En los rincones más silenciosos de las dependencias gubernamentales, existe una realidad que afecta directamente los bolsillos de quienes más han trabajado por el país. Hay dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que lleva años, e incluso décadas, esperando ser reclamado. Es un capital que ya tiene dueño, que está registrado con nombre y apellido, pero que permanece intacto porque sus titulares, personas reales de carne y hueso, jamás se enteraron de que les correspondía.
La cruda verdad del sistema de pensiones en México se puede resumir en una premisa no escrita pero aplicada a rajatabla: “el que no pregunta, no recibe”. Existen al menos tres pagos distintos, tres situaciones contempladas por la ley en las que el IMSS tiene la obligación ineludible de entregar recursos económicos. Sin embargo, año tras año, miles de personas mayores de 65 años no reclaman este dinero. A veces, la razón es la complejidad burocrática que desanima al más tenaz; otras veces, es simplemente porque asumen, de manera inocente, que si tuvieran derecho a algún beneficio adicional, la institución ya se los habría notificado. Pero el IMSS no avisa. Nunca ha avisado. Hoy, desentrañamos el laberinto de ventanillas para revelarte cuáles son esos pagos, a quiénes les corresponden y cómo tramitarlos sin perder la paciencia ni caer en manos de estafadores.
El Cambio de Paradigma: Tu Relación con el IMSS No Termina al Jubilarte
Antes de profundizar en los tres pagos, es fundamental derribar un mito gigantesco que ha perjudicado la economía de incontables familias mexicanas. La mayoría de las personas cree que el IMSS se limita a ser la clínica familiar y la fuente de la pensión mensual. La realidad es mucho más amplia. El Instituto es también el administrador de las aportaciones que los trabajadores y sus patrones realizaron rigurosamente durante décadas.
Estas aportaciones se destinaron a diferentes fondos según su propósito, generando derechos específicos a lo largo de la vida laboral. Lo trascendental aquí es que esos derechos no se evaporan mágicamente el día que firmas tu jubilación. Algunos persisten, otros se acumulan y, si en tu etapa activa no los reclamaste, ahí siguen, blindados por la ley, esperando a que levantes la mano. Las principales víctimas de este desconocimiento son los trabajadores que cotizaron bajo el esquema de la Ley de 1973 (el régimen anterior a la gran reforma de 1997). Ellos asumen erróneamente que, al recibir su pensión calculada sobre el salario promedio, las cuentas con el seguro social están saldadas. Nada más alejado de la realidad.
El Primer Tesoro Olvidado: El Saldo de la Afore y el SAR 92-97
El primer pago pendiente, y quizás uno de los más sustanciosos, es la devolución de las aportaciones al Fondo de Ahorro para el Retiro que no se utilizaron para financiar la pensión. Cuando un trabajador se pensiona por la Ley del 73, el cálculo de su mensualidad se basa en sus semanas cotizadas y su salario promedio de los últimos cinco años. Este mecanismo no toca, en absoluto, los recursos que el trabajador y su empleador depositaron en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) entre 1992 y 1997.
Durante ese lustro, el dinero quedó depositado en cuentas individuales bancarias y, posteriormente, con la reforma del 97, se transfirió a las actuales Afores. Al pensionarse por la Ley del 73, esos fondos se quedan intactos. De acuerdo con el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, los pensionados bajo este régimen tienen el absoluto derecho de recibir, en una sola exhibición, el saldo acumulado en su cuenta individual, incluyendo el SAR 92-97.
Técnicamente, este trámite se conoce como “entrega del saldo de la cuenta individual” y se gestiona directamente ante la Afore, no en el IMSS. Es precisamente por esta separación institucional que el seguro social omite mencionarlo al entregar la resolución de pensión. Dependiendo del salario y los años cotizados, hay casos documentados de jubilados que han recibido de golpe entre 30,000 y 80,000 pesos.
La historia de don Ignacio es el ejemplo perfecto de esta situación. Operador de maquinaria en Querétaro durante 32 años, se jubiló en 2019 con una modesta pensión de 4,800 pesos mensuales. Un día, de pura casualidad, un excompañero le sugirió revisar su Afore. Tras acudir a la sucursal, Ignacio descubrió y cobró un cheque de más de 42,000 pesos que desconocía por completo, permitiéndole saldar deudas y reparar su hogar. Para saber si tienes saldo pendiente, la consulta es gratuita en el portal oficial e-sar.com.mx, teniendo únicamente tu CURP a la mano.
El Segundo Derecho Oculto: La Ayuda para Gastos de Matrimonio
El segundo pago suele arrancar expresiones de incredulidad. Establecido en el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, se trata de la “Ayuda para gastos de matrimonio”. El IMSS tiene la obligación de otorgar una cantidad fija cuando un asegurado o pensionado contrae nupcias por la vía civil, siempre que sea el primer matrimonio registrado ante la institución y se comprueben al menos 150 semanas cotizadas previas al enlace.
El monto equivale a 42 días del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en la fecha del matrimonio. Tomando en cuenta el salario mínimo actual de 248 pesos, estamos hablando de un apoyo de aproximadamente 10,400 pesos. Para una persona de la tercera edad que decide casarse o regularizar su situación civil, esta cifra representa un alivio económico nada despreciable.
El trámite se realiza en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio, presentando el acta de matrimonio original, identificación oficial y constancia de semanas cotizadas. Lo vital es el tiempo: el plazo máximo para solicitarlo es de dos años a partir de la boda. Además, un dato crucial que casi nadie difunde es que este derecho aplica incluso para quienes se pensionaron y continuaron cotizando de manera voluntaria para mantener su servicio médico.
El Tercer y Más Injusto Secreto: Las Ayudas Asistenciales
El tercer pago involucra una de las injusticias institucionales más dolorosas. Regulado en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social, se trata de las “ayudas asistenciales para pensionados en estado de necesidad”. Este precepto dicta que el IMSS puede otorgar apoyos económicos (o en especie) a jubilados que, debido a su precaria situación económica, no logran cubrir sus necesidades básicas, como medicamentos no disponibles en cuadro básico, adaptaciones en el hogar por problemas de movilidad, o complementos económicos mensuales.
El reglamento interno del instituto estipula que este apoyo se vuelve obligatorio cuando la pensión es inferior a ciertos umbrales de pobreza actualizados periódicamente. Sin embargo, el Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, encargado de este trámite en cada delegación regional, opera casi en la clandestinidad. No emiten comunicados, no envían cartas y, trágicamente, los orientadores de las ventanillas generales rara vez dirigen a los ancianos hacia esa área por puro desconocimiento.
Para romper esta barrera, el pensionado debe presentarse físicamente en dicho departamento con su credencial del IMSS, comprobante de domicilio reciente y un escrito (incluso a mano) que relate su ingreso mensual y sus gastos médicos. Un trabajador social tiene la obligación de evaluar el caso y dictaminar la procedencia del apoyo, brindando un respiro vital a quienes sobreviven con el mínimo.
