En el intrincado y siempre sorprendente mundo de la política colombiana, los giros de guion suelen dejar a los electores con la respiración contenida. Sin embargo, lo que acaba de suceder a escasos días de que los ciudadanos acudan masivamente a las urnas para definir el futuro de la nación, no es un simple giro; es un auténtico sismo institucional que amenaza con reconfigurar por completo el mapa del poder en Colombia. Imagina por un momento que el candidato que se presenta como el salvador de la patria, el guardián de las tradiciones y el escudo protector de la soberanía nacional frente a supuestas amenazas externas, en realidad, le hubiera jurado lealtad absoluta y obediencia ciega a una bandera extranjera. Suena a película de espionaje, ¿verdad? Pues esa es la monumental revelación que acaba de caer como un baldado de agua helada sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella. La pregunta que flota en el aire es: ¿Cómo logró este secreto mantenerse oculto durante tanto tiempo y qué significa esto para el futuro de la democracia colombiana?
Para entender la magnitud de este estallido político, debemos sintonizar las pantallas de RTVC Noticias, la televisión pública que, en un boletín extraordinario de última hora, encendió todas las alarmas del país. La noticia no era un rumor de pasillo ni un chisme de redes sociales; era la presentación formal de un documento escrito y firmado por un grupo de las mentes jurídicas más brillantes, respetadas y experimentadas de Colombia. Estamos hablando de 23 exmagistrados de las altas cortes y reconocidos constitucionalistas que, con la ley en la mano, destaparon un manifiesto oficial que sepulta las aspiraciones presidenciales del abogado de la ultraderecha.
El periodista investigativo Daniel Coronell, conocido por sus revelaciones que hacen temblar los cimientos del poder tradicional, fue el encargado de encender la mecha a través de su cuenta en X (antes Twitter). Coronell expuso que este bloque de juristas, entre los que se encuentran figuras de la talla de José Gregorio Hernández, Jaime Córdoba Triviño y Jorge Iván Palacio, junto a eminentes catedráticos de la Universidad Externado y la Universidad Nacional, concluyeron de manera unánime que Abelardo de la Espriella está constitucionalmente impedido para ejercer la presidencia de la República. El motivo: su nacionalidad estadounidense y, más específicamente, la naturaleza del juramento que tuvo que realizar para obtenerla.
Es crucial detenernos a analizar la filigrana jurídica de esta situación, porque el diablo, como siempre, está en los detalles. Los defensores de De la Espriella intentaron rápidamente minimizar el impacto del escándalo argumentando que la doble nacionalidad está permitida por la Constitución y señalando que el actual presidente, Gustavo Petro, posee nacionalidad italiana. Sin embargo, los 23 exmagistrados desmantelaron esta endeble defensa de un solo plumazo, impartiendo una clase magistral de derecho constitucional a todo el país.
El manifiesto aclara, sin dejar margen a dudas, que el “berraco meollo del asunto” no es la simple tenencia de dos pasaportes. La nacionalidad italiana (como en el caso de Petro) se adquiere generalmente por lazos de consanguinidad, es decir, por derecho de sangre (ius sanguinis). Este proceso no exige que la persona renuncie a su país de origen ni que jure tomar las armas para defender a Italia. No genera un conflicto de lealtad ni exige una subordinación que ponga en riesgo la soberanía colombiana. Por lo tanto, no hay ningún reproche legal ni ético en ese escenario.
Pero el caso de la ciudadanía estadounidense por naturalización es una bestia completamente diferente. Para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, una persona no nacida en ese país debe someterse a un proceso formal que culmina en una ceremonia solemne donde se pronuncia el “Juramento de Lealtad” (Oath of Allegiance). El activista político Beto Coral expuso de manera implacable el texto exacto que Abelardo de la Espriella tuvo que pronunciar, probablemente con la mano en el corazón, frente a las autoridades migratorias norteamericanas.
Las palabras de ese juramento son un mazazo directo a la retórica nacionalista del candidato: “Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de la cual haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales… y que tomaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley”.
¿Qué habrías pensado tú, en medio de esta contienda electoral, si descubrieras que el candidato que te pide el voto para gobernar tu país ya ha jurado ante otra nación, renunciando “absoluta y completamente” a la lealtad hacia Colombia?
Esta revelación destrozó la precaria narrativa de la campaña uribista. Los exmagistrados detallaron que este juramento vulnera la Carta Magna de Colombia en tres frentes fundamentales e insalvables. Primero, afecta la “buena fe” del juramento presidencial consagrado en el artículo 192 de la Constitución. ¿Cómo puede un presidente jurar cumplir y hacer cumplir las leyes de Colombia si previamente juró lealtad exclusiva a Washington?
Segundo, expone la seguridad y la soberanía nacional al riesgo de “traición a la patria”. Si surgiera un conflicto de intereses políticos, económicos o militares entre Colombia y Estados Unidos (algo que ocurre frecuentemente en las relaciones internacionales), ¿a quién obedecería Abelardo de la Espriella? Según el juramento que hizo en suelo estadounidense, su deber primordial sería proteger los intereses de Norteamérica, incluso por encima de las necesidades del pueblo colombiano.
Y tercero, y quizás lo más alarmante para la institucionalidad del país, anula por completo las funciones del mando militar y la dirección de las relaciones internacionales, estipuladas en los artículos 188 y 189. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Permitir que el máximo jefe militar de Colombia esté formalmente subordinado a las leyes e intereses de una potencia extranjera es, en palabras de los expertos, firmar el acta de defunción de la independencia militar de la nación.
La onda expansiva de esta noticia en las redes sociales y en las calles fue devastadora. La cúpula del establecimiento político tradicional, acostumbrada a manejar los hilos del poder mediático, se quedó muda, orinada de la rabia, sin argumentos para contrarrestar el peso innegable de la jurisprudencia. Los estrategas de la derecha habían pasado semanas enteras orquestando campañas de miedo, señalando a la oposición, intentando ocultar los “trapitos al sol” de su aspirante detrás de vallas tricolores y discursos rimbombantes sobre la moralidad. Pero la academia legal les certificó en la cara que su proyecto político nació muerto.
¿Con qué cara de seda van a salir ahora los directores de medios, los columnistas alineados y los voceros de la ultraderecha a posar de guardianes de la patria? Durante toda la campaña, intentaron vender a De la Espriella como el bastión de la seguridad, pero los colombianos descubrieron que, en el fondo, era un paquete chileno de pasarela. El contraste es brutal y desinfla de tajo los discursos de odio y el matoneo con el que el candidato intentó impartir clases de moral en sus apariciones televisivas financiadas por grandes corporaciones. El hombre que se presentaba como el líder indomable quedó retratado como un político subordinado, dispuesto a abjurar de la tierra que lo vio nacer con tal de asegurar beneficios y estatus en el extranjero.
Esta “trasquilada conceptual”, como la definen muchos analistas, no solo entierra políticamente a De la Espriella, sino que catapulta de manera definitiva la opción del cambio. La inhabilitación moral y constitucional de la derecha tradicional ha dejado el camino despejado para que la candidatura de Iván Cepeda emerja como la única alternativa cuerda, legal y verdaderamente patriótica. Ante un panorama donde los defensores del statu quo demostraron estar dispuestos a empeñar la soberanía nacional, el electorado, especialmente la juventud, las bases obreras y las regiones olvidadas, ha encontrado en el proyecto progresista el único refugio seguro para salvaguardar la democracia y la independencia institucional.
En la era digital, las verdades ya no pueden esconderse bajo la alfombra de los grandes medios. Las redes sociales se encargaron de viralizar el boletín, los documentos y las firmas de los magistrados, asegurándose de que la ciudadanía activa no permitiera que se le engañara en la recta final. El “jaque mate” a la ultraderecha es una lección histórica de que la ley, cuando es defendida por mentes probas, no distingue entre apellidos ilustres ni billeteras abultadas.
Al final del día, el sismo político que sacudió a Colombia no fue causado por un escándalo de corrupción tradicional, sino por algo mucho más profundo: el valor de la palabra, el significado de la patria y la esencia de la lealtad. Abelardo de la Espriella intentó jugar a dos bandos, abrazando la bandera extranjera mientras pedía gobernar la propia. Pero las firmas de 23 exmagistrados demostraron que la Constitución colombiana no es un tapete que se pueda pisotear por conveniencia.
¿Estás de acuerdo con que la lealtad exclusiva al país es el requisito mínimo indispensable para cualquier presidente, o crees que la globalización justifica estas dobles ciudadanías?
La historia electoral de 2026 será recordada no solo por quién ganó, sino por cómo se desmoronó un castillo de naipes construido sobre el falso patriotismo. Aquel secreto, guardado celosamente por el “candidatico de la derecha”, fue la llave que abrió los ojos de una nación entera. Hoy, más que nunca, queda claro que Colombia no está a la venta ni dispuesta a someter su soberanía al capricho de ningún juramento foráneo. La verdad salió a la luz justo a tiempo para salvar la dignidad de la República.
