Vehículos oficiales del Estado a las instalaciones de la FGTR en Ciudad Juárez. Periodistas grabando cada entrada, elementos de la Guardia Nacional apostados en el perímetro y entre los que llegaron a declarar, según trascendió en los reportes, figuraría Arturo Suani Portillo, un alto mando de la corporación, aunque ese dato todavía no ha sido corroborado oficialmente por la fiscalía.
Las fuentes consultadas dijeron que los policías estatales acudieron en calidad de testigos, no de imputados todavía, pero todos ellos rindieron declaración dentro de la carpeta de investigación abierta por delitos contra la seguridad nacional. Y eso, el lenguaje jurídico significa una cosa, que cualquiera de ellos puede pasar de ser testigo a imputado dependiendo de lo que diga.
Por eso esa imagen vale más que 1000 tweets, porque es la materialización de algo que en política mexicana no se veía desde hace tiempo. Funcionarios de un gobierno panista en activo desfilando ante la Fiscalía Federal por un caso de seguridad nacional. La FGRG en boca de Ulises Lara lo dejó claro. La única autoridad competente para realizar este tipo de indagatorias es la FGR.
Nadie más. Y esa frase fue dirigida directamente contra una maniobra que había intentado Maru Campos, crear su propia Comisión Estatal de Investigación con sus propios funcionarios para investigar el caso ella misma, una gobernadora investigándose a sí misma. Eso francamente da vergüenza ajena. Y la respuesta de la Fiscalía Federal fue de las que no admiten réplica.
Aquí no, aquí investigamos nosotros. Y hay un detalle en esta historia que no se ha mencionado y que cuando lo escuchen va a quedar todo claro, porque mientras Maru Campos creaba su comisión propia, los hombres que más sabían del operativo ya estaban hablando con la FGR y lo que están diciendo es lo que va a destapar todo en los próximos minutos.
Y mientras la FGR avanzaba, el Senado tampoco se quedó quieto. Los morenistas del Senado citaron formalmente a Marú Campos y al fiscal con licencia César Jaureggi a comparecer para que explicaran bajo qué condiciones se autorizó la colaboración con la CIA sin informar al gobierno federal. Citatorio formal. La gobernadora del estado de Chihuahua, llamada al Senado de la República a explicar por qué dejó entrar a agentes extranjeros con uniformes de la policía mexicana.
Es la primera vez en muchísimos años que algo así ocurre en este país y el PT en la Cámara de Diputados presentó por su parte la solicitud formal de juicio político contra ella. No una declaración, no una propuesta, una solicitud formal con expediente, con argumentos jurídicos, con los artículos 108,109 y 110 constitucionales como base.
Es decir, en cuestión de días contra Maru Campos se activaron simultáneamente cuatro frentes que cualquier asesor político le diría que son los más peligrosos para una gobernadora en funciones. La presidencia de Morena exigiendo su juicio político, el Senado citándola a comparecer, la Cámara de Diputados procesando la solicitud formal y la FGR moviendo 50 citatorios y dos carpetas penales.
Cuatro frentes, cuatro instituciones distintas, cuatro velocidades distintas, pero una sola dirección. Y eso en política significa una cosa, que la operación está calibrada al milímetro y que quien la ordenó sabe lo que está haciendo. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado y que cambia toda la conversación, porque mientras la oposición del PAN sale a defenderla diciendo que la quieren quemar con leña verde, la propia Maru Campos cometió un error que la dejó al descubierto frente a la presidenta Shane Baum. Y ese error
es el que vamos a destapar más adelante porque es la pieza que conecta toda esta historia. El error que cometió Maru Campos tiene fecha y tiene testigo presidencial. Ocurrió a inicios de mayo cuando la presidenta Claudia Shainba en uso de sus facultades como mandataria de la nación decidió tomar el teléfono y marcar directamente al despacho de la gobernadora de Chihuahua, la presidenta de México llamando a la gobernadora de un estado para hablar del escándalo de seguridad nacional.
más grave del momento. Cualquier gobernadora, en su sano juicio, habría tomado esa llamada. Cualquier gobernadora habría dejado lo que estaba haciendo. Habría pedido silencio en la oficina y habría atendido a la presidenta de la República, cualquiera. Pero Maru Campos no contestó. ¿Y qué hizo en su lugar? Dejó que el secretario particular respondiera con una frase que se quedó marcada en cada mañanera de los días siguientes, que la gobernadora no estaba en su oficina. Esa fue la excusa.
Esa fue la respuesta al máximo poder ejecutivo del país, porque uno escucha eso y no sabe si reír o llorar. La presidenta de la República llama a la gobernadora del estado, donde se está investigando una posible traición a la patria y la gobernadora no toma la llamada. Shane Bound lo contó ella misma en la mañanera del 4 de mayo, sin alterarse con la calma de quien sabe que no necesita levantar la voz para que el dato hable solo. Lo dijo así frente a las cámaras.
frente al país. La llamé y no estaba en su oficina”, contestó el secretario particular. Y a partir de ahí ese gesto se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente político que se está armando contra Maru Campos. Porque negarle la llamada a la presidenta de la República en este contexto no es un descuido, es un mensaje.
Es decirle al país que la gobernadora prefiere no hablar antes que dar explicaciones. Y eso en política es de las cosas que más caro se pagan. Shane Bound, sin embargo, no necesitó la llamada para mandar su mensaje, lo mandó desde la propia mañanera. dijo con esa firmeza tranquila que ya es marca de su gestión, que aquí no hay persecución política, que aquí lo que hay es cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.
Dijo que las autoridades de Chihuahua habrían colaborado con Estados Unidos sin apego al marco legal vigente. Dijo también una frase que en el contexto de la 4T tiene un peso específico. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Y al decirlo, mandó un mensaje doble. Por un lado, blindó la narrativa de su gobierno contra cualquier acusación de revanchismo político.
Por otro, le dijo a Maru Campo sin decírselo, “Si estamos investigando es porque hay pruebas.” Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque las pruebas que tiene la FGR no son un rumor, no son una filtración, son cosas que las propias autoridades chihuahüenses ya admitieron en público. Y si esto que admitieron ya es así de fuerte, no quiero ni imaginarme lo que están encontrando dentro de las carpetas que aún no se han hecho públicas.
Mientras todo esto pasaba en lo institucional, la calle también empezó a moverse. El 4 de mayo, más de 300 personas marcharon por el centro de Chihuahua, exigiendo la destitución de Marú Campos por traición a la patria. No fue una multitud gigante, hay que decirlo con honestidad, pero tampoco era esperable que en el corazón de un estado panista, donde el PAN lleva años gobernando, salieran cientos de ciudadanos a la calle a pedir el juicio político de su propia gobernadora.
La policía vial de la ciudad bloqueó el centro para que la marcha avanzara de manera pacífica y los letreros que llevaban los manifestantes decían exactamente lo mismo que estaba diciendo Ariatna Montiel desde la Ciudad de México. Traidora a la patria fuera. Esa coincidencia entre la calle y la dirigencia nacional no es casualidad, es termómetro.
Cuando una gobernadora pierde el respaldo de la calle en su propio bastión, la cuenta regresiva ya empezó. La defensa pública de Maruc Campo se ha movido por dos vías que cualquier asesor político le hubiera recomendado. La primera, presentarse como víctima de una persecución por combatir al narco. Lo dijo varias veces en estos días.
A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. La referencia obvia era para Rubén Rochamoya, el gobernador con licencia de Sinaloa. La segunda vía fue institucional. Anunció la creación de su propia comisión estatal de investigación para el caso de los agentes de la CIA.
Una comisión nombrada por ella misma, integrada por funcionarios de su propio gobierno, para investigar un escándalo en el que ella misma está señalada, lo cual francamente da vergüenza ajena. Y la respuesta de la FGR a esa maniobra fue de las que no admiten réplica, porque cuando una gobernadora intenta investigarse a sí misma es porque ya no le queda otra carta que jugar.
Pero la carta que la FGR tiene guardada va a cambiar el tablero entero. Si usted disfrutó tanto como yo viendo a una gobernadora panista tener que dar este tipo de explicaciones tan ridículas, suscríbase a este canal. Aquí vamos a cubrir cada momento en que estos personajes que se sintieron intocables se exhiben solos. Sigamos.
La defensa del PAN en el plano nacional siguió la misma línea de victimización. El senador Marco Cortés salió a decir que Morena es candil de la calle, oscuridad en su casa, que pretende enjuiciar a la gobernadora por combatir al crimen mientras protege a sus propios funcionarios señalados por vínculos con el narco.
Ricardo Anaya, otro de los rostros del PAN en el Senado, dijo que la quieren quemar con leña verde para ocultar lo que está pasando con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Héctor Saúl Télez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, sostuvo el mismo argumento y aquí hay que ser justos. Una parte del argumento de la oposición tiene lógica política.
Morena efectivamente tiene su propio escándalo con Rocha Moya en Sinaloa y los morenistas no pueden pretender que ese tema no exista. Pero la diferencia, dirán los morenistas y dirán también los abogados que están viendo el caso, es que aquí no hay un señalamiento de delitos comunes ni una acusación de Estados Unidos.
Aquí hay agentes extranjeros operando en territorio nacional con uniformes de la policía mexicana. Eso es un problema constitucional, no comparable. Y este es el punto donde hay que detenerse a analizar lo que está pasando con verdadera profundidad, porque hay un dato que los noticieros tradicionales han pasado por encima sin dimensionar lo que significa.
El 27 de abril, apenas 9 días después del operativo en la Sierra del Pinal, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jauregui Moreno, presentó su renuncia. La presentó en pleno fuego cruzado, justo cuando la FGT estaba abriendo las carpetas de investigación, justo cuando los senadores empezaban a pedir cuentas, justo cuando la presidenta Shane Baown ya hablaba del tema en sus mañaneras, un fiscal estatal no renuncia en plena tormenta por casualidad.
Un fiscal estatal renuncia cuando sabe que lo que viene encima ya no se puede contener desde su silla. Y la pregunta que se está haciendo la FGRG ahora mismo es la más incómoda de todas. ¿Qué le dijo Jauregiui a Maru Campos antes de irse? ¿Qué versión les dejó sobre la mesa? Porque lo que ese fiscal sabe podría ser la pieza que termine de armar el rompecabezas completo.
Hay otro elemento que hay que tener presente para entender el tamaño del problema. El operativo del 18 de abril no fue improvisado. El narcolaboratorio en la Sierra del Pinal estaba siendo vigilado desde hace meses. Eso significa que la coordinación entre las autoridades estatales y los agentes de la CIA tampoco fue de un día para otro.
Es decir, la presencia de esos agentes en suelo chihuahüense no fue un visitante ocasional que entró el lunes y salió el martes. Fue una operación sostenida en el tiempo. Y para que una operación así se sostenga tuvo que haber una infraestructura de apoyo, hospedaje, transporte, comunicaciones, equipamiento, uniformes, identificaciones.
toda esa infraestructura sale de algún presupuesto, sale de algún expediente, sale de alguna autorización firmada y todo lo que sale firmado en algún momento llega a manos de la FGR. Esa es la parte que los investigadores están reconstruyendo en este momento y los nombres que están apareciendo en esas reconstrucciones, según las versiones que circulan, no son solo los de funcionarios de tercer nivel.
Y por eso es que la primera acción política de Ariadna Montiel como presidenta de Morena no fue casual, fue estrategia pura, apenas 48 horas en el cargo y ya estaba ejecutando la jugada que tenía planeada. Fue mandar un mensaje doble a los gobernadores opositores. El mensaje era, “Se acabó la barra libre. Si pisan la línea de la soberanía nacional, no va a haber tolerancia.
” a su propia tropa morenista. El mensaje era, “Esta diriligencia va a ser frontal, no va a haber diplomacia con la oposición que viole la Constitución.” Y a la presidenta Shane Baum el mensaje era, “Yo soy la pieza que necesitas en el partido para complementar lo que tú haces desde Palacio Nacional.” Y eso, en términos políticos, es de los movimientos más efectivos que se han visto en mucho tiempo dentro de Morena.
Pero todavía falta el dato más fuerte de toda esta historia, el dato que nadie está contando con la profundidad que merece. Porque cuando lo escuchen van a entender por qué este caso no termina con Maru Campos, termina con algo mucho más grande. El dato que nadie está contando con la profundidad que merece tiene que ver con una pregunta que la FGR ya está investigando en silencio y que cambia toda la dimensión del caso.
La pregunta no es si hubo agentes de la CIA operando en Chihuahua el 18 de abril. Esa pregunta ya está respondida y la respuesta es sí. La pregunta de fondo, la que los investigadores federales están reconstruyendo en este momento con expedientes, declaraciones y registros telefónicos es si ese fue el único operativo o si hubo más.
Si los agentes vestidos con uniforme de la policía estatal de Chihuahua estuvieron entrando y saliendo del estado durante meses o incluso años sin que el gobierno federal supiera nada. Y si la respuesta a esa pregunta es lo que algunos senadores están deslizando en privado, entonces el operativo del 18 de abril no es el escándalo, es apenas la punta visible de un esquema de cooperación informal que llevaba mucho tiempo funcionando entre el gobierno panista de Chihuahua y agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y eso, si se confirma,
no solo hunde a Maru Campos, compromete a todo un círculo de funcionarios, asesores y operadores políticos que durante años se sintieron por encima de la ley. Esos nombres están saliendo en las comparecencias y cuando se hagan públicos, lo que pasó esta semana se va a quedar corto. Y aquí es donde hay que conectar los puntos para entender la magnitud histórica del momento, porque lo que está pasando con Maru Campos no es un caso aislado, es la prueba en vivo de que en este sexenio las reglas del juego cambiaron. Durante décadas los
gobernadores opositores en México operaron con una sensación de blindaje que les permitía hacer y deshacer en sus estados sin que la federación les pisara los talones. El fuero los protegía. Las relaciones con Estados Unidos se manejaban en los pasillos. sin que nadie pidiera cuentas. Y mientras se mantuvieran cerca de ciertos intereses económicos y políticos, sabían que sus errores se iban a quedar en los muros de su entidad.
Esa era la regla no escrita del periodo neoliberal. Y lo que está demostrando el caso de Maru Campos con la FGR moviendo 50 citatorios en una semana, con Ariadna Montiel exigiendo el juicio político desde su primer día de gestión, con la presidenta Shane Baum hablando del tema en cada mañanera, es que esa regla ya no aplica y los demás gobernadores opositores del país están viendo esto con muchísima atención.
Maru Campos, por su parte, sigue siendo la gobernadora en funciones. Hay que decirlo con todas sus letras para no perder el rigor procesal. El juicio político todavía no ha sido iniciado formalmente, solo solicitado. La FGRE sigue en fase de investigación. Las dos carpetas están abiertas, sí, pero todavía no hay imputaciones formales contra ella.
La oposición se aferra a eso, a que mientras no haya pruebas duras y firmadas, todo es presunción. y tienen razón en lo procesal, hay que reconocerlo. Pero cualquier observador honesto, viendo la cantidad de elementos que ya están sobre la mesa, las renuncias, las marchas, los citatorios, las dos carpetas abiertas, las declaraciones de los senadores, la presión política nacional y la respuesta institucional coordinada, tiene que admitir que es muy difícil imaginar un escenario en el que esto se quede en nada. Si esto fuera un caso menor, no
habrían citado a 50 funcionarios. Si esto fuera un malentendido, el fiscal estatal no habría renunciado. Si esto no tuviera fondo, la presidenta de la República no estaría tomándose el tiempo de hablar del tema en cada mañanera. Las señales están a la vista de cualquiera que quiera leerlas.
Y hay un detalle humano de toda esta historia que vale la pena rescatar al final, porque detrás de cada escándalo político hay personas reales que cargaron con las consecuencias. En ese accidente del 19 de abril, en la Sierra del Pinal, murieron cuatro personas, dos agentes estadounidenses, sí, pero también dos servidores públicos mexicanos.
Pedro Romano Ceguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación y un subordinado suyo. Hombres que fueron al operativo cumpliendo órdenes, sin saber probablemente la dimensión política y constitucional de lo que estaba pasando. Hombres con familias, con hijos, con esposas que hoy quieren saber para qué murieron.
Y esa pregunta, francamente, es la que más le pesa a la sociedad chihuahüense en este momento. Porque mientras Maru Campos crea comisiones para investigarse a sí misma y los senadores del PAN hablan de leña verde, hay familias mexicanas enterrando a sus hombres. Si a usted se le mueve algo por dentro pensando en esos policías muertos por culpa de una operación que nunca debió existir, suscríbase a este canal.
Aquí no vamos a dejar que estas historias se queden olvidadas entre los pliegues de los discursos políticos. Lo que pasa en las próximas semanas con el caso de Maru Campos va a marcar un antes y un después en la política mexicana. Si la FGR avanza con las imputaciones formales, si el juicio político prospera en la Cámara de Diputados, si los nombres que están apareciendo en las comparecencias terminan en imputaciones penales, vamos a estar viendo en vivo el primer gran golpe a una gobernadora panista en muchísimos años. Un golpe que
va a cambiar el cálculo político de todos los que pensaban que el PAN seguía siendo intocable en el norte del país. Y si en cambio el caso por algún tecnicismo, por algún blindaje legal o por algún juego de fuero termina diluyéndose, entonces la pregunta será otra. ¿Por qué ni con todos estos elementos sobre la mesa se logró tocar a una gobernadora opositora? Pero todo apunta, según las versiones que están circulando, a que la primera opción es la que se está moviendo y a que los nombres que están saliendo en las
carpetas no son solo los de funcionarios de segundo nivel. Hay nombres que la gobernadora va a tener mucha dificultad en explicar cómo aparecen en una operación que ella asegura desconocer. Y cuando esos nombres se hagan públicos, lo que pasó esta semana se va a quedar muy corto, porque el siguiente movimiento de esta historia es uno que va a sacudir a Chihuahua y al país entero y lo van a entender perfectamente cuando vean el video que les voy a dejar a continuación. Yeah.
