La música folclórica colombiana, muchas veces, no es solo un ritmo para bailar, sino una crónica descarnada de la realidad nacional. Temas que retratan el hartazgo de una población frente a las divisiones políticas entre “godos y liberales” siguen resonando con la misma fuerza que hace décadas. Sin embargo, detrás de la melodía se esconde un sector que ha sido el protagonista involuntario de los episodios más oscuros de nuestra historia: el campesinado colombiano. Hoy, esa realidad vuelve a ser noticia, pero no por una canción, sino por una denuncia que atenta contra el pilar fundamental de la democracia: el derecho al voto.
encia ejercida por guerrillas y grupos paramilitares, sino que, como han reconocido miembros de la fuerza pública, también han sufrido la desconfianza y la agresión del propio Estado. Durante años, el campesinado fue estigmatizado, siendo etiquetado como colaborador de uno u otro bando, lo que resultó en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y despojo de tierras.
Esta exclusión no ha sido solo armada; ha sido política. Mientras el país se debate en discusiones ideológicas en las ciudades, en la ruralidad profunda, la pobreza y la falta de garantías se reproducen por la ausencia de servicios básicos, salud, educación y, ahora, el acceso al ejercicio democrático.
La denuncia de Nueva Colombia: Un golpe a la participación
En febrero de 2026, la comunidad de la vereda Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa, Meta, alzó su voz ante la Defensoría del Pueblo. El panorama es desolador: para poder llegar a un centro de votación fuera de su vereda, los habitantes deben enfrentarse a un trayecto de entre 4 y 5 horas por vía fluvial, debido a la inexistencia de vías terrestres adecuadas.
Vista Hermosa es uno de los 167 municipios priorizados para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), un mecanismo creado precisamente para otorgar voz política a los territorios más golpeados por el conflicto armado, la pobreza extrema y la debilidad institucional. A pesar de esta condición, la noticia que llega a pocos días de la jornada electoral es alarmante: les han retirado su mesa de votación.
El clamor por el artículo 158
Los líderes de la comunidad, encabezados por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Pablo Antonio Vargas, y el vicepresidente, Jefferson Parrao, han hecho un llamado desesperado a la Registraduría, a la Alcaldía, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Electoral para que se restablezca la mesa en su vereda.
Su exigencia está respaldada por la Constitución Política de Colombia. El artículo 158 es claro al garantizar que el Estado debe facilitar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Para los habitantes de Nueva Colombia, el retiro de esta mesa no es solo un inconveniente logístico, es una vulneración directa a su derecho a participar en las decisiones del país.
¿Un cambio de rumbo?
Mientras sectores de la oposición continúan negando beneficios fundamentales como la jurisdicción agraria, el actual Gobierno ha intentado revertir años de abandono mediante la entrega de tierras a familias campesinas, incluyendo víctimas del conflicto armado y mujeres cabeza de hogar. No obstante, la entrega de tierras es apenas un paso; la soberanía y la participación política son los siguientes.
El caso de Nueva Colombia es un llamado de atención urgente. No podemos hablar de una paz total ni de una democracia robusta si, en la práctica, le estamos dificultando el acceso a las urnas a quienes más han sufrido el rigor de la guerra. La pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué se dificulta la participación democrática en los territorios que más necesitan ser escuchados?
La comunidad de Nueva Colombia no pide privilegios, pide dignidad y el respeto a un derecho constitucional. La respuesta de las autoridades electorales no solo determinará la participación de una vereda en el Meta, sino que será un mensaje contundente sobre la voluntad real del Estado de incluir, finalmente, al campesinado en la construcción del futuro de Colombia.
