En las sombras del poder, donde los discursos rimbombantes y las promesas políticas deslumbran a los incautos, suelen esconderse verdades tan oscuras que, de salir a la luz, harían temblar los mismos cimientos de nuestra sociedad. Imagina por un momento un país donde la inteligencia del Estado, pagada con los impuestos de los ciudadanos para proteger la seguridad nacional, es utilizada como el juguete privado de hombres poderosos para saciar sus celos y controlar a las mujeres de su entorno. Imagina, además, que mientras los reflectores apuntan a campañas presidenciales y encendidos debates, una serie de escalofriantes abusos sistemáticos se perpetran bajo el manto protector de la fe y la influencia legal. ¿Qué ocurre cuando las instituciones que deben proteger a los más vulnerables son manipuladas por aquellos que se creen dueños del país? La respuesta a esta interrogante, revelada a través de documentos oficiales y testimonios bajo juramento, no solo expone la decadencia moral de ciertos sectores de la élite, sino que podría cambiar el rumbo de la historia judicial y política de Colombia.
El epicentro de este huracán político y judicial tiene un nombre que ha ocupado los titulares durante meses: Abelardo de la Espriella. Conocido por su estilo extravagante, su discurso de “mano dura” y su cercanía con la extrema derecha, el polémico abogado y ahora figura presidencial se encuentra en el ojo de una tormenta que va mucho más allá de la política tradicional. Las alarmas se encendieron cuando salieron a la luz los detalles de una declaración juramentada rendida ante el CTI de la Fiscalía General de la Nación, un testimonio que desnudó el funcionamiento más bajo y rapaz del poder político en Colombia.
El protagonista de esta revelación es Orlando Sastoque, un exescolta adscrito al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al programa de protección de testigos. El 4 de marzo de 2009, Sastoque relató con una frialdad estremecedora cómo, presuntamente, se instrumentalizaron las “cloacas” del Estado para montar una red criminal de espionaje pasional. Según consta en los expedientes con sellos y firmas oficiales que ahora reposan en la Corte Suprema de Justicia, a de la Espriella le bastaron solo tres meses tras contratar a Sastoque para ordenarle una misión que nada tenía que ver con la seguridad y todo con el control obsesivo: interceptar y cruzar las llamadas telefónicas de una joven mujer en Medellín.
El objetivo era rastrear cada uno de sus movimientos: saber con quién hablaba, quién le escribía y a dónde iba. Para lograr esto, según el testimonio, no solo se intentó utilizar la infraestructura del DAS, sino que, ante la recomendación de otros contactos oscuros, se recurrió a fuentes internas de la empresa de telecomunicaciones Comcel (hoy Claro) para obtener toda la información de manera ilegal y expedita. En cuestión de ocho días, el “trabajo” estaba hecho: nombres completos, direcciones y teléfonos fueron entregados por escrito.
Esta operación no es un simple capricho de un “caballero enamorado y travieso”, como a veces él mismo intenta retratarse en televisión nacional con un cinismo abrumador. Es una violación flagrante a los derechos humanos, un acoso sistemático que utiliza las herramientas del Estado y las corporaciones privadas para vulnerar la intimidad de una mujer. ¿Qué nivel de impunidad siente un individuo para dar este tipo de órdenes sin temor a represalias? Y lo que es más alarmante, ¿por qué los grandes medios de comunicación del país guardan un silencio sepulcral frente a pruebas documentales de tal magnitud?
Mientras este escándalo de espionaje pasional intenta ser silenciado por los intereses de los poderosos, otra figura clave en el entorno de la extrema derecha evidencia la preocupante falta de criterio y empatía de este sector político. Nos referimos a Miguel Polo Polo, uno de los principales alfiles de la campaña de Abelardo de la Espriella. La sola idea de que un personaje que ha sido ampliamente criticado por su pobre y polémico desempeño en el Congreso de la República pueda llegar a ocupar un ministerio o un alto cargo directivo en un hipotético gobierno de derecha es motivo de alarma nacional.
La política no es un juego de redes sociales; son decisiones que afectan la economía, la educación y el bienestar de más de cincuenta millones de colombianos. Si las figuras que rodean a un candidato representan la improvisación, el escándalo y el desprecio por la institucionalidad, el electorado tiene la responsabilidad histórica de cuestionar la idoneidad de todo el proyecto político.
Ante la gravedad de un escenario donde la información privada es vulnerada por capricho y donde el Estado podría quedar en manos de figuras inexperimentadas y polémicas, ¿qué habrías hecho en esta situación al momento de elegir el futuro de tu país en las urnas?
Sin embargo, el espionaje y la ineptitud política palidecen frente al horror del segundo gran pilar de este escándalo, un caso donde de la Espriella jugó un rol fundamental como defensor y que hoy mantiene en vilo a la Corte Suprema de Justicia. Es una historia de manipulación, fe corrompida y abuso sistemático que involucra al pastor evangélico Álvaro Javier Gámez Torres, líder de la iglesia Ministerio Apostólico y Profético Salem.
Desde el año 2012, el pastor Gámez ha sido señalado por más de 23 mujeres y cuatro menores de edad de haber abusado sexualmente de ellas durante años. Las víctimas, en su gran mayoría, provenían de entornos altamente vulnerables y crecieron dentro de la congregación, viendo en Gámez no solo a un líder, sino al “ungido”, al mensajero directo de Dios en la Tierra. Salem no es una iglesia pequeña; cuenta con sedes en Bogotá, Manizales, Yumbo, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Popayán, siendo Pasto su sede principal y el epicentro de los presuntos abusos.
Los testimonios recogidos son desgarradores y exponen un nivel de manipulación psicológica que raya en la tortura. El pastor, aprovechándose de su posición de máxima autoridad espiritual, habría sometido a estas mujeres haciéndoles creer que los actos de índole sexual eran parte de un proceso de “sanación” o de una sumisión divina. Exigía a sus fieles aislarse, “olvidarse de su pueblo” y “romper las raíces con su casa”, creando un entorno sectario donde su palabra era la ley absoluta. Quien cuestionara sus acciones estaba, según sus prédicas, “escuchando la voz del diablo” y oponiéndose a la voluntad de Dios.
Expertos en psicología, como el doctor Miguel Ángel Estévez de la Universidad Complutense de Madrid, explican que este tipo de sometimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que comienza con manipulaciones sutiles, tocamientos disfrazados de “bendiciones” o “imposición de manos”, escalando con el tiempo a rituales con aceites y, finalmente, a abusos sexuales consumados bajo la coerción psicológica del miedo a la condena eterna. Cuando una persona entrega su economía, sus relaciones personales y su fe a un líder, la capacidad de resistir o denunciar queda completamente anulada.
En 2013, Gámez fue capturado en Honduras, donde había permanecido prófugo de la justicia, y enfrentó cargos por acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir. Y aquí es donde la figura de Abelardo de la Espriella vuelve a aparecer. En agosto de 2015, asumiendo la defensa del líder religioso, el mediático abogado intentó desvirtuar a las víctimas con argumentos que hoy, a la luz del enfoque de género, resultan profundamente revictimizantes.
En los estrados judiciales, la defensa argumentó que las mujeres eran unas “trepadoras” que “querían escalar” y que “utilizaron su libre disposición frente a esos encuentros sexuales” para obtener posiciones de privilegio dentro de la iglesia. Para el abogado, que estas mujeres fueran supuestamente ambiciosas “no es un problema del derecho”. Desestimar el poder coercitivo de un líder religioso sobre niñas y mujeres vulnerables, calificando las denuncias de “montaje absurdo”, es una táctica que busca silenciar a quienes finalmente encontraron el valor para hablar.
A lo largo de los años, el caso ha tenido fallos contradictorios: absoluciones polémicas en algunos casos y condenas a reparar económicamente a otras víctimas, como fue el caso de una menor de edad. Hoy, sin embargo, el destino final de esta historia reposa en la Corte Suprema de Justicia, que evalúa los testimonios de siete mujeres aplicando, por primera vez, un verdadero enfoque de género. Esta decisión podría sentar un precedente histórico en Colombia: determinar que el abuso de poder y la manipulación psicológica y espiritual anulan por completo el consentimiento, y que la fe no puede ser utilizada como un escudo de impunidad para depredadores.
La conexión entre el espionaje ilegal perpetrado presuntamente desde las entrañas del DAS y la defensa acérrima de un líder religioso acusado de abusos sistemáticos no es una coincidencia. Ambos casos reflejan una misma filosofía de poder: la creencia absoluta de que quienes ostentan influencia, dinero o autoridad (ya sea legal, política o divina) están por encima del bien y del mal. Refleja un sistema donde las mujeres son vistas como objetos que pueden ser interceptados, rastreados, manipulados y desechados a voluntad, ya sea por los celos de un político o por la lascivia de un falso profeta.
En este contexto, la indignación popular crece. Las redes sociales, como lo evidencian las masivas reacciones a los reportajes independientes, se han convertido en el tribunal donde la ciudadanía exige la justicia que a menudo se le niega en los estrados. La captura reciente en Bogotá de un admirador y presunto allegado a esta corriente política, involucrado en actos reprochables con menores de edad, y el temor de que ciudadanos extranjeros con historiales dudosos reciban protección bajo un gobierno de extrema derecha, han encendido aún más las alarmas. La población empieza a conectar los puntos, comprendiendo que la moralidad de la que tanto se jactan ciertos sectores políticos es, en realidad, una cortina de humo para ocultar prácticas aberrantes.
Después de conocer la profundidad de estas revelaciones, los testimonios desgarradores de las víctimas y el uso oscuro de las instituciones, ¿crees que la sociedad colombiana permitirá que estas figuras sigan dictando el rumbo del país sin asumir ninguna consecuencia?
