Los desertores aceptaron, conservaron sus claves de radio del periodo castrense y comenzaron a numerarse internamente según esas claves: D1, D2, D3. La letra Z venía de esas denominaciones operativas y el grupo que formaron recibió un nombre que en los años siguientes se convertiría en sinónimo de terror en toda la región norte y noreste de México. Los Zas.
Arturo Guzmán de Cena. El Z1 fue el primer comandante operativo, Heriberto Lazano Lazano, el Z3, su segundo al mando. Ambos eran exmilitares de élite. Ambos habían servido en operaciones reales. Ambos sabían cómo combatir a otros grupos armados con tácticas que ningún cártel rival había visto jamás en el narcotráfico mexicano.
Sabían montar emboscadas, sabían operar de noche, sabían interrogar, sabían eliminar objetivos sin dejar rastros y sabían sobre todo, cómo convertir a un grupo de hombres en una máquina de violencia eficiente y leal. Pero los zas en aquellos primeros años eran únicamente el brazo armado. La organización principal seguía siendo el cártel del Golfo.
Y dentro de ese cártel ascendían otros operadores que, sin ser exmilitares, demostraban cualidades que los hacían igualmente valiosos. Miguel Ángel Treviño Morales era uno de ellos. Treviño nunca pasó por el ejército, nunca recibió entrenamiento militar formal, pero tenía algo que el dinero no compra y la academia no enseña. Tenía una capacidad innata para los cálculos, [música] una memoria prodigiosa para rutas, nombres y estructuras organizativas y una disposición para ejecutar órdenes, sin cuestionarlas, que lo distinguió desde los primeros años de
su carrera criminal. Para 2001, según fuentes de inteligencia citadas posteriormente por la Agencia Antidrogas, Treviño ya había sido incorporado al brazo armado del cártel. Era considerado un operador de confianza directa del Z3 y su número en el escalafón interno de los ZAS no era uno heredado de claves militares, era simplemente el que le correspondía en el orden de reclutamiento. 40.
Óscar Omar, su hermano 3 años menor, también fue incorporado al grupo. Trabajaba inicialmente bajo las órdenes directas de Miguel, aprendiendo los mecanismos de la organización desde la posición de alguien que observa antes de actuar. Su número interno en los zetas fue el 42. Los dos hermanos Treviño, que años antes habían sido pequeños operadores de hurtos menores en Nuevo Laredo, ahora pertenecían a la Organización Armada más temida de México.
Su ascenso en los años siguientes sería vertiginoso y dejaría un rastro de sangre que aún hoy los fiscales estadounidenses están intentando documentar en su totalidad. En 2002, Arturo Guzmán de Cena, el Z1, fue eliminado en un enfrentamiento. Eriberto Lazano, asumió el liderazgo operativo de los ZAS. Un año después, en 2003, Osiel Cárdenas fue detenido por el ejército mexicano en Tamaulipas.
La estructura del cártel del Golfo entró en crisis. Los hombres que durante años habían sido el brazo armado del cártel comenzaron a operar con una autonomía creciente que con el paso del tiempo se convertiría en independencia total. En ese nuevo escenario de reorganización y poder vacante, Miguel Ángel Treviño Morales encontró exactamente el espacio que necesitaba para crecer.
Bajo el mando del Lazcano, Treviño fue asignado a la consolidación territorial. era el responsable directo de extender la presencia de los Zetas más allá de Tamaulipas, hacia Veracruz, hacia Nuevo León, hacia San Luis Potosí, hacia Zacatecas y hacia Coahuila. En cada estado al que llegaba, su método era siempre el mismo.
Violencia ejemplar contra los operadores rivales para que nadie dudara del costo de resistir. Reclutamiento agresivo de elementos de las policías locales y municipales para garantizar impunidad operativa y un mecanismo que en ese momento no existía en el narcotráfico mexicano, con la sistematización que Treviño le daría el cobro de piso.
Antes del Z40, los cárteles mexicanos se financiaban casi exclusivamente del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Esa era la fuente principal de ingresos, prácticamente la única que se consideraba relevante a escala de organización. Treviño cambió eso. Según múltiples reportes de inteligencia federales y estatales elaborados a lo largo de la primera década del siglo, el Z40 sistematizó la extorsión como una segunda línea de ingresos paralela y complementaria al narcotráfico.
Comerciantes, ganaderos, empresarios de transporte, dueños de bares y restaurantes, migrantes que cruzaban el territorio hacia el norte, todos pagaban. Si pagabas podías operar con relativa normalidad. Si no pagabas perdías el negocio y en muchos casos la vida. El modelo se expandiría en los años siguientes a prácticamente todos los grupos criminales organizados de México.
El cobro de piso, la extorsión sistemática como motor financiero paralelo al tráfico de drogas se convertiría en una característica definitoria del crimen organizado mexicano de las décadas siguientes. y Z40, sin haberlo diseñado necesariamente como un legado, había cambiado para siempre la economía criminal del país. En 2010, los Zs se separaron oficialmente del cártel del Golfo.
La ruptura no fue una negociación, fue una guerra. Ambas organizaciones iniciaron un conflicto armado que costaría miles de vidas en el noreste de México durante los años siguientes y que redesdibujaría los mapas del poder criminal en la región. Los hermanos Treviño, ahora completamente dentro de la nueva organización autónoma, ocupaban posiciones de mando consolidadas.
Lazcano era el comandante absoluto, Miguel Ángel Treviño era su mano derecha y Óscar Omar Z42 controlaba la región de Nuevo León, una de las plazas más rentables y estratégicamente relevantes del cártel. Pero fue también en esos años, entre 2010 y 2012, cuando los métodos de los hermanos Treviño generarían los episodios que los convertirían no solo en objetivos prioritarios de la inteligencia mexicana y estadounidense, sino en símbolos de una escala de violencia que México no había visto de manera tan concentrada en un periodo tan
breve. El primero de esos episodios ocurrió en agosto de 2010. En un rancho del municipio de San Fernando en Tamaulipas fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos, hombres y mujeres que habían cruzado México buscando llegar a los Estados Unidos y que habían sido interceptados por operadores de los cetas.
Según la investigación oficial, los migrantes se habían negado a trabajar como correos o como halcones al servicio del cártel. La negativa les costó la vida. Fueron ejecutados y abandonados en ese rancho de terracería. Meses después, en abril de 2011, las autoridades regresaron al mismo municipio. Esta vez encontraron casi 200 fosas clandestinas.
El número total de cuerpos superó los 250. San Fernando, Tamaulipas, se convirtió en uno de los nombres más sombríos de la historia criminal mexicana reciente y la línea de mando que apuntaba hacia los responsables de esas operaciones terminaba, según la investigación oficial en el Z40. El segundo episodio ocurrió el 25 de agosto de 2011.
Ese día, sicarios entraron al Casino Royal de Monterrey cargando bidones de combustible. Los vaciaron sobre el interior del establecimiento y le prendieron fuego. 52 personas murieron en el incendio, muchas de ellas atrapadas entre las llamas sin posibilidad de salida. Las cámaras de seguridad registraron con precisión lo que ocurrió.
El presunto detonante, según la investigación posterior, había sido la negativa del propietario del casino a continuar pagando la cuota mensual de protección al cártel. El tercero y quizás el más perturbador en términos de escala fue lo que ocurrió en Allende, Coahuila, durante marzo de 2011. Lo que sucedió en ese municipio no fue una masacre singular, fue una operación de días sistemática y meticulosa, en la que casas fueron demolidas, personas desaparecieron y un poblado entero fue arrasado de manera casi invisible para los medios de
comunicación nacionales que tardaron años en dimensionar lo ocurrido. Según organismos civiles de derechos humanos y testimonios judiciales obtenidos posteriormente en cortes federales de los Estados Unidos, más de 300 personas desaparecieron durante esos días. El motivo revelado años después durante juicios celebrados en Texas fue una venganza personal desatada por el Z4 contra dos operadores que según él habían proporcionado información a la Agencia Antidrogas Estadounidense.
Pero lo que esos mismos juicios revelaron fue algo que redefinió la comprensión de cómo funcionaba realmente la estructura de mando de los ZAS. Óscar Omar Treviño Morales Z42 no había sido un espectador de Allende, no había sido simplemente el hermano menor que ejecutaba órdenes. Según testimonios judiciales recogidos en cortes federales de Texas, Z42, había participado activamente en la planificación de la operación.
Había confirmado las identidades de las familias señaladas. Había coordinado el envío de los operadores armados hacia la zona. y tras la operación había supervisado personalmente lo que las fuentes judiciales describieron como la limpieza del territorio. Los hermanos Treviño no operaban como jefe y subordinado.
Operaban como una estructura dual, con funciones diferenciadas, sí, pero con una visión compartida del poder y con una capacidad de coordinación entre ellos que la inteligencia estadounidense durante años subestimó de manera sistemática. Esa subestimación tendría consecuencias que se harían evidentes mucho más tarde. En octubre de 2012, Heriberto Lascano fue abatido por elementos de la Marina Mexicana en un campo de béisbol amateur, en Progreso, Coahuila.
La muerte del C3 marcó el fin de una era dentro de los setas y también el inicio de una nueva, más breve y en muchos sentidos más brutal. Miguel Ángel Treviño Morales asumió el liderazgo absoluto de la organización. Era el momento de mayor poder en su vida. Era también, aunque él no podía saberlo todavía, el inicio de su caída.
Las labores de inteligencia mexicana contra el Z40 se intensificaron significativamente tras el cambio de gobierno en diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia. La estrategia adoptada fue deliberadamente diferente a la convencional. En lugar de buscar al capo mediante operativos directos que habían demostrado ser costosos e impredecibles, se decidió monitorear a sus contactos personales, a sus familiares, a sus mensajeros y, sobre todo, a una afición que el propio capo había cultivado a lo largo de los años y que representaba una
vulnerabilidad que pocos habrían anticipado. Las carreras de caballos de cuarto de milla. información provino en parte de los Estados Unidos y llegó a través de un juicio federal que en 2012 había sacudido los tribunales de Austin, Texas. El imputado era José Treviño Morales, el hermano mayor de Miguel Ángel y Óscar Omar.
Un hombre que hasta ese momento había mantenido un perfil tan bajo que muchos analistas de inteligencia ni siquiera lo habían incluido en sus organigramas del cártel. Trabajaba como obrero de la construcción en Dallas. Vivía en una casa modesta, pagaba sus impuestos, no portaba armas, no aparecía en ninguna fotografía de vigilancia junto a operadores del cártel.
Pero los fiscales federales estadounidenses demostraron algo completamente diferente. Durante años, José Treviño había servido como el operador financiero de sus hermanos en territorio estadounidense. Compraba caballos de carreras de cuarto de milla en subastas con dinero proveniente de los zetas. Los registraba bajo los nombres de empresas pantalla y los hacía competir en hipódromos de Nuevo México y Oklahoma, generando ganancias adicionales que podían justificarse legalmente y lavando simultáneamente el dinero del cártel. Era un mecanismo
elegante, casi invisible, que habría seguido funcionando indefinidamente si no hubiera sido por una investigación de años que involucró a agentes encubiertos, rastreo de transacciones financieras y el testimonio de varios colaboradores. José Treviño fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión federal.
Al hacerlo, dejó expuesta una de las pocas vulnerabilidades reales de la organización familiar. El círculo de protección alrededor de los hermanos Treviño se estrechaba y en México los equipos de inteligencia habían comenzado a seguir un rastro que durante meses los llevaría cada vez más cerca del hombre más buscado del país.
El 15 de julio de 2013 a las 4:45 de la madrugada en un camino de terracería ubicado a 27 km al suroeste de Nuevo Laredo, una columna de vehículos de la Secretaría de Marina rodeó una camioneta que circulaba sin llamar la atención. Dentro de ella viajaban tres personas, el conductor, una escolta y un hombre de 42 años con el cabello cortado al ras, que en ese momento era el líder absoluto de la organización criminal más violenta de México.
Miguel Ángel Treviño Morales fue detenido sin que se disparara un solo tiro. Viajaba con $250,000 en efectivo, ocho armas largas y aproximadamente 100 cartuchos. No había una docena de escoltas, no había un convoy de vehículos blindados, no había el despliegue de fuerza que la leyenda de un capo de su nivel habría sugerido. La noticia se filtró primero en redes sociales en las primeras horas de la mañana.
Para las 11 de la mañana, los medios nacionales tenían la confirmación oficial del gobierno. El Z40 estaba detenido y según el protocolo interno del cártel había un sucesor claramente designado. Óscar Omar Treviño Morales asumió el liderazgo de los cetas a las pocas horas de la captura de su hermano. Tenía 39 años. La inteligencia estadounidense lo describía como igual de violento que Miguel Ángel.
pero considerablemente menos estratega. Michael Brown, exjefe de operaciones de la Agencia Antidrogas, había expresado en declaraciones públicas anteriores una visión que reflejaba el consenso general dentro de la comunidad de inteligencia. En ese análisis, Z42 era el ejecutor leal de un líder más hábil, el hermano que hacía el trabajo sucio mientras el otro tomaba las decisiones.
Esa lectura, como se sabría años después, era una simplificación que había oscurecido durante demasiado tiempo, la verdadera naturaleza de la estructura de mando de los ZAS. Porque Z42 no era simplemente el heredero del trono de su hermano, era alguien que había construido durante años sus propias redes de lealtad, sus propios operadores regionales, su propia estructura de control.
Y eso le permitió algo que muchos analistas no anticiparon. Mantener a la organización funcionando durante casi 2 años después de la captura de Miguel Ángel. El tráfico de drogas hacia los Estados Unidos continuó. El cobro de piso siguió operando en las zonas de influencia del cártel. La violencia contra grupos rivales no disminuyó.
En algunas regiones incluso se intensificó. Los Zs bajo Z42 no se fragmentaron de inmediato. Se mantuvieron, resistieron y siguieron siendo durante casi 24 meses la organización criminal más peligrosa del noreste de México. Pero el reinado de Óscar Omar Treviño Morales al frente de los Zetas duraría exactamente un año y 7 meses.
El 4 de marzo de 2015, alrededor de las 4 de la madrugada, elementos de la Policía Federal Mexicana rodearon una residencia ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. San Pedro Garza García es uno de los municipios más exclusivos de todo México. Es el hogar de grandes empresarios, de figuras del mundo financiero, de familias de vieja tradición económica.
No es el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar al líder de un cártel criminal, pero eso era exactamente lo que lo hacía ideal. La invisibilidad que otorga el lujo discreto es mucho más efectiva que la que ofrece el anonimato de las zonas populares, donde cualquier movimiento inusual es observado y reportado. La residencia que los policías rodearon era una casa de tres pisos con muros perimetrales altos, ubicada en una zona residencial cerrada.
Dentro de ella se encontraba Óscar Omar Treviño Morales. Estaba acompañado por su esposa, dos hijos pequeños y tres escoltas armados. Los policías ingresaron al inmueble. No se disparó un solo tiro. Z42 fue encontrado en una habitación del segundo piso. No opuso resistencia física. fue esposado, trasladado al patio frontal de la residencia bajo la luz artificial de las linternas tácticas de los agentes y posteriormente conducido a las instalaciones de la entonces Secretaría de Investigación y Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, como
su hermano, fue capturado sin violencia. Pero a diferencia de su hermano, cuya captura había sido el resultado de meses de inteligencia meticulosa, siguiendo el rastro de sus caballos y sus finanzas, la de Óscar Omar fue diferente. Según fuentes posteriores citadas por el diario Reforma, un familiar directo del Z42 proporcionó las coordenadas exactas de la residencia a las autoridades.
La información fue entregada a cambio de protección personal y beneficios migratorios para algunos miembros de la familia. era el segundo hermano Treviño, capturado gracias a una traición proveniente de su propio círculo más cercano. Y con su detención, los zas como organización unificada dejaron de existir.
Lo que vino después fue una fragmentación lenta, dolorosa y sangrienta. Sin los hermanos Treviño al frente, la organización perdió la cohesión que durante años había mantenido a los operadores regionales alineados bajo una misma cadena de mando. Las disputas internas, antes contenidas por la autoridad central se convirtieron en enfrentamientos abiertos entre facciones que competían por el control de las plazas más rentables.
De ese proceso de desintegración surgieron dos facciones principales que heredaron con distinto grado de fidelidad el legado de los cetas. La primera, operando principalmente desde Tamaulipas, adoptó posteriormente el nombre de Cártel del Noreste y es conocida por sus siglas como Cártel del Noreste con base en Nuevo Laredo, Reyosa y las zonas limítrofes con Texas.
Esta facción fue designada oficialmente por el gobierno estadounidense en febrero de 2025 como la sucesora directa de los ZAS y clasificada como organización terrorista extranjera. La segunda, conocida coloquialmente como los zetas, vieja escuela, operaba principalmente en Veracruz, Tabasco y partes de Coahuila.
Sus integrantes se identificaban con los métodos y la ideología del C3 de Eiberto Lazcano, y rechazaban lo que consideraban la deriva excesivamente criminal y extorsionadora que los hermanos Treviño habían impuesto a la organización original. Las dos facciones se enfrentaron entre sí de manera intermitente durante los años siguientes, disputando territorios que antes habían pertenecido a una misma organización.
El resultado fue un incremento de la violencia en múltiples estados y una dispersión del poder criminal que hizo considerablemente más difícil para las autoridades mexicanas y estadounidenses el trabajo de inteligencia y persecución. Mientras tanto, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales permanecían recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido popularmente como el Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Sus abogados trabajaban de manera ininterrumpida, interponiendo recursos de amparo contra sus extradicciones a los Estados Unidos. Durante años, esos recursos fueron suficientes para mantenerlos en suelo mexicano, pero la situación cambió de manera abrupta a inicios de 2025. El 27 de febrero de 2025, en el marco de una negociación de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, impulsada en parte por la amenaza arancelaria del nuevo gobierno de Donald Trump, 29 narcotraficantes mexicanos de alto perfil fueron
extraditados de manera simultánea al territorio estadounidense. Fue una operación sin precedentes en la historia reciente de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. La lista de los extraditados incluía algunos de los nombres más importantes del crimen organizado mexicano de los últimos 30 años, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara y uno de los capos más buscados desde el asesinato de la gente Enrique Camarena en 1985.
Entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales Z40 y entre ellos Óscar Omar Treviño Morales Z42. Los hermanos viajaron en aviones distintos, aterrizaron en aeropuertos distintos, comparecieron al día siguiente ante cortes federales en distintos distritos judiciales. Ambos se declararon inocentes de los cargos en su contra.
Las imágenes de su llegada a territorio estadounidense difundieron en cuestión de horas. Esposados, vestidos con uniformes color kaki, escoltados por agentes federales con chalecos antibalas y rifles tácticos. Para muchos observadores, para analistas de seguridad y para los familiares de las víctimas que habían esperado durante años ese momento, las imágenes representaban el final de una era, la extradición conjunta de los dos hermanos que habían liderado el cártel más violento del México de la primera década del siglo XXI.
Para los hermanos Treviño, sin embargo, era apenas el inicio de un nuevo capítulo, el más largo, quizás el más incierto, sin duda. Miguel Ángel fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención del Distrito Sur de Nueva York. Allí permanece en espera de juicio. Los cargos en su contra incluyen conspiración para participar en crimen organizado transnacional, tráfico de cocaína a gran escala, lavado de activos provenientes del narcotráfico y posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Si fuera declarado
culpable de todos los cargos, la sentencia acumulada podría superar los 200 años de prisión. Óscar Omar, sin embargo, tomaría un camino diferente desde el primer momento de su llegada a territorio estadounidense. Tras ser recibido en el aeropuerto, fue trasladado al centro de detención de Alexandria en Virginia.
Era un centro de detención preventivo, un establecimiento diseñado para albergar a personas en espera de procesamiento judicial, no necesariamente para internos de alta peligrosidad que llevaban décadas operando en los niveles más violentos del crimen organizado internacional. Pero debido a las condiciones de sobrepoblación del sistema federal penitenciario, las autoridades tomaron la decisión de mantenerlo allí de manera temporal mientras se preparaba su procesamiento formal.
Fue un error de cálculo que quedó documentado de manera explícita en el reporte oficial del Buró Federal de Prisiones. El 20 de marzo de 2025, durante un turno rutinario de revisión de celdas en el pasillo de máxima seguridad, Óscar Omar Treviño Morales amenazó verbalmente a uno de los guardias del establecimiento. La amenaza fue descrita en el reporte interno como directa, específica y convención explícita de los familiares del oficial.
Seis palabras que el alcaide del centro consideró suficientes para activar los protocolos de seguridad reforzada. Esa misma noche, 42 fue trasladado bajo escolta armada a su nuevo destino, la institución correccional federal de Louisburg en Pennsylvania. Lewisburg es un nombre que tiene peso en la historia penitenciaria estadounidense.
Fundado en 1932, ha albergado a lo largo de las décadas a algunos de los criminales más peligrosos que el sistema federal ha procesado. Sus celdas son individuales, las horas de contacto social son mínimas, el acceso a luz natural restringido. El régimen es diseñado específicamente para internos, cuya capacidad para influir sobre otros.
para organizar, para comunicarse y para representar un riesgo para el personal del establecimiento ha quedado suficientemente acreditada. Para los analistas de seguridad que siguieron el traslado, la decisión de mover a Z42 a Louisburg en menos de un mes desde su llegada al país fue interpretada como algo más que una medida operativa.
Era una declaración. Los Estados Unidos comunicaban a través de la elección de ese establecimiento específico que no habría ningún tipo de consideración especial para el último líder operativo de los Zetas. Ningún trato diferenciado, ninguna concesión a la leyenda del capo, una celda, un régimen, las mismas reglas que para cualquier otro interno peligroso del sistema federal.
En Nueva York, mientras tanto, Miguel Ángel comenzaba a construir con sus abogados las primeras estrategias judiciales. Las opciones disponibles eran pocas y ninguna era simple. Declararse inocente de todos los cargos y enfrentar un juicio que podría extenderse durante años con el riesgo de una sentencia que, en términos prácticos equivaldría a cadena perpetua o iniciar conversaciones de cooperación con la Fiscalía Federal proporcionando información sobre las redes políticas, financieras y operativas de los CETAs a cambio de una
reducción significativa de la condena. Hasta la fecha en que se redacta este relato, ninguna de esas conversaciones ha sido confirmada públicamente por ninguna de las partes. El caso continúa bajo estricta reserva judicial, pero algo había ocurrido desde el momento de la extradición que muy pocos analistas habían anticipado y que comenzó a cambiar la manera en que los servicios de inteligencia entendían la historia que pensaban conocer.
En abril de 2026, el diario Los Ángeles Times publicó una investigación que se basaba en documentos judiciales obtenidos en el marco de los procedimientos abiertos contra los hermanos Treviño en cortes federales estadounidenses. Lo que esa investigación reveló sacudió los fundamentos del relato que durante años había circulado sobre la estructura de poder de los cetas.
Durante más de una década, la inteligencia estadounidense y mexicana había operado bajo una premisa que parecía sólida e incontrovertible. Miguel Ángel era el cerebro, Óscar Omar era el brazo. Z40 tomaba las decisiones, Z42 las ejecutaba. Era una lectura limpia, jerárquica, que organizaba de manera coherente la información disponible sobre las operaciones del cártel.
Era también, según los documentos que el diario consultó, parcialmente incorrecta. Los testimonios recogidos en cortes federales, tras la extradición de ambos hermanos, sugerían algo sustancialmente diferente. Varias de las decisiones operativas más críticas tomadas por los ZAS durante el periodo de mayor poder del cártel entre 2010 y 2013 habrían sido planificadas de manera conjunta por ambos hermanos.
La masacre de San Fernando, el incendio del casino royal en Monterrey, las masacres de Allende. En cada uno de esos hechos, Óscar Omar no había actuado como ejecutor de una orden recibida, había actuado como coautor de una decisión tomada en conjunto. en la masacre de los migrantes en San Fernando. Según los testimonios, Z42 había aprobado de manera expresa la decisión de eliminar a quienes se negaron a colaborar con el cártel.
En el incendio del Casino Royal, había sido informado con anticipación de la operación y no solo no la había detenido, sino que había autorizado el método utilizado. Y en Allende, como ya se había insinuado en juicios anteriores, su participación en la planificación había sido tan directa como la de su hermano mayor.
La investigación también reveló algo que los servicios de inteligencia habían notado, pero no habían ponderado correctamente durante los años de captura de Z42. Los operadores regionales que se mantuvieron leales a Z42 durante el año y 7 meses en que lideró los Zs no lo hacían simplemente por disciplina de cadena de mando.
Lo hacían porque durante años habían trabajado directamente con él, habían recibido órdenes directamente de él y habían construido con él una relación de lealtad personal que no dependía de la sombra de su hermano mayor. Eso no era el comportamiento de un subordinado, era el comportamiento de un líder que había construido su propia base de poder en paralelo dentro de la misma organización durante más de una década.
Michael Brown, el exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas, cuya descripción de Z42 como el ejecutor leal había definido el consenso de la inteligencia durante años, ofreció una declaración revisada en mayo de 2026 que resultó tan reveladora por lo que admitía como por lo que describía.
Subestimamos la inteligencia de Omar. No era el segundo de su hermano. Eran socios. Operaban como una sola estructura. con funciones diferenciadas y eso explica muchas decisiones que durante años atribuimos únicamente a Miguel Ángel y que probablemente fueron el resultado de deliberaciones entre los dos. La pregunta que durante años había sido, ¿cuál de los dos hermanos era el cerebro? Se transformaba ahora en algo mucho más complejo y mucho más perturbador para los fiscales que preparaban los juicios.
Si las decisiones más graves habían sido conjuntas, ¿cuántas operaciones del cártel habían sido atribuidas únicamente al Z40, cuando en realidad habían sido coautoría compartida? ¿Cuántas órdenes firmadas bajo el nombre de uno solo habían sido en realidad el resultado de una deliberación entre dos? Esas preguntas tendrán consecuencias directas en los juicios de los próximos años.
Los fiscales federales estadounidenses están construyendo sus casos sobre la base de testimonios, documentos financieros y declaraciones de colaboradores. Y cada pieza nueva de información que sugiere que la responsabilidad en las decisiones más graves del cártel era compartida, redefine la estrategia legal de ambas defensas y la de ambas fiscalías.
Pero hay otras preguntas que trascienden lo estrictamente judicial. ¿Quiénes fueron los informantes que entregaron la ubicación exacta de cada uno de los hermanos Treviño? El informante que proporcionó la información que permitió la captura del Z40 en 2013 nunca ha sido identificado públicamente con certeza. El familiar del Z42 que entregó las coordenadas de la residencia de San Pedro, Garza García, sigue protegido bajo el programa de testigos federales de los Estados Unidos.
Ambas identidades permanecen selladas y ambas representan un capítulo que quizás nunca sea escrito de manera pública. ¿Cuántos funcionarios públicos mexicanos, cuántos policías? ¿Cuántos fiscales y cuántos políticos formaron parte de la red de protección que durante años permitió a los hermanos Treviño operar con relativa impunidad en cinco estados de la República? Las investigaciones que se llevaron a cabo en México en los años posteriores a sus capturas identificaron a algunos de esos funcionarios.
Pero los expertos en el seguimiento de esas causas coinciden en que lo que se procesó judicialmente es apenas una fracción de lo que realmente existió. ¿Aceptará alguno de los hermanos cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida? En el sistema judicial federal de los Estados Unidos. La cooperación con la fiscalía es una de las pocas vías reales para modificar una sentencia de esa magnitud.
Y el tipo de información que los hermanos Treviño poseen sobre redes financieras, sobre contactos políticos, sobre corredores de tráfico y sobre operaciones que aún no han sido documentadas por ningún servicio de inteligencia tiene un valor incalculable para los fiscales que trabajan contra el crimen organizado mexicano e internacional.
La respuesta hasta hoy es desconocida, pero el precedente de otros capos mexicanos extraditados a los Estados Unidos sugiere que tarde o temprano, en el silencio de las negociaciones que jamás aparecen en los titulares, se tomará algún tipo de decisión. Y mientras esas decisiones se toman o se evitan, las consecuencias de lo que los hermanos Treviño construyeron continúan haciéndose sentir en el noreste de México.
El cártel del noreste opera en Nuevo Laredo con una brutalidad que sus propios orígenes dentro de los zetas explicarían a cualquiera que entienda la genealogía del crimen organizado en la región. Los enfrentamientos entre facciones que se disputan territorios que antes pertenecían a los cetas siguen cobrando víctimas. Las familias que perdieron a sus muertos en San Fernando, en Allende, en el Casino Royal y en decenas de otros episodios que nunca llegaron a los titulares nacionales siguen esperando una justicia que el sistema judicial mexicano no ha podido
ofrecerles de manera plena y que el estadounidense comenzará a construir de manera formal durante los juicios de los próximos años. Hay algo que se pierde con facilidad cuando se narran historias de crimen organizado a esta escala. La tentación de convertir a los protagonistas en figuras casi míticas, en personajes que trascienden su propia humanidad es constante.
Los números ayudan a eso. 1000 personas asesinadas, más de 200 fosas clandestinas, cientos de desaparecidos, territorios equivalentes a una tercera parte de un país. Son cifras que el cerebro procesa como estadísticas, no como vidas. Pero detrás de cada una de esas cifras hay nombres, hay familias, hay preguntas que nadie ha podido responder.
Hay búsquedas que comenzaron en 2011 y que todavía no han terminado. Hay madres que siguen llevando fotos a las autoridades y que siguen regresando a sus casas sin respuestas. Eso también forma parte de la historia de los hermanos Treviño, quizás la parte más importante y es la que los juicios de los próximos años, con toda su complejidad legal y su lógica procesal, tendrán la responsabilidad de reconocer de manera formal dos niños nacidos en una casa modesta de Nuevo Laredo.
Dos hermanos que cruzaron la frontera buscando algo que la pobreza no podía ofrecerles. Dos operadores que ascendieron juntos dentro de una organización. que transformó la violencia en un instrumento de poder económico. Dos comandantes que heredaron los cetas tras la muerte del C3 y que durante años dirigieron juntos la organización criminal más militarizada que México ha conocido en su historia moderna.
dos hombres que asesinaron, según sus propias declaraciones ante instancias judiciales, a más de 1000 personas que arrasaron municipios que convirtieron la extorsión sistemática en el modelo financiero del crimen organizado mexicano contemporáneo, que construyeron una red de protección política tan profunda que su desmantelamiento aún no ha concluido, y dos hombres que terminaron, cada uno en una celda de una prisión estadounidense separados.
sin el poder que durante años los definió, sin los operadores que durante años obedecieron sus órdenes, esperando juicios que medirán en términos legales, lo que en términos humanos ya tiene una dimensión que ningún tribunal puede abarcar completamente. La sangre en el narcotráfico mexicano casi siempre une con más fuerza que el dinero.
Eso lo supieron los hermanos Treviño desde el principio. Lo que no supieron o quizás no quisieron ver es que esa misma sangre que los unió es también con demasiada frecuencia la que termina delatándolos. El legado de los ZAS no es una organización, es una fractura. Es el modelo de extorsión que hoy practican decenas de grupos en todo México.
Es el patrón de reclutamiento forzado que se replica en estados que los ZAS nunca controlaron directamente. Es la desconfianza estructural hacia las instituciones de seguridad que en los municipios del noreste se instaló durante años de complicidad y que no se desmonta con una captura ni con una extradición. dos hermanos, dos celdas, dos juicios que están por venir y una historia que con todo lo que ya se sabe todavía guarda capítulos que no han sido escritos.
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