En el vibrante, caótico y siempre fascinante corazón de la Ciudad de México, el crimen no es un fenómeno desconocido. Sus calles han sido testigos de innumerables historias oscuras, pero muy pocas han logrado detener el pulso de una metrópolis de millones de habitantes como lo hizo el caso de “La Mataviejitas”. Durante los primeros años de la década de los dos mil, un manto de paranoia y terror absoluto descendió sobre las personas más vulnerables de la sociedad: las mujeres de la tercera edad que vivían solas. No se trataba de robos al azar ni de asaltos callejeros, sino de la obra de un depredador calculador, metódico y movido por un profundo trauma psicológico. Esta es la crónica de un caso que evidenció las gigantescas fallas del sistema de justicia, desató la furia de la ciudadanía y nos demostró cómo los monstruos más temibles a menudo se esconden a plena luz del día, disfrazados de aquellos en quienes más confiamos.
La pesadilla comenzó a cobrar visibilidad ante los ojos de las autoridades a finales del año 2003. En una ciudad donde los crímenes violentos a menudo se pierden en los fríos archivos policiales debido al volumen de trabajo y, en ocasiones, a la apatía institucional, un patrón comenzó a volverse imposible de ignorar. Diversas mujeres, todas mayores de 63 años, estaban siendo halladas sin vida en el interior de sus propios hogares. Para ese momento, al menos nueve ancianas habían sido brutalmente golpeadas, apuñaladas o estranguladas. En el mundo de la criminología, cuando un perpetrador elige a sus víctimas basándose en características tan específicas como la edad y el género, las alarmas se encienden de inmediato: no estamos frente a un delincuente común, estamos frente a un asesino en serie.
Lo que desconcertaba enormemente a los investigadores era la naturaleza de las escenas del crimen. En la inmensa mayoría de los allanamientos de morada violentos, el móvil principal es el enriquecimiento ilícito; los delincuentes entran, destruyen el hogar buscando objetos de gran valor y, si se topan con los residentes, recurren a la violencia. Sin embargo, en estos casos, el escenario era macabramente distinto. Aunque faltaban algunas pertenencias de poco valor que el asesino tomaba casi como trofeos o por mera oportunidad, era evidente que no se tomaba el tiempo de registrar las viviendas en busca de joyas ocultas o dinero guardado. El objetivo principal, crudo y aterrador, era el acto de asesinar a estas mujeres. ¿Por qué alguien desarrollaría una fijación tan macabra por extinguir la vida de ancianas inofensivas?
A medida que el número de cadáveres continuaba en aumento, la policía capitalina se vio forzada a redoblar esfuerzos. Analizando las escenas, descubrieron un detalle que helaba la sangre: en casi ninguno de los casos las puertas o ventanas habían sido forzadas. Esto significaba que las víctimas habían abierto la puerta voluntariamente, permitiendo que su verdugo cruzara el umbral de su hogar con total consentimiento. El misterio comenzó a disiparse cuando la unidad de perfiles criminales logró armar el rompecabezas del “modus operandi”. En aquel entonces, el gobierno de la Ciudad de México impulsaba programas sociales que ofrecían asistencia médica gratuita a domicilio para personas de la tercera edad. El asesino, demostrando una escalofriante inteligencia y crueldad, explotó esta iniciativa gubernamental. Se hacía pasar por enfermera o trabajadora social, ganándose la confianza de sus víctimas bajo la falsa promesa de un chequeo médico de rutina. Una vez dentro del santuario del hogar, la trampa se cerraba. En uno de los casos más impactantes, la herramienta de confianza médica, un estetoscopio, fue utilizada como el arma homicida para asfixiar a una de las abuelas.
Los testigos que lograron ver a la sospechosa salir de los domicilios en las horas estimadas de los crímenes aportaron descripciones que comenzaron a moldear el perfil del fantasma que aterrorizaba a la capital. Hablaban de una mujer corpulenta, de aproximadamente cuarenta años, con una estatura inusual para el promedio femenino en México (alrededor de 1.75 metros), espaldas anchas, facciones toscas y cabello teñido de rubio. Estas características físicas, combinadas con la inmensa fuerza requerida para someter y estrangular a víctimas que, pese a su edad, luchaban ferozmente por su vida, llevaron a la policía a formular una teoría que desvió la investigación por un sendero equivocado y desastroso: estaban convencidos de que el asesino no era una mujer, sino un hombre travestido o un individuo que utilizaba una peluca rubia para despistar a las autoridades. Esta suposición se basaba también en la estadística criminológica que señala que las mujeres asesinas en serie son extremadamente raras y rara vez utilizan métodos de contacto físico tan violento como el estrangulamiento.
Esta visión de túnel por parte de las autoridades desató una cacería de brujas que resultó en el arresto de varias personas inocentes, manchando irremediablemente la reputación de la policía mexicana. En marzo de 2004, presentaron ante los medios a Araceli Vázquez, una delincuente que, si bien se dedicaba a engañar a ancianas haciéndose pasar por trabajadora social para robarles, no era la asesina. Aunque sus huellas dactilares aparecieron en el vaso de una de las casas asaltadas, no coincidían con las huellas maestras dejadas por “La Mataviejitas”. A pesar de suplicar y confesar ser solo una ladrona, fue sentenciada a más de 20 años de prisión, mientras las ancianas seguían muriendo en las calles.
La desesperación policial por mostrar resultados a una prensa implacable y a una sociedad aterrada generó arrestos aún más bizarros y trágicos. En julio de 2004, presentaron a Alejandro Bando, un delincuente sexual que había intentado abusar de una mujer mayor y que huyó luego de que la víctima, en un acto de extrema valentía y desesperación, le mordiera fuertemente la lengua. Aunque era un criminal despreciable, los asesinatos continuaron mientras él estaba tras las rejas, descartándolo como el asesino serial. Posteriormente, en septiembre de 2004, creyeron haber dado en el clavo al arrestar a Jorge Mario Tablas, un comerciante ambulante con severos trastornos psiquiátricos que se vestía de mujer, usaba peluca rubia y aseguraba ser el apóstol San Juan con una “misión divina para exterminar”. Tablas encajaba a la perfección con la teoría del hombre travestido, pero una vez más, el verdadero verdugo seguía libre, cobrando más víctimas mientras la policía celebraba prematuramente.
El caso más indignante de negligencia policial, que evidencia la podredumbre del sistema cuando la presión mediática asfixia la objetividad, fue el de Oliver Guzmán López. Una anciana de 87 años, posiblemente sufriendo episodios de demencia, lo acusó de haber intentado entrar a su casa, afirmando que ella lo había expulsado usando “técnicas de karate”. Oliver, confiando ciegamente en su inocencia y creyendo en el sistema judicial, cometió el grave error de invitar a la policía a registrar su domicilio para limpiar su nombre, incluso demostrando con documentos que se encontraba en Estados Unidos durante varios de los crímenes. La respuesta de las autoridades fue allanar su casa sin orden judicial, presuntamente robar sus pertenencias, detener ilegalmente a su hermano y torturarlo físicamente para obligarlo a confesar. Cuando finalmente se descubrió al verdadero culpable, a Oliver jamás se le ofreció una disculpa pública, dejando una cicatriz imborrable en su vida y destruyendo por completo la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.
Mientras la policía daba palos de ciego, el número de víctimas ascendió alarmantemente a más de 27. El terror era palpable. Las calles se llenaron de patrullas, se distribuyeron miles de bocetos y bustos de arcilla con el supuesto rostro del asesino, y los familiares comenzaron a resguardar a sus ancianas como si la ciudad estuviera bajo asedio bélico. Quizás sintiendo la presión o simplemente saciando temporalmente su sed de sangre, el asesino detuvo su frenesí durante gran parte de 2005. Algunos detectives llegaron a ilusionarse con la idea de que el perpetrador había muerto o había abandonado el país. Pero el monstruo solo estaba dormido.
El desenlace de esta tétrica historia llegaría el 25 de enero de 2006, y no gracias a una brillante operación de inteligencia policial, sino por la pura casualidad y el coraje de un ciudadano común. Ana María de los Reyes Alfaro, una venerable anciana de 84 años residente de la colonia Moctezuma, regresaba a casa cargando pesadas bolsas del mercado. Su fragilidad y lentitud fueron un faro para el depredador. Una mujer de apariencia robusta se le acercó, ofreciendo amablemente su ayuda y presentándose como una asistente social del gobierno. Confiada, Ana María le abrió las puertas de su hogar. Una vez dentro, la supuesta benefactora reveló sus verdaderas intenciones, estrangulando y apuñalando a la inocente mujer.
Lo que la asesina ignoraba era que Ana María no vivía completamente sola; arrendaba una habitación a un joven llamado Joel López. Joel, quien sentía un profundo cariño por la anciana que le preparaba la comida a diario, llegó a la residencia en el momento exacto en que la asesina, vestida de rojo y con su característico cabello teñido, salía del lugar. Tras cruzar miradas evasivas con ella, Joel entró a la casa y descubrió la macabra escena. Lejos de paralizarse por el pánico, su cerebro reaccionó con una determinación admirable. Salió corriendo a la calle, persiguió visualmente a la mujer alta que se dirigía hacia la estación del metro y comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio policial. Los agentes de seguridad pública, alertados por los gritos desgarradores del joven, interceptaron y detuvieron a la sospechosa. El velo de misterio, finalmente, había caído.
Frente a las autoridades se encontraba Juana Barraza Samperio, una mujer de 48 años que destruyó por completo la teoría policial del hombre travestido. Medía 1.75 metros, poseía una complexión ancha, facciones endurecidas y una fuerza física descomunal. Al ser interrogada, y con evidencia contundente en su contra, confesó fríamente el asesinato de Ana María y de otras tres ancianas, aunque el historial apuntaba a cerca de cuarenta víctimas. Pero, ¿qué fuerzas oscuras empujaron a esta mujer a convertirse en el azote de las ancianas capitalinas? La respuesta reside en uno de los pasados más sórdidos y trágicos que se puedan documentar, un recordatorio sombrío de cómo los monstruos no nacen, sino que a menudo son forjados en los fuegos del abuso y la negligencia.
Juana nació en el estado de Hidalgo en 1957. Creció bajo la sombra del abandono paterno y bajo el “cuidado” de su madre, Justa Samperio, una mujer devorada por el alcoholismo, carente de cualquier instinto maternal y profundamente violenta. Juana fue criada en condiciones infrahumanas; se le negó el derecho fundamental a la educación, dejándola en el analfabetismo, y fue sometida a golpizas constantes. El punto de no retorno en la destrucción de su psique ocurrió cuando apenas tenía 12 años de edad. En un acto de vileza indescriptible, su madre la entregó a un hombre de 26 años llamado José Lugo a cambio de tres simples cervezas. Durante años, Juana fue prisionera, víctima de brutales abusos físicos y sexuales que resultaron en múltiples embarazos en su temprana adolescencia.
Tras la muerte de su madre por cirrosis, Juana intentó reconstruir su vida rota huyendo a la Ciudad de México. Tuvo varios hijos de diferentes relaciones fallidas, incluyendo la trágica desaparición de una de sus parejas vinculada a negocios ilícitos. Para mantener a sus hijos, trabajó incansablemente lavando ropa ajena y vendiendo palomitas de maíz a las afueras de las arenas de lucha libre. Fue allí, observando los combates, donde encontró una salida para su corpulencia y su furia interna. A pesar de no saber leer ni escribir, su innegable carisma y su capacidad de persuasión le abrieron las puertas del cuadrilátero, donde se convirtió en luchadora profesional. Durante un tiempo, encontró estabilidad financiera y un escape emocional en los golpes coreografiados del ring, bajo el reflector y el aplauso del público.
Sin embargo, la vida tenía preparados más golpes devastadores. Una grave lesión en la columna durante una acrobacia mal calculada terminó abruptamente con su carrera deportiva, sumiéndola en un dolor físico crónico. El golpe de gracia a su frágil estabilidad mental llegó en 1994, cuando su hijo mayor, José Enrique, fue asesinado a balazos en las calles durante un asalto pandillero. Sumida en una profunda y oscura depresión, sin el escape que le proporcionaba la lucha libre y arrastrando los traumas imborrables de su infancia, la mente de Juana se fracturó definitivamente. Según los perfiladores psicológicos y las propias confesiones parciales de la asesina, cada mujer de la tercera edad que estrangulaba no era una víctima aleatoria; en la mente trastornada de Juana, cada anciana representaba a Justa Samperio. Estaba asesinando, una y otra vez, de manera simbólica, a la madre que le robó la infancia, que la vendió por alcohol y que la condenó a una vida de sufrimiento. Era un acto de venganza ciega contra un fantasma del pasado que terminó derramando la sangre de decenas de inocentes.
El juicio de Juana Barraza Samperio fue un evento mediático sin precedentes. A pesar de su historial de dolor, el peso de la justicia debía caer implacablemente sobre ella por los crímenes cometidos. Al ser analfabeta y conocer superficialmente el sistema judicial, se mantuvo hermética respecto a la gran mayoría de los casos. Sus abogados defensores lograron evitar que fuera juzgada por la totalidad de las muertes que se le imputaban. Finalmente, en la primavera del año 2008, “La Mataviejitas” fue hallada culpable y sentenciada a 759 años de prisión por 16 homicidios comprobados y una docena de robos. Una sentencia simbólica que aseguraría que la mujer que aterrorizó a la capital exhalara su último aliento tras las rejas de la prisión de Santa Martha Acatitla.
Lo más escalofriante de este caso no es solo la brutalidad de los actos, sino la insondable frialdad con la que Juana separaba su vida pública de su oscura obsesión. En grabaciones televisivas recuperadas antes de su arresto, durante eventos de lucha libre, se le ve sonriente, amigable y declarando frente a las cámaras con total naturalidad: “Soy ruda de corazón, tanto en el ring como en mi casa”. Esta dualidad perturbadora nos obliga a mirar a nuestro alrededor con otros ojos.
El caso de “La Mataviejitas” dejó cicatrices muy profundas en la sociedad mexicana. Evidenció de manera vergonzosa las gravísimas deficiencias estructurales de las fuerzas policiales, su propensión a buscar chivos expiatorios y su incapacidad para proteger a los ciudadanos más indefensos. Al mismo tiempo, abrió un debate necesario sobre el impacto devastador del abuso infantil y la pobreza extrema en la formación de la psique criminal. Juana Barraza Samperio no es un mito urbano; es un recordatorio trágico y palpable de que cuando una sociedad falla en proteger a sus niños, corre el inmenso riesgo de engendrar a sus propios monstruos. Su nombre ha quedado grabado para siempre en los anales de la historia criminal, no como la carismática luchadora que alguna vez soñó ser, sino como el espectro vestido de blanco que acechaba en las sombras de la Ciudad de México, cobrando con sangre inocente las deudas de un pasado imperdonable.
