El dilema de los debates presidenciales en Colombia: Juan Fernando Cristo defiende la estrategia de Iván Cepeda frente a las críticas de veto y aislamiento político
La carrera por la presidencia de Colombia ha entrado en su fase más crítica y decisiva. Con un panorama político que ha pasado de tener un centenar de precandidatos a una baraja reducida de catorce aspirantes formales, la tensión electoral se respira en cada rincón del país. En este escenario de alta polarización, los reflectores se han posado sobre el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tras adherir formalmente con su partido “En Marcha” a la campaña de Iván Cepeda, ofreció una profunda y controvertida entrevista a la cadena RCN para desglosar la estrategia política de la Alianza por la Vida y responder a los duros cuestionamientos sobre la selectividad del candidato a la hora de debatir con sus contendientes.
Durante el diálogo, Cristo enfatizó que la campaña presidencial se encuentra en una recta final compleja, marcada no solo por la competencia democrática sino por serios riesgos de seguridad que aquejan a los candidatos en las distintas regiones. El exministro hizo un llamado urgente a las autoridades para blindar la integridad del proceso. No obstante, más allá de los asuntos logísticos y de orden público, el debate central de la opinión pública gira en torno a las reglas de juego que la campaña de Cepeda pretende imponer para los encuentros programát
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icos organizados por los medios de comunicación.
La controversia estalló tras conocerse las declaraciones de Iván Cepeda en las que manifestaba su disposición de debatir principalmente con figuras de la extrema derecha, encarnadas en nombres como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esta postura provocó una reacción inmediata de diversos sectores de la prensa y de la ciudadanía, quienes catalogan como “desigual” y potencialmente “antidemocrático” un esquema de debates que excluya a otras fuerzas representativas del espectro político, tales como Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Liscano, Luis Gilberto Murillo o Roy Barreras. Al ser interrogado sobre si esta dinámica no configuraba un escenario artificial de “todos contra uno” o un aislamiento deliberado, Cristo defendió la legitimidad de establecer reglas previas a través de compromisarios de campaña.
El experimentado político recurrió a la memoria histórica de Colombia para restarle dramatismo a las tensiones actuales. Recordó las elecciones de 1994, cuando el candidato Antonio Navarro Wolff irrumpió en los estudios de televisión porque se sentía excluido del histórico cara a cara entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Asimismo, trajo a colación la campaña de 1986, donde Virgilio Barco declinó debatir, dejando el escenario exclusivo para Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán, o el caso más reciente de Iván Duque, quien en la segunda vuelta de 2018 decidió no asistir al debate programado con Gustavo Petro y aun así obtuvo la victoria presidencial. Con estos ejemplos, Cristo argumentó que la negociación de formatos, temas, tiempos y la designación de periodistas moderadores no es una novedad burocrática, sino una práctica estándar en la ingeniería electoral del país.
Uno de los puntos más álgidos de la discusión radica en la ausencia de una legislación robusta en Colombia que ordene la obligatoriedad de los debates y su organización por parte de la autoridad electoral, tal como ocurre en otras democracias occidentales. Al no existir un marco normativo institucionalizado, la planeación de estos encuentros queda supeditada a la voluntad política de los comités de campaña y a los acuerdos que se logren alcanzar de manera privada. Cristo señaló que la intención de Cepeda de debatir quedó formalmente ratificada en un acto público en Fusagasugá, pero aclaró que la viabilidad de uno o dos debates antes de la primera vuelta dependerá exclusivamente de la mesa de concertación que logren consolidar los delegados de las distintas fuerzas políticas en las próximas semanas.
Por otro lado, la entrevista abordó una de las preguntas que más intriga genera entre los analistas y votantes independientes: ¿cuál sería la diferencia real entre un eventual mandato de Iván Cepeda y el actual gobierno de Gustavo Petro? La llegada de Petro al poder en 2022 significó una ruptura histórica de dos siglos de tradición bipartidista y conservadora en Colombia, abriendo paso a la izquierda democrática. Tras cuatro años de un proceso de adaptación tanto para las fuerzas gubernamentales como para la oposición, el país se cuestiona el rumbo del modelo.
Juan Fernando Cristo fue enfático en señalar que, si bien la administración de Cepeda mantendría el núcleo ideológico centrado en las reformas sociales, la inclusión de las comunidades históricamente marginadas y la defensa de los derechos fundamentales, la principal divergencia radicaría en el talante y las formas de gobernar. El exministro proyecta que la gestión de Cepeda se caracterizará por una menor confrontación pública, una apuesta decidida por el diálogo técnico y una búsqueda constante de concertación con los distintos sectores económicos y políticos. El objetivo final, según la campaña, es superar la retórica de la culpabilidad mutua y construir un “Gran Acuerdo Nacional” capaz de solucionar problemas estructurales críticos, como la pérdida del control territorial en zonas rurales, la crisis financiera del sistema de salud y la compleja situación fiscal de la nación.
La Alianza por la Vida ha buscado presentarse en las últimas semanas como una plataforma amplia y plural que trasciende las fronteras originales del Pacto Histórico, sumando apoyos de sectores de centro y movimientos independientes a través de acuerdos programáticos. No obstante, el escepticismo persiste entre quienes consideran que condicionar o restringir el formato de los debates mediáticos envía un mensaje de hermetismo que contradice la promesa de un gobierno de coalición amplio y dialogante.
Casas periodísticas de gran envergadura nacional, como RCN Televisión y el diario El Tiempo, han manifestado su total disposición técnica y editorial para brindar plenas garantías democráticas a todos los candidatos, instando a las campañas a dejar de lado las prevenciones y a presentarse ante los micrófonos sin vetos previos. Al cierre de su intervención, Cristo coincidió en que el país necesita de manera urgente transitar de la descalificación personal y los ataques sistemáticos en las redes sociales hacia una deliberación pública informada, seria y profunda. El desenlace de las negociaciones entre los compromisarios en los próximos días determinará si los colombianos podrán ver contrastadas las propuestas de sus líderes en televisión abierta o si, por el contrario, la campaña se sellará tras los muros de las estrategias de comunicación privada.
