Lo que ocurrió dentro del rancho fue brutal y rápido. El mayo fue reducido por la fuerza. Cuatro de sus escoltas personales fueron asesinados en el lugar. Héctor Cuenojeda también perdió la vida, aparentemente para eliminar cualquier testigo incómodo que pudiera comprometer la operación. No había lugar para cabos sueltos. Era una acción diseñada para ser definitiva.
Tras ser sometido, el mayo fue trasladado en vehículos hasta una pista de aterrizaje clandestina en la localidad de Campo Berlín, en el municipio de Nabolato, Sinaloa. Allí abordó una aeronave, un Beach King Air 200, que cruzó la frontera con Estados Unidos sin mayor impedimento. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de doña Ana en Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas, donde ya lo esperaba un dispositivo de autoridades federales estadounidenses, incluyendo agentes del Buró Federal de Investigaciones y alguaciles del
Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Pero hay un elemento de esta historia que lo cambia todo. Joaquín Guzmán López, el mismo hijo del Chapo que habría participado en la operación de captura del mayo, también cruzó la frontera ese día. Y a diferencia del mayo, Joaquín Guzmán López no llegó esposado ni sometido.
Llegó de manera voluntaria. Se entregó a las autoridades estadounidenses como parte de lo que múltiples fuentes describen como un acuerdo previo negociado con meses de anticipación. Esta circunstancia es la que convierte el caso en algo verdaderamente extraordinario. No fue una operación de fuerzas del orden infiltrando una organización criminal.
Fue una operación donde una facción del cártel de Sinaloa utilizó a las autoridades estadounidenses como instrumento para eliminar al líder histórico de la facción rival. Una traición dentro de una traición ejecutada con una frialdad y una planificación que resultan difíciles de procesar, incluso para quienes llevan años estudiando el crimen organizado en México.
Las motivaciones detrás de este acuerdo permanecen parcialmente en penumbra. Entre las hipótesis más sólidas que han circulado en medios especializados, fuentes judiciales y análisis de inteligencia, se menciona la posibilidad de que los chapitos, o al menos Joaquín Guzmán López hayan negociado a cambio de beneficios concretos, protección para familiares residentes en Estados Unidos, reducción de cargos, condiciones procesales más favorables, acceso a un estatus de cooperante que pudiera blindarlos de manera parcial frente al sistema judicial. al estadounidense.
Nada de esto ha sido confirmado oficialmente y es probable que la confirmación nunca llegue de forma pública, pero la lógica de los hechos apunta con insistencia en esa dirección. El propio Mayo Zambada desde su celda en los Estados Unidos hizo una declaración que resultó tan descarnada como inesperada.
En ella describió con detalle los hechos de ese 25 de julio. Confirmó que había sido secuestrado y trasladado a territorio estadounidense contra su voluntad y en lugar de llamar a la venganza, hizo un llamamiento a la paz. Dijo que nada se podía resolver a través de la violencia. Fue un mensaje que muy pocos dentro del mundo del narco escucharon, porque para entonces la guerra ya había comenzado.
Para entender la magnitud del terremoto que sacudió al cártel de Sinaloa tras la caída del mayo, hay que comprender qué función cumplía su figura dentro de la organización. El cártel de Sinaloa no es ni ha sido nunca una empresa con un organigrama claro y una cadena de mando vertical.
Es algo mucho más complejo y mucho más frágil. Una federación de grupos con intereses parcialmente coincidentes, territorios propios, mandos autónomos y lealtades que se superponen y a veces se contradicen. Durante años, El Mayo funcionó como el pivote de ese sistema. era el árbitro de las disputas internas, el garante de los acuerdos entre facciones, la figura de autoridad que todos reconocían incluso cuando no estaban de acuerdo con sus decisiones.
Su longevidad, su experiencia y su red de relaciones lo convertían en alguien irreemplazable, no porque fuera el más violento ni el más audaz, sino porque era el único que tenía la perspectiva histórica y la legitimidad acumulada para mantener unidas a fuerzas centrífugas que sin él tendían naturalmente a la dispersión y al conflicto.
Cuando esa figura desapareció de la ecuación, el equilibrio se rompió y lo hizo de la peor manera posible, no de forma gradual, que habría permitido algún tipo de transición ordenada, sino de golpe, de forma inesperada y además marcada por la traición, porque la forma en que cayó el mayo no era irrelevante. El hecho de que hubiera sido entregado por una facción aliada era una afrenta que no admitía respuesta diplomática.
solo podía responderse de una manera. Las semanas que siguieron al 25 de julio de 2024 fueron de una tensión que cualquier residente de Culiacán podía palpar en el ambiente. No había disparos masivos, no había comunicados de guerra, pero había señales, movimientos de convoyes en carreteras secundarias, reacomodos de mandos en municipios clave, desapariciones selectivas de personas vinculadas a uno u otro bando, robos masivos de camionetas de doble tracción.
El tipo de actividad que en el lenguaje del crimen organizado sinaloense precede siempre a un conflicto abierto. El 9 de septiembre de 2024, la tensión encontró su punto de quiebre. Esa madrugada en distintos puntos de Culiacán comenzaron a aparecer vehículos volcados y ardiendo que bloqueaban avenidas principales, camiones pesados atravesados en cruces estratégicos, reportes de disparos en varias colonias al mismo tiempo.
En cuestión de horas, lo que empezó como incidentes aislados se reveló como el inicio coordinado de una ofensiva armada a gran escala. La guerra interna del cártel de Sinaloa había comenzado oficialmente. De un lado estaban los chapitos, la facción liderada por Iván Archivaldo Guzmán y sus hermanos, herederos del legado del Chapo, con una estructura operativa potente en zonas urbanas y una capacidad financiera derivada en gran parte del negocio del fentanilo y otras drogas sintéticas.
Del otro lado estaba la Mayiza, el nombre con el que comenzó a conocerse la facción fiel al legado del mayo Zambada, encabezada ahora por su hijo Ismael Zambada Siiros, conocido como Mayito Flaco, quien asumió el papel de conductor de una estructura que contaba con décadas de historia, redes de lealtad profundamente arraigadas en zonas rurales y serranas de Sinaloa y una presencia extendida en múltiples regiones del país.
Las primeras semanas del conflicto fueron de una violencia que Culiacán no había visto desde los peores momentos del llamado Culiacanazo de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó detener a Ovidio Guzmán y tuvo que liberarlo ante la respuesta armada del cártel. Pero si el culiacanazo de 2019 fue un evento acotado en el tiempo, lo que estalló en septiembre de 2024 era cualitativamente diferente.
No se trataba de una reacción puntual. Era el inicio de una guerra de posiciones que ambas facciones estaban dispuestas a sostener en el tiempo. Los primeros enfrentamientos se caracterizaron por el despliegue de armamento de alto poder que reveló el nivel de preparación militar de ambos bandos. fusiles de asalto de distintos calibres, ametralladoras pesadas, incluyendo armas antitanque del calibre 50, como los rifles Barret, vehículos con blindaje artesanal construido con láminas de acero soldadas y ventanillas selladas, granada de fragmentación y
dispositivos explosivos improvisados, una capacidad de fuego que en muchos aspectos superaba de las propias fuerzas de seguridad estatales desplegadas para contener el conflicto, pero la guerra no se desarrolló únicamente en el plano de los enfrentamientos directos. Desde los primeros días quedó claro que ambas facciones estaban librando simultáneamente una guerra económica y una guerra psicológica.
La guerra económica se libró principalmente a través de ataques selectivos contra las fuentes de financiamiento del enemigo. Operadores financieros, lavadores de dinero, administradores de propiedades y empresas fachada fueron blanco de desapariciones y asesinatos. Los laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas y fentanilo, ubicados en zonas serranas de Sinaloa, fueron atacados con el objetivo de privar al enemigo de su principal fuente de ingresos.
Los corredores logísticos que conectan el corazón de Sinaloa con rutas de tráfico hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos se convirtieron en líneas de frente donde la lucha era constante y sangrienta. La guerra psicológica, por su parte, se libró de formas que en otro contexto resultarían casi inverosímiles. Cuerpos abandonados en lugares públicos con mensajes firmados por uno u otro bando.
sombreros colocados sobre los cadáveres como firma de la maliza en referencia al apodo del mayo. Pizzas dejadas junto a otros cuerpos. Alusión directa a la chapiza como popularmente se conoce a la facción de los chapitos. una macabra semiótica de la muerte destinada tanto a intimidar al enemigo como a comunicar a la población y a los propios miembros de la organización quien controlaba cada territorio.
Entre las víctimas de esta guerra no solo hubo sicarios y operadores criminales. La violencia alcanzó a personas cuya vinculación con el conflicto era en muchos casos periférica. Empresarios locales que habían mantenido relaciones comerciales con una u otra facción fueron presionados, extorsionados o directamente amenazados.
Creadores de contenido e influencers locales que frecuentaban los entornos vinculados al narco o que simplemente publicaban contenido en zonas de conflicto fueron asesinados. Se documentó la muerte de al menos ocho personas con presencia en redes sociales vinculadas de alguna forma al ambiente narco en Sinaloa durante los meses más intensos del conflicto.
La respuesta del Estado mexicano llegó, pero llegó con las limitaciones propias de un aparato institucional que durante décadas había gestionado su relación con el crimen organizado desde una lógica de contención más que de confrontación real. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se encontraba ya en sus últimas semanas antes de la transición, reaccionó con una tibieza que muchos analistas y medios de comunicación señalaron como insuficiente ante la magnitud del conflicto.
Con la llegada de Claudia Shainbo a la presidencia de México el primero de octubre de 2024, el tono cambió formalmente. se ordenó el despliegue de una fuerza de tarea conjunta que integró elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Se establecieron bases de operación en Culiacán y en municipios limítrofes como Nabolato, Jesús María y localidades de la zona serrana.
Se intensificó la vigilancia aérea mediante helicópteros y drones en corredores considerados críticos para el movimiento de convoyes y cargamentos. El despliegue fue visible y generó cierta contención inmediata en los niveles de violencia abierta en el centro de Culiacán. Pero el conflicto no desapareció, se transformó. Las facciones en Pugna adaptaron su táctica con una agilidad que evidenciaba su profundo conocimiento del territorio y su capacidad para operar bajo presión.
Los enfrentamientos frontales y prolongados dieron paso a una lógica de guerra de guerrillas urbana y rural. Ataques relámpago, emboscadas en caminos secundarios, operaciones nocturnas, eliminaciones selectivas seguidas de repliegue inmediato. La violencia se volvió más difusa, más difícil de contener y, en muchos sentidos, más peligrosa, porque su invisibilidad hacía casi imposible predecir dónde iba a estallar el siguiente episodio.
Cuando el ejército mexicano reforzaba su presencia en Culiacán, los enfrentamientos migraban hacia Nabolato, Elota o los municipios de la Sierra, cuando se aseguraban las carreteras federales principales, las operaciones de traslado de droga y precursores químicos se trasladaban a una red de caminos de terracería que se extiende por kilómetros a través de un territorio que los grupos criminales conocen palmo a palmo desde generaciones.
era el eterno problema de intentar contener el agua con las manos. Las consecuencias para la vida cotidiana de los sinaloenses fueron devastadoras. Las interrupciones en el ciclo educativo con cierres recurrentes de escuelas ante episodios de violencia se extendieron durante semanas y luego durante meses. El transporte público operó de forma intermitente con conductores que con frecuencia decidían no salir por temor a quedar atrapados en fuego cruzado.
El comercio local sufrió de manera severa. Comerciantes de barrios populares y zonas comerciales del centro de Culiacán cerraron sus locales durante días o semanas, perdiendo ingresos que en muchos casos representaban la totalidad del sustento familiar. Algunos de ellos recibieron además demandas de pago de cuotas de extorsión simultáneas por parte de ambas facciones, una situación que los colocaba en una posición imposible, independientemente de la decisión que tomaran.
El sector agrícola, columna vertebral de la economía sinaloense y uno de los motores productivos más importantes del norte de México también acusó el impacto. Productores de tomate, pepino, calabaza y otros cultivos de exportación enfrentaron dificultades severas para movilizar sus cosechas hacia los centros de acopio y los mercados nacionales.
Las carreteras bloqueadas, los camioneros renuentes a transitar por zonas de conflicto y la incertidumbre generalizada generaron pérdidas millonarias en una temporada agrícola que en condiciones normales habría sido especialmente productiva. La inversión privada frenó en seco. Proyectos comerciales, desarrollos inmobiliarios y planes de expansión empresarial que venían gestándose durante meses quedaron en suspenso.
Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, adoptaron una postura de espera que en el mundo de los negocios equivale casi siempre a una retirada silenciosa hacia destinos más seguros. El turismo, que en ciudades como Mazatlán había experimentado un crecimiento sostenido en los años anteriores, recibió un golpe considerable.
Las cancelaciones se multiplicaron y la imagen de inseguridad que proyectaba el Estado se instaló con una persistencia que sus promotores turísticos sabían que tardaría años en disiparse. Los datos estadísticos ilustran la dimensión humana del conflicto con una crudeza que ningún relato puede superar del todo. Antes del 9 de septiembre de 2024, Sinaloa registraba un promedio de entre uno y 4 décimas y 1 y cuatro décimas homicidios por día y alrededor de tres desapariciones en el mismo periodo.
Cifras ya de por sí alarmantes, pero que para el contexto de México en 2024 resultaban casi una norma. Tras el estallido de la guerra interna, los homicidios diarios escalaron a entre 7 y ocho en promedio, con picos puntuales que superaron esa cifra. Las desapariciones se elevaron a entre cinco y seis casos diarios.
El robo de vehículos, especialmente camionetas de doble tracción indispensables para las operaciones de los grupos armados registró uno de los mayores picos históricos en el estado. Mientras todo esto ocurría en Sinaloa, el conflicto comenzó a proyectarse hacia otras regiones del país con una intensidad creciente.
Y aquí es donde la historia da otro giro que amplía considerablemente la escala de lo que estaba sucediendo. El cártel Jalisco Nueva Generación. conocido como el cártel Jalisco. La organización fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había observado la fractura del cártel de Sinaloa con la atención de quien ve a su principal competidor debilitarse desde dentro.
Durante años, la relación entre ambas organizaciones había sido de antagonismo abierto y de rivalidad por el control de plazas estratégicas en múltiples estados del país. Pero la guerra interna de Sinaloa creó una dinámica nueva que el cártel Jalisco supo leer con rapidez. A mediados de 2025 comenzaron a surgir reportes, inicialmente de fuentes locales, más tarde con respaldo en análisis de inteligencia sobre conversaciones y acercamientos entre representantes del cártel Jalisco y la facción de los Chapitos.
Lo que al principio sonó como rumor fue ganando consistencia hasta convertirse en una realidad que las propias acciones sobre el terreno confirmaban. Se habría formado una alianza táctica denominada en algunos ámbitos como Fuerzas especiales Unión, que combinaba recursos del cártel Jalisco con la estructura operativa de los chapitos para enfrentar a la maliza de Mayito Flaco.
La simbología que empezó a circular en ciertas zonas de conflicto era reveladora. Un gallo combinado con una pizza, el gallo, figura vinculada históricamente al mencho, el señor de los gallos y la pizza. Alusión directa a la chapiza, una alianza que unía a dos de las organizaciones criminales más poderosas de México contra un enemigo común.
Dentro del propio conflicto, dos eventos puntuales merecen una atención particular porque ilustran con claridad cómo la guerra se fue desarrollando en términos de golpes estratégicos y contragolpes. El primero es el abatimiento de Isaías Manriquez Tornero, La Perris, también conocido como el 27. Su nombre había aparecido con insistencia en las reconstrucciones de los hechos del 25 de julio de 2024.
Según múltiples fuentes, fue él quien redujo y sometió al mayo Sambada durante la traición en el rancho Huertos del Pedregal. Era considerado uno de los operadores tácticos más importantes dentro del entorno de los chapitos, un mando armado con experiencia en operaciones de alto impacto y una posición privilegiada dentro de la estructura de seguridad de la facción.
Su abatimiento a manos de fuerzas especiales mexicanas en Nabolato fue mucho más que la eliminación de un sicario. Fue la caída de un símbolo. Representó el primer golpe concreto y significativo que el Estado mexicano conectaba directamente con los hechos del 25 de julio y al mismo tiempo privó a los chapitos de un operador clave en un momento en que la presión sobre su estructura era ya considerable.
El segundo evento es el asesinato de Óscar Noé Medina González, conocido como el Panu, ocurrido en la Ciudad de México durante las fiestas de Navidad de 2025. El Panu era identificado como un operador relevante dentro del círculo de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, con funciones que iban más allá del combate directo e incluían coordinación operativa y gestión de enlaces entre distintas células y estructuras de la organización.
Su asesinato en un restaurante de la zona rosa, uno de los barrios más transitados y visibles de la capital del país, fue una declaración de intenciones de una claridad brutal. La guerra no tenía límites geográficos, no había santuarios, ninguna ciudad, ni siquiera la capital del país, quedaba fuera del alcance del conflicto.
A lo largo de 2025, el patrón de golpes y contragolpes fue constante. Los chapitos perdieron en ese periodo a varios mandos importantes más allá de la Perris y el Panu. El Toner, identificado como jefe de seguridad personal de Iván Archivaldo, fue eliminado. El Pelón, descrito por fuentes de inteligencia como uno de los cabecillas más relevantes de la facción, también cayó.
Una serie de operadores financieros y coordinadores logísticos fueron detenidos por autoridades mexicanas o desaparecieron en circunstancias relacionadas con el conflicto interno. Al mismo tiempo, los chapitos encajaron golpes de carácter económico provenientes de Washington. En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho ciudadanos mexicanos y dos empresas con vínculos documentados con la facción.
Las sanciones incluían la congelación de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero estadounidense, medidas que, aunque no detenían la maquinaria criminal de inmediato, sí complicaban significativamente las operaciones de lavado de dinero y transferencia de fondos. Sin embargo, sería un error presentar a los chapitos como una facción en declive irreversible.
A pesar de los golpes encajados, mantuvieron el control de plazas urbanas clave. conservaron acceso a rutas internacionales de tráfico y siguieron operando con una capacidad financiera que el negocio del fentanilo, a pesar de todo, continuaba alimentando. La alianza con el cártel Jalisco les proporcionó además un respaldo operativo que compensó en parte las pérdidas sufridas en su propia estructura.
Por su parte, la maliza también pagó precios altos durante el conflicto. Aunque la red de lealtad es construida por el mayo durante décadas, resultó ser mucho más sólida y resistente de lo que quizás esperaban los chapitos. Sostener una guerra prolongada sin el acceso a los recursos y rutas que antes controlaban de forma compartida con la otra facción supuso un desgaste considerable.
Mayito Flaco logró consolidar posiciones en zonas rurales estratégicas de la Sierra sinaloense y ampliar su influencia en sectores importantes de Culiacán, apoyado por una constelación de mandos regionales con décadas de arraigo. Entre ellos destacaban figuras como los hermanos Cabrera Arabia en Durango, operadores conocidos por sus alias dentro del mundo del narco sinaloense como el 4×1, el traca, el 21, el 19 y el ruso, entre muchos otros que respondían a una cadena de lealtades que el encarcelamiento del mayo no había
logrado deshacer. Mientras el conflicto armado continuaba su curso en Sinaloa y sus ramificaciones se extendían por el resto del país, la dimensión política del caso Mayo Zambada adquirió una gravedad que pocas personas habrían anticipado. El 29 de abril de 2026, las autoridades judiciales del distrito sur de Nueva York presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del Estado de Sinaloa, y contra otros nueve funcionarios de alto rango de su administración. Los cargos giraban en
torno a presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado y participación en actividades de narcotráfico. La magnitud de esta acusación es difícil de exagerar. En la historia moderna de México, nunca antes un gobernador en funciones había sido señalado formalmente por las autoridades judiciales de los Estados Unidos bajo cargos de esta naturaleza, mientras seguía ocupando el cargo.
Las implicaciones diplomáticas, políticas e institucionales eran de un alcance que superaba con creces cualquier precedente reciente en la relación bilateral entre ambos países. La acusación sacudió inmediatamente el escenario político mexicano. El gobierno de Claudia Shainbound tuvo que maniobrar con cuidado en un terreno extremadamente delicado, equilibrando la necesidad de no aparecer como cómplice de la inacción frente a una acusación tan grave con la igualmente poderosa necesidad de no ceder la soberanía judicial a los
requerimientos de Washington. La tensión entre estos dos imperativos reflejaba una vez más la dificultad estructural de México para gestionar una relación con los Estados Unidos que en materia de crimen organizado nunca ha sido del todo transparente ni del todo honesta por ninguno de los dos lados.
Dos días después de que se conocieran los cargos, el primero de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya anunció una licencia temporal y cesó en sus funciones como gobernador. El gobierno del estado quedó en manos de Geraldine Bonilla Valverde. Desde entonces, el paradero de Rocha Moya y el estado real de su situación judicial se convirtieron en una incógnita que los medios mexicanos e internacionales persiguieron sin éxito.
Pero lo más relevante no fue la caída del gobernador en sí, sino lo que vino inmediatamente después. Dos de los funcionarios acusados junto a él tomaron una decisión que podía cambiar de forma radical la topografía del caso. Enrique Díaz, quien había servido como secretario de finanzas de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya y el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
Una entrega voluntaria en un caso así no es un gesto de resignación, es una señal. Es la señal de que dos personas con conocimiento directo de los vínculos entre la administración del Estado y las estructuras del crimen organizado han decidido cooperar con los fiscales y la cooperación de dos funcionarios de ese nivel, con acceso a información sobre flujos financieros, acuerdos informales con grupos criminales, identidades de intermediarios y operaciones concretas, podía desencadenar una cascada de revelaciones capaz de sacudir no solo al
gobierno de Sinaloa, sino a múltiples actores en distintos niveles del sistema político y criminal mexicano. La pregunta que muchos se hacían en voz baja, pero que estaba presente en cada análisis serio del caso, era hasta dónde podía llegar esa cadena. Si los testimonios de Díaz y Mérida apuntaban a connivencias con el cártel de Sinaloa, ¿hasta qué nivel de la estructura política ascendía esa complicidad? ¿Se limitaba a la administración estatal? llegaba más arriba, conectaba con otros estados, con el gobierno federal, con
estructuras de seguridad a nivel nacional. Nadie podía responder estas preguntas con certeza, pero el solo hecho de que fueran plausibles era revelador de la profundidad del problema. Hay otro elemento que añade una capa adicional de complejidad a este panorama ya de por sí extraordinariamente complicado, el proceso judicial contra el mayo Zambada en los Estados Unidos.
Desde el momento de su detención, el mayo quedó bajo la jurisdicción del sistema judicial federal estadounidense, enfrentando cargos de narcotráfico, crimen organizado y otros delitos conexos que en el sistema legal de los Estados Unidos pueden llevar a condenas de cadena perpetua. Su abogada, la conocida defensora penal María Luz García, presentó desde el primer momento las alegaciones de su cliente sobre las circunstancias de su captura, señalando que había sido trasladado a territorio estadounidense en contra de su voluntad
y sin los procedimientos legales exigibles en un proceso de extradición. Estas alegaciones abrieron un frente legal de extraordinaria complejidad. Si el mayo fue efectivamente secuestrado y trasladado de forma ilegal al territorio de los Estados Unidos, ello plantea preguntas fundamentales sobre la validez de la jurisdicción del tribunal que lo juzga y sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas durante su detención.
Son argumentos que los defensores han utilizado en el pasado en otros casos con resultados variables, pero que en este contexto adquieren una dimensión política adicional, dada la forma en que se produjo la operación. La sentencia del mayo Zambada, inicialmente programada para el 20 de julio de 2026, representa uno de los momentos más potencialmente reveladores de todo este proceso.
No porque la condena en sí sea incierta. Los elementos probatorios acumulados contra el mayo durante décadas de investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones y la Administración de Control de Drogas hacen prácticamente inevitable un veredicto de culpabilidad. Lo que hace de esa fecha un momento clave es todo lo que puede ocurrir antes, durante y después de ella.
En el sistema judicial estadounidense, especialmente en casos de crimen organizado de esta magnitud, la posibilidad de acuerdos de cooperación con la fiscalía es permanente. Un acusado que proporciona información valiosa sobre las operaciones, los líderes, las rutas y los financieros de una organización criminal, puede obtener a cambio reducciones de condena o condiciones de cumplimiento más favorables.
El mayo Zambada es portador de décadas de información sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, sobre las figuras políticas con las que mantuvo relaciones, sobre los mecanismos de corrupción que garantizaron durante años la impunidad de la organización y sobre las operaciones financieras internacionales que permitieron lavar miles de millones de dólares a través de sistemas bancarios en múltiples países.
Si el mayo decide cooperar con los fiscales de manera sustancial, las revelaciones que podrían derivarse de ese proceso son de una magnitud difícilmente calculable. Si por el contrario decide mantener silencio y afrontar la sentencia sin cooperación, el mensaje que envía al mundo criminal mexicano es igualmente poderoso.
En cualquier escenario, el 20 de julio de 2026, no es una fecha más en el calendario judicial. Es un punto de inflexión potencial cuyas consecuencias se extenderán muy lejos de los juzgados de Nueva York. A más de un año y medio del inicio formal del conflicto, la pregunta más obvia es también la más difícil de responder.
¿Quién está ganando? La respuesta honesta es que nadie está ganando de forma decisiva y eso en sí mismo es una forma de perder para todos. Ambas facciones han sufrido pérdidas humanas y materiales significativas. Ambas han encajado golpes estratégicos que han debilitado su capacidad operativa en ciertos frentes. Ambas han tenido que adaptarse a un entorno más hostil, con mayor presencia militar estatal y con la presión adicional de las sanciones y las investigaciones judiciales estadounidenses.
La mayiza ha demostrado tener una resiliencia mayor de la que muchos esperaban. Las redes de lealtad que El mayo construyó durante cuatro décadas resultaron ser algo más que relaciones de conveniencia. Para muchos de los mandos que respondían a su liderazgo, la lealtad era genuina, basada en años de trato directo, en compromisos cumplidos y en una forma de operar que generaba confianza.
Mayito Flaco heredó ese capital humano y lo ha sabido gestionar con una efectividad que sus adversarios subestimaron en los primeros meses del conflicto. Los chapitos, por su parte, han mantenido su superioridad en zonas urbanas y en el acceso a rutas internacionales, que es, en última instancia, la variable más determinante en la economía del narcotráfico.
El fentanilo continúa siendo su principal fuente de ingresos y aunque las sanciones del Departamento del Tesoro complican sus operaciones financieras internacionales, la demanda del mercado estadounidense no ha disminuido. La alianza con el cártel Jalisco les ha proporcionado además un respaldo que en términos militares ha sido decisivo en varios frentes, pero hay una dimensión del conflicto que no se puede medir únicamente en términos de victorias tácticas o control territorial.
La guerra interna ha erosionado profundamente la capacidad del cártel de Sinaloa como conjunto para operar con la eficiencia y la coordinación que caracterizó su funcionamiento durante las décadas de la alianza Mayo Chapo. La fragmentación, la desconfianza, la necesidad de destinar recursos a la guerra interna en lugar de a las operaciones de tráfico.
Todo ello representa un debilitamiento estructural que beneficia tanto a las autoridades como a otras organizaciones criminales, principalmente el cártel Jalisco, que ven en este momento de fractura una oportunidad histórica para expandir su posición en el mapa criminal mexicano. El vacío generado por esta guerra ha facilitado además la consolidación de organizaciones más pequeñas en plazas locales que anteriormente estaban bajo el paraguas del cártel de Sinaloa.
Grupos que antes operaban como subcontratistas o células subordinadas han comenzado a ganar autonomía, en algunos casos aliándose con una u otra facción y en otros intentando establecer su propia presencia independiente. Esta atomización del crimen organizado en ciertas regiones es históricamente uno de los escenarios más difíciles de gestionar para las autoridades, porque la multiplicación de actores con menor tamaño pero mayor autonomía hace prácticamente imposible aplicar estrategias de desarticulación efectivas.
Hay que detenerse también en un elemento que cambió el contexto general de esta historia a principios de 2026. El 22 de febrero de ese año, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en Tapalpa, Jalisco, en el marco de un operativo de fuerzas especiales mexicanas.
La caída del mencho fue un acontecimiento de primera magnitud en el panorama del crimen organizado mexicano, comparable en escala histórica a la caída del Chapo o a la detención del mayo. Pero su muerte no cerró un capítulo, lo abrió. Porque el cártel Jalisco, al igual que el cártel de Sinaloa después del Chapo, no desapareció con la caída de su fundador, se reorganizó.
Y esa reorganización inevitablemente llegó en medio de un momento en que la organización estaba comprometida en una alianza con los chapitos en el conflicto de Sinaloa. La pregunta de qué pasaría con esa alianza tras la muerte del Mencho era una que nadie podía responder con certeza, pero que todos los analistas del crimen organizado mexicano estaban siguiendo con máxima atención.
Si el nuevo liderazgo del cártel Jalisco optaba por mantener el compromiso con los chapitos, el conflicto de Sinaloa recibiría otro impulso de recursos y capacidad operativa externa. Sí, por el contrario, el nuevo liderazgo decidía replegarse y concentrarse en gestionar su propia transición interna. Los chapitos perderían un aliado crítico en un momento en que su estructura ya acusaba el desgaste de meses de guerra.
era en cualquier caso, otra variable de enorme incertidumbre en un escenario que ya acumulaba demasiadas para permitir cualquier tipo de pronóstico sólido. Mirando hacia adelante, hacia los meses y años que están por venir, el panorama no ofrece señales claras de estabilización. Hay varios escenarios potenciales que los analistas y los observadores del crimen organizado mexicano están monitoreando con atención.
El primero y más inmediato es la posibilidad de nuevas detenciones de alto perfil, tanto de líderes de las facciones en conflicto como de funcionarios vinculados al entramado político criminal que los casos judiciales en los Estados Unidos están comenzando a iluminar. Figuras como Jesús Alfredo Guzmán, conocido como el Alfredillo o el propio Iván Archivaldo Guzmán, continúan siendo objetivos prioritarios tanto para las autoridades mexicanas como para los fiscales estadounidenses.
Del lado de la Mayiza, la posible detención de Mayito Flaco representaría un golpe comparable al que los chapitos sufrieron con la caída del mayo, consecuencias igualmente imprevisibles para la estructura de esa facción. El segundo escenario es el del proceso judicial del mayo Zambada y los acuerdos de cooperación que puedan derivarse de él.
Si el mayo decide proporcionar información sustancial a los fiscales, las revelaciones podrían desencadenar una nueva ola de acusaciones formales que alcanzaría a figuras tanto del mundo criminal como del político e institucional mexicano. Y en un contexto donde la relación entre México y los Estados Unidos, en materia de crimen organizado, atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.
El impacto diplomático de esas revelaciones podría ser considerable. El tercero es el de la evolución de la alianza entre los chapitos y el cártel Jalisco en el periodo postmencho. La dirección que tome esa relación condicionará de manera directa el equilibrio de fuerzas en múltiples regiones del país y determinará en gran medida la intensidad y la geografía del conflicto en los próximos meses.
Y el cuarto, quizás el más profundo e importante de todos, es el del impacto acumulado de toda esta crisis sobre las instituciones políticas y de seguridad de México. Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y sus funcionarios, la cooperación de exaltos cargos de la administración estatal con fiscales extranjeros, la evidencia de vínculos entre estructuras de poder político formal y organizaciones criminales.
Todo ello acumula una presión sobre el sistema que tarde o temprano tendrá que encontrar alguna forma de resolución. La pregunta es si esa resolución llegará a través de un proceso genuino de fortalecimiento institucional o si simplemente tomará la forma de un nuevo equilibrio informal, más precario, pero funcional, a los intereses de quienes operan en los márgenes del Estado.
Lo que ocurrió el 25 de julio de 2024 en un rancho en las afueras de Culiacán fue mucho más que la caída de un capo. fue la ruptura de un equilibrio que durante décadas había funcionado como sustituto imperfecto de la institucionalidad en una región donde el estado formal nunca logró consolidarse plenamente. La detención del mayo Zambada eliminó de un golpe la figura que mantenía alineados los intereses de múltiples actores dentro de un sistema complejo y frágil.
Y sin esa figura, el sistema no evolucionó hacia una forma más ordenada de organización, colapsó hacia el caos. La guerra que siguió reveló verdades incómodas que los datos de violencia y los titulares de los medios tienden a oscurecer. reveló que el cártel de Sinaloa nunca fue la organización monolítica que a veces se presenta en los análisis simplificados, sino una federación de intereses en tensión permanente sostenida por la autoridad de unas pocas figuras clave, cuya ausencia hace evidente la fragilidad del conjunto. Reveló también
que la relación entre el crimen organizado y el poder político en México sigue siendo estructuralmente profunda, penetrando niveles del sistema. que van mucho más allá de los funcionarios locales corruptos, que a veces se presentan como chivos expiatorios de un problema sistémico. Y reveló que la capacidad del Estado mexicano para gestionar este tipo de conflictos sigue siendo fundamentalmente reactiva, condicionada por compromisos heredados y limitada por la escasa autonomía real de sus instituciones de seguridad frente a
la presión de los grupos criminales. Mientras el juicio del mayo avanza en Nueva York, mientras los funcionarios sinaloenses detenidos negocian con los fiscales estadounidenses los términos de su cooperación, mientras las facciones del cártel de Sinaloa continúan disputando palmo a palmo el control de un territorio que para ellas es cuestión de supervivencia económica y física, la historia sigue escribiéndose y lo hace con la misma lógica implacable que ha caracterizado siempre al narco mexicano.
una lógica donde la lealtad dura lo que dura la conveniencia, donde los aliados de hoy son los enemigos de mañana y donde la caída de un hombre, por poderoso que sea, no cierra el ciclo, sino que abre uno nuevo, más violento, más incierto y más difícil de contener que el anterior. El mayo Zambada pasó casi 40 años siendo intocable.
Al final no lo tocó el estado, lo tocaron sus propios socios. Y esa es quizás la lección más oscura de toda esta historia. En el mundo del crimen organizado mexicano, el peligro más grande nunca viene del enemigo declarado, viene de la mano que estrecha la tuya en la reunión de negocios. Pausa.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te interesan tanto como a nosotros contarlas. Si fue así, te pido que le des a me gusta, que te suscribas al canal Relato Mafioso si todavía no lo has hecho y que nos dejes tu opinión en los comentarios.
Nos interesa saber qué piensas, qué te pareció el vídeo, qué preguntas te quedan abiertas. tu participación es lo que mantiene vivo este canal. Hasta la próxima.
