considera que esto es demasiado restrictivo y que el Estado no solo ha de orientar la economía, sino que ha de controlarla estatalizando sectores económicos enteros. De eso trata, de hecho, el artículo 60, que también quiere derogar, que establece el principio de subsidiariedad de la acción estatal.
Según este artículo, el Estado solo puede desarrollar una actividad empresarial de manera subsidiaria. Es decir, el Estado no compite con el sector privado, salvo excepción justificada. Pues bien, Roberto Sánchez quiere derogarlo para poder estatalizar amplios sectores de la economía, constituyendo empresas públicas que se dediquen directamente a producir y a distribuir bienes.
Y de hecho, para esto quieren eliminar también el artículo 66 de la Constitución. El artículo 66 de la actual Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, que el Estado es soberano a la hora de aprovecharlos y de otorgar a particulares vía concesión el derecho a su explotación.
Es decir, que ni siquiera hoy se trata de un artículo turboliberal que establezca la propiedad privada sobre los recursos naturales del país. Pero a Roberto Sánchez este artículo de la Constitución no le parece suficiente porque quiere estatalizar todos los recursos naturales del país. Todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado, de tal manera que le corresponderá al Estado la gestión directa de sectores como el gas, el petróleo, el agua, los bosques, la energía, los mares, el espacio aéreo y
los puertos. Y no penséis que el plan económico de Roberto Sánchez meramente consiste en dotar al estado de capacidad para que compita deslealmente con el sector privado, ¿no? No, también se trata de impedir que el sector privado pueda competir con el sector público, por ejemplo, derogando el artículo 62 de la Constitución.
El artículo 62 de la Constitución garantiza la santidad de los contratos, es decir, que los términos de un contrato, una vez pactados y acordados por las partes, no pueden modificarse unilateralmente a través de la ley y esto incluye la posibilidad de que el Estado peruano suscriba los llamados contratos ley, es decir, acuerdos con empresas privadas que no son retroactivamente modificables a través de nuevas leyes algo así como el rigi de Argentina.
Pues bien, Roberto Sánchez se quiere cargar este precepto de la Constitución para que el Estado peruano sí pueda revisar unilateral y retroactivamente los contratos, los acuerdos que haya suscrito con empresas privadas. Se trata, por tanto, de erosionar la seguridad jurídica dentro del país. El Estado en cualquier momento puede decir Diego donde dijo digo.
Todavía peor. También se quiere encargar el artículo 63 de la Constitución. El artículo 63 de la Constitución establece la igualdad de trato a la inversión y la libertad de comercio exterior. Es decir, que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones y que la producción y el comercio exterior son libres.
¿Y por qué se lo quiere cargar Roberto Sánchez? Pues para poder discriminar a la inversión nacional frente a la extranjera. Es decir, privilegiar a los grupos de interés internos bien conectados con el gobierno de Roberto Sánchez frente a las empresas extranjeras y también, claro, para poder imponer aranceles que protejan a los sectores ineficientes internos del Perú de la competencia extranjera, haciendo que los consumidores peruanos paguen mucho más caras las mercancías que se producen dentro y que podrían comprar fuera más baratas. Estos son los
artículos de cariz económico que Roberto Sánchez quiere eliminar a través del nuevo proceso constituyente, pero no pensemos que su desnortada política económica se agota aquí. Aparte de esto, Roberto Sánchez quiere hacer otras cosas que están permitidas por la Constitución actual y que con independencia de ello siguen siendo malas y antiliberales políticas económicas.
En primer lugar, convertir el Banco Nación, que es un banco público, en un banco de crédito hipotecario para el conjunto de la población. Es decir, que se concedan de manera generalizada créditos hipotecarios socializando sus pérdidas con todos los contribuyentes. En segundo lugar y vinculado con lo anterior, Roberto Sánchez propone prácticamente duplicar la presión tributaria dentro del Perú.
pasaría de en torno al 14% del PIB al 25% del PIB, que sí es una presión tributaria que todavía sigue por debajo de la de muchos países europeos, pero pasar del 14 al 25% en pocos años constituye un mazazo de primer orden a la economía. No solo eso, resulta mucho más fácil hacer frente a una presión tributaria del 25% cuando eres rico, cuando tienes una renta per cápita media alta que cuando eres pobre.
No perdáis de vista que en Perú gran parte de la economía está en situación de informalidad, con lo cual no es nada fácil cobrar impuestos, de tal manera que para lograr recaudar el 25% habrá que subir muchísimo los tributos a los pocos que paguen. Y en tercer lugar y vinculado con lo anterior, Roberto Sánchez también propone eledar desde el primer día de gobierno el salario mínimo de la economía en un 33%.
Más significativo que esto, este nuevo salario mínimo que propone Roberto Sánchez se ubicaría por encima del salario promedio en el sector informal de la economía, que es donde trabajan hoy, atención, el 75% de los peruanos. ¿Qué crees en consecuencia que sucederá si incrementas todavía más el coste salarial en la economía formal? pues que aún más trabajadores terminarán acudiendo a la economía informal, fuera de la regulación del salario mínimo y tampoco pagando impuestos, que cuidado, me parece genial que no paguen impuestos,
pero si el objetivo es casi duplicar la presión tributaria sobre los ciudadanos, eso implica que a los pocos que paguen impuestos habrá que apretarles muchísimo las clavijas, lo cual también los empujará aún más hacia la economía informal. y dos peligrosas propuestas más que se ubican a caballo entre lo social y lo económico.
En primer lugar, control ciudadano sobre los medios de comunicación. El plan mediático de Roberto Castillo propone subordinar la libertad de información a la responsabilidad social de informar con rigor y deberán ser los ciudadanos, es decir, el poder político a través de aquellos ciudadanos que interponga controladamente, quienes ejerzan esa labor fiscalizadora sobre los medios que se desalinean de lo que los políticos mandatan.
Algo así como lo que otro Sánchez, Pedro Sánchez en España, quiere hacer combatiendo los bulos, que no es otra cosa que prohibir la difusión de aquellas noticias auténticas que le resulten incómodas. Pues bien, concretamente, ¿qué plantea Roberto Sánchez para los medios de comunicación? Primero, crear organismos ciudadanos sobre medios de comunicación cuya función sea emitir alertas contra contenidos que vayan dirigidos a generar bloqueos informativos en perjuicio de la ciudadanía o aquellos que fomenten la violencia y la discriminación. Y en
segundo lugar, que el Estado otorgue licencia sobre el espacio radioeléctrico de manera equitativa entre el sector privado, el sector estatal, es decir, medios de comunicación al servicio del gobierno y el comunitario, que a su vez el comunitario será otra pata controlada por el Estado, subsidios públicos a aquellos medios comunitarios que están alineados con la ideología del gobierno de turno.
