La historia de México cambió para siempre cuando José Doroteo Arango Arámbula, universalmente aclamado como Pancho Villa, cayó abatido en una emboscada perfectamente orquestada en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. El mítico líder de la División del Norte, quien poco antes había presumido con orgullo su capacidad innata para movilizar a un ejército de 40,000 hombres armados en cuestión de media hora, fue sorprendido al volante de su automóvil Dodge Brothers. En una ráfaga que duró escasos tres minutos, un comando descargó más de 150 balazos que terminaron instantáneamente con su vida y la de la mayoría de sus acompañantes. Sin embargo, lo que ocurrió después del magnicidio abre un capítulo repleto de impunidad, venganzas personales y un implacable destino que persiguió a cada uno de los responsables materiales e intelectuales. La historia, de una forma u otra, terminó cobrando las deudas pendientes.
El entramado de la conspiración estuvo liderado en el plano público por Jesús Salas Barraza, un general y diputado local por el estado de Durango. Tras el magnicidio, Salas Barraza envió una controvertida epístola al entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, autoinculpándose como el cerebro político y organizador material del atentado. Aunque la justicia formal lo condenó inicialmente a una pena de 70 años de prisión, el andamiaje del poder federal se movilizó con rapidez: antes de concluir 1924, el presidente Obregón le otorgó un indulto total. Lejos de
las rejas, Salas Barraza llegó a ocupar un escaño como diputado en el Congreso de la Unión. Décadas más tarde, tras unirse a rebeliones fallidas y exiliarse temporalmente, la parca lo alcanzó de manera pacífica por causas naturales el 22 de mayo de 1951, en Torreón, Coahuila, a los 72 años de edad.

El reclutamiento y la logística de los tiradores estuvo a cargo de Melitón Lozoya, un administrador y hacendado local captado por Jesús Herrera Cano. Un dato histórico que vincula este suceso con la política contemporánea es que Melitón Lozoya era el tío abuelo de Emilio Lozoya Austin, exdirector de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Lozoya, motivado por profundos agravios y despojos económicos sufridos durante los años más crudos de la Revolución a manos del villismo, coordinó al grupo de tiradores descontentos. A pesar de los señalamientos históricos que lo situaban en el ojo del huracán, evadió la acción de la justicia y falleció de vejez en el año 1954 en la Ciudad de México, dejando tras de sí un linaje que mantendría estrechos lazos con las cúpulas del poder.
En cuanto a los ejecutores directos parapetados en la calle Gabino Barreda, el destino fue sumamente dispar. Román Guerra Enríquez, un humilde agricultor duranguense transformado en tirador material, fue el único miembro del comando que pereció el mismo día de la emboscada. Cayó fulminado por los dos únicos disparos que los escoltas de Villa lograron detonar antes de ser masacrados. Por otro lado, José Barraza Corrujedo, quien ostentaba el grado de teniente asimilado y era el único militar en activo dentro del grupo de sicarios, fue expulsado deshonrosamente del Ejército Mexicano en 1929 por el presidente Emilio Portes Gil debido a conductas indignas. Su vida concluyó abruptamente a los 50 años de edad, el 25 de noviembre de 1949 en la ciudad de Chihuahua, cuando recibió un tiro fulminante en el pecho a manos de un sujeto apodado “perro rabioso”, quien actuó en estricta venganza por un homicidio previo cometido por el propio Barraza.
Otro de los fusileros fue José Ruperto Vara Gamboa, cuyo resentimiento hacia el Centauro del Norte nació cuando las tropas villistas asesinaron cruelmente a su padre. Su madre, Hermenegilda Gamboa, actuó de forma estratégica como trabajadora doméstica e informante dentro de la propia hacienda de Villa en Canutillo para facilitar el atentado. Vara Gamboa fue recompensado con el grado de subteniente de infantería poco después del crimen, pero su existencia fue corta: murió baleado a los 33 años de edad en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, bajo circunstancias que la historia oficial nunca logró esclarecer del todo.
En contraste con las muertes violentas, hubo ejecutores que alcanzaron una longevidad notable. José Sainz Pardo Chavira, miembro clave del comando de tiradores que cobró entre 300 y 500 pesos por jalar el gatillo, logró esquivar la muerte durante décadas y falleció pacíficamente en su cama en la ciudad de Chihuahua en 1991, a la avanzada edad de 91 años. Asimismo, Librado Martínez, otro de los campesinos armados que juró acabar con Villa, logró sobrevivir oculto en el anonimato cotidiano, desempeñándose durante sus últimos años de vida como un modesto velador en Parral, hasta su deceso biológico en 1971.
Un personaje indispensable en el éxito de la emboscada fue Juan López Sainz Pardo, quien fungió como el astuto “señalero” de la operación. Parado en la intersección de la avenida Juárez y la calle Mesa, se quitó el sombrero con la mano izquierda simulando un saludo cortés en el preciso instante en que el Dodge Brothers se aproximaba. Esta señal confirmó a los tiradores ocultos tras unas pacas de alfalfa que Pancho Villa iba efectivamente al volante, permitiendo concentrar las primeras y más devastadoras ráfagas expansivas directamente sobre el asiento del conductor. López Sainz Pardo, quien arrastraba el dolor del asesinato de su hermano y primos por las huestes villistas, se unió al tiroteo con su pistola y, tras el éxito del plan, se diluyó en las páginas del tiempo viviendo hasta la vejez en Durango.

La logística de alta escuela y el financiamiento detrás de la conjura apuntan a esferas gubernamentales superiores. Jesús Herrera Cano, administrador del Timbre Fiscal en Torreón, aportó los recursos económicos necesarios guiado por promesas explícitas de protección. Investigaciones e hilos de novela histórica señalan que Herrera Cano se entrevistó en privado con el presidente Álvaro Obregón meses antes del ataque, recibiendo del mandatario la garantía de que “en lo que estuviera en su alcance, ni a él ni a los suyos les pasaría nada”. Asimismo, el coronel Félix Lara Medrano, encargado de la plaza militar de Parral, retiró convenientemente a toda la tropa de la ciudad la mañana del 20 de julio bajo el burdo pretexto de realizar un “entrenamiento de campo” matutino, despejando el camino para los asesinos. Lara Medrano fue premiado posteriormente con el ascenso a general de división y falleció con honores en 1945.
Finalmente, en la cúspide de la sospecha como autores intelectuales de la eliminación de Villa, se encuentran las tres figuras más poderosas del México posrevolucionario: el general Joaquín Amaro Domínguez, jefe de operaciones norteñas que posteriormente se consolidó como secretario de Guerra y Marina; el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles; y el mismísimo presidente de la República, Álvaro Obregón. Historiadores de renombre coinciden en que los líderes de la facción sonorense veían en Pancho Villa una amenaza latente y colosal para los planes de reelección y consolidación del poder político de cara a los comicios de 1924 y 1928. Sin embargo, la justicia poética o el destino trágico de la nación también los alcanzó. Álvaro Obregón, tras modificar la Constitución para consumar su ansiada reelección, fue asesinado a tiros el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México por el joven José de León Toral, antes de poder asumir su segundo mandato. Por su parte, el general Amaro falleció de cirrosis hepática en 1952, y Plutarco Elías Calles, tras instaurar la era del “Maximato” y fundar el partido hegemónico, terminó expulsado del país en pijama por el presidente Lázaro Cárdenas, muriendo en el ostracismo político. Cien años después, las heridas de aquella emboscada en Parral siguen abiertas en la memoria colectiva de una nación que no olvida a su Centauro del Norte.