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ALITO MORENO ACORRALADO: 17 CAEN, 2 HABLAN Y EL PRI ENTRA EN PÁNICO

¿Cuánto costó producir un anuncio? ¿Cuántas veces se difundió? ¿Quién lo verificó? ¿Quién autorizó el pago? Según las investigaciones citadas en el material, Walter N, quien habría sido director de la unidad de comunicación social durante los primeros años del gobierno de Alito en Campeche, fue detenido y vinculado a proceso por presunto peculado y uso indebido de atribuciones.

El monto señalado supera los 16 millones de pesos en publicidad gubernamental que de acuerdo con la acusación no se habría realizado. alguien luú esa nootros y entonces surge la primera pregunta si esa oficina dependía directamente del despacho del gobernador hasta dónde llega la responsabilidad polític podría aparecer un caso administrativo, una irregularidad de oficina, una mala gestión de recursos, pero lo que vino después elevó el nivel de la historia porque el segundo escalón ya no tenía que ver con propaganda ni anuncios, tenía que ver

pública. Y cuando se habla de seguridad pública, hablamos de dinero destinado a patrullas, capacitación, equipamiento, sistemas, prevención y protección ciudadana. Es decir, dinero que no se puede tratar como caja menor, dinero etiquetado, dinero con propósito específico, dinero que si se desvía no solo afecta a un expediente, afecta a la gente que vive con miedo.

En ese segundo nivel aparecen nombres ligados a la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche. Según lo difundido y Samuel N, quienes habrían ocupado cargos relevantes en esa área y Carla N relacionada con finanzas de la dependencia también forman parte de las investigaciones. ¿Cuál es el punto central? El fondo de aportaciones para la seguridad pública el FAS, dicho en simple, dinero federal que llega a los estados para fortalecer la seguridad, no para cualquier cosa, no para publicidad, no para favores, no para redes políticas. para seguridad. Y

aquí viene una conexión que cambia el tono. Para que un estado acceda administre ese tipo de recursos, el gobernador firma convenios y compromisos. No es un detalle menor. Una firma de gobernador no es decoración, es responsabilidad institucional. Es el acto mediante el cual el mandatario se compromete a que esos recursos se usen de manera correcta.

Entonces, cuando las investigaciones señalan presuntos desvíos en esa bolsa, la pregunta deja de ser solo quién firmó abajo y pasa a ser quién garantizó arriba que ese dinero se iba a cuidar. Luego viene el tercer bloque, quizá el más visual para un video porque parece sacado de una novela de corrupción. Presta nombres, empresas extrañas, obras públicas y servicios que no encajan.

Durante la gestión de hálito se construyó en Campeche un mercado de artesanías conocido como Plaza Colosio. En el papel la idea sonaba noble apoyar artesanos, crear un espacio comercial, impulsar la economía local. ¿Quién podría oponerse a eso? Pero las investigaciones, según lo que se ha difundido, señalan un posible desfalco de más de 18 millones de pesos en esa obra, además de la participación de personas vinculadas a proceso.

Entonces, aparece otro elemento que siempre se repite en los casos de corrupción mexicana, el amigo el proveedor cerceno comprado a alguien con relaciones políticas, la obra con discurso social, pero con movimientos financieros que terminan bajo sospecha. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Cuántas veces una obra pública se presenta como ayuda para la gente y después aparece como negocio de unos cuantos.

Pero espera porque el siguiente caso todavía suena más absurdo. Según la versión revisada, una empresa cuyo objeto original estaba relacionado con clases de buceo y turnos turísticos en Cancún terminó vinculada a servicios de asesoría jurídica y fiscal para la administradora portuaria de Campeche. Escucha bien, una empresa ligada al mundo del buceo apareciendo en un terreno de asesoría fiscal legal para un puerto.

Eso significa automáticamente delito. No necesariamente. Las empresas pueden cambiar de giro, pueden modificar objeto social, pueden expandirse, pero cuando aparece en medio de una investigación por posibles convenios millonarios, el sentido común prende una alarma y esa alarma se vuelve más fuerte cuando se habla de un posible desfalco de más de 23 millones de pesos en ese caso.

cinco personas detenidas o vinculadas solo por la parte de la administradora portuaria según el material. Entonces, ya no estamos hablando de un caso aislado, ya no es un vocero, ya no es una oficina, ya no es un contrato raro, ya son varias áreas, varios montos, varios nombres y varios mecanismos. A principios de esta cadena parecía un tema de publicidades después pasó a seguridad que si por ejemplo no sacaste ningún diputado empresas con giros extraños y finalmente llegamos al número que hace que esta historia sea imposible de minimizar 17 personas vinculadas a

procesas relacionadas con distintos niveles de la estructura del antiguo gobierno de campas Hasta aquí podría parecer una disputa judicial fuerte, pero todavía dentro de lo manejable para un político con experiencia, porque los políticos saben sobrevivir a excolaboradores caídos. Lo han hecho durante décadas.

La defensa clásica siempre es la misma. Yo no sabía. Fue responsabilidad de subordinados. Se actuó conforme a la ley, esto es persecución, pero lo que pasó después cambió todo. Según lo difundido, dos de esas personas obtuvieron o habrían buscado un criterio de oportunidad. Por encima de los explico fácil.

Un criterio de oportunidad es un mecanismo legal donde una persona investigada puede colaborar con la fiscalía, aportar información, entregar datos, explicar cómo operaba una estructura y a cambio recibir beneficios procesales. Dicho más simple, alguien de adentro decide hablar para salvarse. Cuando alguien de adentro habla, la historia deja de depender solamente de papeles, porque los papeles te dicen que el dinero salió, te dicen que hubo contrato, te dicen que alguien firmó, te dicen que se pagó, pero muchas veces no te dicen quién dio la

instrucción real, quién presionó, quién autorizó políticamente, quién sabía y quién se benefició. Esa parte la puede contar un testigo y si dos personas empiezan a contar lo mismo desde dentro de una estructura, la defensa de yo no sabía nada se vuelve más difícil de sostener políticamente. No imposible judicialmente, porque eso lo tiene que resolver un juez, pero políticamente el golpe es enorme.

48 horas después de que un caso así empieza a tomar forma pública, la narrativa cambia. Ya no se habla solamente de expedientes, se habla de traición interna. Se habla de silencio rojo, se habla de excolaboradores que tal vez prefieren negociar con la justicia antes que cargar solos con una estructura que los dejó expuestos.

Y aquí viene la pregunta que debería incomodar a cualquier político que vivió del control. Cuando tus propios operadores descubren que el jefe ya no puede protegerlos. En paralelo, Alito seguía haciendo política. Y esto es clave porque mientras por abajo avanzaban procesos, por arriba él sostenía una imagen de normalidad, presentaba candidatos, hablaba de futuro, defendía a viajaba, denunciaba al gobierno mexicano en foros internacionales, repetía que su partido estaba más vivo que nunca.

¿Y cuál es el problema? Que esa imagen de fortaleza chocaba con una realidad judicial cada vez más pesada. ¿Cómo puedes vender futuro cuando tu pasado se está abriendo en carpeta? Entonces aparece otro hecho que políticamente es explosivo, la solicitud de protección. Según reportes mencionados en el material, Alejandro Moreno habría pedido a la Secretaría de Gobernación incorporarse a un mecanismo de protección alegando amenazas.

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