El 31 de marzo de 2023, la brisa del Océano Pacífico en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, trajo consigo algo más que el frío de la madrugada. En una lujosa villa frente al mar, los agentes de criminalística hicieron un hallazgo que haría temblar los cimientos del Estado ecuatoriano. Cuatro cuerpos maniatados yacían en el lugar, marcados con las inconfundibles huellas de una tortura metódica y prolongada. Uno de esos cuerpos pertenecía a Rubén Cherres Faggioni, un acaudalado empresario de 63 años, asiduo de los clubes de tenis más exclusivos de Guayaquil y, sobre todo, amigo íntimo de Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente de la República.
La muerte de Cherres no fue un asalto que salió mal, ni un ajuste de cuentas callejero. Fue una firma. Cherres no era un narcotraficante ordinario; era el engranaje de oro, el hombre capaz de descolgar el teléfono para mover piezas en Aduanas, en empresas eléctricas y en bancos estatales. Era el puente invisible pero de acero entre los pasillos del palacio presidencial de Carondelet y los capos de la mafia de los Balcanes. Quienes lo asesinaron enviaron un mensaje corporativo y letal: la organización había evolucionado, el intermediario ya no era necesario y el silencio era ahora la única moneda de cambio aceptada.
La Infiltración Silenciosa y las Cuatro Capas del Delito
Para comprender la magnitud de esta tragedia nacional, es necesario retroceder a 2009. Fue entonces cuando Dritan Gjika, un ciudadano albanés, aterrizó en Ecuador. A diferencia de los capos tradicionales, Gjika no exhibía armas ni lujos estridentes. Llegó con algo mucho más peligroso: paciencia, capital y una comprensión profunda de las debilidades institucionales.
Durante años, Ecuador dejó de ser un simple país de tránsito para la cocaína colombiana y se transformó, bajo la mirada pasiva de las autoridades, en un centro estratégico de acopio, refinamiento y exportación transatlántica. Este ecosistema criminal operaba a través de una maquinaria perfecta de cuatro capas. La primera era logística: mover la droga por fronteras porosas hacia centros de acopio rotativos en áreas rurales. La segunda era la exportación: utilizar el método del “gancho ciego”, donde contenedores de banano legítimos eran vulnerados en los puertos para esconder toneladas de cocaína antes de partir hacia Europa.
La tercera capa era el blanqueo de capitales. Aprovechando la Ley de Emprendimiento e Innovación de 2020, que introdujo las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), Gjika logró registrar ocho empresas de bienes raíces en una sola notaría de Guayaquil en apenas 24 horas. Fue el vehículo perfecto para inyectar millones de dólares manchados de sangre europea en la economía formal, mezclándolos en lo que los analistas llaman una “ensalada de activos”.
Pero fue la cuarta capa la que resultó ser la más destructiva: el blindaje institucional.
“La Madrina” y el Escudo con Uniforme
Aquí es donde entra en escena Tannya Varela, una mujer que rompió el techo de cristal al convertirse en la primera comandante general de la Policía Nacional de Ecuador. Los medios y la sociedad aplaudieron lo que parecía ser un hito de equidad de género. Sin embargo, en los oscuros sótanos del crimen organizado, la mafia albanesa la bautizó con otro título, uno cargado de un respeto utilitario y tenebroso: “La Madrina”.
El blindaje que presuntamente ofrecía la cúpula policial era de una elegancia criminal devastadora. No necesitaban sicarios para detener una investigación. Les bastaba con la burocracia. Si un equipo de investigadores honestos comenzaba a acercarse demasiado a los cargamentos o a las interceptaciones telefónicas de Cherres, recibían repentinamente una orden de traslado por “necesidades institucionales”. El investigador amanecía al día siguiente en otra provincia, y su expediente quedaba huérfano, olvidado y neutralizado sin disparar una sola bala. El sistema operaba usando la ley como su herramienta de destrucción más eficaz.
La Reunión Secreta y el Pacto de Silencio
Las alarmas internas dentro de la policía ya estaban sonando gracias a dos valientes oficiales de inteligencia: el teniente coronel José Luis Erazo y el capitán Rodney Rengel. A través de intervenciones telefónicas legales, habían construido un expediente monumental bautizado como “León de Troya”. Las escuchas revelaban a un Rubén Cherres imprudente, que hablaba libremente de nombramientos públicos y negocios ilícitos, sintiéndose intocable.
El 7 de julio de 2021, la historia de Ecuador dio un giro oscuro en el Palacio de Carondelet. Ocurrió una reunión que no dejó huellas en las bitácoras oficiales. Allí, el presidente Guillermo Lasso, Tannya Varela y el teniente coronel Erazo se sentaron a discutir los hallazgos del caso “León de Troya” y los nexos presidenciales. El resultado de esa reunión extraoficial dictó sentencia sobre la investigación: en marzo de 2022, el caso fue oficialmente archivado bajo la excusa de “falta de indicios”. El mensaje era claro: la estabilidad política pesaba más que la integridad del país.
El Respaldo de los Valientes
Sabiéndose acorralados por sus propios jefes y con la certeza de que el archivo del caso los convertía en chivos expiatorios y posibles víctimas letales de la mafia, Erazo y Rengel tomaron una decisión desesperada e ilegal, pero vital para la verdad. Extrajeron copias completas de los discos duros, las escuchas y las pruebas. Guardaron estos respaldos digitales como su única póliza de vida en un país donde la lealtad se cobra con la muerte.
Esa información clasificada, filtrada gota a gota a medios de investigación, generó una presión social imparable. Fue entonces cuando la figura de la Fiscal General, Diana Salazar, se erigió como un muro inquebrantable frente a la impunidad.
La Obstinación de Diana Salazar y la Caída del Imperio
Diana Salazar, una mujer que escaló desde los puestos más bajos del Ministerio Público, no se caracterizaba por su encanto político, sino por una obstinación férrea. A pesar de las amenazas de muerte y de tener que vivir rodeada de escoltas y maletines antibalas, Salazar abrió la investigación reservada “Poder Policial”. Su objetivo no era solo atrapar narcos, sino desarticular la cadena de mando que había ordenado protegerlos. En un acto de profunda comprensión jurídica y ética, se negó a llamar al caso “La Madrina” para no perpetuar la violencia política de género, centrándose exclusivamente en la corrupción sistémica.
