Y en el cruce de esos dos operativos hay un dato que nadie está subrayando con suficiente claridad. El dinero nunca salió. 13,000 millones de pesos de sobreprecio, listos para pagarse y alguien los paró justo a tiempo. Para entender la magnitud de esto, hay que saber qué es Birmex. Laboratorios de biológicos y reactivos de México.
La paraestatal que tiene a su cargo comprar los medicamentos para el IMS, el ISSTE, el IMS Bienestar y los hospitales del sector salud. Cientos de millones de piezas al año, antibióticos, medicamentos oncológicos, insulinas, vacunas. Si el medicamento llega al hospital público donde tu familiar se atiende, pasó por Birmex. Así de central es esta empresa y lo que se detectó dentro de ella en estas semanas fue un golpe al corazón del sistema.
En la compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026 se adjudicaron contratos para 175 claves de medicamentos a proveedores que no habían ofrecido el precio más bajo. Eso viola la lógica básica de cualquier compra pública. Si hay varias empresas compitiendo, el contrato va al que ofrece mejor precio siempre, a menos que algo se haya arreglado antes.
El sobreprecio detectado en esas 175 claves llegó a 13000 millones de pesos. Si en el supermercado el kilo de azúcar vale 20 pesos, pero te cobran 120 porque alguien arregló el precio, eso es lo que pasó aquí. Solo que en lugar de azúcar son medicamentos para pacientes con cáncer, con diabetes, con v y h y en lugar de pesos, la diferencia son 13,000 millones.
Eduardo Clark, subsecretario de integración y desarrollo del sector salud, llegó a la mañanera el 19 de marzo y lo dijo sin rodeos. Hay posibles indicios de corrupción en la compra consolidada. Los contratos ya tenían nombre, pero el dinero todavía no había salido y ahí paró todo. El freno se jaló antes de que se pagara un solo peso.
Ese detalle importa más de lo que parece. La corrupción se detectó en el momento exacto, no después de pagar, sino antes. Y eso generó la pregunta que nadie en el interior de Birmex quería escuchar. ¿Quién firmó esos contratos? ¿Quién autorizó esas adjudicaciones? ¿Quién sabía y no dijo nada? La Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno dirigida por Raquel Buen Rostro declaró la nulidad total de la licitación entera.
No un ajuste, no una corrección parcial, nulidad total, todo cancelado. Y empezó la investigación de los nombres detrás del proceso. El 10 de abril, Claudia Shainbaum confirmó lo que ya se estaba filtrando entre cinco y seis funcionarios de Birmex, separados del cargo de inmediato. El director general Iván Olmos Cancino, fuera.
La directora administrativa Ema Luz López, fuera. La directora de logística Carla Anaya fuera. El director de planeación Fabián López fuera. Otros involucrados directa o indirectamente también fuera. La presidenta fue inequívoca. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con empresas privadas, fueron separados de su cargo.
Y luego vino la frase, la frase que define este sexenio en materia de combate a la corrupción. Dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Y si te gustan estas historias que revelan lo que casi nadie se atreve a contar, suscríbete porque lo que viene después te va a dejar pensando. Hay un dato que Shane Baum mencionó y que muchos medios pasaron por alto.
Algunos de esos funcionarios destituidos llevaban en Birmex desde antes de que llegara López Obrador. gente que sobrevivió un cambio de gobierno, que aguantó 6 años de la cuarta transformación, que logró quedarse en la transición hacia Shane Baum. Gente que conocía los mecanismos, los contratos, los proveedores y que según la investigación usó ese conocimiento acumulado para beneficiar a empresas privadas con contratos que debían haber ido a otros.
La encerrona en que quedaron es total. separados del cargo mientras se investigan, sin acceso a los expedientes, sin posibilidad de alterar documentos ni coordinar versiones. Cada opción que tienen ahora es peor que la anterior. Cooperar los convierte en delatores. No cooperar acelera el proceso penal en su contra. No hay salida limpia.
El nuevo director de Birmex es Carlos Uyoa, colaborador de confianza de Shanba desde su etapa en la ciudad de México. Eso no es un nombramiento burocrático, eso es la presidenta poniendo a un hombre de su círculo más cercano a controlar una de las cajas más importantes del estado. El mensaje a toda la administración pública es aplastante.
Si hay colusión con proveedores, el costo es el cargo y posiblemente la libertad. Pero aquí es donde todo cambia, porque hasta ahora solo hemos hablado de la puerta por adentro. La puerta por afuera era igual de importante y lo que encontraron cuando la abrieron es lo que nadie esperaba. Raquel buen rostro llegó a la mañanera del 29 de abril con un informe que en otro gobierno habría quedado sepultado bajo capas de eufemismos.
Lo dijo así, sin adornos. El gobierno tiene bajo revisión a 59 empresas por irregularidades relacionadas con la compra consolidada de medicamentos. 16 de ellas no tenían registros sanitarios válidos de CofEPRIS. Para que quede claro lo que eso significa, Cofepris certifica que un medicamento es lo que dice ser, que tiene la concentración correcta, que no va a hacerle daño al paciente.
Sin ese registro, los medicamentos no tienen garantía sanitaria y 16 empresas participaron en licitaciones para venderle medicinas al gobierno sin tener ese aval. 16. Pero lo más fuerte vino después. Entre las 59 empresas investigadas, Buen Rostro reveló que varias tienen un objeto social que no tiene nada que ver con el sector farmacéutico.
Algunas son inmobiliarias, otras venden combustibles. Empresas que se dedican a rentar locales o a vender gasolina participaron en licitaciones para suministrar medicamentos a los hospitales del gobierno. Eso no es un error administrativo, eso es una red de prestanombres de empresas fachada creadas o recicladas para cobrar contratos del Estado con documentos falsos.
El caso más documentado tiene nombre: Biomix Lab, México. Entre 2022 y 2024 acumuló cerca de 100 contratos del gobierno por más de 276 millones de pesos. El 25 de abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción la inhabilitó por 15 meses, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expediente S AN-025-2024.
La razón proporcionar información falsa en un procedimiento de licitación. No era la primera vez. En junio de 2024 ya había recibido una inhabilitación de 3 meses por entregar bienes con irregularidades. 100 contratos, dos inhabilitaciones, 276 millones. Shainbaum fue tajante al referirse al caso.
Está inhabilitada y hay una empresa más sin nombre revelado todavía porque el caso está activo en la Fiscalía General de la República. Esta empresa falsificó registros de COFEPRIS, no los presentó incompletos ni vencidos, los falsificó. Una denuncia penal ya fue presentada. Eso ya es terreno de la FR. y lo que salga de ahí va a tener más nombres que los que hoy conocemos.
El dato global del operativo, 650 claves con irregularidades detectadas en todo el proceso de compra y la auditoría forense al ejercicio 2020 de BMEX reveló irregularidades por 1045 millones de pesos, el 25% del monto auditado, un cuarto de todo lo que se revisó. Imagina esto. Llegas al hospital con la receta de tu familiar, el medicamento no está.
Te dicen que no hay existencias. Eso le pasó a 4 millones de personas en 2024. 4,000ones de recetas no surtidas en el IMS. Ese desabasto no llegó solo. Venía de décadas de compras deficientes, de proveedores incumplidos, de contratos arreglados desde adentro y desde afuera. La red que se está desmantelando esta semana es parte de la explicación de por qué el medicamento no llegaba y ahora esa red está siendo expuesta con nombres, cifras e inhabilitaciones publicadas en el diario oficial.
La coordinación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción y la FR es un operativo diseñado para que no haya escapes por los flancos. La destitución de los funcionarios internos congela la evidencia y elimina a los aliados que abrían las puertas. La investigación de las empresas externas deja sin red a los proveedores que dependían de esos contactos.
Cuando los contactos internos desaparecen, las empresas corruptas quedan expuestas sin a dónde correr. Y el argumento político más poderoso de todo esto lo repitió la presidenta varias veces con razón. Los contratos se adjudicaron, pero los 13,000 millones de sobreprecio nunca se pagaron. La corrupción se detectó, se detuvo y se está castigando.
En la historia reciente de las compras públicas en México, eso es inédito. La oposición quería usar el desabasto de medicamentos como su argumento central contra la cuarta transformación. Este operativo les quitó ese argumento con el mismo movimiento que destapó la corrupción. El desabasto existía porque había una red que corrompía las compras desde adentro y desde afuera.
Ahora esa red está siendo desmantelada públicamente. ¿Cómo criticas a un gobierno que encontró la corrupción en su propia casa, la paró antes de pagar un solo peso y la está castigando con expedientes en el diario oficial? Lo que se está gestando en estas semanas es un nuevo estándar para las compras públicas, la plataforma donde cualquier ciudadano puede ver qué medicamentos compró el gobierno y a qué precio.
La subasta inversa para las compras futuras, donde las empresas compiten públicamente por precio y calidad con contratos asignados en menos de 15 días. Si este modelo prospera, si las denuncias penales avanzan, si los testimonios de los funcionarios destituidos empiezan a conectar puntos, el sistema de compras de medicamentos puede salir de este escándalo más robusto de lo que entró.
Dijeron cero corrupción y ahora ese compromiso tiene un expediente, tiene nombres, tiene fechas y tiene consecuencias reales. Eso ya no es una promesa de campaña, es una línea en la arena que quedó trazada frente a todo el país. Y aquí aparece la pregunta que nadie quería hacer en voz alta dentro del sistema.
¿Cuántos más hay? Los funcionarios destituidos conocían la mecánica porque llevaban años dentro. Eso significa que la red no la construyeron solos ni de un día para otro. Hay proveedores que sabían con quién hablar. Hay procesos que se repitieron suficientes veces como para volverse rutina. La auditoría forense al ejercicio 2020 encontró irregularidades en el 25% de lo auditado.
Eso no es un accidente aislado, eso es un patrón que venía operando en silencio mucho antes de que alguien lo detuviera. Lo que hace poderoso este momento no es solo lo que se descubrió, es lo que se hizo con lo que se descubrió. Nombres públicos, inhabilitaciones en el diario oficial, denuncias penales activas, un nuevo director de confianza.
Plataformas de transparencia anunciadas, todo en el mismo movimiento. Eso es lo que separa una operación de imagen de una operación real. Y esa diferencia, hoy más que nunca, es la que el país necesita ver con claridad.
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