El andamiaje político e institucional del Estado mexicano enfrenta el desafío legal y ético más profundo de su historia moderna. Lo que durante un sexenio fue catalogado por la oposición como una estrategia fallida de seguridad pública ha adquirido una dimensión jurídica radicalmente distinta en los tribunales internacionales de mayor jerarquía. El Partido Acción Nacional (PAN) ha formalizado una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, solicitando el inicio de una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad penal individual del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de los altos mandos de su administración por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Esta acción legal, fundamentada de manera estricta en las disposiciones del Estatuto de Roma, sostiene que la violencia sistemática y generalizada que azota al territorio mexicano no es producto de la casualidad ni de dinámicas delictivas incontrolables, sino la consecuencia directa de una política de Estado deliberada, planificada y ejecutada bajo el paraguas retórico de la frase “abrazos, no balazos”.
La denuncia presentada en la arena internacional se distancia de las tradicionales quejas por violaciones a los derechos humanos al introducir un concepto conceptual y doctrinal de enorme peso: la “aquiescencia transaccional”. De acuerdo con los argumentos técnicos expuestos en el documento definitivo —cuya argumentación jurídica fue desglosada y analizada minuciosamente en un espacio conducido por el periodista Carlos Alazraki junto a especialistas en materia constitucional—, el Estado mexicano experimentó durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025 un proceso de captura estructural por parte de las organizaciones criminales. Bajo este modelo doctrinal, el régimen oficialista encabezado por Morena habría establecido un pacto político-electoral implícito con los cárteles de la droga: el apoyo operativo, financiero y de movilización social de los grupos criminales para asegurar triunfos electorales en diversas entidades federativas, a cambio de la entrega posterior del control territorial y de las instituciones de seguridad locales para la libre expansión de sus activida
des ilícitas.
Las consecuencias de esta abdicación de la soberanía nacional quedan plasmadas en estadísticas que los denunciantes equiparan con los saldos humanitarios de un conflicto armado o una guerra civil no declarada. El expediente consigna de manera cruda más de 200,000 homicidios dolosos y por encima de 150,000 desapariciones forzadas a lo largo del septenio obradorista, sumado a miles de masacres documentadas, el reclutamiento forzoso de miles de jóvenes en regiones vulnerables y el desplazamiento forzado de comunidades enteras que debieron abandonar sus hogares ante el terror sembrado por los cárteles. La denuncia subraya que este saldo devastador no se deriva de la incapacidad operativa de las Fuerzas Armadas para contener al crimen, sino de una orden política explícita y sistemática de no confrontación, lo que permitió a las organizaciones delictivas acumular armamento de grado militar, recursos financieros ilimitados e influencia política sin precedentes en la historia del continente.
El traslado de este caso a la jurisdicción de La Haya responde a lo que los expertos denominan un “colapso institucional” dentro de las fronteras mexicanas, el cual anula cualquier posibilidad de obtener justicia por la vía interna. El principio de complementariedad que rige a la Corte Penal Internacional estipula que este tribunal universal solo puede intervenir cuando el Estado soberano no tiene la voluntad o se encuentra incapacitado para procesar y juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad. El PAN argumenta que el Estado mexicano cumple con ambos supuestos debido a dos factores de erosión democrática extrema: en primer lugar, el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación mediante una reforma constitucional que eliminó la independencia de los tribunales y capturó políticamente los órganos de impartición de justicia en favor del partido gobernante; y en segundo lugar, la distracción sistemática de las Fuerzas Armadas de sus funciones constitucionales de seguridad nacional para ser insertadas en la administración de empresas estatales, concesiones aeroportuarias y la construcción de obras de infraestructura como refinerías y trenes, un proceso que no solo desgastó su capacidad coactiva sobre el territorio, sino que propició espacios de corrupción interna.
Frente a las descalificaciones emitidas desde Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tachó a los denunciantes de “cínicos” y acusó una supuesta vulneración a la soberanía nacional, los especialistas en derecho internacional recuerdan que México es uno de los Estados precursores y firmantes del Tratado de Roma que dio origen a la CPI. La legislación universal de este tribunal no condena a los Estados ni atenta contra su soberanía; su función exclusiva es fincar responsabilidad penal de carácter individual a personas físicas que, desde una posición de poder público u organizativo, cometan o permitan atrocidades contra la población civil. Históricamente, la propia izquierda mexicana y el hoy expresidente López Obrador respaldaron este andamiaje de justicia global, llegando a presentar en su momento denuncias similares contra el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. Por ende, el uso de las instituciones internacionales creadas por consenso soberano no constituye un acto de traición, sino el último recurso de una ciudadanía desarmada frente a la mimetización institucional del Estado con el poder delictivo.
El documento entregado a la Fiscalía de la CPI no se limita a generalizaciones, sino que detalla casos concretos y emblemáticos de penetración delictiva y complicidad gubernamental en estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, cuyas elecciones locales de los últimos años contaron con resoluciones del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmaron la presencia e intervención directa del crimen organizado. El caso de Sinaloa es citado como el ejemplo definitivo de la narcopolítica estructural: las investigaciones conducidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demuestran que el pacto con los cárteles en dicha entidad no se limitó al control de las corporaciones policiales o las fiscalías locales, sino que abarcó la entrega de la Secretaría de Finanzas estatal, permitiendo a los grupos delictivos cobrar una suerte de “impuesto de guerra” a través de contratos de obra pública, distribución de insumos médicos y extorsión sistemática a los sectores productivos con la total impunidad garantizada por el exgobernador Rubén Rocha Moya. Cuando estos pactos políticos se fracturan debido a la presión y persecución judicial de agencias extranjeras, la consecuencia inmediata es el estallido de una violencia interna que cuesta la vida de miles de ciudadanos inocentes y el silenciamiento de periodistas que intentan documentar la verdad.
El expediente también incorpora como antecedentes fundamentales los informes del Comité Técnico sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el cual emitió recomendaciones explícitas al Estado mexicano advirtiendo sobre la gravedad humanitaria del reclutamiento forzoso de civiles y sugiriendo la pertinencia de trasladar el análisis de la crisis mexicana a los tribunales de La Haya. Entre la colección de evidencias presentadas se enumeran hechos icónicos que demuestran la familiaridad y el trato dignitario otorgado por el Ejecutivo Federal a los líderes del narcotráfico mientras se desatendía de forma sistemática el reclamo de las madres buscadoras: las recurrentes visitas presidenciales a la región de Badirahuato, el saludo público a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la orden explícita de liberación de capos del narcotráfico bajo el pretexto de evitar violencia y las declaraciones en cuarteles militares donde se instaba a las tropas a proteger los derechos y la dignidad de los delincuentes, llegando a amenazar de forma satírica con acusar a los criminales “con sus abuelitas”. Asimismo, se documenta el intento frustrado durante los primeros años del sexenio por estructurar una ley de amnistía generalizada para los capos de las drogas, coordinada por asesores jurídicos de la Secretaría de Gobernación que hoy se encuentran formalmente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos.
El sismo político provocado por la denuncia en La Haya y el cúmulo de investigaciones internacionales por narcotráfico y lavado de dinero contra al menos once gobernadores e integrantes de la bancada oficialista —incluyendo al senador Adán Augusto López Hernández y al senador Jesús Estrada Ferreiro— coinciden temporalmente con un escenario de parálisis social y descomposición interna que empaña la proyección internacional de México en el exterior. El país ha recibido el inicio de la Copa Mundial de Fútbol sumido en una combinación de “narco y anarquía”, marcada por intensos bloqueos viales en las principales arterias de la capital del país ejecutados por facciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de protesta social. La promesa formulada por López Obrador durante la campaña presidencial de 2018 respecto a que su gobierno sería capaz de “amarrar al tigre” para evitar explosiones sociales ha devenido en una realidad incontrolable donde las propias bases de apoyo del régimen amenazan con boicotear y colapsar la infraestructura de transporte y logística hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los estadios mundialistas ante el flagrante incumplimiento de promesas históricas como la abrogación total de la reforma educativa y el otorgamiento de pensiones dignas.
La crisis de representatividad y el temor al veredicto de la opinión pública se manifestaron de forma contundente en la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ausentarse por completo de la ceremonia inaugural y de las actividades oficiales de la justa mundialista. A diferencia de mandatarios históricos que asumieron la responsabilidad institucional y el costo político de presentarse ante multitudes en el Estadio Azteca en momentos de profunda inestabilidad —como Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y 1970 tras las tragedias estudiantiles, o Miguel de la Madrid en 1986 tras el devastador terremoto capitalino—, la actual jefa del Ejecutivo Federal optó por el repliegue estratégico para evitar una de las rechiflas y protestas populares más masivas de la historia, las cuales habrían destruido de forma irreversible la narrativa propagandística de popularidad que el régimen difunde hacia el exterior. Este aislamiento político se ve agravado por el desdén crónico que la administración ha mostrado hacia colectivos vulnerables como las madres buscadoras de desaparecidos y los familiares de la tragedia de Ayotzinapa, quienes tras siete años de promesas gubernamentales y de comisiones de la verdad que solo validaron las conclusiones ministeriales de administraciones pasadas, continúan exigiendo justicia de manera frontal ante un gobierno que prefirió heredar las estructuras de impunidad.
Finalmente, la orquestación del evento deportivo internacional pone de manifiesto la incompetencia técnica y la entrega de la soberanía comercial del país a organismos extranjeros como la FIFA. Lo que originalmente fue concebido durante la administración de Barack Obama como un proyecto de integración regional y cultural entre los Estados Unidos, México y Canadá para exhibir las bondades del libre comercio y la cooperación vecinal, terminó transformándose en un torneo profundamente asimétrico donde México y Canadá operan como meras sedes alternas o receptoras de “limosnas” futbolísticas, al albergar apenas 13 partidos cada uno de los 104 programados, sin la posibilidad de disputar encuentros de cuartos de final o etapas definitivas en territorio nacional. El mundial no dejará para México ningún legado de infraestructura duradera, universidades, hospitales o desarrollos urbanos como ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1968 o los mundiales previos; por el contrario, la gestión gubernamental enfocó los recursos públicos en remodelaciones estéticas superficiales y proyectos de pintura urbana, mientras los espacios públicos de las comunidades se encuentran en el abandono y las proyecciones de visitantes extranjeros se desplomaron de los cinco millones originales a escasos ochocientos cincuenta mil. El evento que debía ser la vitrina de la prosperidad de la llamada Cuarta Transformación se ha convertido en el espejo que refleja todas las deudas sociales acumuladas, la parálisis económica provocada por la inseguridad y un cerco judicial internacional en La Haya que avanza de manera implacable contra los responsables políticos de la entrega del Estado a la delincuencia organizada.
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