuo y sobre todo con la voluntad institucional de no conformarse con un solo detenido cuando la evidencia sugiere que hubo más participantes. La fiscalía tiene un detenido, tiene un expediente, tiene dos líneas activas. Lo que aún no tiene y lo que México le está exigiendo a Idamis, pastor Betancurt y a su equipo es una verdad completa, una verdad que les diga a los familiares sobrevivientes, a las abuelas y tías que salieron a defender el nombre de José
Alfredo frente a los medios, a los vecinos de Tescalapa que enterraron a 10 de los suyos en silencio de luto. Que el Estado mexicano es capaz de encontrar a todos los responsables, no solo al más fácil de atrapar. El pony cayó en menos de 48 horas. La justicia completa para las 10 víctimas de Teuzingo tardará mucho más.
Y en esa distancia entre la velocidad de la detención y la lentitud de la verdad es donde en México demasiadas veces se pierden los casos. Yeah.
