Rubén Rocha Moya intenta callar a Harfuch en plena crisis de Sinaloa… ¡México queda en shock!

La cifra que Trevilla citaría poco después en la conferencia, esa de la reducción del 44% en homicidios diarios, era cierta en el papel y discutida en la calle. Los sinaloenses sabían que muchos de los muertos del estado ya no se reportaban porque jamás se encontraban los cuerpos y sabían que la calma reciente era más bien una guerra contenida hasta que alguien se moviera.

Y alguien acababa de moverse, el gobernador. Y por eso el lunes Harfuch ya estaba en Culiacán. El secretario llegó en avión la noche anterior. Durmió poco. Eso lo sabía cualquiera que conociera al hombre desde sus tiempos de jefe de la policía capitalina. cuando aterrizaba en escenas de crimen de madrugada y se quedaba hasta que los peritos cerraban las bolsas.

El que ahora caminaba hacia la sala de prensa de la novena zona militar no era un funcionario de oficina. Era el mismo hombre al que el 26 de junio de 2020 le habían tendido una emboscada en pleno paseo de la Reforma frente al bosque de Chapultepec, cuando todavía era jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital.

una camioneta cruzada, hombres con fusiles automáticos, una ráfaga sostenida que le partió el cristal blindado del lado del copiloto y que dejó a dos de sus escoltas y a una mujer joven que pasaba en otro vehículo tirado sobre el asfalto al alba. Tres tiros le habían entrado al cuerpo a Harfuch ese día. Volvió a su escritorio en 15 días con el brazo en cabestrillo y el saco abierto encima.

La cicatriz, decían en su equipo, todavía le tiraba con el frío de las madrugadas de reforma. La investigación se quedó con que el atentado había sido coordinado desde el cártel Jalisco Nueva Generación y desde entonces el nombre de Harf, en cierta parte del crimen organizado, dejó de pronunciarse en voz alta.

Lo que casi nadie afuera entendía es que ese hombre, nacido en Cuernavaca el 25 de febrero de 1982, hijo de la actriz y cantante María Sorté, nombre artístico de María Arfuch Hidalgo, mexicana de raíces libanesas y nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la defensa nacional en 1968. No había llegado a Culiacán para hacer un acto protocolario.

Había llegado para mandar un mensaje y el mensaje no era para Estados Unidos, era para todos los que en Sinaloa todavía pensaban que el gobierno federal iba a tratar a Rocha Moya con guantes. La trayectoria pesaba. L en derecho por la Universidad Continental, Licomaserosen, Seguridad Pública y maestría en administración pública por la UVM, diplomado en seguridad nacional e internacional en Harvard. Cursos del FBI en cuántico.

En 2008, cuando entró a la policía federal, era jefe de un departamento dentro de la coordinación de inteligencia. En 2012 lo mandaron como coordinador estatal a Guerrero en plena guerra contra los Beltrán Leiva. En 2015 ya manejaba la división de investigación. En 2019, Shinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En 4 años, los homicidios dolosos en la capital cayeron alrededor del 40%. Cuando Shane Baum se convirtió en presidenta en octubre de 2024, lo trajo al gabinete federal. Lo que para muchos en Morena seguía siendo el nombre de un hombre cercano a la presidenta, para los reporteros de la fuente de seguridad era ya también el nombre de un posible candidato presidencial en 2030.

Por eso, cada palabra que Harfuch decía pesaba doble, la de funcionario y la de aspirante. La sala de prensa estaba lista desde antes de las 11, sillas en filas de seis, tres cámaras al fondo, reporteros de El Universal, Milenio, La Jornada, Reforma, El Financiero, además de los locales de El Debate y Noroeste. Atrás la prensa internacional Routers AP, un equipo de Univisión.

La gobernadora interina Geraldine Bonilla entró por la puerta lateral con un saco color hueso. A su lado, el secretario de la defensa, Ricardo Trevilla Trejo, con el uniforme verde olivo cargado de medallas. Después, Harfuch se sentaron. La presidenta de prensa hizo el protocolo y empezó el guion oficial. Primero habló Trevilla, cifras frías.

De octubre de 2024 a abril de 2026, dijo el general, los homicidios diarios en Sinaloa habían bajado de 5.9 a 3.3, una reducción del 44% en Culiacán, de 4.4 a 2.7 homicidios por día, una reducción del 38.6, dijo las palabras consolidación y coordinación interinstitucional como si fueran dos clavos.

Trevilla no levantó la voz, nunca la levantaba. Era esa clase de militar al que el silencio le servía de visturí. Después tomó el micrófono Harfuch. Anunció el paquete del día. 100 patrullas nuevas para la policía estatal. Capacitación a los elementos por parte de la Sena, mesas de seguridad permanentes con la Marina. la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las autoridades locales.

La frase con la que cerró su intervención iba a ser la imagen del día en los teleprompters de la noche. El gobierno de México está presente. No nos vamos a retirar. Aplauso corto, cámaras quietas, pero los reporteros no estaban ahí por las patrullas y el secretario lo sabía. La primera mano se levantó, después otra, después tres.

La presidenta de prensa cedió la palabra a una corresponsal que había venido desde la Ciudad de México y que tenía la libreta abierta en una sola pregunta, subrayada dos veces. Secretario, ¿el gobierno mexicano o el gabinete de seguridad tienen alguna sospecha sobre el gobernador Rubén Rocha? Y si ya la tenían, ¿por qué no se actuó en las más de 14 reuniones del gabinete de seguridad? La sala, que hasta ese momento había estado vibrando con el roce de las teclas de los celulares, se quedó en silencio. La gobernadora

Bonilla bajó la mirada hacia sus manos. Trevilla no movió un músculo y Harfuch, antes de responder, hizo lo que hace siempre cuando una pregunta tiene filo. Respiró por la nariz despacio una sola vez. Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. La frase cayó como una piedra en una alberca quieta. Lo que Rocha Moya había estado intentando dejar instalado en el ambiente desde el viernes en su video con esa voz cansada y ese tono casi de víctima política era una idea muy concreta, que el gobierno federal, que

el gabinete de Shinbaum, que la propia presidenta sabían algo y se habían quedado callados, que la coordinación había sido perfecta, que nadie había obstruido nada. que lo que decía Estados Unidos era ruido externo. Esa narrativa convenía, esa narrativa salvaba muebles. Esa narrativa, sobre todo, ponía al gobernador con licencia en una posición incómoda, pero vivible, la del hombre injustamente acusado al que su propio equipo respaldaba en silencio.

Harfuch, en cinco palabras, la mandó al piso. Llevamos desde el inicio de la administración con resultados, con detenciones y nunca tuvimos una obstrucción por parte de ningún funcionario del gobierno del estado para realizar las operaciones que les presentamos. que se pueda escuchar bien. El secretario federal estaba diciendo en cadena nacional que el gabinete de seguridad nunca tuvo sospechas previas sobre Rocha Moya y al mismo tiempo, sin levantar el tono, estaba diciendo otra cosa, que tampoco lo iba a defender, que

no era amigo, que no era enemigo, que era simplemente el responsable de un cargo del que ahora se había separado. Era un acto de equilibrismo brutal, una mano que sostiene un huevo y un cuchillo al mismo tiempo. Y nadie en esa sala lo entendió mejor que la propia Geraldine Bonilla, que hizo un esfuerzo perceptible por mantener la cara quieta.

Pero la reportera no había terminado. Tenía otra pregunta y esa, la segunda, era la que iba a abrir el verdadero hueco. ¿Y dónde está ahora Rocha Moya, secretario? Harfuch movió ligeramente la cabeza. Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa. Sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa.

La frase fue de manual. El Sinceramente no tengo conocimiento en boca del secretario de seguridad federal era para cualquiera que llevara más de 2 años cubriendo la fuente una declaración cargada. Pero la siguiente respuesta del secretario, hecha también con tono plano, fue la que hizo que tres reporteros del fondo levantaran la cabeza al mismo tiempo.

El Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo de manera constante. Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud. Se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos.

Sin solicitud, recomendación, pocos elementos, tres datos. Y atrás, en alguna fila intermedia, alguien escribió en su libreta una palabra que iba a circular en redes sociales en cuestión de 15 minutos. escolta. La Guardia Nacional, el cuerpo creado por la cuarta transformación y manejado bajo la coordinación operativa de Sedena estaba custodiando en ese mismo momento, en alguna casa de Culiacán o de los Mochis o quién sabe dónde, al hombre cuya extradición había pedido formalmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos 5 días antes. “Temen entonces que

pueda ser atacado el gobernador con licencia?”, preguntó otro corresponsal. No tenemos ningún indicio ni dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza, respondió Harfuch. Pausa. Y aquí, en esta segunda pausa, vino la frase que iba a ser para la prensa el verdadero clavo del día. La pregunta que Harfuch debió haber visto venir desde que se subió al avión la noche anterior, porque en cualquier reunión técnica del gabinete federal alguien la habría puesto sobre la mesa, era la del fuero. Si Rocha Moya, al

pedir licencia y dejar el despacho, conservaba o no el escudo jurídico que le permitiría resistir una orden de apreciónsión. La reportera lo formuló con seis palabras. Secretario, ¿el gobernador con licencia tiene fuer? Harfuch la miró un instante. Después miró brevemente, casi sin querer, hacia la izquierda, donde estaba sentada la gobernadora Bonilla.

Después regresó la vista al frente. Lo que tengo entendido, ya lo precisará la Fiscalía General de la República, es que quien tiene fuero es un senador, los demás no. El gobernador al dejar el cargo no tiene fuero. La sala respiró al mismo tiempo. Esa frase el gobernador al dejar el cargo, no tiene fuero. Era el desmentido que Rubén Rocha Moya había estado intentando evitar desde la noche del viernes.

era el desmentido que su entorno había estado matizando en declaraciones pequeñas, en boletines diluidos, en mensajes a periodistas amigos, que la licencia era una decisión política de transparencia, no una jugada jurídica, que no se había evaporado el manto del cargo, que las cosas iban a investigarse en su momento con calma en México.

Harf acababa de cortar el matiz sin fuero, sin protección, sin tiempo. La FGR, si quería podía actuar. Y conviene entender lo que esa frase implicaba en términos políticos, porque no fue casual. Rocha Moya había sido elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021 por una coalición encabezada por Morena. Era un veterano, senador, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hombre de la Vieja Guardia.

había llegado al cargo con un capital político que en el sur del estado todavía pesaba, pero las acusaciones de Nueva York le habían cambiado el suelo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos había emitido un comunicado durísimo. “Te haremos rendir cuentas”, decía la frase puntera. Y el fiscal J. Clayton, de quien la prensa especializada decía que era una pieza estrella del Departamento de Justicia bajo la administración Trump, había firmado el documento en persona.

La pena mínima que enfrentaba Rocha si era extraditado y condenado en territorio estadounidense era de 40 años, la máxima cadena perpetua. Esos eran los números reales sobre la mesa y Harfuch, sin enunciarlos, los acababa de subrayar. Lo que vino después de esas frases en términos de prensa fue una avalancha. Las preguntas se acumularon.

Que si las patrullas, que si los homicidios del fin de semana, que si la coordinación con la nueva gobernadora, que si la lista completa de los 10, que si el senador Inzunza, que seguía sin presentarse en la Cámara Alta, que si el alcalde Gámez Mendvil, que también había pedido licencia. Harfuch fue respondiendo con una serenidad casi mecánica, como si estuviera leyendo un manual, pero en su cabeza cualquiera que lo conociera lo notó. Ya estaba en otro lugar.

Ya estaba pensando en la siguiente reunión, en el viaje de regreso, en la llamada que iba a hacer apenas se subiera al sub. A las 11:47 minutos, la presidenta de prensa cerró la conferencia. Aplauso, flashes, movimiento de sillas. La gobernadora Bonilla se levantó primero, después Trevilla, Harfuch.

Al final caminó por el pasillo lateral, saludó a un par de oficiales, intercambió dos palabras con su secretaria particular y se dirigió hacia la salida que daba al estacionamiento. Atrás, varios reporteros lo siguieron a paso rápido con la grabadora estirada como un fusil. Uno de ellos, un muchacho joven del debate, le gritó algo cuando ya casi llegaba al subng negro.

Secretario, una más y los otros nueve. Secretario, los otros nueve nombres. Harfuch no se volteó, subió. La puerta blindada se cerró con ese ruido sordo y final que tienen las puertas de los vehículos del estado mexicano. El convoy arrancó, las motos abrieron paso. La nube de polvo del estacionamiento de la novena zona militar se levantó sobre los wizaches secos del costado del Bardal.

Pero la pregunta del muchacho del debate quedó suspendida en el aire de Culiacán. Quedó pulsando porque Harfush había desmentido a Rocha Moyaí. Había soltado la frase del fuero, había soltado la frase del indicio. Había puesto a la gobernadora interina al frente del paisaje. Había hecho su trabajo del lunes, pero los otros nueve nombres seguían vivos.

Estaban en Culiacán, en Mazatlán, en Mochis, en la Ciudad de México. Y uno de ellos, no Rocha Moya, otro, iba a moverse al día siguiente. Un movimiento que nadie en la sala de prensa había anticipado, ni siquiera Harfuch, y que iba a meter a la crisis sinaloense en una dimensión completamente distinta. Iba a mover ficha el martes por la mañana en la ciudad de México, en un pasillo donde las cámaras tardarían apenas 3 minutos en llegar.

Si tú quieres saber qué nombre fue el que se movió, qué decidió hacer y por qué Harfuch no pudo ya quedarse callado al día siguiente, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, regálame un like y suscríbete al canal. Eran las 11:22 minutos de la mañana del martes y una mujer en una oficina del Senado borraba fotografías. Una, otra, otra.

Cada vez que el dedo se hundía en la pantalla del celular, una imagen desaparecía. Sonrisas. comidas, aplausos en plenos pasados, brindis y al fondo, en una de esas fotos, un hombre que ya no convenía. La mujer no levantó la mirada. La asistente que estaba a un costado tampoco preguntó, pero ambas sabían que cada borrón que la senadora hacía con el pulgar era también una declaración política y que en algún lado del país, esa misma mañana alguien iba a empezar a leer ese silencio como una respuesta. Lo que ninguna de las dos

sabía todavía es que esa decisión, tan pequeña, tan privada, tan limpia, iba a quedar registrada como uno de los gestos que marcaron el principio del derrumbe. Era martes 5 de mayo y Omar García Harfuch llevaba apenas 14 horas de regreso en la Ciudad de México. Su avión había aterrizado en Santa Lucía la noche anterior después de Culiacán y a las 6 de la mañana el secretario ya estaba al teléfono con el subsecretario de inteligencia.

La palabra que más se repetía en esa llamada, según pudo confirmar después la prensa de la fuente, era una sola. Gabinete. Reunión del gabinete de seguridad. Convocatoria urgente. Y a las 8:10 de la mañana, Harfuch entró por la puerta lateral de Palacio Nacional con un folder de cartón debajo del brazo y la corbata gris perla del día anterior cambiada por una azul oscuro casi negra.

Atrás de él, su jefe de oficina iba mirando la pantalla del teléfono y en la pantalla, en grupos de WhatsApp que no tenían nombre formal, pero a los que pertenecían reporteros, asesores y operadores de Morena, una sola pregunta había empezado a circular desde las 7:30. ¿Quién más se va a caer hoy? Antes de que avancemos hacia lo que ocurrió esa misma tarde en una calle de Badirahuato y por qué un solo gesto en redes sociales empezó a hundir lo que quedaba de la red política de Sinaloa, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que está por

venir es la pieza que cambia toda la lectura del caso. La conferencia del lunes en la novena zona militar había hecho lo suyo. Para la mañana del martes, los titulares de los principales diarios del país eran tres frases casi idénticas. La jornada llevaba en primera plana la del fuero. El gobernador, al dejar el cargo, no tiene fuero.

El Universal habría con la del indicio. No teníamos ningún indicio. Milenio sintetizaba con una sola línea. Federación toma el control en Sinaloa. Y debajo, en columnas de opinión que se leían con desayuno y café de olla en la cocina de cualquier casa de Tepito, Lomas, San Pedro Garza García o Mochis, los analistas hacían la misma pregunta.

Si el secretario federal había desmentido a Rocha en términos tan limpios, ¿qué iba a pasar con los otros nueve de la lista? Porque la lista seguía intacta. 10 nombres, 10 firmas en el expediente del fiscal J. Clayton. 10 carpetas que ya estaban abiertas en algún cajón de la Fiscalía General de la República en Insurgentes Sur.

Y ese martes, mientras Harfuch se sentaba a la mesa del gabinete de seguridad en Palacio Nacional con el rostro tenso de quien no había dormido las suficientes horas, una de esas 10 fichas empezó a moverse sola, la de Enrique Inzunza Cázarz. Inzunza tenía 53 años, era senador morenista por Sinaloa y había sido antes de llegar a la Cámara Alta en agosto de 2024 secretario general del gobierno estatal bajo Rocha Moya, 25 años de carrera en el Poder Judicial, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa entre 2016 y 2021.

Originario de Badiraguato, el mismo municipio serrano del que también era originario el propio Rocha. y del que, como dato que ya circulaba en los noticieros, también era originario un hombre llamado Joaquín Guzmán lo era. La biografía completa de Inzunza la había desplegado esa misma mañana del martes, una nota larga firmada por la corresponsal de un diario nacional.

Y lo que más llamaba la atención en esa nota no era ni siquiera el currículum, era un dato lateral, una línea que en condiciones normales habría pasado inadvertida. La línea decía que la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Aida Inzunza Cázarez, hermana del Senador, había sido quien firmó el dictamen que validó el triunfo electoral de Rocha Moya en 2021.

la hermana del senador, validando al gobernador, que ahora estaba acusado en Nueva York junto con el propio senador. Esa línea leída en frío era una telaraña. El expediente del Departamento de Justicia en sus páginas centrales describía a Inzunza como el funcionario que acordó planes específicos para que el gobierno del estado apoyara y protegiera al cártel.

Decía que en una reunión posterior a la elección de junio de 2021 junto a Rocha Moya, el entonces secretario general de gobierno, había negociado con líderes de los chapitos las condiciones para que ese grupo criminal tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa. Los cargos en su contra, idénticos a los del gobernador con licencia, traían la misma escala de pena, 40 años mínimos, cadena perpetua máxima en caso de extradición y condena.

Y el expediente no era solamente sobre él, era sobre toda la red. La acusación describía con detalle de Orfebre como, según la fiscalía neoyorquina, los chapitos habían organizado el robo de papeletas en casillas de oposición durante la elección de 2021. Cómo habían secuestrado e intimidado a candidatos rivales, cómo habían instalado sicarios armados con AR15 alrededor de las reuniones donde Rocha cerraba acuerdos.

Mencionaba a Marco Antonio Almanza Avilés y a Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, ambos comisarios de la policía de investigación, como las piezas operativas dentro del aparato. Mencionaba a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. Mencionaba a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, comandante de la Policía Estatal Preventiva.

Mencionaba alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, que también había pedido licencia y mencionaba algo todavía más concreto, que el vicefiscal estatal Damas o Castro Zaavedra recibía ,000 mensuales en efectivo en mano, a cambio de avisar de operativos. la cifra exacta, el método de entrega, el motivo del pago.

Esos detalles, según los investigadores de la fuente, no salían de informes vaporosos, salían de cooperantes con nombre, número y minuta, pero a diferencia de Rocha, Inzunza tenía algo que el gobernador ya había perdido. tenía fuero. Era senador en funciones y como había explicado dos noches atrás en una entrevista que dio el exministro Arturo Zaldíbar, mientras un senador no pidiera licencia, su persona física no podía ser tocada por una orden de apreciónsión sin un proceso de desafuero del propio Senado.

Esa era la pieza, esa era la frontera. Y por eso lo que Inzunza decidiera hacer ese miércoles en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, cuyo periodo de receso había comenzado el primero de mayo y se extendía hasta el 30 de agosto, iba a ser la prueba de fuego de toda la red política sinaloense vinculada a Rocha.

Si Inzunza aparecía, presentaba la cara, soportaba el griterío de la oposición, sostenía el discurso de inocencia y cumplía con su trabajo legislativo. Lo que estaba mandando era un mensaje. No me voy a ningún lado. No me asusto. Mi fuero está intacto. El caso es político. Si Inzunza no aparecía, lo que estaba mandando era otro mensaje completamente distinto, uno que ni siquiera él podría controlar después.

Y por eso, ese martes por la mañana todos los reporteros de la fuente del Senado estaban revisando una sola cosa, la cuenta de X de Enrique Inzunza Cázar. El sábado 2 de mayo, apenas horas después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha, el senador había publicado un video corto desde lo que parecía una vereda de tierra.

Detrás de él, monte, pájaros, aire de sierra, la voz, la misma voz de un viejo presidente de tribunal acostumbrado a leer sentencias en tono pausado. Las y los saludo desde Mi terruño, Badirahuato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana, había dicho Inzunza en ese video. Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente este próximo miércoles 6 de mayo.

¿Y de qué mejor manera para esta coyuntura? Repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Juárez. Repasando la vida de Juárez. La elección de la figura no había sido casual. Benito Juárez, el oaxaqueño que enfrentó la intervención francesa, era, en la liturgia política de la cuarta transformación el símbolo de la resistencia ante la injerencia extranjera.

Inzunza estaba colocándose en esa cancha. estaba diciendo, sin decirlo, ustedes me acusan desde el norte. Yo me amparo en el héroe del sur. Estaba tomando el escudo nacionalista que Shainbaum había estado armando desde hacía días y se estaba envolviendo en él. Y la elección del lugar también decía mucho. Badirahuato no es un pueblo cualquiera de la geografía mexicana.

Es el municipio de la Sierra sinaloense del que salieron, generación tras generación varias de las figuras históricas del narcotráfico mexicano. Joaquín Guzmán lo era, los hermanos Beltrán Leiva, Rafael Caro Quintero. Es también, sin embargo, el pueblo donde nacieron y crecieron políticos legítimos como el propio Inzunza y como el gobernador con licencia.

Lo que para los reporteros de la fuente es un dato de contexto, para los habitantes de la sierra es algo más complicado. Un pueblo donde uno crece sabiendo que el muchacho de la mesa de al lado en la primaria puede terminar siendo magistrado o jefe de plaza y donde la frontera entre uno y otro destino se va trazando con decisiones tomadas a los 14, 16, 18 años.

Inzunza, recordaban en los corrillos del Senado, había escogido el lado de la toga. lo había escogido durante 25 años en juzgados de primera instancia, en salas penales, en el Supremo Tribunal del Estado. Lo había escogido bien y por eso ahora las preguntas que se hacían sus defensores eran las más duras de responder.

Si había escogido bien tanto tiempo, en qué momento, según la acusación de Nueva York, habría escogido distinto. Pero el lunes en la noche después de la conferencia de Harfug, ese escudo empezó a aflojarse porque el desmentido del secretario federal había hecho algo que Inzunza no podía absorber sin pagar un costo. Había puesto sobre la mesa que el gabinete federal no tenía indicios contra Rocha.

Es decir, si lo que decía Estados Unidos era cierto, la federación nunca lo había sabido. Y si la federación nunca lo había sabido, la coordinación que pregonaba el equipo de Rocha era de un tiro irrelevante. La defensa que el propio Inzunza había estado construyendo, esto es un ataque a la cuarta transformación.

Somos víctimas de la injerencia. se quedaba sin techo porque la propia cuarta transformación a través de Harfuch acababa de decir que no había pacto, que no había encubrimiento, que no había cobija. Y por eso, ese martes, mientras Harfuch entraba a Palacio Nacional y los corresponsales seguían refrescando la cuenta del senador, alguien dentro del propio Morena empezó a borrar.

La senadora Imelda Castro Castro, también morenista, también sinaloense, abrió su cuenta de Instagram a media mañana. Una por una fue eliminando las fotografías en las que aparecía junto a Inzunza, las que los mostraban en eventos partidistas, las de la entrega del informe del propio Rocha en septiembre del año anterior, las de la cena de fin de año del grupo parlamentario, una a una, sin comentar, sin avisar, simplemente borrar.

Para cuando los reporteros del Senado se dieron cuenta y pusieron capturas en redes, el daño ya estaba hecho. Y Melda Castro, que durante meses había sido vista como aliada cercana del eje Rocha Inzunza dentro de la bancada de Morena, estaba marcando un distanciamiento público que valía más que cualquier comunicado. Y eso en política es la primera lluvia.

Después viene el aguacero. A esa misma hora, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Shainbaum daba su conferencia matutina. La pregunta sobre Rocha llegó tarde, fue la novena, pero llegó. Una corresponsal de un canal estadounidense le pidió a la presidenta que comentara la columna de la cadena CNN, según la cual ella se enfrentaba a un dilema casi imposible. La presidenta no titubeó.

La frase que dejó en el atril fue corta, contundente, y los servicios de tipografía la recogieron antes de que se cerrara la transmisión. No estoy entre la espada y la pared, estoy tranquila. Después agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores había pedido formalmente a Estados Unidos las pruebas, que la FGR estaba revisando el expediente, que el caso se procesaría en México conforme al marco legal mexicano y que el gobierno federal no iba a aceptar lecciones de quienes hacía apenas dos semanas habían tenido a

agentes de la CIA operando sin autorización en Chihuahua. Lo que parecía una réplica sobre el caso Rocha era en realidad otra cosa. Era un recordatorio. Era Shainbaum diciendo, “Ustedes también tienen cola que les pisen.” Y la presidenta tenía con qué sostener la frase. El 27 de abril, apenas dos días antes de que se hiciera pública la acusación contra Rocha, una fiscal federal mexicana llamada Wendy Chávez había presentado el primer informe oficial sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia. en territorio

chihuahuense. Un accidente carretero en la sierra había revelado que dos hombres muertos llevaban credenciales y equipo de la CIA. La gobernadora de Chihuahua, del PAN, negó estado al tanto. La Casa Blanca, por boca de la vocera Caroline Livit, reclamó más empatía de la presidenta hacia los agentes caídos.

En Morena, la bancada empezó a pedir juicio político contra la gobernadora chihuahüense y entonces, dos días después vino la lista de los 10 sinaloenses. Visto en retrospectiva, ningún operador político serio creía que esa secuencia hubiera sido casualidad. Era la administración Trump devolviendo el golpe y Shinbaum esa mañana del martes lo dejaba en claro sin nombrarlo.

Si ustedes mandan agentes encubiertos a mi territorio, no me vengan ahora a darme lecciones de soberanía. En el fondo de la mañanera, ese martes, había una nota suelta. Hacía una semana, el embajador estadounidense Ronald Johnson había estado en Mochis, Sinaloa, en un evento por una inversión de 3000 millones de dólares de una empresa estadounidense fabricante de metanol.

En su discurso, Johnson había hablado de la epidemia de corrupción gubernamental en México y la había vinculado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Visto en frío, en la mañana del martes 5, esa visita ya no parecía un evento empresarial, parecía una advertencia. El embajador había estado caminando sin que nadie lo notara, por el mismo terreno donde una semana después iba a explotar la acusación.

Y la Cámara de Representantes en Washington había rematado el guion con una frase que cualquiera que la leyera en el contexto correcto entendía como otra advertencia. Te haremos rendir cuentas. Esa frase dirigida a Rocha había sido el equivalente diplomático de un golpe en la mesa. Las casualidades en política no existen.

Existen sincronizaciones. Y mientras el gabinete federal procesaba la sincronización, Harfuch estaba sentado en la sala oval del segundo piso del palacio. Frente a él, mapas. A su izquierda, el subsecretario de inteligencia. A su derecha, la titular de la SRE. La presidenta entró por la puerta del fondo y todos se levantaron.

La reunión, según supo después la prensa, se centró en una sola pregunta. Si Inzunza no se presentaba al día siguiente al Senado, ¿qué movimiento jurídico era el siguiente? La respuesta no era simple. Mientras el senador no pidiera licencia, no había margen federal para tocarlo. La Fiscalía General de la República, entonces dirigida por Alejandro Herzmanero, en su segundo periodo extendido por reformas previas, había abierto carpeta de investigación apenas el viernes anterior, pero abrir carpeta no era detener, era apenas recolectar. Y

mientras se recolectaba, Inzunza podía permanecer en Badirahu escuchando el canto de los pájaros. el tiempo que quisiera. Podía caminar las veredas, podía publicar fotos con su sombrero claro y su frente en alto, podía sobre todo ganar tiempo. Y el tiempo, en este caso, jugaba a favor de los chapitos. Porque mientras la maquinaria política mexicana giraba lento tratando de entender qué hacer, los enfrentamientos en Sinaloa no se detenían.

La gobernadora interina, Geraldine Bonilla había dado una entrevista corta esa mañana del martes, todavía desde Culiacán, un video difundido en redes en el que, vestida de blanco, hablando con suavidad, hizo lo que ningún funcionario varón del gobierno estatal había hecho antes. Le habló al Estado en primera persona desde su condición de mujer.

“Quiero hablarles desde lo más humano. Soy mamá y actualmente estoy embarazada”, dijo Bonilla. Y precisamente por eso entiendo aún más la responsabilidad que hoy tengo frente al pueblo de Sinaloa. Mi mayor deseo y mi compromiso es un mejor estado para nuestras hijas e hijos. Hijas e hijos. Embarazada, mamá.

El uso de esos sustantivos tan domésticos, tan privados, tan ajenos al léxico habitual de un mensaje gubernamental sinaloense, donde durante años los protagonistas habían sido siempre comandantes y operativos y armamento y patrullas, hizo que en cuestión de horas el video se difundiera por canales que no eran exactamente los oficiales.

Madres de familia de Culiacán empezaron a compartirlo en grupos de WhatsApp de la primaria sin pedirle permiso a nadie. Sin sumarle hashtag sin discurso, la Asociación de Mujeres Comerciantes del Centro le dio retweet al recorte y en los foros de la Izquierda Mexicana, el gesto de Bonilla quedó registrado como lo que probablemente era el primer mensaje político de la administración interina lanzado deliberadamente para construir un contrapeso emocional a la imagen del gobernador con licencia.

Mientras Rocha guardaba silencio en alguna casa de Sinaloa con escolta de la Guardia Nacional, Bonilla salía con voz baja y frente al estado. Era el cierre de un círculo, era el desplazamiento. A las 2:30 de la tarde del martes, en una columna firmada en Reforma, un analista de seguridad citado por varios medios, el mismo David Saucedo, que había aparecido en Infobae la semana pasada, sostenía algo que muchos en el gabinete ya estaban pensando, pero que nadie quería decir en cámara.

La acusación contra Rocha, decía Saucedo, era apenas la primera. La lista de los chapitos era de 10. Pero el gobierno estadounidense, según versiones que circulaban entre periodistas especializados desde hacía un año, manejaba una lista más grande, una segunda lista todavía sin nombres públicos, que incluiría a otros gobernadores morenistas y exmorenistas.

La periodista Anabel Hernández había soltado en uno de sus textos los nombres de Américo Villarreal, Anaya, gobernador de Tamaulipas, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Eran rumores, pero los rumores en política mexicana se vuelven realidad por simple acumulación.

Lo que estaba pasando en Sinaloa entonces podía no ser el final, podía ser el ensayo. Y eso ese martes por la tarde era exactamente lo que estaba pesando sobre los hombros de Harfuch cuando salió de la reunión del gabinete y caminó por el patio interior de Palacio Nacional. La puesta del sol caía oblicua sobre los muros virreinales.

Los faroles del patio empezaban a prenderse uno por uno. El secretario se detuvo un momento al pie de una palmera, sacó el celular, leyó un mensaje, lo guardó. Su jefe de prensa lo miraba desde un costado. ¿Qué pasó, secretario? Se atrevió a preguntar. Harfuch tardó 3 segundos en responder. La FGR. Mañana en la mañana van a presentar algo sobre Rocha.

No, sobre Inzunza tampoco. El jefe de prensa miró la pantalla apagada del propio Harfuch, después al secretario, después al patio. Sobre quién. Pero Harfuch ya estaba caminando hacia la salida. Los faroles del patio quedaron prendidos. Los pasos del secretario se perdieron en la dirección del estacionamiento y atrás, sobre los teclados de los reporteros que en ese mismo momento estaban escribiendo sus notas en el área de prensa del palacio, una sola pregunta empezó a escribirse, formulada de mil maneras distintas, pero apuntando al mismo

lugar. Si la FGR no iba a moverse contra Rocha ni contra Inzunza, ¿contra cuál de los otros ocho nombres iba a caer la primera carpeta abierta en territorio mexicano? Porque la lógica del expediente apuntaba en una dirección precisa. De los 10 acusados, los dos políticos de mayor peso, Rocha y Inzunza, estaban por razones distintas fuera del alcance inmediato del Estado mexicano, Rocha sin fuero, pero con un proceso de extradición que iba a tomar meses, posiblemente años, y mientras tanto, seguía bajo escolta de la propia

Guardia Nacional. Inzunza, con fuero vivo, blindado por su curul, quedaban ocho. Y entre esos ocho habían hombres que no podían contraatacar políticamente, comandantes, excomisarios, gente sin partido, sin bancada, sin protección institucional. La FGR podía tomar a cualquiera de ellos como punto de partida, como pieza, como la carta que se voltea primero para ver si todas las demás se caen.

Y mientras esa pregunta circulaba en chats, en cabinas, en mesas de redacción, en una casa de Badirahuato, rodeada de wizaches, de aire seco, de sierra, de canto de pájaros, un hombre llamado Enrique Inzunza Cázar abría su cuenta de X. leía durante un minuto entero los mensajes que le mandaban sus operadores políticos desde la Ciudad de México y empezaba a redactar para las 9 en punto del miércoles siguiente un mensaje breve que iba a contradecir todo lo que él mismo había prometido 4 días antes.

Eran las 5:30 de la mañana del miércoles y un asesor del gabinete federal abría en la pantalla aún negra de su laptop un PDF de 27 páginas que llevaba meses circulando entre periodistas y que esa madrugada acababa de aterrizar formalmente en su correo. La declaración patrimonial, los autos, las embarcaciones, la empresa con 322 viviendas, los 141 millones de pesos.

El asesor revisó dos veces el nombre que aparecía en la portada, se quitó los lentes, los volvió a poner, después tomó el teléfono, marcó, esperó un timbre, otro, y dijo solamente cinco palabras antes de colgar. Lo que dijo iba a desencadenar en cuestión de horas la jornada que terminaría volteando lo que quedaba de la red política del gobernador con licencia.

Era miércoles 6 de mayo y la ciudad de México amanecía con neblina baja sobre el Ajusco. En el Senado de la República, a unas calles del hemiciclo a Juárez, exactamente la figura que Enrique Inzunza Cázarez había invocado 4 días atrás desde Badirahuato. El área de prensa estaba lista desde las 7 de la mañana. sillas, tripiés, cables.

Un grupo de corresponsales se había acomodado en el pasillo de la comisión permanente con el café de máquina en la mano y la mirada puesta en una sola cosa, la silla vacía del senador morenista. La sesión arrancaba a las 11 y la oposición entre PAN, PRI y MC llevaba ya 48 horas afilando intervenciones para el momento en que Inzunza pisara el recinto.

Tenían listas, tenían frases, tenían recortes de la acusación de Nueva York en plástico transparente para mostrarlos al podio como prueba A. Antes de que avancemos hacia las 9 de la mañana en punto, hacia el tweet que cambió el ánimo del país en un par de minutos y hacia lo que esa misma tarde reveló un periodista que llevaba años cubriendo Sinaloa, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita.

Lo que viene es la pieza que cierra la primera fase de toda esta crisis y es probablemente la más fuerte. A las 8:43, los reporteros de la fuente del Senado refrescaron por enésima vez la cuenta de X de Enrique Inzunza Cázar. Nada. A las 8:52. Otra vez nada. A las 8:59 una revuelta menor en el grupo de WhatsApp de los corresponsales.

Alguien escribía, “Ya va a publicar.” Y a las 9 en punto de la mañana, el reloj del Senado dio las 9 y la pantalla del celular de un reportero de proceso parpadeó con la notificación que toda la sala estaba esperando. Era el tweet. Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.

La razón no le ofreceré ocasión a personer de la derecha conservadora de que so pretexto hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano, como acostumbran. Estoy en mi tierra a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros, el pueblo de Sinaloa. Lo leyeron una vez, lo leyeron dos, lo leyeron tres y entonces, en cuestión de 90 segundos, ese tweet ya estaba en 100 grupos distintos. Inzunza no iba a aparecer.

El senador acusado por el distrito sur de Nueva York de ser enlace de los chapitos con el gobierno de Rocha. El hombre que el sábado había prometido en video estar en el recinto, el mismo que el lunes había hablado de Juárez, el mismo cuya hermana había firmado el dictamen que validó al gobernador, había tomado la decisión que nadie de su entorno había logrado descartar, replegarse, quedarse en Badirahuato, no dar la cara y envolver la inasistencia en el lenguaje de la rectitud.

como si el problema fueran los demás y no las 34 páginas de un expediente newyorquino donde su nombre aparecía 11 veces. El contraste con lo que el propio Inzunza había escrito apenas el 2 de mayo era brutal. Aquel sábado, desde su tierra natal, había declarado al diario la jornada. No tengo nada que temer. Había dicho que no pediría licencia al Senado, que cumpliría sus tareas legislativas, que las acusaciones de la Corte Federal de Estados Unidos eran imputaciones falsas y dolosas.

había dicho, y esto era lo que más pesaba ahora, que de ser solicitado, acudiría puntualmente a cualquier citación de las autoridades mexicanas competentes. 4 días después no acudía siquiera a la citación de su propio cargo. La sesión de la Comisión Permanente, de la cual él, junto con otros 36 legisladores, era integrante en el periodo de receso del primero de mayo al 30 de agosto, era exactamente el espacio donde un senador con la frente en alto, según la propia formulación que él había usado, debía aparecer.

Era el espacio institucional, era el escenario natural y era el único lugar donde su fuero y su voz coincidían como protección y como tribuna al mismo tiempo. Inzunza acababa de renunciar a la tribuna manteniendo el fuero, es decir, acababa de quedarse con el escudo y de soltar la espada. En las redacciones, los analistas que conocían la fuente, los que habían cubierto al Inzunza presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa entre 2016 y 2021, al exsecretario general del gobierno estatal, al hombre que durante

25 años había hecho carrera en juzgados, leyeron el repliegue con una sola lectura. Era un cálculo, un cálculo concreto, frío, jurídico. Mientras Inzunza no se moviera del territorio sinaloense, mientras no se acercara al recinto del Senado, donde la oposición podía instrumentar exhibición pública en plenaria mientras se mantuviera en Badirahu escuchando el canto de los pájaros, su figura no daba pie a un proceso de desafuero acelerado.

Cualquier movimiento del Senado contra él requeriría una solicitud formal de la FGR, un dictamen, una votación, días o semanas de trámite, tiempo, el tiempo que él necesitaba. Pero el verdadero golpe del miércoles, el que iba a torcer la conversación nacional y a abrir un flanco que el gobierno federal todavía no había logrado contener, no fue Inzunza, fue el que estaba en el correo del asesor a las 5:30 de la mañana.

Mientras el Senado seguía abriendo sus puertas con la silla vacía del senador a la vista de todas las cámaras, en otros canales, los de la prensa de investigación, los podcasts políticos, las cuentas de columnistas de fuente, empezó a circular un nombre que había estado latiendo abajo del expediente desde el 29 de abril, pero que hasta ese miércoles no había salido en grandes titulares.

Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rocha Moya, contador público egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, empresario de Culiacán, sexto nombre de la lista de los chapitos, según el orden en que la propia fiscalía neoyorquina los había firmado. Hasta entonces, para el público general, era apenas una de las 10 personas.

Para el medio MX, sin embargo, ya era otra cosa. Era el dueño de un patrimonio neto declarado de 141 millones de pesos. Eran ingresos anuales por 7,820,985es en 2024, de los cuales el 94% provenía de actividades empresariales privadas hechas mientras él era secretario de finanzas del Estado. Era un Lexus LX600 comprado a crédito en 2 m000ones, un BMW M Cup pagado de contado en 650.

000, un Land Rover Defender, un Toyota Yaris GR, un MOKE 007, una motocicleta BMW, una embarcación Bayiner. Eran sobre todo 10 empresas a su nombre dadas de alta en Culiacán, comercial Digax, Houses in desarrollos, DC Comercial, Tenedora Inmobiliaria y Urbaland, Nueva Agrícola, Innova Construcciones del Pacífico, Olimpo Farms, Cash for Cars, Dr.

y entre todas una en particular, Houses Desarrollos, SA, DCB, constructora que, según la investigación de Animal Político, había obtenido permisos ambientales del propio gobierno estatal para edificar 322 viviendas mientras él era secretario de finanzas. Venta comercial estimada 975 millones de pesos.

conflicto de interés directo bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa. Es decir, el hombre que firmaba los presupuestos del Estado, que controlaba la deuda pública, que asignaba recursos a las dependencias y administraba la nómina de todo el gobierno, era al mismo tiempo el dueño de la inmobiliaria que recibía permisos del propio gobierno y esa inmobiliaria estaba sumando en proyecciones de venta casi 1000 millones de pesos.

Si el caso Rocha era un huracán, Díaz Vega era el ojo. Y eso era apenas lo que estaba en los registros públicos. Lo que estaba en el expediente del distrito sur de Nueva York era todavía más concreto. La acusación describía a Díaz Vega como el funcionario que ayudó a los líderes de los chapitos a colocar funcionarios corruptos para proteger el tráfico de drogas y como uno de los enlaces entre la cúpula del cártel y el propio Rocha Moya.

Lo señalaba además de algo que en términos políticos era todavía más grave, de haber entregado a los chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gubernatura en 2021. Es decir, según la Fiscalía estadounidense, Díaz Vega no era un contador que había conseguido permisos por la libre.

era el operador que había ayudado a torcer una elección. Y al mediodía del miércoles, mientras los reporteros del Senado seguían entrevistando a senadores morenistas que se hacían los desentendidos sobre la inasistencia de Inzunza, una nueva pieza entró al cuadro. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna de Latinus algo que iba a ser durante las siguientes 72 horas, el tema número uno de las mañaneras y los noticieros nocturnos.

Citando Fuentes con acceso de primer nivel a la investigación, Loret afirmaba que Díaz Vega habría entregado portafolios con cash provenientes del cártel de Sinaloa a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés y Gonzalo López Beltrán, conocidos en el medio como Andy y Boby. Decía que esos portafolios habrían financiado negocios de los López Beltrán en obra pública, medicinas y equipamiento hospitalario.

Decía que cuando los hijos del expresidente no podían recibir directamente, entraba al quite a Mil Carolan, su operador financiero, y decía que todos los involucrados sabían perfectamente de dónde venía el dinero. Esa columna leída en el patio de Palacio Nacional a la 1:14 minutos de la tarde fue lo que hizo que la presidenta Claudia Shainbo convocara, según supo después la prensa, una reunión de emergencia de su gabinete restringido, porque hasta ese momento la crisis rocha era una crisis estatal, sinaloense,

contenida. A partir de la columna de Loret, la crisis se llamaba de otra manera. La crisis empezaba a tocar el círculo más íntimo del expresidente y por extensión el corazón mismo del movimiento que llevó a Shainbaum al poder. Y esto se sumó a otra noticia que había salido casi en silencio 24 horas antes, pero que en términos económicos pesaba muchísimo.

La calificadora ESPI había puesto a Sinaloa en revisión negativa tras las acusaciones contra Rocha, advirtiendo que el Estado podría enfrentar dificultades para conseguir financiamiento bancario en los próximos meses. La crisis política, que en la mañana del lunes había sido un asunto de discursos y conferencias, ya se estaba traduciendo en un asunto de calificaciones, de tasas, de líneas de crédito que se cerraban.

Y el responsable indirecto de eso, según la lectura de los analistas financieros del país, no era ni Rocha ni Inzunza. Era el hombre que había manejado la chequera del estado durante 3 años, Enrique Díaz Vega. La acumulación tampoco se quedaba ahí. En las redes, en cuentas de columnistas mexicanos especializados en política, había empezado a circular desde la noche del martes una versión que también pegaba al senador atrincherado en Badirahuato.

El Universal había publicado un reporte sosteniendo que Inzunza había estado haciendo gestiones a través de intermediarios para convertirse en testigo cooperante del Departamento de Justicia, es decir, para entregar información a cambio de una negociación de cargos. El propio senador había salido a desmentirlo dos días antes con una frase tajante, falso de toda falsedad, y aseguraba que coincidía sin reservas con la posición de la presidenta sobre verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

Pero en política mexicana, los desmentidos sobre testigos cooperantes operan con una lógica particular. Cuanto más tajantemente se niegan, más sospechoso se vuelve el negar. Y en los pasillos del Senado, los corresponsales empezaron a anotar sobre las libretas una pregunta que ya no era hipotética. Si Inzunza estaba dispuesto a entregarse, si la inasistencia del miércoles era el primer movimiento de un repliegue mayor, no para protegerse del Senado mexicano, sino para protegerse de Nueva York.

Lo que iba a salir era la lista entera con nombres, fechas, lugares de reunión, montos y entonces los chapitos serían lo de menos. Y por eso, esa misma tarde, Omar García Harfuch volvió a salir frente a las cámaras. Eran las 6:20 de la tarde cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se presentó en la sede de la SSPC sobre avenida Constituyentes.

Saco oscuro otra vez, otra corbata distinta, la cara más cansada que el lunes. A su lado, esta vez el subsecretario de inteligencia. Detrás un mapa institucional sin gobernadora, sin trevilla, sin acompañantes políticos. Era una conferencia más técnica, más fría, más mensaje federal puro. La sala de prensa de la SSPC tenía en una de sus paredes un retrato pequeño del presidente Juárez.

Más arriba, una bandera nacional plegada con el escudo a la vista. Los reporteros que llegaron ese miércoles a las 6:10 ya conocían el lugar. Era el mismo escenario donde durante meses Harfook había anunciado la captura de operadores del CJNG, los cargamentos de huachicol de comisados al sur de Veracruz, las extradiciones de jefes regionales del Pacífico, era su cancha.

Y precisamente por eso lo que iba a decir esa tarde llevaba el peso de toda la institución detrás. No era un comentario hecho desde una conferencia compartida con un mando militar y una gobernadora local. era el secretario de seguridad federal, hablando desde su despacho sobre un caso que ya no estaba dentro de un solo estado.

Cuando los reporteros le preguntaron por Díaz Vega, por la columna de Loret, por los hijos de López Obrador, por la inasistencia de Insuna, Harfuch hizo lo que hace siempre. Respiró por la nariz sola vez, despacio y respondió con frases que parecían cortadas con regla. El gobierno de México no se va a retirar de Sinaloa.

Las investigaciones que correspondan al territorio mexicano las realiza la Fiscalía General de la República. Cualquier persona, sin importar su nombre, su cargo o su entorno, que aparezca como sujeta de investigación, va a ser tratada conforme a derecho. Tres frases, tres clavos. La tercera fue la que en algún noticiero de la noche, entre cabezas de Reforma y Aristegui, alguien iba a leer en voz alta como el verdadero mensaje del día, sin importar su nombre, su cargo o su entorno.

El secretario federal estaba mandando, sin pronunciarlo, un aviso bidireccional hacia los acusados de la lista de los 10 y hacia cualquier figura más alta cuyo nombre en los próximos días pudiera empezar a circular en la prensa de investigación. Si Loret tenía razón, los López Beltrán estaban a una columna de distancia de aparecer formalmente y Harfuch, en una sola frase de 5 segundos, dejaba en el aire la puerta abierta para todos.

Algún reportero del fondo de un medio digital pequeño intentó preguntar específicamente por los hijos del expresidente. Harfuch lo miró un momento sin pestañear y repitió, sin importar el nombre, sin importar el cargo, sin importar el entorno. La frase no necesitaba ser explicada. Esa noche en Culiacán, Geraldine Bonilla estaba en su despacho del palacio de gobierno cuando recibió la llamada.

Eran las 9:17 minutos. La pantalla del teléfono mostró un número federal. Bonilla, vestida con un saco color marfil que llevaba desde la mañana, contestó al segundo timbre. Gobernadora, secretario, hubo una pausa breve. Mañana le mandamos el oficio formal, dijo Jarfucho. La FGR va a abrir carpeta de oficio sobre el patrimonio de Díaz Vega.

Lo del lavado, los permisos, las empresas. Empieza por ahí. ¿Y los demás? preguntó Bonilla. Por ahí también, gobernadora, pero por ahí empieza otra pausa. Gracias, secretario. No tiene qué. La llamada se cortó. Bonilla se quedó con el teléfono en la mano un momento. La oficina, al cierre del día, olía a papel de carbón y a un vaso de té que ya se había enfriado.

Detrás de ella, en una repisa, una foto enmarcada de Melanie, la hija de 11 años, sonriendo con una mochila escolar que no era de marca, pero que tenía cada evilla puesta en su lugar. La gobernadora interina puso el teléfono sobre el escritorio, se llevó las dos manos al vientre, cerró los ojos un segundo.

Por la ventana del despacho podía verse todavía el último resplandor del cielo culiacanense. El cerro de la memoria al fondo, oscuro contra un naranja casi exhausto. Las luces de los edificios que rodean el palacio de gobierno empezaban a prenderse de a poco. En algún lado de algún restaurante cercano del centro llegaba el olor de agua chile recién hecho con limón y serrano, la normalidad superficial de un Culiacán que por afuera parecía estar terminando otro miércoles cualquiera.

Pero por dentro, en ese despacho, la gobernadora interina sabía que el estado al que le había tocado representar acababa de cruzar una frontera de la que ningún funcionario regresa intacto y que el bebé que llevaba encima iba a nacer en un Sinaloa distinto al que cualquiera hasta una semana antes había imaginado.

Después abrió la libreta donde llevaba las notas del día, sacó una pluma y escribió tres palabras en la página en blanco. Empezó por Díaz y subrayó las tres palabras dos veces. En Badiraguato, a la misma hora, Enrique Inzunza Cázar subía una foto a sus redes. La foto mostraba un atardecer naranja sobre la sierra.

La leyenda decía con el pueblo siempre. No mencionaba la sesión a la que no había acudido. No mencionaba a Loret. No mencionaba a Díaz Vega, no mencionaba a nadie. Era una foto de paisaje calculadamente ambigua. calculadamente serena, pero los corresponsales de la fuente, leyéndola desde la Ciudad de México con el café del miércoles ya frío en la mano, sabían interpretarla.

Era una foto de quien sabe que lo siguiente no le va a tocar todavía, que la primera carpeta va a caer en otro lado, que él tiene fuero, que él está en su tierra, que él por ahora gana tiempo. Pero el tiempo no es el mismo para todos. A esa misma hora, en una casa de Culiacán, cuya dirección no figuraba en ninguna declaración patrimonial pública, un hombre con fortuna declarada de 141 millones de pesos, dueño de 10 empresas, propietario de embarcación, beneficiario de permisos por casi 1000 millones, enlace presunto entre el cártel y los hijos del

expresidente. Encendía la lámpara del escritorio, abría una carpeta café de cartón corrugado y empezaba a leer, hoja por hoja, los documentos que sus abogados le habían entregado dos horas antes. La sombra de la lámpara se proyectaba contra la pared. Afuera, los ruidos de Culiacán de noche, ladridos, una motocicleta en una calle paralela, la voz de un hombre que vendía elotes en una esquina.

Adentro solo el sonido de las hojas pasando. Era miércoles 6 de mayo. La conferencia de Harfuch en la novena zona militar había sido 48 horas atrás. La licencia de Rocha Moya, 5 días atrás, la lista del fiscal J. y Clayton ocho. Y en una semana, apenas 7 días corridos, el tablero político de Sinaloa había pasado de tener un gobernador titular en pleno ejercicio a tener un gobernador con licencia bajo escolta de la Guardia Nacional, una gobernadora interina embarazada manejando el ejecutivo, un senador atrincherado en Badirahu faltando a su palabra de

presentarse ante el Senado, un alcalde con licencia, un vicefiscal sin declaración, un extitular de finanzas con fortuna multimillonaria, al borde de tener carpeta abierta en la FGR y la sombra de los hijos del expresidente entrando por primera vez en la conversación pública mexicana. Y todo había empezado el lunes con un secretario federal de 44 años, hijo de actriz y nieto de general, de pie frente a un atril en una zona militar, respondiendo con cinco palabras a la pregunta que el gobernador con licencia de Sinaloa había rezado para que nadie

hiciera. Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio y después el remate. El gobernador, al dejar el cargo, no tiene fuero. Eso había puesto en marcha todo lo demás. La pregunta ahora. Ya sin Harfuch en cámara, ya sin Inzunza en el Senado, ya sin Rocha en Palacio, era una sola y nadie en México la respondía todavía con certeza.

¿Cuántos nombres más en los próximos días iban a entrar a la lista que el fiscal de Nueva York firmó el 29 de abril? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos secretarios? ¿Cuántos comandantes? ¿Cuántos hijos? La respuesta esa noche del miércoles no la tenía nadie, pero había una intuición compartida en redacciones, oficinas y casas de funcionarios desde Tamaulipas hasta Baja California.

Lo que había empezado en Sinaloa apenas era el primer dominó y los dominóos una vez que arrancan no preguntan permiso para seguir cayendo. Si esta historia te tuvo enganchado del primer cliffhanger hasta el último, ayúdame a que llegue a más gente que necesita entender de verdad lo que está pasando con el caso Rocha Moya, con la lista de los 10 y con la red Sinaloa CDMX que apenas empieza a salir a la luz.

Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la siguiente entrega, donde voy a contar el primer movimiento formal de la FGR contra Díaz Vega. Comenta abajo de qué país nos estás viendo y qué nombre crees que va a caer primero. Te leo todos los comentarios y respondo los más afilados. Yeah.