El 21 de marzo de 2026, un narcotraficante dio una entrevista desde España que paralizó la política ecuatoriana. Su nombre William Joffre alcíbar bautista, alias el negro Willy, líder de los tiguerones. La misma organización que dos años antes había tomado con fusiles de asalto un canal de televisión en pleno directo.
Desde la libertad que le otorgaba un proceso de extradición fallido, dijo algo que ningún narco suele decir en público, que su organización había financiado la campaña presidencial de Daniel Noboa y que Novoa los había traicionado. La acusación era de una potencia narrativa extraordinaria. Un arco que afirma haber puesto a un presidente en el poder y que ahora desde Europa le pasa factura públicamente.
Un líder criminal que convierte su entrevista periodística en un arma política más efectiva que cualquier arma de fuego que su organización hubiera podido usar en las calles de Esmeraldas. Una bomba de fragmentación informativa que generó en Ecuador el tipo de debate que paraliza a las instituciones, divide a la opinión pública y alimenta durante semanas los algoritmos de las redes sociales con una combustión de indignación y desconfianza que ningún estratega de comunicación podría haber diseñado con mayor eficacia. Pero hay
algo más en la historia del negro Willy que la acusación contra el presidente y su impacto mediático. Hay la pregunta más importante de todas, la que los datos responden de una manera que la narrativa del propio negro Willy no puede sostener. ¿Es verdad lo que dice? ¿Financió realmente Los Tiguerones la campaña de Daniel Noboa? ¿Existió ese pacto que él describe y que según su versión fue traicionado? Las respuestas dicen algo que resulta más perturbador que cualquier cosa que el narco haya podido afirmar en esa
entrevista. Dicen que la verdad y la narrativa son dos cosas completamente diferentes y que en el Ecuador de 2026 y en la política latinoamericana en general, la narrativa gana casi siempre. Para entender quién es el negro Willy y por qué su palabra tiene el peso que tiene en el debate político ecuatoriano, hay que entender primero desde dónde llegó.
Y lo primero que sorprende cuando se estudia su historia es que no llegó desde donde llegan la mayoría de los líderes criminales de su generación. William Joffre Alzíbar Bautista fue guía penitenciario, un funcionario del sistema carcelario ecuatoriano, parte del aparato del Estado, alguien que conocía desde adentro la anatomía de las prisiones ecuatorianas, sus debilidades estructurales, sus puntos de entrada y de salida, los mecanismos mediante los cuales los líderes criminales recluidos mantenían el control de sus organizaciones desde las
celdas. Ese capital de conocimiento institucional lo convirtió en un operador criminal de una sofisticación que otros líderes, sin su experiencia no podían igualar. La diferencia entre un criminal que asalta desde fuera el sistema y uno que lo conoce desde dentro es la misma diferencia que hay entre un ladrón que intenta forzar una caja fuerte a golpes y un exempleado del banco que sabe de memoria la combinación.
Su ascenso dentro del ecosistema criminal ecuatoriano comenzó en los choneros. Stra, la organización que durante años dominó el narcotráfico en el país y que mantenía alianzas estratégicas con el cartel de Sinaloa para el tráfico de cocaína desde Ecuador hacia los mercados europeos y norteamericanos. Los choneros fueron durante mucho tiempo la organización hegemónica, la que establecía las reglas del juego en las cárceles y en las calles, la que negociaba con los carteles internacionales desde una posición de suficiente poder para imponer
condiciones en lugar de simplemente aceptarlas. Alciíbar Bautista aprendió en esa escuela cómo funciona la estructura de poder de una organización criminal transnacional, cómo se coordina la operativa entre el interior de las cárceles y el exterior, cómo se gestionan las lealtades y los castigos, hecho cómo se construye la autoridad en un entorno donde la única legitimidad que vale es la que se sostiene con el miedo y con los resultados.
y luego decidió que había algo mejor que ser un operador dentro de una organización dominante. Decidió que era mejor fundar la suya propia y competir por el control del territorio que los choneros consideraban su dominio exclusivo. La fundación de los tiguerones fue ese acto de traición y de ambición que en el mundo del narcotráfico equivale a una declaración de guerra.
Alíbar bautista se separó de los choneros, llevándose consigo parte de la estructura operativa que conocía, parte de los contactos que había cultivado durante su tiempo en la organización madre y toda la experiencia acumulada como guía penitenciario que le permitía entender mejor que casi nadie cómo operar dentro de las cárceles ecuatorianas, donde el control del espacio físico equivale al control del negocio criminal.
Los tiguerones nacieron con una doctrina militarizada que los diferenciaba de las bandas criminales más convencionales del país. Una estructura jerárquica rígida, disciplina interna implacable, disposición a la violencia extrema como herramienta de consolidación territorial y una capacidad para coordinar ataques simultáneos en múltiples puntos que demostraba un nivel de planificación operativa que las autoridades ecuatorianas no habían visto antes, con esa intensidad en una organización de esa escala y de esa juventud
institucional. En pocos años pasaron de ser una disidencia de los choneros a convertirse en la tercera organización criminal más peligrosa de Ecuador, solo por detrás de los choneros y los lobos. La provincia de Esmeraldas, en la costa norte del país, cerca de la frontera con Colombia, con sus rutas de tráfico de cocaína y sus comunidades empobrecidas con escasa presencia efectiva del Estado, se convirtió en su bastión territorial.
Los enfrentamientos con los choneros por el control de rutas y territorios en la provincia dejaron docenas de muertos en pocos años y convirtieron a esmeraldas en una de las más peligrosas del país, con tasas de homicidio que duplicaban y triplicaban el promedio nacional en sus peores momentos. Ese fue el escenario sobre el que Alcíar Bautista construyó el poder que le permitía años después y desde un apartamento europeo hablar de tú a tú con un periódico de alcance internacional y hacer afirmaciones que ponían en jaque la legitimidad del
gobierno que lo buscaba. Pero el momento que definió definitivamente a los Tiguerones como una organización de otra escala fue el 9 de enero de 2024. Ese día, mientras Ecuador procesaba el shock de la fuga de Fito, el líder de los choneros, de la cárcel de máxima seguridad donde estaba recluido, los tiguerones ejecutaron la operación más mediáticamente impactante de la historia del crimen organizado latinoamericano reciente.
El asalto a TC televisión no fue simplemente un acto de violencia, fue una producción, una operación diseñada con la comprensión de que en el siglo XXI el terror no se mide solo en muertos y en heridos, sino en audiencia, en impacto mediático, en la capacidad de paralizar a una sociedad a través de sus propias pantallas.
Hombres encapuchados con fusiles de asalto irrumpiendo en un estudio de televisión en plena emisión en directo. Presentadores y técnicos sometidos a punta de pistola mientras las cámaras seguían transmitiendo porque nadie tuvo tiempo de apagarlas. El video se viralizó con una velocidad que ningún comunicado oficial podría haber igualado.
La crisis de seguridad ecuatoriana pasó de ser un problema regional a ser tema de portada en medios de toda Europa y Norteamérica. El gobierno de Noboa, que llevaba apenas dos meses en el cargo, se vio forzado a tomar decisiones de gravedad excepcional en cuestión de horas. La declaración del conflicto armado interno la catalogación de los tiguerones y de otras 21 organizaciones criminales como grupos terroristas o beligerantes, el despliegue de las fuerzas armadas en calles y cárceles fueron la respuesta a ese asalto
televisado. Una respuesta que funcionó políticamente con exactitud porque el ciudadano ecuatoriano, que había visto a hombres armados tomar una televisión en directo, estaba dispuesto a apoyar cualquier medida que prometiera que eso no volvería a ocurrir. El negro Willy y los Tiguerones habían creado, sin quererlo, el mejor argumento político posible para la agenda de seguridad del presidente, al que luego acusarían de haberlos traicionado.
Esta paradoja es fundamental para entender todo lo que vino después. Una organización que realmente hubiera tenido un acuerdo de tolerancia con el gobierno no habría ejecutado en enero de 2024, Oan, apenas dos meses después de la toma de posesión de Noboa, el ataque más espectacular de su historia, precisamente el que le dio a ese gobierno la legitimidad popular para declararles la guerra.
En la guerra de la percepción, la coherencia interna de una narrativa importa menos que su impacto emocional. Y la acusación de que un narcotraficante puso a un presidente en el poder impacta emocionalmente con mucha más fuerza que el análisis de si esa acusación tiene sentido lógico cuando se examina la cronología de los hechos.
La captura del negro Willy ocurrió el 22 de octubre de 2024 en Cataluña. La Guardia Civil Española, actuando en coordinación con la policía nacional ecuatoriana que había compartido inteligencia sobre el paradero de los hermanos Alcíar Bautista, los detuvo en una operación que no generó resistencia ni incidentes.
El gobierno de Daniel Novoa presentó la captura como uno de los logros más importantes de su política de seguridad y de la cooperación internacional que había buscado desde que declaró el conflicto armado interno. Un mensaje claro para las organizaciones criminales ecuatorianas de que el Estado tenía brazos suficientemente largos para llegar a sus líderes, incluso cuando estos se refugiaban al otro lado del Atlántico.
La narrativa de Victoria era perfecta en todos sus elementos. Objetivo de alto valor capturado en territorio extranjero gracias a la coordinación entre dos países. Líder terrorista fuera de circulación. Demostración de que el plan Fénix producía resultados concretos y medibles, incluso más allá de las fronteras ecuatorianas.
Los medios ecuatorianos cubrieron la captura con la intensidad que el gobierno esperaba y el ciclo de aprobación institucional registró uno de sus picos más altos desde el inicio de la administración Noboa. Pero las victorias en los procesos de extradición internacional rara vez son tan definitivas como los titulares de su anuncio sugieren.
El primer signo de que las cosas no iban a ser tan sencillas llegó el 2 de junio de 2025, cuando en una audiencia en Madrid, el negro Willy rechazó formalmente la extradición. Sus abogados construyeron una defensa sobre tres pilares. El primero era el riesgo para la vida. Ecuador tenía el historial de violencia carcelaria más dramático de América Latina con masacres que habían dejado centenares de muertos en sus penales.
El segundo era el proceso judicial ON argumentando que el sistema ecuatoriano no ofrecía las garantías de imparcialidad que el derecho internacional requiere. El tercero era el más audaz, la insinuación de que existían razones políticas detrás de la persecución, que el negro Willy no era solo un criminal buscado por crímenes documentados, sino alguien que tenía información comprometedora que ciertos sectores del poder ecuatoriano preferirían mantener silenciada.
El 23 de junio, la Audiencia Nacional declaró procedente la entrega. El proceso seguía su curso, pero la declaración de procedencia no era el final del proceso, era el inicio de la fase más delicada, aquella que requería que Ecuador presentara garantías adicionales sobre las condiciones de vida y seguridad que ofrecería al extraditado en su sistema penitenciario.
Esas garantías tenían un plazo y ese plazo entre el 22 y el 29 de diciembre de 2025 venció en el silencio más inexplicable que cualquier analista de derecho internacional. podía haber imaginado. La cancillería ecuatoriana no presentó las garantías. El Ministerio del Interior tampoco actuó con la urgencia que la situación requería.
El 7 de enero de 2026, la confirmación llegó a los medios. William Joffre, Alzíbar Bautista, quedaba en libertad provisional en España por vencimiento de los plazos procesales. Libre en Europa, con capacidad de moverse, de comunicarse, de hablar con periodistas, de construir narrativas desde la distancia segura.
que le otorgaba un sistema jurídico que ya no podía retenerlo. La respuesta del gobierno fue defensiva desde el primer minuto. Los portavoces oficiales explicaron tecnicismos, señalaron complejidades del derecho internacional e distribuyeron responsabilidades entre distintas carteras ministeriales.
Nada respondía a la pregunta que cualquier ciudadano tenía derecho a formular con toda la simplicidad que la situación merecía. ¿Cómo es posible que el Estado no haya hecho lo necesario para completar el proceso de extradición de un hombre al que había presentado como uno de sus mayores éxitos de seguridad? En la Asamblea Nacional, la bancada de Acción Democrática Nacional bloqueó sistemáticamente los intentos de fiscalización sobre las gestiones de la cancillería y del Ministerio del Interior. Cada bloqueo
era presentado por la oposición como prueba adicional de que había algo que ocultar. S. El vacío de información oficial era llenado por rumores y narrativas que crecían en las redes sociales con la velocidad que el algoritmo reserva para los temas que tocan simultáneamente el miedo, la indignación y la desconfianza.
Y en ese escenario, el narco dio su siguiente movimiento, la entrevista del negro Willy en el mundo. El 21 de marzo de 2026 no fue un impulso ni un error de cálculo. Fue una operación diseñada con la lógica de quien entiende que ha perdido el territorio físico, pero que todavía puede ganar el territorio de la percepción.
Alíbar bautista llegó a esa entrevista con un relato perfectamente construido. La acusación principal era la de una traición. Durante la campaña presidencial de 2023 había existido una relación de tolerancia funcional entre su organización y el entorno del candidato NOBO sobre una coordinación territorial y en los centros de privación de libertad para movilizar votos.
Y esa relación, según el negro Willy, fue rota unilateralmente cuando Noboa llegó al poder. La ruptura de un pacto es uno de los ganchos narrativos más poderosos que existen. Activa simultáneamente la indignación ante la injusticia, la curiosidad por los detalles del acuerdo original y la desconfianza hacia el poder que se presenta como legítimo mientras actúa de manera desleal en la sombra.
En el contexto específico de Ecuador, donde la sospecha de que el narcotráfico había penetrado la clase política llevaba años siendo un tema recurrente, sin el tipo de evidencia concreta que lo confirmara, Sheid, la acusación tenía el potencial de convertirse en la pieza que cerraba un rompecabezas que muchos ecuatorianos habían estado intentando completar durante años.
El narco no se limitó a la acusación general, introdujo nombres concretos, mencionó a Erika Macías como supuesto enlace entre los choneros y el gobierno, una afirmación rechazada de manera categórica por todos los implicados y que el propio periodista reconoció no haber podido contrastar de manera independiente.
Construyó alrededor de todo eso un relato de sí mismo como hombre traicionado, como alguien que había cumplido su parte de un acuerdo que la otra parte decidió ignorar cuando ya no lo necesitaba. La respuesta del gobierno de Noboa fue rechazo total. El presidente calificó las acusaciones de inaceptables. Chilas describió como parte de una estrategia del criminal para evitar su regreso a Ecuador.
Sus portavoces subrayaron el historial de violencia del negro Willy, el asalto a tisión, las decenas de crímenes documentados en los expedientes de la fiscalía. Todo eso era verdad, pero era también exactamente lo que Alíar Bautista necesitaba que ocurriera. Porque cada vez que el gobierno reaccionaba con indignación a sus acusaciones, lo reconocía como un interlocutor relevante.
Lo colocaba en el centro del debate político ecuatoriano desde su cómodo refugio europeo. Le daba exactamente la visibilidad que una entrevista con un periódico de circulación moderada por sí sola no habría podido garantizarle. La estrategia tenía además una segunda dimensión. En la misma entrevista donde lanzaba sus acusaciones, construía cuidadosamente una imagen de sí mismo, como un hombre que ya no está en la guerra, que quiere estabilidad, que aspira a montar un negocio legítimo en España, que teme por su vida si
regresa a Ecuador. era la aplicación clásica del argumento del exiliado político y del testigo amenazado, trasladada al contexto de un líder terrorista que intentaba convencer a las autoridades del país donde residía de que concederle protección era un acto de justicia humanitaria. Esta táctica creaba un círculo perfecto de autoprotección.
Sus acusaciones contra Noboa aumentaban la percepción de que tenía información comprometedora que el gobierno ecuatoriano quería silenciar, lo que reforzaba su argumento ante la justicia española. de que su extradición podría ser una persecución política encubierta y esa percepción de persecución política reforzaba a su vez la credibilidad de sus acusaciones en el debate público.
Porque si el gobierno lo quería silenciar, debía ser porque tenía algo que ocultar. Era un mecanismo circular de producción de duda que se retroalimentaba con cada reacción oficial y con cada bloqueo parlamentario a los intentos de fiscalización. El análisis más riguroso de las acusaciones llegó del medio de investigación ecuatoriano La Fuente, que hizo lo que el debate mediático convencional rara vez hace con la consistencia necesaria. Ir a los datos.
Si los tiguerones realmente habían movilizado votos a favor de Noboa en 2023 y ese apoyo había sido traicionado. Si la lógica elemental indicaba que en las elecciones de 2025 el apoyo al presidente en los territorios controlados por la organización debería haber disminuido o al menos crecido por debajo de la tendencia nacional.
Los datos electorales dijeron exactamente lo contrario. En la provincia de Esmeraldas, el bastión territorial más importante de los Tiguerones, Daniel Novoa, obtuvo en la segunda vuelta de 2025 un crecimiento de 10.1 puntos porcentuales respecto a su resultado en la segunda vuelta de 2023.
Pasó del 38,2% al 48,3, un crecimiento de más de 10 puntos precisamente en el territorio que según el negro Willy estaba bajo control de una organización con razones poderosas para castigar electoralmente al presidente que la había traicionado. Ese crecimiento fue el más alto registrado por Noboa en todo el territorio nacional, superando en más del doble la tendencia nacional de 3.8 puntos.
Si existiera un retiro del apoyo criminal organizado, Esmeraldas debería haber sido el lugar de mayor retroceso. Fue exactamente el lugar de mayor avance. Las pruebas estadísticas aplicadas a 136 unidades de observación en la provincia confirmaron que ese crecimiento no era resultado de anomalías aisladas.
Era un cambio sistemático y estadísticamente significativo en la preferencia del votante de Esmeraldas. un votante que había premiado la militarización y la política de dureza contra el crimen organizado, precisamente porque vivía en el territorio donde esa violencia criminal era más cotidiana y más devastadora.
Un votante que no había seguido ninguna supuesta directriz de los tiguerones, sino que había votado siguiendo sus propios intereses en materia de seguridad personal y familiar. Había un detalle adicional que cerraba el argumento. El comportamiento del voto en Esmeraldas había sido idéntico en juntas electorales masculinas y femeninas.
Dado que las redes operativas criminales tienen una mayor capacidad de presión sobre la población masculina, una movilización forzada de votos se habría reflejado en una brecha estadística entre ambos sexos. Esa brecha no existía en ninguna de las 136 unidades de observación analizadas. Lo que existía era una tendencia uniforme y transversal que hablaba de una decisión voluntaria y masiva en favor de quien combatía militarmente al crimen organizado que devastaba sus comunidades. Los datos no decían que el
negro Willy mentía, sobre todo decían que su narrativa central, la del pacto electoral y su traición, no tenía sustento en la única evidencia objetiva que ese tipo de afirmación puede dejar. Pero los datos no matan las narrativas. Esa es la lección más incómoda de toda esta historia. Los datos del voto en Esmeraldas eran contundentes, metodológicamente sólidos, estadísticamente irrefutables.
Y sin embargo, la narrativa del negro Willy siguió circulando en las redes sociales de Ecuador con la misma potencia que antes de que esos datos fueran publicados. Porque en la economía de la atención digital, la verdad estadística compite en condiciones de enorme desventaja frente al impacto emocional de una acusación que confirma lo que grandes sectores de la población ya están predispuestos a creer.
Ecuador lleva años construyendo una desconfianza institucional que tiene raíces profundas y justificadas en décadas de corrupción documentada. en el caso metástasis, que reveló que el narcotráfico había penetrado la judicatura y el sistema penitenciario con una profundidad que nadie había imaginado, en la sensación generalizada de que las instituciones del Estado sirven a intereses que no son los de la ciudadanía que se supone que deben servir.
En ese entorno de desconfianza preexistente, la acusación del negro Willy no necesitaba ser verdad para ser creída, solo necesitaba ser plausible. Y en Ecuador en 2026 la idea de que un candidato presidencial podría haber tenido algún tipo de relación funcional con organizaciones criminales durante su campaña era perfectamente plausible para una parte significativa de la opinión pública.
So independientemente de lo que dijeran los datos electorales de Esmeraldas. La estrategia de Alcíbar Bautista perseguía dos objetivos concretos. El primero era posicionarse como alguien que sabe demasiado como para ser extraditado de manera conveniente para el gobierno ecuatoriano, construyendo así una narrativa que pudiera servir como argumento ante la justicia española si en algún momento volvía a enfrentarse a un proceso de extradición.
Si el relato de que Noboa le debía votos calaba en el imaginario colectivo internacional, cualquier proceso de extradición posterior podría ser presentado ante la justicia europea como una persecución política motivada por el deseo de silenciar a alguien con información comprometedora sobre el mandatario, en lugar de como la acción legítima de un estado que persigue a un terrorista responsable de crímenes documentados.
El segundo era proteger su posición en España a largo plazo. En la misma entrevista donde acusaba al presidente ecuatoriano, Alzíbar Bautista construía cuidadosamente una imagen de sí mismo, como un hombre que ya no quiere guerra, que busca estabilidad, que aspira a una vida normal montando algún negocio legítimo en el país donde ahora vive.
Era la aplicación de lo que los expertos en comunicación de crisis llaman la humanización del antagonista, el intento de sustituir la imagen del terrorista peligroso por la del hombre perseguido que solo quiere una segunda oportunidad, lejos de la violencia que conoció. Para cualquier tribunal europeo que eventualmente tuviera que decidir sobre su situación legal, esa imagen era más útil que cualquier argumento jurídico técnico.
Combinada con el argumento del peligro para su vida si regresaba a Ecuador, creaba una narrativa de protección humanitaria que los sistemas judiciales europeos están estructuralmente inclinados a tomar en serio. El resultado era un círculo de autoprotección perfecto. Las acusaciones reforzaban el argumento de persecución política ante la justicia española y la percepción de persecución política reforzaba a su vez la credibilidad de las acusaciones en Ecuador.
El caso del negro Willy revela sobre Ecuador en 2026 algo que trasciende la historia específica de este narcotraficante y de este presidente. revela que el crimen organizado ha evolucionado en sus métodos de una manera que los estados latinoamericanos todavía no han procesado completamente. Alcíbar Bautista no estaba disparando desde las calles de Esmeraldas en el momento de mayor impacto de su operación de 2026.
Estaba hablando desde un apartamento en España utilizando el lenguaje de la víctima y del testigo para combatir al estado que lo perseguía. No necesitaba sicarios para esta operación, necesitaba audiencia. Y la audiencia ecuatoriana, saturada de violencia, agotada de incertidumbre, era el terreno más fértil posible para que su narrativa echara raíces.
La guerra contra el narcotráfico ya no se libra solo en las calles y en los puertos y en las cárceles. Se libra también en el espacio donde los ciudadanos construyen su percepción de la realidad, que en 2026 es fundamentalmente el espacio digital. Y en ese espacio, la verdad no gana automáticamente solo por ser la verdad.
Shock, la indignación y la desconfianza viajan más rápido y más lejos que los análisis estadísticos sobre el comportamiento del voto en Esmeraldas. El negro Willy, con toda su historia de violencia, con todo el peso de los crímenes documentados de los tiguerones, con toda la carga moral de haber enviado hombres armados a un estudio de televisión para aterrorizar a un país en directo frente a las cámaras, entendía esas reglas mejor que muchos asesores de comunicación gubernamental.
Ese es el dato más perturbador de toda esta historia, que un líder terrorista buscado por dos países puede, desde la seguridad de un territorio europeo donde su extradición falló por razones que ningún funcionario ha explicado satisfactoriamente. Convertirse en un actor político relevante en la conversación pública de un país.
que su palabra, la de alguien con un historial documentado de violencia extrema y de terrorismo mediático, encuentra audiencia y credibilidad en sectores significativos de la opinión pública, precisamente porque las instituciones que deberían ser más creíbles que él han acumulado suficientes razones para la desconfianza.
La respuesta que el gobierno ecuatoriano necesita dar no es solo operativa ni solo comunicacional, es estructural. El plan Fénix demostró que el Estado puede recuperar iniciativa territorial con voluntad política y recursos adecuados. Lo que el caso del negro Willy demostró es que esa recuperación territorial no es suficiente, sino va acompañada de una capacidad institucional equivalente para gestionar los procesos judiciales internacionales con la seriedad y la continuidad que requieren.
Una extradición fallida por vencimiento de plazos administrativos no es un accidente técnico menor. Es una señal de que el Estado tiene brechas de capacidad, que las organizaciones criminales aprenden a explotar con más rapidez de lo que las instituciones aprenden a cerrarlas. El bloqueo parlamentario a la fiscalización añadió una capa de opacidad que resultó contraproducente.
La transparencia proactiva sobre los errores cometidos, aunque dolorosa en el corto plazo, habría producido un daño narrativo significativamente menor que el que generó el silencio institucional. En la guerra por la percepción, la opacidad se interpreta sistemáticamente como culpa.
Y en el Ecuador de 2026, la hipótesis más dramática disponible para explicar por qué el gobierno no extraditó al negro Willy era exactamente la que el propio negro Willy ofrecía en su entrevista. La historia de William Joffre al cíbar bautista no ha terminado. Su situación legal en España sigue siendo incierta. Ecuador lo ha vuelto a incluir en la lista de los más buscados, una medida que tiene valor simbólico, pero alcance práctico limitado frente a alguien que reside legalmente en otro país. Y las acusaciones que lanzó contra
el presidente Nboa, aunque desmentidas por los datos electorales con una contundencia que debería ser suficiente para cualquier análisis riguroso, hasta siguen circulando en el ecosistema informativo ecuatoriano como uno de esos rumores que se resisten a morir porque tocan algo más profundo que la verdad.
o la mentira de los hechos que los generaron tocan la desconfianza. Y la desconfianza en Ecuador no es un estado emocional pasajero ni un fenómeno mediático circunstancial. Es el resultado acumulado de décadas de instituciones que fallaron a sus ciudadanos, de funcionarios que traicionaron los cargos que ostentaban, de una clase política que durante demasiado tiempo mezcló sus intereses privados con los recursos públicos que debía administrar en nombre de todos.
Esa desconfianza es el verdadero activo que el negro Willy explotó con su entrevista. Serí no la verdad de sus acusaciones, sino la predisposición de una sociedad exhausta a creer que cualquier cosa oscura es posible cuando se trata de quienes ejercen el poder. Mientras Ecuador no resuelva esa desconfianza estructural con transparencia genuina y con rendición de cuentas real, seguirá siendo vulnerable al tipo de insurgencia narrativa que un narcotraficante fugado puede lanzar desde Europa con la única
arma de una entrevista periodística y la certeza de que hay suficientes ciudadanos dispuestos a creerle porque el Estado no les ha dado razones suficientes para creer en él. M.
