HARFUCH y el SAT DESCUBREN NEGOCIOS MILLONARIOS de los HIJOS de ROCHA MOYA por VALOR de 136 MILLONES

HARFUCH y el SAT DESCUBREN NEGOCIOS MILLONARIOS de los HIJOS de ROCHA MOYA por VALOR de 136 MILLONES

Ellos simulaban facturación, es decir, sacaban una factura, luego la cancelaban por 124 millones de pesos. Jueves 14 de mayo de 2026, Harfuch y el SAT descubren negocios millonarios de los hijos de Rocha Moya por un valor de 136 millones de pesos. En la mañana de este jueves, en un operativo que comenzó antes de que la mayoría de los mexicanos terminara su primer café, el Estado mexicano ejecutó uno de los golpes más precisos y más reveladores que esta ofensiva ha dado desde sus primeros días. No fue un cateo a una bodega en la

sierra. No fue la intercepción de un cargamento en carretera. Fue algo distinto, algo que toca una fibra que pocos operativos anteriores habían tocado con esta claridad. La evidencia documentada de que la corrupción no muere cuando cae el corrupto, se hereda, se transmite, se disfraza con nombres nuevos, con escrituras notariadas a nombre de hijos y de hijas que aparecen en papel como empresarios independientes y que en la práctica operaban como el último muro de protección de un patrimonio que nunca debió existir,

porque nunca fue construido con trabajo honesto ni con dinero limpio. Rubén Rocha Moya cayó. Su red fue desmantelada. Sus fincas fueron cateadas. Su fortuna comenzó a ser desenterrada con una metodología que los analistas de inteligencia financiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han descrito como la más sofisticada que esta ofensiva ha aplicado hasta ahora en el estado de Sinaloa.

 Pero Rocha Moya no construyó su imperio pensando únicamente en el presente, lo construyó pensando en el futuro. Y ese futuro tenía nombres propios, apellido conocido y una red de 14 empresas distribuidas en tres estados del país que esta mañana con órdenes judiciales específicas y con auditores del Servicio de Administración Tributaria, trabajando codo a codo con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, dejó de ser invisible.

 Piensa un momento en lo que eso significa. No estamos hablando de un político que acumuló bienes durante su gestión y los registró a su nombre con la confianza de que nadie lo investigaría con suficiente profundidad. Estamos hablando de alguien que diseñó una arquitectura de protección patrimonial usando a sus propios hijos como escudo legal, como barrera entre el dinero ilícito y las autoridades que eventualmente llegarían a buscarlo.

 Esa estrategia no es improvisada. Esa estrategia requiere tiempo, requiere asesores, requiere notarios, requiere contadores y requiere la certeza de que el sistema que debía detectarla estaba suficientemente penetrado como para no hacerlo. Hoy esa certeza resultó ser el error más costoso de toda la operación familiar.

 Escribe en los comentarios si alguna vez escuchaste que en México los hijos de los políticos corruptos siempre terminaban siendo los mejor posicionados del Estado. Porque lo que esta mañana se documentó en Sinaloa, en la Ciudad de México y en Jalisco, convierte esa observación popular en una descripción técnica y verificable de cómo funcionaba el modelo de blindaje patrimonial de Rubén Rocha Moya.

 Antes de entrar al detalle de los cateos de las 14 empresas, de los 136,0000000 de pesos en activos documentados y de lo que los auditores del SAT encontraron en las cuentas bancarias vinculadas a esa red, es necesario entender el camino que llevó a las autoridades hasta este punto, porque el operativo del jueves 14 de mayo no comenzó esta mañana ni esta semana.

 Comenzó semanas atrás cuando los analistas de inteligencia financiera que habían construido el expediente sobre Rocha Moya comenzaron a cruzar los datos del patrimonio declarado del exgobnador con los registros mercantiles de las personas más cercanas a su núcleo familiar. El patrón que emergió de ese cruce no podía explicarse por coincidencia, ni por herencia legítima, ni por la actividad empresarial independiente de jóvenes, que según sus declaraciones fiscales, generaban ingresos que no correspondían con el valor de los activos registrados a su

nombre. Las fechas de constitución de las sociedades mercantiles coincidían con momentos específicos del ejercicio del poder de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Los capitales iniciales de esas empresas superaban en múltiplos lo que cualquier análisis de ingresos declarados podía justificar. Y los sectores en los que esas empresas operaban, gasolineras, constructoras, empresas de transporte, coincidían con exactitud con los sectores donde los contratos gubernamentales durante la gestión de Rocha Moya habían generado

los flujos de dinero más significativos y menos auditados. Ese patrón identificado de manera sistemática en docenas de registros distribuidos en tres estados del país, apuntaba hacia algo que los analistas describieron internamente como una estrategia de externalización del patrimonio ilícito. Rocha Moya no había intentado esconder el dinero en cuentas opacas en el extranjero ni en bóvedas físicas bajo su nombre.

 lo había convertido en empresas reales, con empleados reales, con actividad comercial verificable a nombre de personas que la ley no podía vincular directamente con él sin la investigación que esta ofensiva construyó durante semanas, con una precisión que hoy quedó demostrada en la simultaneidad de los operativos ejecutados en tres estados al mismo tiempo.

 Las semanas siguientes de investigación llevaron a los analistas a trazar el mapa completo de la red. 14 empresas y negocios, 13 estados activos por un valor total de 136,000000es. Una estructura diseñada para ser opaca desde afuera y perfectamente legible desde adentro para quienes sabían cómo leerla. Las gasolineras registradas a nombre de los hijos de Rocha Moya en Sinaloa no eran negocios pequeños de barrio.

 Eran concesiones estratégicamente ubicadas en corredores de alta demanda obtenidas durante la gestión del exgobnador en condiciones que los auditores del SAT describen como inconsistentes con los procesos de licitación formales que deberían haber regulado su asignación. Las constructoras registradas en la Ciudad de México no tenían un historial de proyectos privados que justificara su capitalización.

 tenían un historial de contratos con dependencias del gobierno de Sinaloa durante los años en que Rocha Moya ejercía el poder ejecutivo del Estado. Las empresas de transporte registradas en Jalisco no operaban rutas comerciales con la densidad suficiente para generar los flujos de ingresos que sus estados financieros reportaban, pero sí operaban como nodos de transferencia dentro de un esquema de lavado de dinero que los analistas de la fiscalía comenzaron a reconstruir desde el momento en que los primeros registros contables fueron intervenidos. ¿Alguna

vez te preguntaste cómo es posible que los hijos de ciertos gobernadores terminen siendo dueños de gasolineras, constructoras y empresas de transporte sin que nadie pueda explicar de dónde salió el capital inicial? Escríbelo en los comentarios porque lo que esta mañana se documentó en esos cateos simultáneos responde esa pregunta con evidencia física, con registros contables y con transferencias bancarias que ningún abogado defensor del mundo va a poder desestimar.

 El momento en que la investigación dio el salto de la inteligencia financiera al operativo activo fue la confirmación obtenida mediante fuentes independientes de verificación de que una parte de los activos registrados a nombre de los hijos de Rocha Moya estaba comenzando a moverse, no de manera masiva ni con la urgencia torpe que delata el pánico, de manera discreta, con traspasos notariales que en papel parecían transacciones comerciales ordinarias, pero que en el contexto del expediente ente construido por la inteligencia de la Secretaría de Seguridad revelaban

algo inequívoco. Alguien de la red sabía que la investigación se estaba acercando y estaba intentando reorganizar los activos antes de que llegaran las órdenes de intervención. Esa confirmación aceleró los plazos. Las órdenes judiciales que ya estaban en proceso de construcción fueron completadas con la información adicional que los movimientos recientes de los activos proporcionaron.

 Y el operativo del jueves 14 de mayo quedó fijado con una fecha que ninguno de los involucrados en la red conocía con anticipación. Suscríbete si te gusta el video. El operativo comenzó en las primeras horas de la mañana de este jueves con una coordinación que los analistas de la Secretaría de Seguridad describen como la más compleja en términos logísticos que esta ofensiva ha ejecutado hasta ahora, no por el número de efectivos desplegados, sino por la simultaneidad de los cateos en tres estados distintos y por la participación

de auditores especializados del Servicio de Administración Tributaria que trabajaron en paralelo con los peritos de la fiscalía y los elementos de la Guardia Nacional desde el primer momento del operativo. En Sinaloa, los cateos comenzaron simultáneamente en cuatro puntos distintos. Dos gasolineras ubicadas en la zona metropolitana de Culiacán, una constructora con instalaciones en el corredor industrial del estado y una propiedad de uso mixto que los registros mercantiles describían como sede de operaciones de una de las

empresas de transporte vinculadas a la red. En la ciudad de México, los peritos, intervinieron dos inmuebles de uso corporativo registrados a nombre de sociedades mercantiles que los hijos de Rocha Moya controlaban mediante estructuras de participación accionaria diseñadas para dificultar la identificación del beneficiario real de esas propiedades.

 En Jalisco, los cateos cubrieron tres ubicaciones adicionales que incluían terrenos de alto valor catastral en zonas de desarrollo urbano acelerado y las instalaciones de dos empresas de transporte cuya actividad declarada no correspondía con el nivel de activos que sus balances reportaban. No hubo resistencia en ninguno de los puntos intervenidos.

 No hubo tiempo para alertar a nadie. La simultaneidad del operativo fue precisamente el mecanismo que eliminó esa posibilidad. Cuando los primeros elementos de la Guardia Nacional tomaron posiciones en las gasolineras de Culiacán, los peritos ya estaban entrando a los inmuebles corporativos en la Ciudad de México. Y cuando los auditores del SAT comenzaron a intervenir los sistemas contables de las constructoras en Sinaloa, los equipos en Jalisco ya estaban documentando los primeros elementos de evidencia en las instalaciones de las

empresas de transporte. Todo al mismo tiempo, todo coordinado desde un centro de operaciones que había verificado de manera independiente cada uno de los objetivos durante las semanas previas. Lo que los peritos encontraron en el interior de las gasolineras de Culiacán fue el primer elemento de evidencia que confirmó lo que la inteligencia financiera había anticipado semanas antes.

 Detrás de la operación comercial visible, detrás de los empleados atendiendo clientes y de las pantallas mostrando precios de combustible. Había un sistema contable paralelo que registraba flujos de dinero que no correspondían con el volumen de ventas declarado ante el SAT. Las diferencias entre los ingresos reales documentados en los sistemas internos de las estaciones y los ingresos reportados en las declaraciones fiscales de las empresas que las operaban.

 No eran variaciones menores atribuibles a errores contables. Eran brechas sistemáticas repetidas en múltiples periodos fiscales, con una consistencia que los auditores del SAT describen como la firma característica de un esquema de subdeclaración de ingresos diseñado para justificar la introducción de recursos de origen ilícito como utilidades empresariales aparentemente legítimas.

Detente un momento en eso. Una gasolinera es uno de los negocios más efectivos para lavar dinero en México, precisamente porque maneja volúmenes altos de efectivo, porque la variabilidad natural de sus ingresos dificulta la detección de anomalías mediante auditoría convencional y porque su operación cotidiana proporciona una cobertura de actividad comercial legítima que resulta difícil de cuestionar sin el tipo de análisis cruzado que los auditores del SAT aplicaron durante las semanas previas al operativo. Rocha Moya no eligió las

gasolineras como vehículo de blanqueo por casualidad. Las eligió porque conocía el sistema, porque sabía cómo funcionaba y porque tenía razones históricas para creer que nadie aplicaría sobre esos negocios el nivel de escrutinio que esta ofensiva finalmente aplicó. Las constructoras intervenidas en Sinaloa revelaron algo que en términos de lo que muestra sobre la relación entre el poder político y el negocio privado durante la gestión de Rocha Moya, es quizás el hallazgo más significativo de todo el operativo. Los

contratos de obra pública adjudicados a las empresas vinculadas a los hijos del exgobnador durante los años de su administración no aparecían como contratos directos entre el gobierno del estado y las empresas controladas por la familia. aparecían como subcontrataciones de segundo y tercer nivel dentro de cadenas de proveeduría más largas que hacían imposible la identificación del beneficiario final mediante una auditoría ordinaria.

 Pero cuando los peritos cruzaron los registros de esas cadenas de subcontratación con los activos de las empresas que figuraban en los últimos eslabones de esa cadena, el origen del capital que las había capitalizado resultó inequívoco. Los recursos llegaban desde contratos gubernamentales.

 pasaban por dos o tres empresas intermediarias que no tenían más función real que la de dificultar el rastreo y terminaban siendo registrados como ingresos propios de las sociedades controladas por los hijos de Rocha Moya. Escribe en los comentarios si alguna vez viviste en un municipio donde las obras públicas siempre las ganaban los mismos y donde siempre quedaba la duda de a quién terminaba beneficiando realmente ese dinero.

 ¿Por qué? Lo que esta mañana se encontró en las constructoras de Sinaloa, explica con evidencia contable y con registros de adjudicación cómo funcionaba ese esquema en su versión más sofisticada y más impune. Las cuentas bancarias intervenidas en el marco del operativo representan el elemento de evidencia que los analistas de la fiscalía describen como el más devastador en términos de lo que revela sobre la magnitud real del esquema.

 No porque el volumen de los saldos documentados sea el mayor que esta ofensiva ha encontrado hasta ahora, sino porque las transferencias registradas en esas cuentas a lo largo de los últimos años muestran con una claridad que elimina cualquier interpretación alternativa. Los vínculos entre el dinero de la corrupción política, el dinero del crimen organizado y los activos empresariales registrados a nombre de los hijos de Rocha Moya.

 Las transferencias llegaban desde cuentas vinculadas a operadores financieros que los expedientes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad ya habían identificado en investigaciones previas como nodos de lavado del cártel de Sinaloa. Llegaban en montos que individualmente quedaban por debajo de los umbrales de reporte automático establecidos por la regulación financiera, pero que en conjunto sumaban cifras que no podían justificarse con los ingresos declarados de ninguna de las empresas receptoras.

y llegaban con una regularidad y una consistencia que los analistas describen como el patrón más claro de pitufeo financiero que esta ofensiva ha documentado en una estructura de este tipo, es decir, la fragmentación deliberada de transferencias grandes en múltiples movimientos más pequeños diseñados para evadir los sistemas automáticos de detección.

 ¿Alguna vez te preguntaste cuántas cuentas bancarias de empresas aparentemente normales están recibiendo en este momento dinero que no proviene de ninguna actividad comercial real? La respuesta es una pregunta que esta ofensiva está respondiendo estado por estado, empresa por empresa y cuenta por cuenta.

 Y la respuesta que encontró esta mañana en Sinaloa, en la Ciudad de México y en Jalisco, suma 136 millones de pesos en activos verificados. 14 empresas intervenidas y un expediente que ya está en manos de la fiscalía, con el nivel de solidez jurídica necesario para sostener cargos formales contra cada uno de los involucrados en la red.

Los inmuebles de lujo documentados durante el operativo añaden una dimensión al expediente que va más allá de los números en los balances contables de las empresas intervenidas. Dos propiedades ubicadas en zonas residenciales de alta plusvalía en la Ciudad de México, registradas a nombre de sociedades mercantiles controladas por los hijos de Rocha Moya, presentan un historial de adquisición que los analistas de la fiscalía describen como imposible de justificar con los recursos declarados por los titulares formales de

esas propiedades. El precio de adquisición de cada uno de esos inmuebles documentado en las escrituras notariales encontradas durante el cateo, supera en un múltiplo significativo el valor de mercado que esas propiedades tenían en el momento de la compra, lo que sugiere que las transacciones no fueron únicamente mecanismos de almacenamiento de valor, sino también operaciones de sobreprecio diseñadas para introducir recursos adicionales en el circuito formal de la economía, mediante la diferencia entre el precio

real y el precio declarado en escrituras. Los terrenos estratégicos identificados en Jalisco representan un capítulo diferente dentro del mismo expediente. Ubicados en corredores de desarrollo urbano que en los últimos años han experimentado una revalorización acelerada como resultado de decisiones de inversión pública y privada.

 Esos terrenos fueron adquiridos en momentos que coinciden con periodos en los que Rocha Moya tenía acceso a información privilegiada sobre proyectos de infraestructura que modificarían el valor catastral de esas zonas. La coincidencia entre el momento de las adquisiciones y el momento en que la información sobre esos proyectos era conocida únicamente por un círculo reducido de funcionarios y operadores políticos no es una coincidencia estadística.

 Es la evidencia de que el acceso al poder ejecutivo de Sinaloa fue utilizado de manera sistemática para generar beneficios patrimoniales para la red familiar a través de mecanismos de información privilegiada que en cualquier sistema de justicia funcional constituirían delitos claramente tipificados. Y aquí viene algo que vale la pena que te quedes a escuchar hasta el final, porque lo que sigue conecta todo lo que se encontró esta mañana con algo que afecta directamente a cada mexicano que alguna vez pagó impuestos, que esperó turno en una licitación pública o que

intentó competir en un mercado donde las reglas del juego estaban diseñadas para favorecer a quienes ya habían comprado el resultado. Las 14 empresas intervenidas esta mañana no eran entidades pasivas que simplemente almacenaban patrimonio. Eran negocios activos que competían en mercados reales, que ganaban contratos que otros competidores no podían ganar porque no tenían el mismo acceso privilegiado a las decisiones gubernamentales, que obtenían concesiones que otros solicitantes no podían obtener porque el

proceso de asignación estaba diseñado de antemano para favorecer a quienes formaban parte de la red. Cada gasolinera de la familia Rocha Moya en Sinaloa representaba una concesión que otro empresario con capital legítimo no pudo obtener. Cada contrato de obra pública subcontratado a través de la cadena de empresas familiares representaba recursos públicos que no llegaron a la obra que debían financiar en su totalidad.

 Cada terreno adquirido con información privilegiada en Jalisco representaba una oportunidad de inversión que el mercado debió haber distribuido de manera abierta y que fue capturada por quienes tenían acceso al conocimiento que el mercado aún no tenía. Ese es el daño real. No solo los 136 millones de pesos en activos que esta mañana quedaron bajo investigación.

El daño real es la distorsión acumulada durante años en los mercados, en las licitaciones y en las concesiones de un estado entero, donde la competencia estaba viciada desde el origen por la presencia de una red familiar que operaba con ventajas que ninguna empresa honesta podía igualar. La conferencia de prensa de García Harfuch comenzó al mediodía con la puntualidad que ya define cada intervención pública de esta ofensiva.

 Detrás del secretario, los elementos de evidencia recuperados durante los cateos de la mañana estaban siendo procesados en tiempo real por los equipos de la fiscalía y el SAT. los registros contables de las 14 empresas, los estados de cuenta de las cuentas bancarias intervenidas, los documentos de propiedad de los inmuebles y los terrenos, la documentación de los contratos gubernamentales vinculados a las constructoras, todo bajo custodia federal y todo siendo cruzado con las bases de datos de inteligencia financiera que esta ofensiva ha

construido durante meses. Darfook habló con el mismo tono grave y sin titubeos que ha definido cada declaración de esta ofensiva desde el primer día. No hubo dramatismo innecesario, no hubo construcción escénica para la cámara, los números hablaban solos y el secretario simplemente los nombró con la precisión de quien sabe que cada cifra está respaldada por documentación que ningún recurso legal va a poder cuestionar.

 14 empresas, 136 millones de pesos en activos. gasolineras, constructoras, empresas de transporte, inmuebles de lujo, terrenos estratégicos, cuentas bancarias con transferencias que no corresponden con ningún ingreso declarado, evidencia de lavado de dinero del cártel, evidencia de corrupción política sistematizada y la demostración de que poner todo a nombre de los hijos no fue una estrategia de protección, fue una estrategia de aplazamiento que esta ofensiva acaba de vencer.

 creyó que poniendo todo a nombre de sus hijos quedaría protegido, declaró Harf cámaras nacionales e internacionales. Se equivocó. Ni hijos, ni empresas fachadan, ni intentos de heredar la corrupción detendrán la justicia. Todo lo que robaron al pueblo mexicano está siendo recuperado. Esa declaración no es retórica de conferencia de prensa.

 el resumen ejecutivo de una investigación que atravesó registros mercantiles y declaraciones fiscales, contratos de obra pública y cadenas de subcontratación, cuentas bancarias y transferencias fragmentadas, escrituras notariales y valuaciones catastrales para llegar finalmente a un punto donde la evidencia es tan completa, tan cruzada y tan documentada que la única respuesta procesal posible es la que esta mañana comenzó a ejecutarse en tres estados simultáneamente.

Lo que hace este operativo especialmente significativo dentro del arco completo de la ofensiva es que marca una evolución en la metodología de la investigación que tiene implicaciones que van mucho más allá del caso específico de Rocha Moya. Hasta ahora, los operativos más visibles de esta ofensiva habían tenido como objetivo principal a las figuras centrales de las redes de corrupción y crimen organizado, los capos, los políticos, los funcionarios judiciales, las personas cuya responsabilidad directa en la operación de esas redes era

suficientemente clara como para que las órdenes de investigación y los operativos resultantes se justificaran de manera relativamente directa ante de la opinión pública y ante los sistemas de supervisión institucional. El operativo del jueves 14 de mayo representa algo diferente. presenta la decisión de perseguir el patrimonio ilícito hasta donde haya llegado, incluso cuando ese patrimonio haya sido transferido formalmente a personas que no aparecen en ningún expediente previo de la investigación, incluso cuando esas

personas sean familiares de los investigados y su vinculación con el esquema esté documentada no mediante su participación directa en actos de corrupción, sino mediante el análisis patrimonial que demuestra que los activos que poseen no pueden tener un origen lícito, dado el historial de ingresos declarados por quienes los controlan. Eso es un cambio de alcance.

Eso es la señal de que esta ofensiva no va a detenerse en los nombres más visibles ni en las figuras más evidentes. Va a seguir el dinero hasta donde el dinero haya llegado y va a documentar con la misma precisión forense cada eslabón de la cadena que conecta el acto de corrupción original con el activo que hoy aparece registrado a nombre de alguien que en papel no tiene ninguna relación con ese acto.

 Escribe en los comentarios si conoces algún caso en tu estado o en tu municipio donde los familiares de un funcionario público de repente se convirtieron en los empresarios más exitosos de la región sin que nadie pudiera explicar de dónde venía el dinero. Porque lo que esta mañana se documentó en Sinaloa, en la Ciudad de México y en Jalisco, es el modelo que explica cómo funciona ese fenómeno y la demostración de que ese modelo tiene un límite cuando la inteligencia financiera aplica sobre él el nivel de análisis que esta ofensiva

ha estado construyendo durante meses. La dimensión tributaria del operativo merece un análisis específico porque la participación del SAT en este operativo no es un detalle secundario ni un elemento de refuerzo de una investigación que ya estaba completa sin él. Es un componente central de la estrategia que hace posible el procesamiento legal de activos que de otra manera podrían resultar difíciles de vincular directamente con los delitos que los generaron.

 Cuando una empresa tiene actividad comercial real, cuando emite facturas, cuando tiene empleados dados de alta en el sistema de seguridad social y cuando presenta declaraciones fiscales que, aunque falsas en sus montos, mantienen la apariencia de cumplimiento tributario. El camino legal para intervenir sus activos pasa necesariamente por demostrar de manera técnica y documentada que esas declaraciones no corresponden con la realidad de sus operaciones y que los activos acumulados tienen un origen que el contribuyente no puede justificar con

sus ingresos declarados. Eso es exactamente lo que los auditores del SAT hicieron durante las semanas previas al operativo y lo que continuaron haciendo durante el cateo mismo con sistemas de análisis contable que cruzaron en tiempo real los registros internos de las empresas intervenidas con sus declaraciones fiscales históricas y con los patrones de transferencias bancarias detectados en las cuentas vinculadas a la red.

 La brecha entre la realidad contable y la realidad declarada, documentada con la precisión técnica que los auditores del SAT aplicaron, es el instrumento legal que complementa la evidencia penal de la fiscalía y que hace que el expediente contra los hijos de Rocha Moya sea sólido desde múltiples ángulos jurídicos simultáneamente. No hay una sola línea de defensa legal que pueda desactivar toda la evidencia al mismo tiempo.

 Para desestimar la evidencia penal de la fiscalía, habría que cuestionar los protocolos forenses del operativo. Para desestimar la evidencia tributaria del SAT, habría que cuestionar los métodos de auditoría que tienen décadas de validación jurídica. Para desestimar la evidencia de lavado de dinero, habría que explicar de manera creíble el origen de las transferencias que los sistemas de inteligencia financiera rastrearon hasta sus cuentas.

Y para hacer todo eso al mismo tiempo habría que construir una defensa que convenciera simultáneamente a jueces, a tribunales tributarios y a los organismos de inteligencia financiera de que lo que 136 millones de pesos en activos documentados muestran con evidencia física y contable no es lo que parece ser.

 Eso no es una defensa, eso es una imposibilidad jurídica. La ofensiva no termina aquí. Los analistas que procesaron la documentación encontrada durante los cateos de esta mañana ya están identificando conexiones que apuntan hacia nuevos objetivos dentro de la cadena de operadores que hicieron posible que ese esquema funcionara durante años sin ser detectado.

 Los notarios que escrituraron las propiedades a nombre de las sociedades mercantiles controladas por los hijos de Rocha Moya están siendo identificados y sus archivos están siendo cruzados con los expedientes de investigación en curso. Los contadores que elaboraron las declaraciones fiscales de las 14 empresas intervenidas están siendo rastreados para establecer su nivel de conocimiento del esquema y su eventual responsabilidad dentro del mismo.

 Los funcionarios del registro público de la propiedad que procesaron las inscripciones de los inmuebles están siendo auditados para determinar si hubo irregularidades en los procesos de registro que facilitaron la ocultación de los beneficiarios reales de esas propiedades. Las cuentas bancarias intervenidas están siendo analizadas para identificar las contrapartes de las transferencias entrantes, es decir, los nodos de origen del dinero que ingresó a la red desde las estructuras financieras del crimen organizado.

 Cada contraparte identificada genera un nuevo eslabón en el mapa de la red y cada nuevo eslabón es un objetivo potencial para los siguientes operativos de una ofensiva que ha demostrado, operativo tras operativo, que su metodología de investigación no tiene puntos muertos ni callejones sin salida. Los terrenos de Jalisco están siendo valuados de manera independiente para establecer el diferencial entre su precio de adquisición y su valor de mercado actual, lo que permitirá documentar de manera precisa la magnitud del beneficio

patrimonial generado mediante el uso de información privilegiada durante la gestión de Rocha Moya. Es evaluación combinada con la documentación del momento en que la información sobre los proyectos de infraestructura que modificaron el valor de esos terrenos era conocida únicamente por el círculo cercano al exgobnador. Porra.