El debate sobre la propiedad de la tierra y la reforma agraria en Colombia ha vuelto a encender los ánimos en los escenarios políticos y de opinión pública, alcanzando niveles de tensión alarmantes. Un reciente y duro enfrentamiento radial entre Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dejó en evidencia las profundas e irreconciliables fracturas que existen en el país respecto al control, la legalidad y la distribución de los predios rurales.
La controversia se avivó tras las declaraciones de la ANT, que denunció públicamente que aproximadamente el 30% de los miembros del Congreso de la República de Colombia tendrían vínculos directos, intereses particulares o familiares con predios baldíos de la nación. Según la entidad gubernamental, esta situación representa un evidente conflicto de interés que estaría dilatando y obstaculizando de manera deliberada el trámite del proyecto de ley de la Ju
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risdicción Agraria en el legislativo.
Felipe Harman defendió la postura del gobierno de Gustavo Petro detallando que actualmente existen alrededor de 30 procesos agrarios en curso por la indebida acumulación de bienes baldíos del Estado. La entidad realizó un barrido técnico y administrativo sobre unas 700.000 hectáreas en todo el territorio nacional, consolidando hallazgos iniciales que demuestran que, de esa cifra, al menos 240.000 hectáreas corresponden originariamente a terrenos baldíos que deberían estar destinados a la reforma agraria y al campesinado vulnerable.
Harman fue enfático al señalar la falta de voluntad política en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, acusando a ciertos sectores de frenar un compromiso histórico derivado del Acuerdo de Paz de 2016. Según sus palabras, el país lleva una década “mamándole gallo” a la implementación de los jueces especializados en materia agraria, prolongando el sufrimiento de miles de familias campesinas que mueren en la pobreza esperando el acceso a una parcela de tierra productiva debido a la inacción del Congreso.
La respuesta de la senadora Paloma Valencia no se hizo esperar, arremetiendo contra el estilo de gestión del director de la ANT. Valencia afirmó que el principal problema de Harman es su tendencia a “maltratar a la gente” y a realizar prejuzgamientos sin el debido sustento legal. La congresista explicó detalladamente el concepto técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y las Unidades de Actuación Campesina, señalando que la restricción de poseer más de una Unidad de Materia Familiar (UAF) obedece a interpretaciones jurídicas sumamente controvertidas que no configuran ningún delito penal ni equivalen al robo o despojo de tierras.
Valencia argumentó que la acumulación de extensiones superiores a una UAF ha sido una necesidad económica indispensable para el desarrollo de regiones apartadas como la Orinoquía colombiana, donde la producción agropecuaria requiere de procesos altamente tecnificados y mecanizados que no son viables en minifundios o parcelas pequeñas. Asimismo, la senadora desmintió que la oposición de las bancadas al proyecto actual se deba a la protección de intereses privados espurios, acusando a Harman de “dinamitar” de manera sistemática los consensos previos que los ministros del despacho presidencial habían logrado construir pacíficamente con el legislativo durante más de un año de mesas de concertación.
Uno de los puntos de mayor fricción durante el debate giró en torno al fantasma de la “expropiación express”. Sectores de la oposición y gremios de pensamiento económico, como el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, han manifestado su profunda preocupación por artículos que presuntamente debilitarían el control judicial y las garantías procesales de los propietarios particulares, otorgándole facultades administrativas directas y desproporcionadas a la Agencia Nacional de Tierras para recuperar, revertir o revocar predios bajo la sospecha de ser baldíos.
Ante estos temores, Paloma Valencia sostuvo que el modelo que busca implantar el actual gobierno pretende despojar administrativamente a los particulares de sus propiedades de forma acelerada, obligándolos a acudir posteriormente a instancias judiciales de largo aliento para defender sus derechos. Por el contrario, Harman desestimó por completo estas alertas calificándolas de desinformación, aclarando que las potestades administrativas de la ANT no constituyen expropiación, sino que están amparadas por leyes de la República de la década de los noventa. Asimismo, puntualizó que el actual gobierno no ha expropiado una sola finca en el país y que su prioridad se centra en reorganizar los mecanismos legales vigentes para dotar de seguridad jurídica a la propiedad rural y cumplir la ambiciosa meta de entregar y formalizar tres millones de hectáreas para transformar la realidad social del campo colombiano.
