José Luis Abarca Velázquez, el hombre que una vez fue el dueño absoluto de Iguala, Guerrero, hoy no es más que una sombra de lo que fue. Tras más de una década encerrado en penales federales de máxima seguridad, su historia es un testimonio escalofriante de cómo la ambición desmedida, la corrupción política y los vínculos con el narcotráfico pueden tejer un imperio que, al final, termina colapsando bajo el peso de su propia maldad.
La vida de Abarca no siempre estuvo marcada por el lujo y el crimen. Hijo de un comerciante de sombreros de paja, José Luis creció en una familia de clase trabajadora. Sin embargo, su ambición lo llevó a alejarse de la palma para acercarse al oro. Con un talento nato para el comercio y una red familiar bien posicionada, logró ascender socialmente, convirtiéndose en un exitoso joyero. Pero fue su matrimonio en 1983 con María de los Ángeles Pineda Villa lo que marcó su destino. Pineda Villa no so
lo era su compañera sentimental; era la pieza clave en un entramado criminal. Hermana de destacados narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva, su unión con Abarca fue una alianza estratégica que transformó la política y el comercio en Iguala en una maquinaria de lavado de dinero.
El ascenso político: Comprando la ciudad
El poder económico no fue suficiente para Abarca. En 2012, aprovechando la estructura partidista y el respaldo de figuras políticas locales, se postuló como candidato a la alcaldía de Iguala por el PRD. Con una maleta llena de dinero y una estrategia basada en la compra de voluntades, ganó la elección con una diferencia aplastante de 30 puntos porcentuales.
Una vez en el poder, Abarca no gobernó; instauró un régimen familiar. Más de 30 parientes fueron integrados a la nómina municipal, desde su primo Felipe Flores Velázquez, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública, hasta su esposa, quien dirigía el DIF. Bajo este mando, la policía local dejó de proteger a los ciudadanos para convertirse en el brazo ejecutor del cártel, garantizando el trasiego de heroína y eliminando a cualquier obstáculo.
La violencia como método
La impunidad que rodeó a Abarca no nació la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La violencia fue su método desde el inicio. En marzo de 2013, Justino Carvajal Salgado, el síndico municipal que cuestionaba sus actos, fue asesinado. Pocos meses después, en mayo, el líder campesino Arturo Hernández Cardona, quien exigía transparencia, fue secuestrado, torturado y, según diversos testimonios, ejecutado por el propio Abarca.
Estos crímenes fueron ignorados por las autoridades estatales y federales. La red de complicidades políticas, donde el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero tenía compromisos adquiridos con Abarca, permitió que el alcalde siguiera operando con total libertad. Magdalena López Paulino, defensora de derechos humanos, lo resume con dolor: si Abarca hubiera sido detenido tras el asesinato de Hernández Cardona, la tragedia de Ayotzinapa nunca habría ocurrido.
La noche que cambió todo y la huida
El 26 de septiembre de 2014, la arrogancia de Abarca lo llevó a intentar detener a los normalistas de Ayotzinapa, quienes planeaban protestar durante el informe de actividades de su esposa. La orden fue clara: interceptar y desaparecer. La masacre y desaparición forzada de los estudiantes pusieron a Iguala bajo los ojos del mundo y terminaron con el reinado de los Abarca-Pineda.
Apenas cuatro días después de los hechos, Abarca pidió licencia y huyó. Vivió oculto en un modesto departamento en Iztapalapa, Ciudad de México, hasta ser capturado en noviembre de 2014. La imagen de su detención, un hombre pequeño y derrotado esposado por agentes federales, contrastaba violentamente con la figura de poder que solía pasearse por Iguala presumiendo de sus joyas y camionetas.
La vida tras las rejas: El presente de un exalcalde
Hoy, José Luis Abarca enfrenta una realidad diametralmente opuesta. Con una acumulación de condenas que suman 112 años por delitos como secuestro y homicidio, su vida se reduce a las paredes de un centro federal de máxima seguridad, actualmente en el desierto de Coahuila. A sus 64 años, padece un cáncer de próstata que se ha convertido en su mayor angustia, mientras pelea legalmente por atención médica adecuada y por traslados que le permitan mejores condiciones.
La justicia ha sido, en su caso, una paradoja. Aunque fue absuelto del cargo de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa por falta de evidencias suficientes, su futuro sigue marcado por la reclusión perpetua debido a otros procesos. Para las familias de los 43 estudiantes, esta resolución ha sido una herida abierta, pues representa la incapacidad del sistema judicial para responsabilizar a los autores intelectuales de la desaparición de sus hijos.
Mientras tanto, en Iguala, la vida sigue. Sus hijos operan negocios de joyería, aunque ahora enfocados en la bisutería, y la ciudad intenta olvidar el peso del apellido Abarca. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, no hay olvido posible. La historia de José Luis Abarca permanece como un recordatorio oscuro de la inacción institucional y el costo humano de la impunidad en México, donde los poderosos, incluso tras las rejas, siguen buscando privilegios que las víctimas jamás recuperarán.
