Una profunda consternación y un encendido debate sobre la seguridad y los protocolos internos de la Policía Nacional han sacudido a la sociedad dominicana tras conocerse los trágicos detalles que rodean la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco. Lo que debió ser una noche de júbilo y celebración familiar en honor al cumpleaños de la madre del oficial retirado se transformó, en fracciones de segundo, en una escena de dolor indescriptible y luto eterno. Los hechos, ocurridos en el populoso sector de La Ciénaga, han llevado al Ministerio Público a actuar con firmeza, solicitando de manera formal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el cabo policial implicado de forma directa en este lamentable incidente.
El principal encartado en este proceso judicial ha sido identificado de manera oficial como Elpidio Antonio Acosta, un cabo activo de la Policía Nacional que pertenecía a la denominada unidad “Topo”. Acosta fue arrestado en flagrante delito inmediatamente después de que ocurriera el suceso que segó la vida de Polanco. A pesar de las aclaraciones iniciales de las autoridades y de la propia institución del orden, las platafo
rmas digitales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre el rango de la víctima, obligando al vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, a aclarar públicamente la condición de la víctima, ratificando con pesar el fallecimiento del teniente coronel en honrosa condición de retiro.
De acuerdo con las instancias de la solicitud de medidas de coerción, presentadas bajo la estricta supervisión de la procuradora de la Corte, Santa Matilde Reyes Valenzuela, encargada del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, el fatídico hecho se registró el pasado domingo 10 de mayo, aproximadamente a las 10:20 de la noche. En ese preciso momento, el teniente coronel retirado Carmelo Polanco compartía de forma amena y cercana con sus seres queridos en la vivienda de su progenitora. La atmósfera festiva se vio abruptamente interrumpida cuando una patrulla de la unidad Topo transitaba por la zona.
La referida patrulla estaba integrada, además del imputado Elpidio Antonio Acosta, por el cabo Smerlin Antonio Alcántara Familia, el sargento mayor Brian Rafael Jerez Hernández y el sargento Juan Lorenzo Rodríguez. Según las declaraciones recolectadas por los investigadores asignados al caso, los agentes del orden público se encontraban en el sector realizando labores de patrullaje y búsqueda activa de un presunto delincuente que operaba en las inmediaciones de La Ciénaga. Las pesquisas preliminares establecen que, justo al pasar frente a la residencia donde la familia Polanco celebraba el cumpleaños, se escucharon dos detonaciones provenientes inequívocamente desde el interior del vehículo oficial de la policía.
Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó la anatomía del oficial retirado por la espalda, dejándolo gravemente herido en el suelo ante la mirada atónita y desesperada de sus familiares. Ante la gravedad de la situación, los mismos agentes de la patrulla auxiliaron a la víctima y la trasladaron de urgencia hacia el Hospital Docente de la Policía Nacional. En dicho centro hospitalario, Polanco fue ingresado inmediatamente al quirófano y sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Pese a los ingentes esfuerzos de los médicos especialistas, el teniente coronel retirado falleció poco después debido a la severidad de la herida de arma de fuego recibida.
En el transcurso de las primeras indagaciones en la escena del crimen, el cabo Elpidio Antonio Acosta procedió a la entrega voluntaria de su arma de reglamento a sus superiores. En sus declaraciones iniciales, el imputado manifestó de manera insistente que el disparo mortal se produjo de forma totalmente involuntaria y accidental, alegando que la detonación ocurrió mientras manipulaba de forma rutinaria su arma de fuego dentro de la patrulla. Sin embargo, el Ministerio Público y los peritos forenses han avanzado con celeridad para esclarecer minuciosamente la dinámica de los hechos y determinar si existió una negligencia punible o una violación flagrante a los manuales de uso de la fuerza.
La inspección técnica-policial realizada con rigurosidad en el lugar del suceso arrojó conclusiones determinantes que sustentan la acusación fiscal. Los investigadores lograron comprobar que el disparo letal se originó efectivamente desde el interior del habitáculo del vehículo policial, logrando atravesar el lado derecho de la estructura automotriz antes de alcanzar a Polanco. Asimismo, los análisis químicos y científicos practicados por la Dirección de Área de la Policía Científica confirmaron de manera irrefutable la presencia notoria de residuos de pólvora en el arma asignada al cabo Acosta, lo que robustece la hipótesis de que él fue quien accionó el gatillo.
Por otra parte, el informe pericial emitido de forma oficial por el Departamento de Balística Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) terminó por sepultar cualquier margen de duda. Los estudios científicos revelaron que el proyectil extraído con posterioridad del cadáver de la víctima coincide de forma idéntica con los proyectiles de referencia obtenidos mediante los disparos de prueba realizados con el arma de reglamento que le fue ocupada al procesado. Con estas evidencias materiales y científicas sobre la mesa, la Fiscalía del Distrito Nacional ha calificado el hecho, de manera preliminar, como una muerte involuntaria causada por imprudencia manifiesta.
Mientras el proceso judicial sigue su curso legal y se espera el conocimiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, los restos del teniente coronel retirado Carmelo Polanco ya han recibido cristiana sepultura en medio de profundas muestras de dolor, lágrimas y reclamos de justicia por parte de sus allegados. La tragedia ha reabierto un debate crucial en las redes sociales y la opinión pública: los ciudadanos se cuestionan con insistencia si la responsabilidad penal debe recaer única y exclusivamente sobre el cabo Elpidio Antonio Acosta o si, por el contrario, los demás miembros de la patrulla que lo acompañaban esa noche deberían enfrentar consecuencias legales por no haber supervisado de forma adecuada las acciones de su compañero de labores. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades prometen total transparencia.
