¿El gota a gota llegó a los mercados de Veracruz y nadie lo está investigando?
El domingo 17 de mayo de 2026, en algún punto de la geografía urbana de Cosoleacaque, Veracruz, un comando armado interceptó a dos mujeres. tenía 42 años. Llevaba más de un cuarto de siglo levantando las persianas de su local de abarrotes, cada madrugada en el mercado Rafael Hernández Ochoa, la central de abastos que articula la economía cotidiana de este municipio petrolero del sur del ismo de Tehuantepec.
La otra tenía 25 años y era su hija. Nadie vio el momento exacto de la intercepción. Lo que sí quedó registrado en loss del sistema de emergencias del [música] Estado fue una serie de llamadas al número 911 realizadas por familiares, confirmando [música] que el secuestro fue detectado en tiempo real y que la alerta formal fue activada.
La policía municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz desplegaron unidades de búsqueda. Ana Lilia González Mateos y Yalina Cristal Lesama González no fueron rescatadas. Lo que ocurrió durante las horas siguientes en el sitio de retención al que fueron trasladadas no tiene testigos con nombre. Lo que sí tiene testigos son las consecuencias físicas.
Cuando los cuerpos aparecieron en la vía pública, presentaban [música] múltiples impactos de proyectil de arma de fuego e inconfundibles marcas de violencia física extrema. Las lesiones eran [música] anteriores a la muerte. Eso es lo que establece la evidencia forense [música] disponible. Eso es lo que vieron los vecinos del barrio Cuarto cuando cerca de la medianoche del domingo 17 al lunes 18 de mayo, una camioneta Toyota Hilux modelo 2026 color gris, placas X18628B [música] del estado de Veracruz, redujo la velocidad sobre la calle Emiliano
Zapata entre Vicente Guerrero y la carretera transísmica a la altura del segundo puente peatonal y arrojó dos cuerpos al pavimento [música] antes de continuar a alta velocidad. La camioneta era propiedad de Ana Lilia González Mateos. Sus captores la habían utilizado como vehículo de transporte para el descarte de los cadáveres y la dejaron abandonada unas cuadras más adelante con las luces encendidas a la espera de un segundo automóvil de escape que ya los aguardaba en una posición ciego para las cámaras del entorno. Cuando llegaron las
primeras corporaciones, los agresores ya no estaban. Los cuerpos sí. La escena del crimen en la calle Emiliano Zapata fue acordonada durante varias horas. Personal del Servicio Médico Forense trasladó los restos al Semefo para su identificación oficial que fue realizada por los familiares en las primeras horas del lunes 18.
Una de las víctimas [música] vestía pantalón de mezclilla y blusa beige. La otra portaba un vestido rojo. Ese detalle registrado por al menos tres medios de comunicación distintos que cubrieron la escena antes del cierre perimetral permanece en los archivos como el único fragmento de humanidad visible en un operativo cuya frialdad logística lo distingue de un crimen pasional o circunstancial.
Esto no fue un accidente ni una confrontación, fue una operación con fases identificables. Intercepción, traslado, retención, tortura, ejecución, descarte del cuerpo, abandono del vehículo, fuga coordinada. Cada etapa presupone comunicación entre varios actores, acceso a al menos dos vehículos, conocimiento previo de los movimientos de las víctimas.
y control sobre un espacio físico donde retener personas sin que la búsqueda policial activa [música] diera con ellas en el lapso de varias horas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezada por Verónica Hernández Shiadans, abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.
Eso es todo lo que confirmó de manera oficial. Ningún comunicado de prensa detalló líneas de investigación. Ninguna orden de apreensón fue ejecutada ni anunciada públicamente en las horas posteriores al hallazgo. El gobierno del estado no emitió posicionamiento alguno [música] sobre el doble crimen. En el municipio, los locatarios del mercado Rafael Hernández Ochoa, cubrieron el local de Ana Lilia con lonas de luto y colocaron un altar con flores.
La central de abastos más importante de Kosoleaque registró una caída visible en su actividad comercial el lunes 18. Eso también es un dato. La parálisis económica producida por el terror tiene métricas observables. La pregunta que el hermetismo institucional deja sin responder es la más directa.
¿Por qué dos comerciantes de un mercado municipal fueron secuestradas, torturadas? y ejecutadas con esta metodología. Los testimonios recogidos entre locatarios del mismo mercado por al menos dos medios de comunicación nacionales, Excelsior y Semanario Z, coinciden en señalar el mismo móvil, la extorsión. El mecanismo conocido coloquialmente como cobro de piso consiste en el pago periódico de una cuota fija a células de la delincuencia organizada a cambio de permiso para operar un negocio dentro de un territorio controlado criminalmente.
Ana Lilia González Mateos llevaba más de 25 años en el mismo local. Ese nivel de permanencia y visibilidad en un mercado formal la convertía, según la lógica de la extracción de rentas criminales en un objetivo identificado y con historial conocido. La negativa o la imposibilidad material [música] de cumplir con las exigencias monetarias es, en la gramática de estas organizaciones un acto que debe tener consecuencias visibles y pedagógicas.
Arrojar los cuerpos torturados de dos mujeres conocidas en [música] la vía pública principal de un barrio residencial a plena vista de los vecinos. A medianoche no es descuido operativo, es el mensaje. El corredor de Cosoleacaque, Minatitlán y Cuatzacalcos ha sido documentado históricamente como zona de operación prioritaria para células vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación.
La secuencia de detenciones registradas en este municipio petrolero dibuja la arquitectura del control territorial. En 2020, la [música] Secretaría de Seguridad Pública detuvo a Luis Alberto, alias el [música] Moro, identificado como operador local de extorsión y secuestro. En 2022 fue capturado Armando, alias el trascabo, cabecilla de la célula dedicada al cobro de piso en el mismo corredor industrial.
Ambas detenciones fueron presentadas públicamente como golpes al crimen organizado. Ambas detenciones, sin embargo, no modificaron la estructura operativa en el territorio. La capacidad de la organización para ejecutar una operación de este nivel de complejidad en mayo de 2026 confirma que la captura de operadores intermedios no desarticuló la red.
Las células tienen reemplazo, los mercados tienen comerciantes. La extracción de rentas continuó. El contexto institucional que rodea a este crimen específico añade una dimensión que va más allá de la violencia criminal ordinaria, si es que la expresión ordinaria [música] puede aplicarse a alguna forma de esta violencia. Cosoleque es gobernada por Cirilo Vázquez Parisi, militante del Partido Revolucionario Institucional, en un estado administrado por la gobernadora de Morena, Rocío Nale, la familia Vázquez Parisi, en la que Cirilo y su hermano Ponciano han alternado la
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alcaldía y escaños en el Congreso local durante [música] más de 15 años consecutivos, representa uno de los bastiones de oposición más consolidad. en el sur de Veracruz, dentro del nuevo mapa político dominado por Morena a nivel [música] estatal y federal. Esta geometría política no es un dato [música] anecdótico.
Es la variable que determina quién coordina con quién cuando hay una crisis de seguridad. [música] Los registros disponibles documentan que la fractura entre el municipio y el gobierno estatal no comenzó con [música] los feminicidios de mayo de 2026. El 18 de marzo de 2024, el entonces alcalde Ponciano Vázquez Parisi denunció públicamente a través de sus redes sociales y [música] con respaldo de la direncia nacional del PRI, que elementos de la Policía Estatal de Veracruz acudieron a su domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Los Eninos
de Kosoleaque comenzaron a fotografiar la vivienda y los automóviles estacionados. Y cuando el alcalde salió a cuestionar el operativo, uno de los uniformados extrajo un arma larga y cortó cartucho en su dirección. El episodio quedó registrado en video y fue difundido por el partido a nivel nacional. Vázquez Parisi declaró en ese momento que era la tercera ocasión en una semana que él y su personal de confianza vivían una situación similar y añadió que semanas antes la tesorera municipal había sido blanco de acciones similares.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Cuautemo Xzúñiga Bonilla, emitió un comunicado calificando los señalamientos de falsos y argumentando que la presencia policial respondía a una llamada al 9S 11 por violencia familiar en el fraccionamiento. El entonces gobernador Quitlaguak García Jiménez sostuvo la misma versión en conferencia de prensa al día siguiente, invitando al alcalde a interponer denuncia formal si consideraba que había elementos de ilicitud.
La denuncia formal nunca fue interpuesta. El comunicado de la SSP no fue retirado. Ambas versiones permanecen en el registro público sin resolución. Este episodio de 2024 no es ruido de fondo, es el patrón documentado [música] sobre el cual se superpone la tragedia de mayo de 2026, cuando una corporación policial estatal y un gobierno municipal no se coordinan, sino que se vigilan mutuamente con armas en la mano, el resultado operativo [música] concreto es que ninguno de los dos tiene inteligencia criminal utilizable sobre
[música] el territorio que nominalmente comparten. La delincuencia organizada no necesita corromper activamente a todas las instituciones [música] simultáneamente. Le basta con que esas instituciones estén demasiado ocupadas, confrontándose entre sí para construir redes de información conjunta, protocolos de respuesta coordinada o cadenas de mando funcionales en Cosoleacaque.
Ese es el escenario verificable. Una policía municipal que reporta a un alcalde priista, una policía estatal que responde a un gobierno de Morena, una fiscalía estatal que abrió una carpeta de investigación sin detenidos y una comunidad de comerciantes que, según los testimonios recogidos por Excelsior, asume que deberá incorporar el pago de la extorsión como un costo operativo más del negocio, porque el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de garantizarles [música] seguridad. Hay un precedente en este
mismo municipio que convierte el doble feminicidio de Ana Lilia y Yalina Cristal en algo más que una tragedia aislada y lo instala dentro de una secuencia documentable. El 15 de febrero de 2021, también en Cosoleacaque, también en las primeras horas de la madrugada un comando ingresó a la vivienda de la calle Correos en el barrio segundo, inutilizó al elemento de vigilancia apostado en el acceso y ejecutó dentro del domicilio a Gladis Merlín Castro, exalcaldesa del municipio y exdiputada local por el PRI, y a su
hija Carla Enriquez Merlín, de 27 años, quien en ese momento era mencionada como precandidata [música] de Morena a la alcaldía municipal. El crimen fue investigado bajo protocolo de feminicidio. La Fiscalía de Veracruz, la misma que hoy lleva el caso de Ana Lilia y Yalina Cristal, prometió entonces que no habría impunidad.
[música] A diferencia de lo que ocurre en 2026 en el caso Merlín Henríquez, la investigación sí produjo detenciones. En los meses posteriores al crimen, autoridades de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía de [música] Tabasco ejecutaron órdenes de aprensión contra varios implicados, entre ellos presuntos autores materiales capturados en la ranchería Montelargo del municipio tabasqueño de Macuspana.
En septiembre de 2025, [música] un tribunal del distrito judicial de Cuatzacoalcos dictó sentencia condenatoria contra cinco personas en el juicio oral 532024. Cuatro de ellos recibieron 55 años de prisión por feminicidio. Un quinto fue sentenciado a 45 años por homicidio doloso calificado. Las investigaciones establecieron que dos de los agresores materiales [música] eran escoltas personales de Carla Enríquez y que el móvil fue el robo de efectivo proveniente de las operaciones comerciales de la familia en una traición ejecutada desde el círculo más
próximo de confianza de las víctimas. La comparación entre ambos casos no es retórica, es estructural y produce preguntas concretas. En el caso Merlín Enríquez, la dimensión política de las víctimas, el perfil de alto impacto mediático del crimen y la presión federal generada por declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsaron una investigación que culminó 4 años después en condenas.
En el caso de Ana Lilia González Mateos y Yalina Cristal Lesama González, las víctimas no tenían perfil político, eran comerciantes, mujeres de mercado. El impacto mediático fue significativo durante 48 [música] horas y luego comenzó a diluirse en el ciclo noticioso. La fiscalía no [música] emitió comunicados.
El gobierno del estado no convocó ruedas de prensa. Ninguna autoridad federal se pronunció públicamente. La carpeta de investigación [música] existe en un sistema de gestión documental interno. Los responsables materiales operaron, ejecutaron y escaparon en un territorio donde la policía municipal [música] y la policía estatal estaban demasiado ocupadas en su confrontación política para construir una red de inteligencia capaz de anticipar o responder [música] a una operación de esta envergadura.
Lo que queda cuando se retiran los comunicados sin datos, las promesas de no impunidad y las lonas de luto sobre el local clausurado, es un registro de hechos verificables que construyen un panorama preciso, un municipio con dos décadas de violencia documentada por extorsión, una organización criminal con capacidad [música] operativa intacta, a pesar de las capturas de operadores intermedios en 2020 y 2022, una fractura institucional entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, que tiene registro público desde marzo de
2024 y que neutraliza cualquier posibilidad [música] de coordinación táctica efectiva. Una fiscalía que abrió una carpeta bajo protocolo de feminicidio y no ha informado de avances. una comunidad de comerciantes que según sus propios testimonios recogidos por medios verificables, ya ha calculado que la resistencia tiene un costo que no puede asumir y dos mujeres, madre e hija, que operaban un local de abarrotes en el mismo mercado municipal durante décadas, cuyos cuerpos con señales de tortura fueron arrojados
desde su propio vehículo a la vía pública a medianoche [música] frente a los vecinos de un barrio que los vio caer al pavimento y supo exactamente qué estaban viendo, aunque ninguno de ellos tenga nombre en ningún expediente oficial. El algoritmo de la impunidad en Veracruz no es complejo. Funciona porque sus componentes son verificables y nadie los ha detenido de manera sostenida.
La organización criminal identifica [música] objetivos con flujo de efectivo visible, establece la [música] cuota, ejecuta cuando la cuota no se paga o no se puede pagar. exhibe el resultado en la vía pública para calibrar el nivel de resistencia del resto de la comunidad [música] comercial y espera la respuesta institucional abre carpetas, promete [música] investigar y guarda silencio.
Los comerciantes del mercado Rafael Hernández Ochoa calculan. La gobernadora Rocío Nagle administra la narrativa de seguridad desde Shalapa. La Fiscalía de Verónica Hernández Giads gestiona expedientes. [música] El Ayuntamiento de Cirilo Vázquez Parisi registra el incidente en su municipio y en la calle Emiliano Zapata del barrio Cuarto, donde los cuerpos de Ana [música] Lilia González Mateos y Yalina Cristal Lesama González tocaron el asfalto en los primeros minutos del 18 de mayo de 2026.
No hay ninguna marca, ninguna señal, [música] ninguna evidencia visible de que el Estado estuvo alguna vez presente. Oke.
