bien en el número, 320 votos. Porque ese número no es casual, ese número es un mensaje. Es el Senado de la República diciéndole a Alito Moreno y a todos los que son como Alito Moreno que la época de la impunidad tiene los días contados en este país. Pero eso no es todo, porque resulta que para llegar hasta aquí, para que este día llegara, México tuvo que atravesar años de intentos fallidos, de procesos congelados, de dilaciones inexplicables, de negociaciones oscuras que en su momento protegieron a este hombre. Y eso también
lo vamos a contar hoy, porque la historia completa de cómo Alito Moreno logró esquivar la justicia durante tanto tiempo es en sí misma un escándalo que ustedes necesitan conocer. Y aquí es donde se pone grave, porque la Fiscalía de Campeche no llegó con acusaciones inventadas, llegó con expedientes, llegó con nombres, llegó con prestanombres que ya colaboraron con las autoridades, que ya dijeron bajo qué condiciones participaron en el esquema.
Llegó con más de 83 millones de pesos de recursos federales, dinero destinado a la seguridad pública del Estado, que según las investigaciones, no llegó a donde tenía que llegar. Dinero del pueblo. Dinero que se esfumó mientras Alito gobernaba Campeche entre 2015 y 2019. Y hoy, finalmente, el Senado dijo que ese hombre tiene que responder ante la justicia ordinaria como cualquier ciudadano mexicano.
¿Ustedes creen que esto es coincidencia? ¿Creen que el hecho de que Alito Moreno haya sobrevivido tanto tiempo con el fuero intacto no tiene explicación? Porque hay algo que me parece fundamental contarles antes de entrar a los detalles de la votación de hoy, algo que explica por qué este momento tardó tanto en llegar. En 2022, cuando Alito todavía era diputado federal, ya existía una primera solicitud de desafuero en su contra y esa solicitud murió, quedó congelada.
¿Por qué? Según lo que está documentado y ha salido a la luz en distintos medios, en aquel entonces el PRI respaldó una reforma que a Morena le urgía aprobar, la que extendía la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El PRI votó a favor y la solicitud de desafuero misteriosamente se archivó.
Así de simple, así de burdo. Un intercambio político que le costó a México años de impunidad. ¿Por qué justo ahora sale esto a la luz con toda su fuerza? ¿Por qué el proceso que se había vuelto a activar en julio de 2025, que llevaba meses siendo aplazado, que estuvo pausado por la reforma electoral, que sobrevivió el receso de Semana Santa? De pronto llega a este punto histórico? ¿Quién está detrás de que esto se resuelva precisamente hoy? Y déjenme presentarles a los personajes que orbitan este escándalo, porque Alito
Moreno no actúa solo, nunca lo ha hecho. Está Laida Sansores, gobernadora de Campeche, quien desde su administración impulsó y respaldó el proceso legal que hoy culmina. Una mujer que no se quedó callada cuando otros preferían mirar hacia otro lado. Están los dos exfuncionarios campechanos que ya fueron detenidos, acusados de peculado relacionado con el mismo esquema de desvíos.
personas que según las investigaciones participaron en la simulación de servicios, en el mecanismo por el que ese dinero salía del presupuesto oficial para no regresar jamás. Y están los prestanombres, dos personas que según los expedientes recibieron apenas 4000 pesos cada una a cambio de prestar sus documentos de identidad para que el esquema funcionara. 4000.
Eso es lo que valió la complicidad en un fraude de decenas de millones. ¿Alguien se pregunta quién se quedó con la diferencia? Hay algo más que todavía no les he contado. Algo sobre cómo Alito Moreno reaccionó cada vez que el proceso avanzaba. Algo sobre las palabras que usó para defenderse, sobre los argumentos que construyó frente a audiencias en el extranjero.
Sobre cómo intentó convertir su proceso legal en una narrativa de víctima política. Y eso importa porque para entender la magnitud de lo que pasó hoy en el Senado, hay que entender el tamaño del personaje que acaba de perder su escudo. Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la gubernatura de Campeche en 2015.
Para quienes no lo recuerdan en ese contexto, era el PRI todavía en uno de sus últimos bastiones de poder real. El partido que había gobernado México durante décadas seguía controlando estados, seguía manejando presupuestos, seguía operando con la lógica de siempre, el dinero público como recurso político, como herramienta de control, como botín a repartir entre los de confianza y Campeche no fue la excepción.
Según la Fiscalía Anticorrupción del Estado, durante su gestión como gobernador se habrían desviado más de 83.5 los 5 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, dinero para seguridad. Dinero que en teoría tendría que haber servido para proteger a las familias campechanas, para equipar corporaciones policiales, para garantizar que la gente de ese estado viviera con menos miedo.
Ese dinero, según las acusaciones formales, no llegó a ese destino. ¿Cómo operaba el esquema? Las investigaciones describen la creación de contratos con prestanombres, personas comunes que prestaron sus documentos a cambio de cantidades ridículas de dinero, sin saber muchas veces el alcance real de lo que estaban firmando.
Servicios que se facturaron, pero que nunca se prestaron. Obras que aparecen en papel pero que no existen en la realidad. Las autoridades sostienen que no hay respaldo documental de esos servicios. Los propios involucrados, quienes aceptaron colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios legales, afirmaron no reconocer las facturas ni los supuestos trabajos realizados bajo sus nombres.
Así funcionaba la maquinaria, así se movía el dinero y Alito Moreno era el gobernador, el responsable máximo, el que firmaba, el que autorizaba, el que, según la fiscalía, tenía que saber exactamente a dónde iban esos recursos. Pero cuando el proceso comenzó a apretarse, cuando las denuncias formales llegaron a la Cámara de Diputados, cuando el nombre de Alito Moreno empezó a aparecer en expedientes oficiales, algo curioso pasó.
El hombre que durante años había hablado con la arrogancia característica de los intocables del PRI, ese mismo hombre comenzó a construir una narrativa de persecución. Es un distractor del narcogobierno de Morena. llegó a decir, utilizó esa palabra, esa palabra que está prohibida, esa acusación gravísima frente a audiencias internacionales, frente a gobiernos extranjeros, frente a cualquier micrófono que le pusieran enfrente.
Llamó a Claudia Shainbound con epítetos que no vale la pena repetir aquí. Se presentó a sí mismo como víctima de un régimen autoritario, como un demócrata perseguido, como alguien a quien simplemente le molestaba al gobierno en turno. Eso sí que es cínico porque mientras Alito daba discursos sobre democracia, los expedientes seguían creciendo.
Mientras él hablaba de persecución política, los exfuncionarios de su propio gobierno ya estaban detenidos. Mientras él viajaba y daba entrevistas, dos personas que apenas recibieron 4000 pesos por prestar su nombre estaban enfrentando las consecuencias de haber participado en su esquema. ¿A quién le creemos? Detengámonos un momento aquí porque quiero que dimensionen algo.
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El desafuero no es una condena. Que quede claro. El desafuero es el retiro de la inmunidad constitucional que protege a los legisladores y funcionarios de alto rango de ser procesados penalmente mientras ejercen su cargo. Lo que el Senado aprobó hoy no es que Alito Moreno sea culpable.
Lo que aprobó es que Alito Moreno ya no puede esconderse detrás de su fuero, que los jueces ordinarios, que los tribunales de este país ahora tienen la puerta abierta para revisarle las cuentas sin que ningún escudo legislativo se los impida. En otras palabras, la justicia mexicana acaba de tener acceso al caso y eso es enorme, porque mientras tuvo fuero, Alito podía bloquear cualquier proceso penal con recursos jurídicos, con amparos, con los tiempos eternos de los procedimientos legislativos.
Podía operar con la certeza de que llegar hasta él requería vencer obstáculos institucionales que habían protegido a los suyos durante décadas. Hoy eso se acabó. Hoy 320 votos le dijeron que se acabó. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque este proceso no fue lineal, no fue limpio, no fue sencillo. La primera solicitud formal de desafuero llega en 2022.
Cuando Alito todavía era diputado federal, la Fiscalía de Campeche presentó el expediente y el expediente murió. quedó archivado en la sección instructora de la Cámara de Diputados bajo circunstancias que muchos analistas calificaron como un arreglo político. El PRI había votado a favor de la extensión del ejército en tareas de seguridad, una prioridad del gobierno de López Obrador y el desafuero quedó en el congelador, un intercambio, una transacción, la impunidad cotizando en bolsa.
Pero luego vino julio de 2025. Alito ya es senador y la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presenta una segunda solicitud más robusta con cinco expedientes con acusaciones de peculado, uso indebido de atribuciones y extralimitación de facultades. Esta vez la cosa venía con más peso, con más documentación, con exfuncionarios ya procesados que habían decidido colaborar con las autoridades.
La sección instructora de la Cámara de Diputados no podía simplemente ignorarlo. Esta vez empezó un proceso que se fue aplazando por distintas razones. En diciembre de 2025 se posponía hasta febrero de 2026. En marzo de 2026, el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora y militante de Morena, explicaba que había que esperar a que pasara la discusión de la reforma electoral, el llamado plan B que Shainba había enviado al Congreso para no mezclar los temas y no dar la impresión de que el desafuero era una
revancha política. “Buscamos prudencia”, decía. Se trata de un tema jurídico con matices políticos. Mientras tanto, Alito seguía de pie, seguía en el Senado, seguía dando declaraciones, seguía atacando a Morena, a Shainbound, al gobierno con su fuero intacto y su arrogancia intacta. Pero el plan B de la reforma electoral se aprobó.
El 8 de abril de 2026, con 377 votos a favor en la Cámara de Diputados, el proyecto de Shane Bound pasó. Alito votó en contra, por supuesto. La llamó un golpe al federalismo, pero pasó. Y con eso el último obstáculo formal que retrasaba el dictamen de desafuero desapareció. La sección instructora retomó el caso después de Semana Santa y lo que vino después es lo que hoy están viendo reflejado en ese número, 320 votos en el Senado.
Fíjense en algo que me parece fundamental. A lo largo de todo este proceso, Alito Moreno tuvo oportunidades, tuvo tiempo, tuvo recursos jurídicos, tuvo abogados, tuvo la posibilidad de presentar su defensa, de aportar documentos, de demostrar que las acusaciones eran falsas. La sección instructora, según sus propias declaraciones, fue cuidadosa, fue meticulosa, buscó no precipitarse y al final, con todos esos elementos sobre la mesa, el dictamen fue hacia delante.
Eso no es persecución política, eso es el sistema funcionando. ¿Saben lo que me resulta más irónico de todo esto? Que Alito Moreno se convirtió en senador precisamente porque quería mantener su fuero. Después de ser gobernador de Campeche, buscó un cargo legislativo federal. que le garantizara la inmunidad constitucional mientras los procesos en su contra se acumulaban.
usó las reglas del sistema para protegerse del sistema y hoy el sistema le dijo que hasta aquí hay un detalle de este caso que no se puede pasar por alto y que habla mucho del personaje. El 27 de agosto de 2025 en el Senado de la República, al terminar una sesión mientras los legisladores cantaban el himno nacional, Alito Moreno se fue a los golpes.
literalmente agredió físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña, morenista, y no solo a él, también golpeó al camarógrafo de Noroña, a un trabajador que estaba haciendo su trabajo, puñetazos y patadas. En el Senado, mientras sonaba el himno nacional. Ese es el hombre que dice ser víctima de persecución política.
Porque lo que está documentado, lo que salió a la luz, lo que múltiples testigos presenciaron, es un dirigente de partido que resuelve sus conflictos con violencia física en el recinto legislativo más importante del país. Un hombre que golpea a trabajadores y ese mismo hombre, ese mismo personaje se para frente a micrófonos internacionales a hablar de democracia y de víctimas políticas.
La ironía sería graciosa si no fuera tan grave. Ahora hablemos de Claudia Shabound. Porque el título de este video no es casual, 320 votos. La presidenta no solo consiguió que el proceso llegara hasta aquí, consiguió que llegara con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones. 320 legisladores. Eso no es una mayoría ajustada, eso no es una victoria peleada voto a voto, eso es una aplastada.
Eso es el Congreso de la República diciéndole a Alito Moreno con números que su tiempo se acabó. Y hay algo simbólico en esto que me parece importantísimo. Durante años el discurso de la oposición, el discurso del PAN, del PRI y de los que se oponen a la cuarta transformación fue que Shainbound no tenía carácter propio, que era una continuista sin criterio, que no iba a hacer nada que López Obrador no le hubiera ordenado.
¿Y qué está pasando? está avanzando en procesos que incluso durante el sexenio anterior se habían congelado. Está demostrando que cuando ella dice que la ley se aplica parejo, no es un eslogan, es una política de gobierno. El desafuero de Alito Moreno es una de las victorias políticas más importantes de lo que va de su administración y hoy el Senado se lo reconoció con 320 votos.
Pero esperen, porque hay algo más que está trascendiendo en torno a este caso, algo que según fuentes cercanas al proceso va más allá del desafuero en sí. Se rumorea que los expedientes que la Fiscalía de Campeche tiene en su poder son mucho más voluminosos de lo que se ha hecho público hasta ahora. Que los nombres que aparecen en esos documentos no son solo los que ya conocemos.
que el esquema de desvíos que se le atribuye a Lito Moreno como gobernador tenía ramificaciones que de confirmarse cambiarían completamente la dimensión de este caso. ¿Qué tan lejos llega la red? ¿Quiénes más podrían verse involucrados si los expedientes se abren por completo ante los jueces? Por ahora es lo que está trascendiendo, pero si eso se confirma en las próximas semanas, estaremos aquí para contárselo.
Lo que sí es un hecho, lo que ya está en el registro histórico de este país, es que hoy el Senado de México aprobó el desafuero del líder del PRI con 320 votos. que un hombre que durante años usó la inmunidad constitucional como escudo personal, que viajó por el mundo diciendo que era perseguido político mientras sus excolaboradores eran detenidos, que agredió físicamente a un compañero legislador y a un trabajador en el recinto más sagrado de la democracia mexicana, ese hombre hoy no tiene fuero. La justicia no es rápida en
este país. Nadie dice que lo sea, pero a veces en los mejores días de México llega y hoy fue uno de esos días. ¿Qué sigue? Lo más probable es que la Fiscalía de Campeche proceda de inmediato a formalizar los cargos ante un juez ordinario ahora que el camino está despejado. Alito Moreno seguirá teniendo derecho a su defensa como corresponde en un estado de derecho.
Podrá presentar argumentos, podrá aportar pruebas, podrá impugnar, pero ya no podrá hacerlo desde la comodidad de un fuero que lo hacía casi intocable. Ahora es un ciudadano frente a la justicia, igual que cualquiera. Y eso para México importa mucho, porque si hay algo que ha dañado profundamente la confianza de los mexicanos en sus instituciones, es la sensación de que las reglas no aplican igual para todos, que hay quienes pueden robar con impunidad porque tienen el cargo correcto, el apellido correcto, el
partido correcto. Cada vez que esa impunidad se rompe, aunque sea una sola vez, aunque sea un solo caso, el mensaje que se manda al país entero vale más de lo que cualquier discurso puede expresar. Hoy ese mensaje se mandó con 320 votos y yo, Jazmín, estaré aquí para seguir contándoles cómo avanza este caso, para seguir siguiéndole la pista a cada movimiento, a cada audiencia, a cada resolución que venga, porque esta historia no termina con el desafuero.
Esta historia apenas empieza a entrar en su capítulo más importante. Antes de irme necesito pedirles algo. Si llegaron hasta aquí es porque les importa lo que pasa en México, porque no les da igual quién gobierna, quién roba, quién responde y quién no. Este canal existe gracias a ustedes.
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