Atención, porque lo que estás a punto de leer no es un simple informe financiero ni un aburrido asunto de tribunales, aunque algunos medios se esfuercen en presentarlo así. Se trata de uno de los esquemas de corrupción más descarados y alarmantes orquestados por el antiguo régimen en la Ciudad de México. Es la historia de cómo un grupo de políticos y empresarios intentaron exprimir el trabajo diario de 140,000 taxistas capitalinos, obligándolos a pagar una comisión por el simple hecho de encender sus vehículos y salir a la calle. Y, lo que es aún más escandaloso, de cómo cuando este negocio turbio fue cancelado, tuvieron la audacia de exigirle al gobierno mexicano una indemnización de 2,000 millones de dólares. Sí, leíste bien: dos mil millones de dólares que habrían salido directamente de tus impuestos. Afortunadamente, esta semana Claudia Sheinbaum ha destapado la verdad, luego de ganar una batalla legal histórica y monumental frente al Banco Mundial.
Para comprender la magnitud de este desfalco, necesitamos retroceder en el tiempo. El año es 2015. Miguel Ángel Mancera se encuentra al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, promocionando una supuesta visión moderna y progresista. En ese entonces, su secretario de Movilidad era Héctor Serrano Cortés. A las puertas de su oficina llega Santiago León Abeleira, un exdiputado con antecedentes en negocios más que dudosos, presentando un proyecto que parecía la solución tecnológica definitiva para el transporte público: una empresa llamada Servicios Digitales LUSAD, filial de L1 BRE Holding.
La propuesta consistía en instalar tabletas electrónicas en todos los taxis de la ciudad para reemplazar los tradicionales taxímetros.
En papel, podía sonar a innovación. En la práctica, era una trampa maestra. Para empezar, la aplicación que prometían no era más que una copia de un sistema que ya existía en Ecuador. No estaba terminada, no contaban con el financiamiento necesario y carecían de cualquier experiencia técnica comprobable. Además, uno de los socios clave del proyecto, Eduardo Sayas, ya arrastraba un historial de fraudes contra inversionistas. Sin embargo, en un acto que desafía cualquier lógica administrativa y ética, la concesión se otorgó a puerta cerrada. No hubo licitación pública, no hubo competencia, no se evaluaron alternativas. Se saltaron los plazos legales y los requisitos técnicos básicos. Fue un acuerdo diseñado en la sombra para beneficiar a unos cuantos, un proceso que más tarde un tribunal internacional calificaría de manera fulminante como “viciado de origen”.
Piensa por un momento en las verdaderas víctimas de este entramado: los 140,000 taxistas de la Ciudad de México. Imagina a tu vecino, a tu amigo o a ese familiar que se levanta de madrugada para ponerse frente al volante. Ese hombre o mujer que ya tiene que lidiar con el pago de la gasolina, la tenencia, el seguro y el mantenimiento constante del vehículo para poder llevar comida a su mesa. El plan del gobierno de Mancera consistía en obligar a cada uno de estos trabajadores a instalar la dichosa tableta, la cual, lejos de ser una herramienta de ayuda, funcionaba como una caja registradora para los dueños del negocio. Por cada carrera, por cada vuelta, por cada pasajero que subiera al taxi, el conductor tendría que pagar una comisión a esta empresa privada. El taxímetro, que históricamente ha pertenecido al chofer o al concesionario, pasaba a ser un dispositivo de extracción de riqueza en beneficio de un corporativo que no ponía ni una sola gota de gasolina.
Durante la campaña de 2018, la indignación era palpable. Los taxistas le preguntaban constantemente a Claudia Sheinbaum por qué los habían obligado a comprar esos aparatos inútiles y por qué jamás se les había consultado. Cuando Sheinbaum asumió el cargo, tomó una decisión contundente y valiente: canceló el contrato. Sin embargo, lejos de aceptar su derrota, las empresas detrás del fraude, Espíritu Santo Holdings y L1 BRE Holding, decidieron redoblar la apuesta. Escudándose en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), demandaron a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. Alegaron que el gobierno los había “expropiado” y exigieron como pago las jugosas ganancias que habrían acumulado a lo largo de los años. La cifra puesta sobre la mesa era exorbitante: más de 2,000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, si un ciudadano promedio gana 10,000 pesos al mes, necesitaría trabajar más de 16,000 años, sin gastar un solo centavo, para reunir esa cantidad de dinero. Ese era el tamaño del saqueo que pretendían perpetrar contra el erario público.
Durante casi cinco largos años, el silencio fue la regla de oro. Las estrictas normas del arbitraje internacional prohibían a los funcionarios mexicanos hablar públicamente sobre el litigio, bajo el riesgo de entorpecer el proceso y perder el caso. Por eso, durante todo este tiempo, el entramado completo permaneció oculto. La oposición y ciertos medios de comunicación aprovecharon este vacío de información para atacar, sin saber —o fingiendo no saber— la colosal batalla legal que se estaba librando en los tribunales internacionales para proteger el dinero de los mexicanos.
Finalmente, el 26 de marzo de este año, la justicia se impuso. El laudo del CIADI fue contundente y absoluto: le dio la razón a México y rechazó de plano las absurdas reclamaciones de las empresas. El tribunal estableció claramente que la cancelación del contrato fue totalmente legal y que no existió ninguna violación al tratado comercial. Más importante aún, los jueces internacionales confirmaron lo que los taxistas siempre supieron: la concesión nació podrida. Al estar plagada de irregularidades desde su origen, los empresarios no tenían ningún derecho a exigir “expectativas legítimas” de ganancia. Como si el golpe no fuera suficiente, se les condenó a pagar los gastos legales del proceso. De este modo, México salvó 2,000 millones de dólares que jamás saldrán de los bolsillos de los ciudadanos.
Este triunfo histórico ha abierto la caja de Pandora y los nombres de los responsables empiezan a salir a la luz, incomodando profundamente a la clase política del viejo régimen. El expediente del CIADI, que ya es de acceso público, señala directamente la actuación de Héctor Serrano Cortés, el arquitecto de esta concesión irregular. A pesar de que la defensa legal de México se basó precisamente en exhibir las ilegalidades cometidas por funcionarios como él para ganar el caso, Serrano, quien hoy goza de un puesto como legislador en San Luis Potosí, tuvo el descaro de declarar a la prensa: “No escuché mi nombre, no me siento de ninguna forma involucrado”. Una respuesta francamente insultante cuando su nombre está plasmado en un documento internacional que prueba la corrupción de su gestión. Y la red de complicidades no termina ahí. Nombres como el del diputado panista Federico Döring también aparecen vinculados al expediente, demostrando que cuando se trataba de repartir el botín, los colores partidistas desaparecían y se imponían los pactos de impunidad.
Hoy, la narrativa del gobierno moderno y ejemplar que intentó vender Miguel Ángel Mancera —quien ahora se pasea con total tranquilidad dando cátedras e impulsando podcasts— se cae a pedazos frente a la evidencia documentada del mayor fraude tecnológico en la historia del transporte capitalino. La tecnología no se utilizó para mejorar el servicio ni para dignificar al trabajador; se usó como un instrumento de extorsión moderna, una llave para cobrar una renta vitalicia sobre la espalda de 140,000 familias.
El caso de las tabletas obligatorias es un recordatorio brutal de cómo operaba el viejo modelo y de la profunda transformación que ha significado erradicar esos privilegios. La pesadilla ha terminado para los taxistas de la capital. No hay más comisiones injustas, no hay más aparatos inservibles y, sobre todo, no habrá un pago multimillonario a empresas fraudulentas. Sin embargo, la historia apenas comienza en el terreno de la justicia social. Con el expediente internacional abierto y las pruebas sobre la mesa, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿Se quedará todo en una victoria legal, o veremos finalmente a los arquitectos de este megafraude rindiendo cuentas ante la justicia penal? La verdad ya está al descubierto, y el enjambre de corrupción del pasado no podrá esconderse por mucho más tiempo.
