La carrera por la presidencia de la República ha entrado en su fase más oscura, tensa y reveladora. A medida que se acerca la decisiva segunda vuelta, los colombianos estamos siendo testigos de un espectáculo político donde las propuestas han sido reemplazadas por acusaciones de extrema gravedad, batallas judiciales sacadas de un cuento de terror burocrático y testimonios desgarradores de víctimas que se niegan a ser utilizadas como trofeos de campaña. La contienda, protagonizada por figuras polares como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ha destapado una serie de escándalos que van mucho más allá de la simple retórica electoral, tocando fibras muy sensibles de la justicia, la ética y el dolor humano.
Lo que está en juego no es solo un cargo en el palacio de gobierno, sino la integridad misma de nuestras instituciones y el respeto por los ciudadanos. A continuación, desentrañamos los tres ejes de esta tormenta política que tiene al país entero conteniendo la respiración.
El Fuego Cruzado: ¿Un Autoatentado en Plena Campaña?
La política en nuestro país siempre ha sido intensa, pero jugar con el fantasma de la violencia en una nación que ha sangrado durante décadas es cruzar una línea roja. Todo estalló cuando el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encendió las alarmas a través de un explosivo comunicado en sus redes sociales. Con palabras calculadas y un tono de urgencia, Cepeda denunció que, desde la campaña de su contrincante Abelardo de la Espriella, se estaría gestando un plan macabro: un “autoatentado controlado” previsto para la víspera de las votaciones.
El objetivo de esta supuesta maniobra sería claro: victimizarse, manipular las emociones del electorado a última hora e incidir de manera drástica en los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial. Cepeda no se quedó en el simple rumor de pasillo; anunció que llevaría la información directamente a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones pertinentes. En un movimiento que muchos califican de astucia política, el candidato progresista solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que redoblara el esquema de seguridad de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, argumentando que con la vida no se juega, incluso si se trata de un montaje.
La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar y llegó cargada de veneno y sarcasmo. Utilizando las mismas vías digitales, De la Espriella arremetió contra su rival: “Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano frío e inalterable?”. Lejos de amedrentarse, el candidato le dio la vuelta a la narrativa, asegurando que a su campaña había llegado exactamente la misma información, pero con los roles invertidos: según él, es Cepeda quien planea un autoatentado por el pánico inminente a perder las elecciones.
De la Espriella afirmó que, por “responsabilidad”, no había querido especular ni convertir rumores en noticias, acusando a Cepeda de intentar desviar la atención del verdadero debate nacional. Este cruce de acusaciones nos deja frente a un panorama desolador. El electorado asiste a un fuego cruzado donde la paranoia, las tácticas de guerra sucia y el miedo se utilizan como armas de manipulación masiva, dejando de lado las necesidades urgentes de un país que clama por soluciones reales.
La Cacería de Brujas: El Absurdo Embargo a los “Ignacios”
Si las tácticas de campaña asustan, el uso de la justicia como herramienta de venganza personal indigna profundamente. La historia nos remonta a la noche del 24 de julio de 2016, cuando el periodista y director Ignacio Gómez publicó en Twitter (hoy X) una crítica mordaz sobre la absolución de Abelardo de la Espriella en apenas 16 días laborales, en el marco de unas supuestas maniobras dilatorias relacionadas con la venta de sentencias por parte de un exmagistrado.
En un acalorado intercambio digital, Gómez mencionó un detalle que enfureció al entonces abogado: el “polvo blanco” en su solapa. Lo que comenzó como un altercado en redes sociales escaló a una desproporcionada demanda por “daños morales” impulsada por De la Espriella, quien aseguraba sentir congoja, tristeza y daño a su buen nombre por la mención de dicho polvo (que luego Gómez, en una jugada maestra en los tribunales, justificaría como una simple referencia a la caspa, un hongo contagioso).
Pero el verdadero escándalo no radica en la demanda en sí, sino en las consecuencias devastadoras y absurdas de esta cacería judicial. En su afán por cobrar la reparación por su supuesta congoja, De la Espriella logró que los juzgados emitieran órdenes para sacar del mercado inmobiliario y embargar las propiedades de todos los “Ignacios Gómez” que aparecieran en los registros públicos, sin molestarse en verificar sus números de cédula.
El resultado fue una pesadilla kafkiana para ciudadanos comunes que nada tenían que ver con el periodismo ni con la política. Uno de los casos más dolorosos fue el de Ignacio Antonio Gómez, un trabajador retirado del servicio de aseo de Bogotá que, con mucho esfuerzo, construyó su humilde casa hace 50 años en el sur de la ciudad. Este ciudadano inocente vio su patrimonio bloqueado por un pleito de élites y, trágicamente, falleció esperando que el Estado liberara su predio. En Medellín, otro José Ignacio Gómez se salvó de milagro solo porque un registrador diligente notó que las cédulas no coincidían, un trámite básico que el sistema en Bogotá pasó por alto.
Ocho años después de iniciado el conflicto, en agosto de 2024, la justicia finalmente falló a favor del periodista, levantando los absurdos embargos. Sin embargo, el daño colateral ya estaba hecho. Este episodio revela una faceta preocupante del candidato De la Espriella: su disposición a utilizar el peso del sistema judicial para aplastar a sus críticos, sin importar a cuántos inocentes arrastre en el proceso. ¿Es esta la visión de justicia que nos espera si llega al poder?
El Dolor de una Familia: La Verdad sobre el Caso Rosa Elvira Celi
Quizás el capítulo más desgarrador de esta recta final es el que involucra el doloroso recuerdo de Rosa Elvira Celi, víctima de un atroz feminicidio hace 14 años, un crimen que partió la historia de Colombia en dos. Recientemente, tras verse envuelto en acusaciones de acoso sexual hacia una periodista, Abelardo de la Espriella intentó lavar su imagen presentándose públicamente como el gran promotor y gestor de la ley que tipificó el feminicidio en el país, argumentando su rol como representante legal de la familia Celi durante el juicio contra el asesino.
Lo que el candidato no esperaba era que las mujeres de la familia Celi, armadas de un valor admirable, salieran a desmentirlo categóricamente frente a todo el país. La hija de Rosa Elvira, Juliana, y su hermana, alzaron la voz para denunciar no solo la apropiación indebida de una lucha histórica, sino los abusos sufridos de manos de quien se suponía debía defenderlas.
“Ningún momento estuvo ni fue parte del proyecto de ley que tipificó el feminicidio en Colombia”, afirmaron tajantemente, recordando que fueron las organizaciones de mujeres, el trabajo colectivo y el sudor de las activistas las que lograron este hito legal. Pero las revelaciones fueron aún más sombrías. La familia relató cómo, durante el tiempo que De la Espriella fue su abogado, sufrieron constantes maltratos. “Me decía que yo no tenía ni idea de qué era justicia”, recordó una de ellas, denunciando que su actitud soberbia fue una forma cruel de revictimización para una familia que ya estaba atravesando el infierno. Terminaron desvinculándose de él por los malos tratos hacia la abuela y hacia la propia Juliana.
Y si el maltrato psicológico no fuera suficiente, el golpe económico fue brutal. Según las declaraciones de la familia, aunque De la Espriella logró la condena del asesino, en el proceso de reparación económica por parte del Estado (que indemnizó a la familia por fallarle a Rosa Elvira), el abogado se quedó con casi el 90% del dinero, dejando a las víctimas reales con apenas un 10%.
