En 1997, 3 años antes de morir, Fernando Gutiérrez Barrios le dijo a un periodista algo que nunca salió publicado. Le dijo con la calma de quien no necesita demostrar nada, que él sabía exactamente cuándo iba a morir cada presidente de México desde Díaz en adelante. No que lo iba a predecir, que lo sabía de antemano.

 El periodista pensó que era una metáfora, no lo era. Lo que los archivos que salieron de su casa en la colonia Roma Sur revelan es esto. Gutiérrez Barrios no era el hombre de confianza del PRI, era algo diferente. Era el hombre que tenía los archivos que el PRI temía. Y eso en México es un tipo de poder que no aparece en ningún organigrama.

 Pero eso no fue todo, porque lo que nadie esperaba encontrar en esa casa, en esas cajas que sus herederos tardaron más de 2 años en abrir, era la evidencia de un aparato de espionaje tan sistemático, tan minucioso, tan personal, que reescribe lo que creía saber sobre cómo funcionó el régimen priista durante cuatro décadas.

 No estamos hablando de espiar a opositores, eso ya lo sabías. Estamos hablando de espiar a los propios, a los presidentes, a los secretarios de Estado, a los candidatos antes de que supieran que iban a ser candidatos, a las esposas, a los amantes, a los médicos. Si creés que este país alguna vez va a conocer la historia real de cómo se ejerció el poder en el siglo XX, suscribite porque este canal existe para contar lo que los libros de historia no cuentan y los medios no se animan a decir.

Hoy te voy a mostrar cuatro cosas. ¿Quién fue realmente Fernando Gutiérrez Barrios? ¿Cómo funcionaba el aparato de vigilancia interna del PRI? ¿Qué había exactamente en esos microfilmes y cacetes? ¿Y por qué esos archivos nunca llegaron a los tribunales? ¿Quién se encargó de que no llegaran? ¿Y qué pasó con los periodistas que intentaron publicarlos? Cuatro revelaciones, una detrás de la otra.

 Y te anticipo la última es la que más duele porque no involucra a nadie que ya esté muerto. El hombre que sabía demasiado. Hay un detalle sobre Gutiérrez Barrios que casi ningún perfil biográfico menciona. Nació en 1927 en Veracruz, en una familia de clase media con conexiones al ejército y cuando tenía 22 años entró a la Dirección Federal de Seguridad, la de FS, como agente operativo de campo, no como funcionario, como agente.

 El tipo que sigue a la gente, el tipo que levanta archivos, el tipo que escucha conversaciones que no debería escuchar. Para entender lo que eso significa, tenés que entender que era la DFS en 1949. No era una agencia de inteligencia en el sentido moderno. Era una estructura de control político disfrazada de policía secreta construida con asesoría técnica estadounidense que nunca fue reconocida oficialmente.

Su función declarada era la seguridad interior del Estado. Su función real era asegurar que el PRI nunca perdiera el control. Para eso necesitaba saber todo sobre todo el mundo. Lo que diferenciaba Gutiérrez Barrios de otros agentes era su capacidad de relacionamiento. No era el tipo que golpeaba la puerta, era el tipo que tomaba el café.

construyó una red de fuentes dentro del propio aparato gubernamental que con el tiempo se volvió más valiosa que cualquier operativo externo. Secretarias de funcionarios de alto nivel que lo llamaban cuando veían algo inusual. Chóeres, guardaespaldas, la gente invisible que está presente en todas las conversaciones importantes porque los jefes nunca piensan que los invisibles escuchan.

Para 1958 ya era subdirector operativo de la DFS, una posición que en términos formales era media, pero en términos de acceso era la más sensible de la secretaría. Él controlaba los archivos, él decidía que se archivaba, qué se destruía y sobre todo que no se archivaba de manera oficial, pero se guardaba de manera extraoficial.

 Ese es el detalle que cambia todo. Los archivos formales pueden ser auditados, destruidos por orden superior, reclamados en un juicio. Lo que alguien guarda en su casa en microfilmes escondidos detrás de los libros de su biblioteca personal no existe para nadie hasta que alguien lo encuentra. En 1964 comenzó algo que los registros internos describen con un eufemismo burocrático casi cómico, programa de documentación histórica ampliada, lo que significa traducido sin ambigüedades.

 Gutiérrez Barrios empezó a duplicar sistemáticamente los archivos más sensibles de la DFS y a quedarse con copias personales. No expedientes sobre comunistas o estudiantes disidentes, expedientes sobre miembros del propio PRI, sobre funcionarios de alto nivel, sobre presidentes. ¿Por qué? Los investigadores que tuvieron acceso a fuentes cercanas a su familia están divididos en dos lecturas que no son excluyentes. La primera es instrumental.

Estaba construyendo un seguro de vida. En un régimen donde el presidente siguiente podía destruir al anterior con la misma facilidad con que lo había construido. Tener archivos comprometedores sobre todos era la única garantía real de seguir vivo y libre. La segunda lectura es más perturbadora, que lo hacía porque podía, porque el poder real en México nunca fue el que aparecía en los organigramas, sino el que se ejercía desde las sombras.

 Y él lo sabía mejor que nadie. Las dos son probablemente ciertas al mismo tiempo. En 1968 llegó el primer test real de ese poder, el movimiento estudiantil. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, la operación coordinada entre la presidencia, la defensa nacional y la DFS. Gutiérrez Barrios no era el director, pero era el número dos operativo.

 Sabía lo que se estaba planeando. Tenía los informes de los infiltrados en los comités estudiantiles. Sabía cuántos estudiantes había en la plaza de las tres culturas esa tarde y sabía exactamente qué órdenes se habían dado y quién las había firmado. Esa información guardada en microfilmes, que en teoría deberían haberse destruido antes de que terminara el año, fue la primera pieza verdaderamente peligrosa de su archivo privado.

 No porque lo comprometiera a él, sino porque comprometía a personas que en 1970 iban a tener más poder del que habían tenido en 1968. Cuando Luis Echeverría llegó a la presidencia ese año, Gutiérrez Barrios ya era director de la DFS. Tenía 43 años, una red de fuentes prácticamente inalcanzable para cualquier auditoría y un archivo personal que ya incluía grabaciones en cassette, fotografías y microfilmes de documentos que en teoría habían sido destruidos por orden de superiores que daban por hecho que las órdenes se cumplían.

Echeverría sabía que Gutiérrez Barrios tenía los documentos del 68, no la versión oficial, lo que pasó de verdad, las órdenes, los firmantes, el número real de muertos que nunca apareció en ningún parte oficial y Gutiérrez Barrio sabía que Cheverría lo sabía. Esa fue la base de una relación que duró 15 años y que no era lealtad, sino equilibrio de terror.

 Ese equilibrio de terror fue el modelo de todas sus relaciones políticas durante las cuatro décadas siguientes con de la Madrid, que lo nombró secretario de Gobernación en 1988, con Salinas, bajo cuya presidencia terminó su último cargo formal. con cada actor relevante del régimen que en algún momento creyó que don Fernando era su aliado.

 No era el aliado de nadie, era el hombre que tenía los archivos, lo que el aparato recolectaba. Atento a lo que viene, porque esta parte es la que más incomoda, no porque sea la más violenta, sino porque describe un sistema con una racionalidad interna perfecta, una lógica que tiene todo el sentido del mundo si aceptas sus premisas.

 Los investigadores que trabajaron el caso entre 2001 y 2004 describen el material encontrado en la Roma Sur con una palabra antes que cualquier otra. precisión, no la cantidad de documentos, no los nombres que aparecen. La precisión, la sistematicidad de una operación que llevaba décadas funcionando sin que nadie la conociera completamente fuera de un círculo de tres o cuatro personas.

El aparato de Gutiérrez Barrios tenía tres niveles. El primer nivel es el más conocido. Vigilancia de opositores políticos, sindicatos independientes, periodistas críticos, intelectuales sospechosos. Era violatorio de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos. Derivó en desapariciones y torturas.

 Y es el nivel que la historia registró cuando los archivos formales de la DFS se abrieron parcialmente en los 90. Era terrible, pero dentro de la lógica del régimen era lo esperado. El segundo nivel es donde empieza a ponerse interesante. Vigilancia sistemática de los cuadros medios y altos del propio PRI.

 gobernadores, senadores, dirigentes sindicales, presidentes municipales de ciudades importantes. El objetivo era identificar ambiciones no declaradas, conexiones financieras fuera del partido, vulnerabilidades que pudieran usarse para presionar o para destruir a alguien que se saliera de los límites tácitos. El PRI no necesitaba usar la violencia contra sus propios miembros con frecuencia, precisamente porque la amenaza implícita de ese archivo era suficiente.

 Todo el mundo sabía que la DFS sabía algo sobre cada uno. Eso solo era suficiente para mantener la disciplina. El tercer nivel es el que estaba exclusivamente en el archivo privado de Gutiérrez Barrios y no existía en los sistemas formales de la DFS. Vigilancia de los titulares del ejecutivo y sus círculos más inmediatos.

 Presidentes en ejercicio, presidentes salientes, candidatos presidenciales en los meses previos a ser anunciados, cuando el proceso de selección era completamente opaco y saber el nombre antes que nadie era el activo más valioso del universo político mexicano. Los hijos de los presidentes, cuyos negocios el Estado facilitaba de maneras que no resistían el escrutinio público.

 los médicos personales, cuyo acceso a la salud real de los mandatarios era inteligencia de primera categoría, en un sistema donde la salud del titular determinaba los tiempos de todas las operaciones políticas. ¿Cómo funcionaba ese tercer nivel? Tres capas que se reforzaban entre sí. Primera capa, técnica.

 Intervención de comunicaciones privadas a través de la infraestructura telefónica del Estado, personal técnico especializado que reportaba directamente a Gutiérrez Barrios al margen de la cadena de mando formal, lo que significa que las grabaciones no entraban en los archivos oficiales de la ADF S, sino directamente en el sistema privado. Segunda capa.

Humana, una red de fuentes dentro de los círculos de servicio, cocineras, personal de limpieza, meseros de restaurantes donde los funcionarios tenían reuniones no protocolares, personal de hoteles donde se llevaban a cabo conversaciones discretas. En muchos casos, estas fuentes no eran conscientes de que estaban operando para un sistema de inteligencia.

 Simplemente conocían a alguien que conocía a alguien y a veces mencionaban cosas que Gutiérrez Barrios encontraba útiles. Tercera capa, la más sofisticada, la construcción de relaciones de confianza personal, no infiltración, amistad, o algo que se parecía tanto a la amistad que era imposible distinguirlo desde adentro. Gutiérrez Barrios era conocido en los círculos políticos del DF como alguien de trato excepcional, discreto, capaz de guardar un secreto.

Esa reputación construida durante décadas lo habilitaba para ser invitado a los espacios donde se tomaban las decisiones reales. Cenas privadas donde los presidentes hablaban sin la guardia puesta, los desayunos informales donde se negociaban las sucesiones, las conversaciones de pasillo en Los Pinos que no tenían testigos porque todos los presentes daban por sentado que don Fernando era de los propios.

No era de los propios de nadie, era de sí mismo. Mientras todos creían que era su aliado, él llegaba con equipamiento de grabación miniaturizado, tecnología de punta obtenida a través de canales de cooperación con agencias de inteligencia extranjeras y construía el archivo. Hay un detalle operativo que dice mucho sobre el carácter de Gutiérrez Barrios.

Nunca usó a los mismos operadores para los tres niveles. Las personas que ejecutaban la vigilancia de opositores no sabían nada del tercer nivel. Las que manejaban las fuentes humanas en los círculos de servicio no tenían contacto con el personal técnico que intervenía comunicaciones. Era una compartimentación casi perfecta que garantizaba que si algún eslabón se rompía, el daño se limitara a un segmento y que si alguien quisiera armar el cuadro completo, necesitara reunir piezas en manos de personas que nunca se

habían visto entre sí. Eso también explica por qué en más de 20 años desde su muerte, ningún operador del sistema habló públicamente de manera verificable. No solo por miedo, porque ninguno tenía el cuadro completo, solo Gutiérrez Barrios lo tenía y se lo llevó a la tumba o lo dejó en las cajas de la Roma Sur, que dependiendo de a quién le preguntes, es básicamente lo mismo.

Lo que hay en los microfilmes. Un microfilme es un negativo fotográfico de documentos, pequeño, casi indestructible, si se guarda en condiciones mínimas. Un rollo del tamaño de tu pulgar puede contener miles de páginas. Para alguien que quería duplicar archivos oficiales sin que nadie lo notara, era la tecnología perfecta.

 Los investigadores que tuvieron acceso parcial al material encontrado en la Roma Sur identifican cuatro categorías distintas organizadas con la meticulosidad de alguien que sabía que estaba construyendo algo para la historia. La primera categoría son los registros del 68, no los informes generales sobre el movimiento estudiantil que ya aparecen en los archivos formales abiertos en los 90.

 Estamos hablando de las comunicaciones internas entre la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de FS en los días previos y posteriores al 2 de octubre. las minutas de las reuniones donde se coordinó la operación, los memorandos con los objetivos y los límites de lo que estaba autorizado, y crucialmente los documentos que registran exactamente quién firmó qué mo.

 Esta categoría podría terminar con el debate que lleva más de 50 años sin resolverse sobre la cadena de responsabilidades en Tlatelolco. Hay preguntas que historiadores, jueces y familias de las víctimas llevan décadas haciéndose. Los microfilmes de Gutiérrez Barrios, según las fuentes que los vieron, aunque sea fragmentariamente, contienen respuestas concretas, con nombres propios, con fechas exactas, con firmas.

Echeverría aparece mencionado en al menos dos de esos registros, pero no es el único nombre. y los otros nombres corresponden a personas cuyas familias siguen siendo actores relevantes en la política y los negocios mexicanos hoy. La segunda categoría son los expedientes de las sucesiones presidenciales. Al menos tres procesos de selección del candidato del PRI están documentados con un nivel de detalle que no existe en ninguna fuente pública.

 la de 1976 que llevó a López Portillo, la de 1982 que llevó a Dea Madrid y la de 1988 que llevó a Salinas de Gortari. En los tres casos, los microfilmes documentarían no el resultado, sino el proceso. Las conversaciones previas, los vetos, las figuras descartadas y las razones por las que fueron descartadas. En algunos casos razones políticas en el sentido obvio, en otros casos razones exactamente del tipo que el archivo de Gutiérrez Barrios podía documentar.

información personal que hacía al candidato potencial demasiado vulnerable, demasiado expuesto, demasiado difícil de controlar una vez en el poder. Eso segundo es lo que los académicos del régimen priista llaman el filtro de inteligencia de la sucesión. El candidato ganador no era solo el políticamente más conveniente, era el que el sistema había determinado que era más controlable.

 Y la determinación de esa controlabilidad dependía en parte del tipo de información que la DFS tenía sobre cada figura. Gutiérrez Barrios fue uno de los actores centrales de ese filtro. Lo que sus microfilmes documentarían es exactamente cómo funcionó en tres de los procesos más importantes del siglo 20 mexicano. La tercera categoría es la que más ruido generó en los corrillos periodísticos después del 2000.

Los registros de lo que varias fuentes describen como reuniones no oficiales de un grupo específico de figuras políticas y empresariales que operó de manera sostenida durante al menos tres ***enios desde la mitad de los 70 hasta bien entrados los 90. Lo que esos microfilmes documentarían no son opiniones políticas, sino operaciones financieras.

Los contratos del Estado que se asignaban en esas reuniones antes de que ningún funcionario formal tuviera conocimiento, los flujos de dinero entre empresas privadas y estructuras del partido, los mecanismos para transformar recursos públicos en capital privado de una manera que era imposible rastrear desde afuera, pero perfectamente documentada desde adentro.

 La implicación de eso es más presente que histórica. Los registros financieros documentan la creación de fortunas que todavía hoy existen, que todavía hoy están activas en la economía mexicana y que en algunos casos todavía pertenecen a personas o familias cuyos nombres aparecen en los microfilmes. Lo que esos documentos harían si fueran públicos no es principalmente legal, porque el derecho mexicano tiene prescripciones que los protegen.

narrativo. Cambiarían la historia oficial de cómo se construyeron algunas de las grandes fortunas mexicanas de la segunda mitad del siglo XX. Y ahora la cuarta categoría, la que ninguna fuente quiso detallar completamente, pero que todas escribieron con suficiente consistencia como para entender de qué estamos hablando.

cassetes de audio, no grabaciones de reuniones formales, conversaciones grabadas en espacios privados con dispositivos lo suficientemente pequeños como para que nadie en el cuarto supiera que estaban ahí. Conversaciones donde la gente habla sin elegir las palabras, con la soltura de quién cree que está en uno de los pocos espacios seguros que le quedan.

 Algunas tienen fechas y nombres escritos a mano en la etiqueta. con la caligrafía ordenada de un archivista que era consciente de que estaba construyendo algo para la historia. Otras tienen solo iniciales. Las fuentes que escucharon fragmentos antes de que el acceso se cerrara describen la misma sensación. escuchar algo que no debería existir, una voz que reconoces de discursos y declaraciones públicas, hablando de un modo que nunca usaría frente a ninguna cámara.

Con la franqueza de la intimidad, con el cinismo de alguien que cree que no lo escucha, nadie fuera de su círculo de confianza. En al menos uno de esos cassetes, según una fuente que habló con un periodista de investigación en 2003, hay una conversación en la que un expresidente de México reconoce su responsabilidad directa en una decisión que todavía hoy, en 2026 no tiene ningún proceso judicial abierto en este país.

 una decisión que afectó a personas cuyas familias todavía están buscando respuestas. Lo que hace que ese cassete sea particularmente importante más allá de su contenido, es el contexto en que fue grabado. No es una conversación intervenida a distancia, es una grabación hecha en un espacio donde Gutiérrez Barrios estaba presente, lo que significa que el expresidente le estaba hablando a él en un contexto donde creía que hablaba con alguien de absoluta confianza y que Gutiérrez Barrios grabó esa conversación y la guardó en la caja con la etiqueta

escrita a mano. Eso no es solo espionaje, es la demostración de que la relación que el expresidente creía tener con Gutiérrez Barrios, esa confianza de décadas, esa lealtad que se daba por sentada era en realidad el instrumento más refinado del archivo. El momento en que alguien te confiaba algo, ese momento ya era parte de la colección.

 No voy a decir el nombre del expresidente. Todavía no, porque lo que viene ahora es exactamente lo que explica por qué ese nombre no ha salido nunca a la luz, porque esos archivos nunca llegaron a un tribunal. Gutiérrez Barrios murió el 16 de noviembre del año 2000, 73 años, en su cama, sin cargo, sin juicio.

 El timing es uno de los detalles más perturbadores de toda esta historia. Murió exactamente cuando el contexto político estaba cambiando de manera que en teoría debería haber sido su momento de mayor vulnerabilidad. Vicente Fox acababa de ganar la presidencia. Por primera vez en 71 años el PRI había perdido la elección.

 El nuevo gobierno declaraba públicamente su voluntad de procesar los crímenes del pasado y abrir los archivos del régimen anterior. En teoría, era el momento en que esos microfilmes y cassetes tendrían que haber llegado a la justicia. El nuevo gobierno tenía el incentivo político más claro imaginable para usar ese material.

No lo hicieron. Hay cuatro razones de complejidad creciente. La primera es legal. Los archivos de Gutiérrez Barrios eran material privado en posesión de sus herederos, no documentos del Estado. Para acceder a ellos judicialmente, la fiscalía necesitaba una orden judicial que requería demostrar ante un juez que había indicios de un delito específico.

Para demostrar eso, necesitaba información sobre el contenido de los archivos. Para tener esa información necesitaba revelar en un documento judicial cómo sabía que los archivos existían y qué contenían, lo que implicaba quemar fuentes que seguían siendo personas vivas con identidades que proteger.

 En el momento en que esa garantía se rompiera, el material desaparecería antes de que cualquier orden judicial llegara. Era un nudo legal perfecto y alguien se había asegurado de que fuera perfecto. La segunda razón es política. Los archivos de Gutiérrez Barrios no comprometían solo al PRI, comprometían al sistema, a funcionarios que habían trabajado con todos los partidos, a empresarios que habían financiado campañas de todos los colores, a figuras de los medios cuya influencia el gobierno de Fox necesitaba para consolidar su legitimidad.

Usar esos archivos para golpear al PRI era activar una carga explosiva en un edificio compartido. El daño no iba a ser selectivo y el gobierno de Fox hizo el cálculo que hacen casi todos los gobiernos cuando se enfrentan a ese tipo de material que la gobernabilidad no puede esperar, pero la justicia sí. La tercera razón circuló con suficiente consistencia entre periodistas como para tomarla en serio. Negociación directa.

En algún punto entre 2001 y 2003 hubo contactos informales entre personas cercanas al gobierno de Fox y personas cercanas a los herederos de Gutiérrez Barrios. Lo que se habría negociado no fue el acceso al material, sino su contención. Un acuerdo tácito. Los archivos no se publican, no se entregan a ninguna instancia judicial, no circulan entre periodistas.

 A cambio, el nuevo gobierno no abre ciertos expedientes del Estado que también serían inconvenientes para personas conectadas al nuevo gobierno. ¿Funciona eso en México? Con ese tipo de material, casi siempre el tiempo suficiente para que las urgencias cambien y los actores claves se retiren. La cuarta razón es la que nadie quiso nombrar directamente, pero que todos los que se acercaron al tema dejaron caer en media frase con la mirada en otro lado.

Al menos una de las figuras cuyos nombres aparecen en esos archivos de manera central y documentada seguía en el año 2001 en una posición de influencia real y activa sobre la economía mexicana y los medios de comunicación más importantes del país. No en un cargo político, en algo más difícil de atacar que un cargo político.

esa zona entre el dinero concentrado, los medios que forman opinión y el acceso informal al poder, donde no hay que ganar ninguna elección para seguir siendo influyente, donde la única accountability que existe es la que los mismos actores se aplican entre sí en privado. Los periodistas que estuvieron más cerca de publicar algo basado en los archivos describen una experiencia notablemente homogénea.

Las presiones no llegaron como amenazas directas. No fueron policías en la puerta ni llamadas intimidatorias de funcionarios. Llegaron como consejos amistosos, advertencias expresadas con preocupación genuina por el bienestar de la persona advertida. Uno de esos periodistas describió una llamada específica.

 La persona que lo llamó era alguien sin ningún cargo formal relevante al tema, que le dijo simplemente, “Lo que estás haciendo no te conviene.” Cuando le preguntó de dónde venía esa opinión, la respuesta fue, “De alguien que también te aprecia y que tiene más información que yo sobre a dónde lleva ese camino.” Ese periodista no publicó, cambió de tema, siguió trabajando, sigue vivo y activo en el periodismo mexicano.

 Hoy así funciona el poder real, no con amenazas, con afecto. Los archivos de Gutiérrez Barrios representan algo más que evidencia de crímenes pasados. representan la demostración más clara que existe de que el régimen priiststa no fue simplemente corrupto, fue un sistema de conocimiento, un sistema que sabía todo sobre todos y usaba ese conocimiento no para impartir justicia, sino para mantener el equilibrio de un poder que se autoperpetuaba.

Y lo más perturbador no es que ese sistema haya existido, es que la lógica que lo sostuvo no desapareció con el PRI. Se adaptó, encontró nuevos operadores, sigue siendo en 2026 una de las formas más efectivas de moverse en la política mexicana. Gutiérrez Barrios tuvo 40 años para decidir qué hacer con lo que sabía.

 Pudo haber entregado esos archivos a la justicia. pudo haber hablado. Eligió guardar. Eligió ser el guardián silencioso de secretos que le pertenecían al país entero y murió a los 73 años en su cama sin que nadie le pidiera cuentas de nada. En México, para alguien que sabe lo que él sabía, eso se llama morir exitosamente. La historia de Fernando Gutiérrez Barrios no es la historia de un funcionario corrupto.

 Un hombre corrupto es fácil de procesar. Tomó decisiones malas, lo juzgamos, lo condenamos, seguimos adelante. Esto es otra cosa. Es la historia de un sistema que funcionó exactamente como fue diseñado para funcionar. donde la impunidad no era un defecto, sino uno de sus productos más deliberados, la recompensa que garantizaba la lealtad de los actores que se mantenían dentro de las reglas.

Lo primero es saber. Saber que ese sistema existió. Saber que la versión que te contaron era la versión que alguien decidió que debías escuchar y que la versión real está en alguna caja, en algún servidor, esperando que alguien con suficiente valentía decida que ya es tiempo de que salga.

 La semana que viene abrimos otro expediente, uno de los personajes que aparece en los archivos de Gutiérrez Barrios no como perseguidor, sino como perseguido. Un hombre que desde adentro del régimen intentó cambiar algo y pagó un precio que todavía no está documentado completamente. Suscríbite si llegaste hasta acá y responde abajo.

 ¿Crees que esos archivos de la Roma Sur todavía existen completos o alguien ya se encargó de que no quede nada? Hay dos respuestas posibles y las dos son igualmente perturbadoras. Contame abajo, leo todo.