Un hombre en pijama, esposado, el más poderoso juez del Ecuador, siendo sacado arrastras de su casa en la madrugada mientras los agentes contaban los fajos de billetes sobre su mesa de noche. $25,000 en efectivo que no supo explicar. Un alias en el teléfono de un narcotraficante muerto, el y un sistema judicial entero vendido al mejor postor.
Esto es la historia de cómo un magistrado de carrera, doctor en jurisprudencia, defensor de derechos humanos, se convirtió en el hombre que entregó la justicia de un país al narco. Y como la caída de Wilman, Terán reveló que el cáncer no estaba afuera del sistema, estaba adentro, en la cima, tomando decisiones todos los días. Era la madrugada del 14 de diciembre de 2023, cuando el Ecuador despertó diferente.
No fue una noticia cualquiera. No fue el arresto de un narco con cicatrices en la cara y un prontuario de décadas. Fue algo peor, mucho peor, porque el hombre al que los agentes de la fiscalía esposaron esa noche no venía de las calles, venía de las universidades, de los despachos, de los estrados. Tenía toga, tenía título.
Tenía 21 años construyendo una reputación de jurista serio, independiente, incorruptible. Su nombre estaba grabado en las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia. Su firma había validado sentencias contra expresidentes. El país lo conocía como el hombre que había mandado a prisión a Rafael Correa y ahora estaba esposado en Piama, en el umbral de su casa.
Wilman Terán Carrillo, 45 años, doctor en jurisprudencia, expresidente del Consejo de la Judicatura y, según la Fiscalía General del Estado, el operador judicial más valioso que el crimen organizado había logrado comprar en la historia moderna del país. En el teléfono de un narcotraficante asesinado meses atrás, el nombre en clave de Terán era el o el jefe.
Y los registros mostraban conversaciones, coordinaciones, pagos, cientos de miles de dólares fluyendo desde la estructura criminal hacia los bolsillos de quienes tenían poder para torcer el rumbo de la justicia. El operativo se llamó Metástasis. El nombre no fue elegido al azar. La fiscal general Diana Salazar fue muy deliberada al elegirlo, metástasis, porque esto no era un tumor localizado, un caso aislado de corrupción en un juzgado de provincia.
Esto era la diseminación de la enfermedad por todo el organismo. El cáncer había llegado a los ganglios más altos del sistema judicial ecuatoriano y llevaba años creciendo en silencio, protegido por la formalidad de los procesos, por la jerga legal, por la imagen impoluta de hombres con títulos académicos y discursos de principios.
Esa madrugada cayeron simultáneamente 27 personas en diferentes puntos del país. Jueces, policías, funcionarios del sistema penitenciario, abogados, todos conectados por un hilo invisible que llevaba hasta un solo nodo. La red criminal del narcotraficante Leandro Norero, alias el patrón, quien había muerto asesinado en la cárcel de la Tacunga 14 meses antes.
Pero sus teléfonos sobrevivieron y en esos teléfonos estaba todo. 14,700 páginas de conversaciones por WhatsApp. 14,700 páginas que narraban con una precisión aterradora como un hombre preso en una cárcel ecuatoriana coordinaba desde su celda la compra de funcionarios del más alto nivel, cómo fijaba precios por fallos judiciales, cómo enviaba mensajes cifrados con el nombre de abdominales para referirse a los pagos en efectivo.
¿Cómo monitoreaba en tiempo real? ¿Qué jueces estaban cumpliendo el trato y cuáles no? Y en el centro de todo, coordinando, recibiendo, facilitando, apareció el hombre al que todos conocían como el presidente de la judicatura. El llevaba años entre nosotros firmando sentencias, presidiendo audiencias, dando discursos sobre la independencia judicial y entregando al mismo tiempo las llaves del Palacio de Justicia al narcotráfico.
Eso fue el 14 de diciembre de 2023. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, hay que volver mucho más atrás. Hay que entender quién era Wilman Terán antes de que el mundo supiera lo que era capaz de hacer. Hay ciudades en Ecuador que no aparecen en las guías de turismo, pero que explican mejor que cualquier libro cómo funciona el poder real en este país.
Santo Domingo de los Táchilas es una de ellas, una provincia relativamente joven, enclavada entre la sierra y la costa, con una economía que mezcla el comercio agrícola, con las tensiones propias de una zona que sirve como corredor para todo tipo de flujos. mercancías legales, migrantes y también desde hace décadas mercancías que no aparecen en ningún manifiesto de carga.
Fue en ese territorio donde Wimman Terán comenzó a construir su poder judicial. Fue allí donde aprendió cómo funciona la ecuación entre la ley escrita y la ley que realmente rige. Terán no era un improvisado. Eso hay que dejarlo claro desde el principio, porque la magnitud de lo que construyó solo se entiende si se comprende la paciencia y la metodología con la que lo hizo.
Se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador en el año 2002. una de las instituciones más respetadas del país, académicamente sólido, con posgrados en derechos humanos, derecho penal, criminología, una especialización en justicia indígena que le daba una dimensión humanista, progresista, que cuadraba perfectamente con el perfil que Ecuador necesitaba en esa época.
Estaba bien formado, sabía exactamente qué imagen proyectar. Sus primeros pasos en el servicio público fueron durante el gobierno de Rafael Correa, en el contexto de una época de alta agitación política y refundación institucional. El Ecuador de 2008 era un país que se reescribía a sí mismo. Nueva Constitución, nuevas instituciones, nuevos discursos sobre la soberanía, la dignidad del pueblo, la refundación del Estado.
Era el momento ideal para un jurista joven con contactos correctos y la habilidad de decir exactamente lo que el poder quería escuchar. En 2008 fue nombrado coordinador de investigaciones en la Comisión de la Verdad, el organismo creado para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los gobiernos militares de los años 80.
un cargo de alto perfil simbólico, un cargo que combinaba de manera perfecta la retórica de los derechos humanos con el acceso a archivos sensibles, a redes de información, a expedientes que contenían nombres de personas poderosas y, sobre todo, a los círculos del poder ejecutivo donde se tomaban las decisiones que realmente importaban.
Al mismo tiempo trabajó como director ejecutivo de la comisión del caso Angostura bajo la asesoría directa de Gustavo Hulk, quien era ministro del Interior. El caso Angostura fue el incidente diplomático en el que Colombia bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Fue un momento de crisis geopolítica que generó tensiones profundas entre dos países vecinos y que el gobierno de Correa manejó con una narrativa de soberanía ultrajada.
Terán estuvo en el centro de ese engranaje institucional. Hulk llegaría después a presidir el propio Consejo de la Judicatura durante años. La coincidencia no es anecdótica, es el mapa de una red que se tejía desde antes de que Terán pusiera un pie en un tribunal. Terán estaba aprendiendo rápido, no solo el derecho, sino el poder.
La diferencia entre ambos, en Ecuador, como en cualquier parte del mundo, es la diferencia entre lo que está escrito en los códigos y lo que realmente ocurre en los despachos cerrados. En 2013, cuando fue nombrado juez de garantías penales en Santo Domingo de los Táchilas, ya tenía años de contactos en el aparato estatal, años de entender cómo se toman las decisiones que importan y quiénes las toman.
llegó a esa provincia como un jurista de carrera impecable, metódico, serio en las audiencias, conocido entre sus colegas como alguien que dominaba el proceso penal con una solvencia que la mayoría tardaba décadas en adquirir. Y desde esa plataforma comenzó a escalar con una velocidad que llamaba la atención.
4 años después, en 2017, ya era juez de la Corte Provincial de Santo Domingo. Un ascenso que en el sistema judicial ecuatoriano normalmente toma décadas. Terán lo hizo en 4 años. En 2018 llegó a la Corte Nacional de Justicia como conjuez y luego como juez nacional encargado, ocupando su lugar en la sala de lo penal.
el tribunal más importante del país en materia de crimen. Un punto de inflexión importante en su imagen pública ocurrió en el contexto del caso que en Ecuador se conoce como los sobornos 2012 hasta 2016, el proceso contra el expresidente Rafael Correa por haber recibido pagos ilegales para financiar campañas políticas.
Terán integró el Tribunal de Apelación que ratificó la condena de 8 años de prisión contra Correa. Fue un fallo que muchos sectores aplaudieron como una muestra de independencia judicial. El hombre que había construido su carrera en la era correísta, votaba ahora para condenar al mismo líder político bajo cuyo gobierno había ascendido.
Eso era, en apariencia, exactamente lo que el estado de derecho pedía, un juez que no le debía nada a nadie. La narrativa fue perfecta, demasiado perfecta, visto en retrospectiva. Desde esa silla de la sala de lo penal vio pasar los casos más sensibles de Ecuador. Desde esa silla aprendió cuáles eran los expedientes que valían más y desde esa silla comenzó a entender que había otra economía paralela al sistema formal, una economía en la que las decisiones judiciales tenían precio y en la que alguien estaba dispuesto a pagar sumas exorbitantes
para garantizar un determinado resultado. Ese alguien tenía nombre y ese nombre era Leandro Norero. Leandro Norero Tigua, alias el patrón, un narcotraficante ecuatoriano que había logrado construir desde la cárcel, donde llevaba años preso por tráfico de drogas y lavado de activos, uno de los sistemas de corrupción institucional más sofisticados que habían existido en el país.
Norero no movía cocaína en lanchas ni organizaba tiroteos en la calle. Su negocio más importante era otro, era la compra de seguridad jurídica. era la garantía de que los procesos legales en su contra y en contra de su familia serían administrados por personas que respondían a él. El puente entre Norero y Terán no se construyó de un día para otro.
Fue un proceso gradual, transaccional que empezó con pequeños favores y fue escalando hasta convertirse en una sociedad criminal de largo aliento. El nodo operativo de esa conexión era Alex Palacios, un hombre que en apariencia era simplemente el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, el asistente de Terán, la persona que gestionaba la agenda, los documentos, las comunicaciones internas, un cargo burocrático de perfil bajo que en realidad era algo completamente distinto. era el intermediario entre el
magistrado y el crimen organizado. Palacios era el canal por el que fluían los mensajes, los acuerdos y el dinero. Terán construyó su carrera sobre una reputación impecable, pero en algún momento, en alguna conversación con Palacios o en algún mensaje en un teléfono encriptado, tomó una decisión que lo definió para siempre.
Decidió que la justicia podía venderse y una vez tomada esa decisión no había marcha atrás. La organización criminal de Leandro Norero no era una pandilla, era una empresa. Funcionaba con la precisión de una firma consultora especializada en gestión de riesgos legales. Tenía clientes, narcotraficantes, lavadores de dinero, personas con procesos judiciales abiertos que no querían enfrentar el rigor de un sistema que funcionara correctamente.
tenía proveedores, funcionarios corruptos en el sistema judicial, el sistema penitenciario y la policía nacional, cada uno seleccionado por su posición estratégica y su disposición a ser comprado. Y tenía un catálogo de servicios muy claro: garantizar libertades, desviar procesos, comprar fallos, eliminar pruebas o asegurar que ciertas investigaciones nunca prosperaran.
Norero operaba todo esto desde su celda. La cárcel no era para él un lugar de confinamiento, era su oficina. Era incluso, en ciertos sentidos, una ventaja táctica. Un hombre preso no puede ser detenido. Ya está detenido. Sus movimientos son previsibles, sus necesidades son manejables. Y si el propio sistema penitenciario responde a él, si los directores del SNI coordinan con él, si los policías asignados al penal lo protegen en lugar de vigilarlo, entonces la celda se convierte en algo parecido a un búnker, inmune por fuera, controlado
por dentro. El instrumento central de la operación era la mensajería instantánea. Norero y su entorno usaban WhatsApp con una desenvoltura que, vista en retrospectiva, resulta casi increíble en su descaro. Conversaban de negocios criminales como si estuvieran coordinando un evento corporativo.
Había un lenguaje propio, un código que cumplía la función básica de ocultar la naturaleza de lo que se estaba tratando ante posibles interceptaciones. Pero el código no era sofisticado, era funcional y nadie pareció preocuparse demasiado por eso porque nadie creía que esas conversaciones terminarían siendo leídas en voz alta ante un tribunal.
Los pagos de sobornos se llamaban abdominales. No era un código particularmente elaborado, pero cumplía su función en un entorno donde pocos imaginaban que esos mensajes terminarían siendo leídos por fiscales en una sala de audiencias. Cuando Christian Romero, el abogado de Norero, coordinaba con el operador Hilly Bangulo, conocido como estimado, los detalles de un pago a un juez.
Simplemente escribía que había que hacer abdominales y acordaban cuántos. Cada abdominal era una unidad económica y los números podían ser enormes. Para el caso de Israel Norero, el hermano del capo que enfrentaba un proceso penal, la red acordó un pago total de $450,000 para influir sobre los jueces de la corte nacional.
$150,000 por magistrado. Tres magistrados. El objetivo era obtener un avias corpus que permitiera la libertad de Israel. Y el hombre encargado de coordinar esa transacción desde el lado judicial era Wiman Teran, no como un facilitador pasivo, como el arquitecto. Teran no solo sabía lo que estaba pasando, según los registros participaba activamente en la planificación.
coordinaba quiénes serían los jueces del tribunal, cómo llegaría el dinero, de qué manera se justificarían formalmente los argumentos del fallo. Era la ingeniería de la corrupción aplicada a la burocracia judicial. Era la perversión completa del sistema y el sistema funcionaba. Las fotografías encontradas durante la investigación mostraban a Helly Vanangulo, estimado, dentro del despacho privado de Terán en la Corte Nacional de Justicia, no en la sala de espera, en el despacho.
El operador del narco tenía acceso al espacio de trabajo del juez nacional como si fuera un colaborador más del tribunal. Los videos mostraban a los asesores de Terán reuniéndose con los operadores de Norero en distintos espacios. La porosidad entre el crimen organizado y el poder judicial era total. La red no se limitaba a los casos de la familia Norero.
Era más amplia, mucho más ambiciosa. Verán entendió que el control esporádico de algunos fallos era un negocio menor comparado con lo que podía lograrse si se controlaba la estructura entera, si se podía decidir quién llegaba a ser juez, qué magistrados ocupaban las salas más sensibles, qué vocales del Consejo de la Judicatura tomaban las decisiones disciplinarias, entonces el poder no se tendría por días o semanas, se tendría para siempre.
Esa lógica lo llevó a diseñar lo que la fiscalía denominó el caso pantalla. En 2023, cuando Terán ya ocupaba la Presidencia del Consejo de la Judicatura, la institución convocó un concurso de méritos y oposición para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional. Un proceso que en teoría debía ser transparente, técnico, meritocrático.
En la práctica, según la investigación judicial, fue una fábrica de jueces a medida. Terán y sus aliados en el consejo manipularon el concurso para garantizar que determinados candidatos, aquellos que respondían a sus intereses y a los de la estructura criminal que los respaldaba, obtuvieran las posiciones estratégicas.
El objetivo no era colocar jueces corruptos en masa, era más quirúrgico que eso. Era asegurar que en las salas que procesaban los casos más sensibles estuvieran personas que llegado el momento, tomaran las decisiones correctas. Personas como Anabel Torres, a quien las investigaciones señalaron como parte del esquema para mantener el control sobre los fallos en las materias que más importaban al crimen organizado.
Y mientras diseñaba la fábrica de jueces, Terán también ejercía el poder disciplinario del Consejo como un arma de purga. El caso del juez Walter Masías lo ilustra perfectamente. Masías era un juez que llevaba causas sensibles, causas que involucraban a políticos y funcionarios cercanos a la red de Terán. Y Masías tenía la costumbre inconveniente de noblegarse, de seguir los expedientes a donde lo llevaban.
Eso lo convirtió en un problema y los problemas en la administración de Terán se resolvían de una manera específica, usando los mecanismos disciplinarios del Consejo de la Judicatura para remover a los jueces incómodos bajo pretextos formales. Terán, junto con los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz armaron el proceso disciplinario contra Macías, le fabricaron una causa, lo removieron de su cargo, eliminaron el obstáculo.
A ese mecanismo la fiscalía lo llamó el caso independencia judicial. Tres casos, tres frentes, una sola estructura. Metástasis, la conexión con el narco. Pantalla, la captura del sistema de nombramientos. Independencia, la eliminación de los que no cedían. El triángulo perfecto para el control total de la justicia ecuatoriana.
Y en el centro del triángulo con su título académico enmarcado en la pared y su toga lista para las audiencias, Wilm Terán Carrillo, el hombre que llegó a ser el juez más poderoso del Ecuador y que respondía a un narcotraficante. Tenía todo calculado. Tenía aliados en cada nivel, tenía recursos, dinero, influencias.
Nadie lo veía venir y ese fue siempre su error más profundo, creer que el sistema que había comprado no podía volverse en su contra. Leandro Norero murió en octubre de 2022 y sus teléfonos quedaron encendidos. El 31 de octubre de 2022, un reo llamado Leandro Norero fue asesinado dentro del centro de rehabilitación social de la Tacunga.
No fue la primera muerte violenta en una cárcel ecuatoriana. En los años previos, el sistema penitenciario del país había vivido masacres de una brutalidad difícil de procesar, cientos de internos muertos en motines, decapitaciones transmitidas en directo, estructuras del crimen organizado peleando a sangre y fuego por el control de los pabellones.
El asesinato de Norero fue en ese contexto un episodio entre muchos, un capo menos, una nota al pie en las crónicas del desastre carcelario, pero para la Fiscalía General del Estado representó algo completamente distinto. Fue la apertura de una puerta que nadie esperaba encontrar. La fiscal general Diana Salazar lo entendió desde el primer momento.
Norero no era solo un narcotraficante muerto. Era un hombre que había gestionado durante años una red de corrupción de alcance nacional y como todo gestor eficiente había dejado registros. El problema para la red era que esos registros no desaparecieron con él, quedaron en sus dispositivos y cuando la fiscalía logró la extracción forense de los teléfonos de Norero, lo que encontró superó cualquier expectativa razonable.
14,700 páginas de conversaciones, no fragmentos, no capturas aisladas, conversaciones completas, con fechas, con nombres, con montos, con instrucciones detalladas. una bitácora criminal de años que describía con precisión asombrosa cómo operaba la máquina de corrupción que Norero había construido, quién pagaba? ¿A quién se le pagaba? ¿Cuánto? ¿Para qué fallo específico, en qué fecha debía producirse el resultado acordado? Y ahí, en medio de esas miles de páginas, aparecía el alias el Para los investigadores de la fiscalía que
comenzaron a cruzar los chats con los datos del sistema judicial. Identificar a quién correspondía ese alias fue cuestión de tiempo. Los mensajes se referían a decisiones judiciales específicas, a procesos que tenían fechas y números de causa, a coordinaciones que encuadraban perfectamente con la agenda de un juez nacional que en ese periodo era Wilman Terán.
La confirmación no llegó de un solo golpe. Llegó acumulativamente, página tras página, mensaje tras mensaje, hasta que la evidencia resultó abrumadora. La fiscalía trabajó durante más de un año en silencio. Ese silencio fue en sí mismo un logro extraordinario. En un sistema donde la filtración de información sensible es una enfermedad crónica, donde los detalles de las investigaciones suelen llegar a los imputados antes de que lleguen a los jueces.
Mantener la reserva absoluta de una operación de esta magnitud durante 12 meses fue una hazaña operativa. Diana Salazar lo gestionó con una compartimentación estricta, equipos separados, información fraccionada. La mano derecha no sabía exactamente qué hacía la mano izquierda hasta que todo estuvo listo para ejecutarse al mismo tiempo.
Mientras la investigación avanzaba, Terán seguía su carrera con la misma insolencia de siempre. A inicios de 2023 fue postulado para la Presidencia del Consejo de la Judicatura. El organismo de mayor poder en la administración del sistema judicial ecuatoriano fue elegido por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Unanimidad.
Nadie votó en contra. Nadie levantó la mano para preguntar. Nadie olió lo que estaba debajo de la toga. Terán tomó posesión como presidente del Consejo de la Judicatura en febrero de 2023 con discursos sobre independencia, imparcialidad y reforma institucional, mientras los fiscales seguían leyendo sus chats con el narco.
Pero la gestión de Terán en el consejo fue desde el principio un desastre controlado que comenzó a revelar fisuras. las crisis presupuestarias, los conflictos con el ejecutivo de Guillermo Lazo, las acusaciones de favoritismo en los nombramientos, la propia Corte Nacional de Justicia, que había sido uno de sus bastiones, le retiró el apoyo en cuestión de meses.
El entorno institucional se fue cerrando, las voces críticas crecían y aunque nadie afuera sabía aún lo que la fiscalía tenía en sus manos, algo en el ambiente judicial, comenzaba a sentir que la gestión de Terán era demasiado turbia para ser solo incompetencia. La investigación seguía avanzando y entonces ocurrió algo que Terán no pudo controlar.
se enteró de que existía la investigación, lo que hizo a continuación fue revelador de su carácter. No buscó salida, no se entregó, no buscó llegar a un acuerdo con la justicia. En cambio, según testimonios anticipados presentados ante la fiscalía, Terán puso en marcha lo que sus operadores llamaron un ejército invisible, un centro de operaciones digitales que operaba en redes sociales con un presupuesto estimado de $30,000 mensuales.
El objetivo de ese aparato era múltiple: generar audios y videos falsos que desacreditaran a la fiscal general Diana Salazar, construir una narrativa de persecución política. presentar a Terán como víctima de un complot del gobierno o de sectores que querían controlar la judicatura, elevar artificialmente su perfil en redes sociales mediante cuentas falsas, bots y contenido dirigido, y atacar a los testigos que comenzaban a aparecer en el horizonte de la investigación.
Era la misma lógica que había aplicado a la justicia. Todo tiene un precio y todo puede comprarse. Solo que ahora el mercado era la percepción pública. No funcionó. La evidencia era demasiado concreta, los chats eran demasiado explícitos. Los $25,000 en efectivo encontrados en su casa eran demasiado reales y la red que la fiscalía había tejido durante más de un año era demasiado robusta para ser desmantelada por un ejército de trolls.
La madrugada del 14 de diciembre de 2023 fue el resultado de ese año de trabajo silencioso. El operativo metástasis fue coordinado simultáneamente en múltiples provincias para evitar que cualquiera de los implicados pudiera alertar a los demás. 27 detenidos en pocas horas, jueces, policías, funcionarios penitenciarios.
El sistema de corrupción que había funcionado durante años se detuvo de golpe como una máquina a la que alguien corta la corriente. Y en el centro del operativo, en su casa, en pijama, con los agentes contando el dinero sobre su mesa, estaba Wilman Terán. Nadie había llegado tan alto antes en un caso de esta naturaleza y nadie había caído tan lejos, tan rápido.
Pero lo peor para él aún no había llegado, porque una cosa es ser detenido, otra muy distinta es que el mundo entero te vea caer. La imagen de Wilm Terán esposado recorrió el Ecuador en cuestión de minutos. Las redes sociales tienen una capacidad particular ciertos tipos de imágenes, aquellas que condensan en un fotograma toda la hipocresía que una sociedad ha tolerado durante años.
La foto de Terán en pijama, con los agentes a sus lados y los billetes apilados sobre la superficie doméstica fue ese tipo de imagen. Era la imagen de la caída de una máscara. Era el colapso visual de 22 años de reputación construida sobre una mentira. El alias del se convirtió de inmediato en el eje de la conversación pública porque había algo perturbadoramente apropiado en él.
No era un alias que Terán se hubiera dado a sí mismo. Era el alias con el que los operadores del narco lo conocían. Era cómo lo llamaban los hombres que le pagaban. Y ese detalle decía más sobre la naturaleza de la relación que cualquier análisis jurídico. Norero y su entorno lo veían como el no con admiración.
con la distancia que se guarda ante algo que se usa pero que no se respeta, un instrumento de poder al que se le pagaba lo que pedía. Desde la unidad de flagrancia, Teran intentó dar la primera batalla narrativa. Se presentó ante los medios con una actitud desafiante. Negó cargos, habló de persecución política, reclamó garantías constitucionales.
Fue el mismo manual que había visto aplicar a decenas de imputados durante sus años en la sala de lo penal. Pero la diferencia era brutal. Él no era ahora el juez que evaluaba esas estrategias, era el imputado que las ejecutaba y la opinión pública no le creyó. Los $25,000 en efectivo fueron el detalle que liquidó cualquier posibilidad de duda razonable en el imaginario colectivo.
Terán argumentó que eran fondos para gastos del hogar, que era dinero de ahorros, que no tenían nada que ver con los pagos de Norero. Nadie le creyó. La coincidencia entre el monto, el momento de la detención y las conversaciones encontradas en los teléfonos del narco era demasiado perfecta para ser casualidad.
El juicio fue el proceso legal más seguido en la historia reciente del Ecuador. Durante meses, la Audiencia de juzgamiento expuso ante el país los mecanismos concretos de la corrupción. Los testigos describieron reuniones, transferencias, coordinaciones. Los fiscales presentaron las capturas de los chats página por página.
construyendo una narrativa de imputación que la defensa nunca pudo desmontar. Los alias de El y el jefe quedaron grabados en el expediente judicial con el peso de la prueba documental más extensa que se había reunido en un caso de estas características. El 25 de noviembre de 2024, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió la sentencia Wilm Teren Caro, culpable de colaboración con estructura de delincuencia organizada, 9 años y 4 meses de prisión.
No fue una condena simbólica, no fue el resultado de un acuerdo de cooperación o de una negociación en los pasillos. fue el peso completo del proceso legal aplicado con toda su fuerza contra el hombre que había presidido la institución encargada de administrar ese mismo proceso.
La misma pena fue impuesta al exdirector del SNI, Pablo Ramírez, y a otros 10 funcionarios. En total 20 personas sentenciadas ese día, jueces que habían aceptado dinero a cambio de fallos, policías que habían garantizado la seguridad de Norero dentro del sistema penitenciario, operadores que habían movido el dinero entre el narco y los magistrados.
Pero la condena penal fue solo parte del fallo. El tribunal ordenó que los 20 sentenciados pagaran de forma solidaria 4 millones de dólares al Estado ecuatoriano, una reparación económica de precedente histórico. No solo se les quitaba la libertad, se les quitaba también la posibilidad de quedarse con el producto de su traición.
Se confiscaron bienes, se prohibió la enajenación de acciones en empresas. El mensaje era claro. La corrupción tiene un costo que supera los años de prisión. Y mientras se leía la sentencia, Terán escuchaba desde el banquillo con la misma expresión distante que había cultivado durante toda su carrera.
El hombre que había votado para condenar a Rafael Correa, el juez que había firmado sentencias por asociación ilícita, el presidente de la judicatura que había dado discursos sobre el estado de derecho. Ahora era él quien enfrentaba el veredicto. Pero la historia de Teren no terminó ahí, porque en los meses siguientes desde su celda primero en el penal de máxima seguridad La Roca y luego en la cárcel 4 de Quito, emergió el último acto de su drama personal, el acto más extraño de todos.
Sus abogados comenzaron a presentar informes psiquiátricos, un diagnóstico clínico, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas. Terán. Según el reporte médico, escuchaba voces, una voz de mujer y una voz de hombre que le dictaban instrucciones, conversaciones internas que lo perturbaban, un deterioro severo de la salud mental que, según la defensa, justificaba el diferimiento de las audiencias pendientes y la exploración de medidas alternativas a la prisión.
Ecuador lo recibió con el escepticismo que se gana con los años. La opinión pública vio en el diagnóstico otro movimiento en el mismo tablero. El hombre que había manipulado concursos de jueces, que había coordinado sobornos de cientos de miles de dólares, que había construido un ejército de trolls para manipular la percepción digital, ahora alegaba que no podía participar en sus propias audiencias porque escuchaba voces.
Los analistas legales señalaron la posibilidad real de que el episodio psiquiátrico fuera una preparación estratégica para un acuerdo de cooperación eficaz con la fiscalía. Si Terán tenía información suficientemente valiosa sobre otros actores del sistema, si podía señalar hacia arriba en la cadena política, podría negociar una reducción significativa de su condena.
Y para eso, construir una narrativa de vulnerabilidad y disposición al diálogo podría ser más útil que sostener la postura de víctima política que había resultado fallida. O podría ser que el hombre simplemente se estuviera derrumbando, que la enormidad de lo que había hecho, el abismo entre la imagen que había construido durante 21 años y la realidad de lo que era finalmente le estuviera pasando la factura de una manera que ningún abogado podía manejar.
Ninguna de esas dos posibilidades resultaba más tranquilizadora que la otra. En los procesos del caso Pantalla, el tribunal emitió una condena adicional, 6 años y 8 meses por la Asociación Ilícita para manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional. Otra sentencia que se sumaba al expediente, otra capa en el registro de lo que hizo y el caso Independencia Judicial, el proceso por la remoción irregular del juez Walter Masías seguía avanzando hacia el juicio oral.
Terán acumulaba condenas como una biblioteca acumula libros una por una, cada una describiendo un capítulo diferente de la misma historia. Hay algo que el caso Metástasis le dijo al Ecuador que va mucho más allá de Wilman Terán. Le dijo que el problema no era un hombre, era una condición. El narcotráfico no necesita tomar las calles para controlar un país.
No necesita sicarios en cada esquina ni territorios delimitados por la fuerza. Le basta con encontrar el precio correcto en el lugar correcto. Le basta con identificar al funcionario que ante la presión adecuada o la oferta suficiente está dispuesto a torcer su función. Y cuando ese funcionario está en la cima del poder judicial, cuando el que se vende es el hombre, que debería ser el último dique de contención, entonces el Estado entero queda expuesto.
Todos los procesos que pasan por ese sistema quedan viciados. Todas las sentencias emitidas bajo esa sombra quedan contaminadas y ninguna cantidad de reformas legales puede reparar retroactivamente el daño causado por los años en que el sistema operó al servicio del crimen. Norero lo entendió mejor que la mayoría de los analistas de seguridad.
No necesitaba escapar de la cárcel. Necesitaba que la cárcel no importara. Y la única manera de lograr eso era que los jueces que decidían su suerte respondieran a él, que el sistema que debía condenarlo fuera el mismo sistema que lo protegía. Una vez logrado eso, los muros de la prisión eran un detalle menor.
Era libre dentro de ellos, de una manera que muy pocos hombres libres pueden entender. Y casi lo logró. La investigación que derribó todo ese andamiaje comenzó por la muerte de Norero, por el evento que nadie planeó, que nadie coordinó, que simplemente ocurrió en un pabellón de una cárcel ecuatoriana un día de octubre de 2022, si Norero no hubiera sido asesinado, si sus teléfonos no hubieran sido recuperados y analizados, si la fiscal general Diana Salazar no hubiera tomado la decisión de llevar la investigación hasta donde los datos la
llevaban sin importar a quién apuntaban. El sistema de terán podría seguir funcionando. Eso es lo que hay que mirar directamente. Sin parpadear, un hilo de azar detuvo lo que de otra manera habría continuado indefinidamente. La institucionalidad ecuatoriana no detectó el problema por la robustez de sus mecanismos de control.
Lo detectó porque el criminal murió y dejó los registros accesibles. La diferencia entre esas dos explicaciones no es semántica. Es una radiografía de la fragilidad del sistema, un sistema que no supo ver lo que tenía en su interior durante años de funcionamiento cotidiano, que requirió una muerte accidental y un análisis forense para revelar lo que debió haber sido detectado por sus propias estructuras de supervisión.
Cuatro presidentes del Consejo de la Judicatura en 4 años. El organismo más importante para la administración de justicia, cambiando de manos cada 12 meses como si fuera un negocio en quiebra que nadie sabe cómo manejar. Esa inestabilidad no es una consecuencia del caso metástasis. Es el contexto que hizo posible que alguien como Terán llegara al poder con tan poca resistencia.
Un sistema en permanente crisis institucional es un sistema que no puede mantener la vigilancia sostenida, que requiere la prevención de la corrupción y un sistema que no puede mantener esa vigilancia es un sistema que invita al abuso. La sentencia de 4 millones de dólares en reparación al Estado ecuatoriano fue aplaudida como un precedente histórico y lo es.
Pero 4 millones no reconstruyen la confianza de una sociedad en su sistema judicial. No devuelven los años en que los procesos fueron manipulados. No compensan a los que fueron condenados injustamente mientras el sistema los procesaba al servicio del narco. No borran las carreras que fueron destruidas por los mecanismos disciplinarios que Terán usó como arma.
No reparan el daño invisible de una justicia que no fue justa. Lo que sí hace es establecer un principio, el principio de que la corrupción no es gratuita, que quien usa el poder del Estado al servicio del crimen organizado puede enfrentarse a consecuencias proporcionales a la gravedad de lo que hizo.
Es poco, pero es más de lo que existía antes. Wilm Teran está en una celda, sigue acumulando condenas, sigue con sus procesos abiertos, sigue, según sus abogados escuchando voces. El hombre que fue el para el narco y el juez para el país, vive ahora en ese espacio liminal entre la justicia que dictó y la justicia que lo alcanzó.
La fiscal Diana Salazar usó la palabra autodepuración para describir lo que el proceso metástasis representó para el sistema judicial. Y es una palabra que carga con toda su ambigüedad. Porque la autodepuración implica que el cuerpo tiene la capacidad de reconocer y eliminar lo que lo enferma, que el sistema puede, bajo las circunstancias adecuadas volverse contra sus propios elementos corruptos, pero también implica que el cuerpo estuvo enfermo durante años sin que nadie lo notara desde afuera, que la enfermedad creció bajo la piel en los
tejidos profundos mientras la superficie seguía proyectando una imagen de normalidad. Mientras los discursos sobre la independencia judicial se pronunciaban en los mismos recintos donde se coordinaban los sobornos, eso es lo que no puede olvidarse, no la caída de un hombre, sino los años en que nadie cayó, los años en que el sistema funcionaba, producía fallos, dictaba sentencias, administraba concursos, removía jueces incómodos y todo ocurría dentro de los formularios correctos con los sellos adecuados,
firmado por las personas que habían jurado proteger la ley. El monstruo tenía toga y el monstruo sabía exactamente cómo comportarse para que nadie mirara debajo de ella. El caso metástasis terminó con una sentencia, pero la pregunta que dejan no tiene respuesta fácil. ¿Cuántos terán no murieron en el pabellón incorrecto? ¿Cuántas redes no dejaron registros en sus teléfonos? ¿Cuántas conversaciones fueron borradas a tiempo? ¿Cuántos acuerdos se hicieron en persona para no dejar rastro digital? ¿Cuántos
el siguen firmando resoluciones con sus togas impecables mientras afuera nadie sospecha? La justicia atrapó a uno. Solo uno pudo ser demostrado con 14,700 páginas. El resto del sistema continúa. Las instituciones siguen operando. Los jueces siguen llegando a los tribunales cada mañana. Los procesos siguen avanzando y en algún archivo de inteligencia de alguna fiscalía latinoamericana hay teléfonos todavía sin analizar.
La historia de Wilm Terán no es un final, es un recordatorio de lo que cuesta no mirar, de lo que ocurre cuando una sociedad decide creer en las togas y olvidar que debajo hay personas de lo que hace el poder cuando no tiene límites reales, cuando los mecanismos de control son administrados por los mismos que deben ser controlados.
El Ecuador tiene una sentencia, tiene un nombre, tiene un alias. El existió, fue real, tenía credenciales y posgrados y 21 años de carrera. Y durante todo ese tiempo, mientras las cámaras lo filmaban y los medios lo citaban, y el Consejo de Participación Ciudadana lo elegía por unanimidad, nadie vio lo que era.
Esa es la parte de la historia que todavía no tiene respuesta y esa es la parte que debería mantenernos despiertos. Amén.
