La República del Perú se encuentra nuevamente en la antesala de un momento histórico, crítico y profundamente divisivo. En lo que se perfila como una de las elecciones presidenciales más trascendentales y observadas de las últimas décadas, más de veintisiete millones de ciudadanos peruanos han sido convocados a las urnas para decidir el destino de una nación que parece haber perdido la brújula política. Esta segunda vuelta electoral presenta un escenario de polarización extrema que enfrenta a dos visiones de país completamente antagónicas: por un lado, la candidata de la derecha conservadora, Keiko Fujimori; por el otro, el dirigente de la izquierda, Roberto Sánchez.
Para comprender la magnitud de este evento, es absolutamente imperativo mirar hacia atrás y evaluar el turbulento panorama que ha caracterizado al país sudamericano en el pasado reciente. Durante la última década, Perú ha ostentado el nada envidiable récord de haber tenido ocho presidentes. Ahora, la nación se prepara para elegir al noveno mandatario en un lapso de tiempo asombrosamente corto. Renuncias forzadas, destituciones parlamentarias, monumentales escándalos de corrupción, protestas sociales que han paralizado ciudades enteras y una desconfianza ciudadana que ha crecido como una bola de nieve incontrolable han sido la marca registrada de los últimos años. Hoy, Perú se erige como uno de los países políticamente más inestables de toda América Latina, y la pregunta que resuena en las calles de Lima hasta los rincones más alejados de los Andes es si el próximo gobierno tendrá la capacidad real de devolverle la estabilidad a un Estado atrapado en una crisis permanente.
Mientras los candidatos finalizaron sus respectivas campañas en un esfuerzo titánico por capturar los votos de los indecisos, el electorado peruano llega a esta cita democrática con sentimientos profundamente divididos, teñidos de frustración, hartazgo y un marcado escepticismo. Las voces en las calles reflejan una fractura social innegable. Para un sector considerable de la población, Keiko Fujimori representa la única apuesta viable para garantizar la supervivencia del modelo económico, la defensa de la inversión privada y la contención de la inflación. Para estos votantes, la mera posibilidad de un gobierno de izquierda genera un temor visceral. Por el contrario, quienes apoyan a Roberto Sánchez ven en él una oportunidad histórica para implementar un cambio de modelo, argumentando que el sistema actual solo ha beneficiado a una élite capitalina mientras margina a las inmensas mayorías del interior del país. Sin embargo, existe un tercer grupo, abrumadoramente grande y silencioso: aquellos ciudadanos que declaran abiertamente no sentirse representados por ninguna de las dos opciones. Son peruanos que acudirán a las urnas movidos más por el deber cívico o el “mal menor” que por una verdadera convicción ideológica.
Keiko Fujimori no es, bajo ninguna circunstancia, una figura nueva en el imaginario colectivo peruano. Como hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país con mano de hierro entre mil novecientos noventa y el año dos mil, su apellido carga con un peso histórico monumental. Su padre logró controlar la hiperinflación y derrotar al terrorismo, pero su mandato culminó en una huida del país, seguida de condenas judiciales internacionales por violaciones a los derechos humanos y corrupción generalizada. Esta elección marca el cuarto intento consecutivo de Keiko Fujimori por alcanzar el sillón presidencial. Su campaña se ha estructurado meticulosamente en torno a promesas de seguridad ciudadana implacable, estabilidad macroeconómica y una defensa irrestricta de las instituciones financieras independientes, como el Banco Central de Reserva. Para sus fervientes seguidores, ella es el sinónimo del orden y la experiencia necesarios para rescatar al país del caos; para sus detractores, su victoria significaría el regreso triunfal del ala más oscura del fujimorismo al poder absoluto.
En la orilla diametralmente opuesta se encuentra Roberto Sánchez, un político experimentado, congresista y exministro del gobierno del destituido y actualmente encarcelado expresidente Pedro Castillo. Sánchez, un dirigente fuertemente identificado con las bases populares y los sectores de izquierda, logró avanzar a la segunda vuelta tras ejecutar una campaña enfocada en la urgente necesidad de un cambio político, social y económico estructural. Consciente del pánico que ciertas propuestas de izquierda generan en el empresariado y en los mercados internacionales, Sánchez ha dedicado las últimas semanas de su campaña a moderar significativamente su discurso. Ha intentado lanzar puentes hacia el centro político, enviando señales de tranquilidad a los inversionistas y distanciándose de los elementos más radicales de su propio espectro político. Sus simpatizantes, reunidos en multitudinarios mítines, están convencidos de que él es el verdadero representante del pueblo oprimido, asegurando que su eventual presidencia marcará el fin de las mafias políticas, el fin de la impunidad y la erradicación del modelo que ellos denominan “la corrupción fujimorista”.
Sin embargo, el análisis profundo de esta elección revela que el verdadero desafío de la nación sudamericana trasciende largamente los nombres de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Perú llega a estos comicios arrastrando una crisis de representatividad que roza lo insostenible. Un dato demoledor expone la precariedad del mandato que recibirá el próximo presidente: los dos candidatos que lograron acceder a esta segunda vuelta sumaron, en conjunto, menos del treinta por ciento de los votos válidos durante la primera ronda electoral. Esto significa que más del setenta por ciento de la población votó por otras opciones, votó en blanco o anuló su papeleta. Este nivel de rechazo generalizado plantea serias dudas sobre la gobernabilidad futura y deja al descubierto el profundo escepticismo que siente el peruano promedio frente a toda su clase dirigente.
Para desentrañar las causas fundamentales de esta debacle institucional, es esencial escuchar a los expertos. Francisco Belaunde, reconocido abogado, profesor y analista político, ofrece una perspectiva clara sobre el colapso del sistema. Según Belaunde, el punto de quiebre de esta prolongada crisis puede rastrearse hasta el año dos mil dieciséis. En aquellas elecciones, el economista de derecha Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente como PPK, logró ganar la presidencia por un margen minúsculo frente a Keiko Fujimori. No obstante, el partido fujimorista obtuvo una mayoría absoluta y aplastante en el Congreso de la República. Desde el primer día de gobierno, se instauró una guerra sin cuartel entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Congreso, utilizando su abrumadora fuerza numérica, comenzó a censurar ministros y a bloquear iniciativas gubernamentales, creando un ambiente de asfixia política.
A esta dinámica destructiva se sumó un factor que terminaría por dinamitar los cimientos de la política latinoamericana: el megaescándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Las revelaciones sobre sobornos millonarios y financiamiento ilegal de campañas electorales salpicaron a prácticamente toda la élite política peruana, desde expresidentes hasta líderes de la oposición. El propio presidente Kuczynski se vio implicado en serios cuestionamientos que lo llevaron a presentar su renuncia antes de ser destituido por el Parlamento.
La caída de PPK marcó el inicio del carrusel presidencial. Asumió el poder su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien inicialmente prometió una cruzada anticorrupción y gozó de una alta popularidad. Sin embargo, Vizcarra también heredó la hostilidad del Congreso fujimorista. La tensión escaló a niveles insospechados hasta que, amparándose en una controvertida interpretación de la Constitución peruana, Vizcarra decidió disolver el Parlamento. Este acto, aplaudido por muchos pero cuestionado jurídicamente por otros, abrió una caja de Pandora institucional. Como bien señala Belaunde, a partir de ese momento, la interpretación de la ley y de la Constitución quedó sujeta al capricho de las conveniencias políticas del momento. Tiempo después, un nuevo Congreso terminó destituyendo al propio Vizcarra en medio de la pandemia, sumiendo al país en protestas violentas que dejaron víctimas mortales y forzaron la renuncia de su sucesor en cuestión de días.
Esta seguidilla de eventos traumáticos nos lleva a preguntarnos por qué, en medio de tal desastre, la clase política no ha logrado ofrecer alternativas sólidas. La respuesta yace en la destrucción de los filtros electorales. Históricamente, Perú había contemplado la implementación de elecciones primarias obligatorias, conocidas como PASO, similares a las que existen en otras naciones como Argentina. El objetivo de estas primarias era depurar el sistema de partidos, obligando a las agrupaciones a competir internamente y filtrar a los candidatos con menor representatividad. Sin embargo, en una movida calculada por los propios intereses partidarios, el Congreso peruano derogó esta norma. El resultado fue catastrófico para la claridad democrática: la atomización total del voto. Al eliminarse el filtro, el país se encontró en la primera vuelta de estas elecciones con la absurda cifra de treinta y cinco candidatos presidenciales.
La fragmentación de la oferta política provocó que los votos se dispersaran a niveles milimétricos. El ciudadano, confundido ante una papeleta interminable, terminó votando de manera puramente emocional, movido por simpatías pasajeras o rechazos viscerales en lugar de analizar propuestas de gobierno coherentes. Es así como, en un mar de treinta y cinco aspirantes, los dos líderes que lograron pasar a la segunda vuelta lo hicieron con porcentajes raquíticos, careciendo de un mandato popular fuerte que respalde sus futuras acciones gubernamentales.
El escepticismo de la población no es injustificado. Más allá de quién resulte victorioso el domingo, el principal reto, el desafío verdaderamente hercúleo, será simplemente sobrevivir los cinco años de mandato que dicta la ley. La presidencia en Perú ha pasado de ser el símbolo máximo de la estabilidad del Estado a convertirse en una figura extremadamente vulnerable, sujeta permanentemente a la espada de Damocles que representa el mecanismo de vacancia presidencial esgrimido por el Congreso. Algunos analistas políticos sugieren que Keiko Fujimori podría tener ligeramente más probabilidades de sostenerse en el poder, dadas sus históricas alianzas parlamentarias y el respaldo de los sectores empresariales. Sin embargo, el férreo antifujimorismo que existe en el país garantiza que su gobierno enfrentaría movilizaciones sociales masivas desde el día uno.
Por el lado de Roberto Sánchez, el panorama es igualmente sombrío. Su candidatura se sostiene sobre una coalición frágil de diversos grupos de izquierda que podrían fracturarse ante la primera señal de moderación o crisis económica. Además, el recuerdo reciente de la gestión de Pedro Castillo es un fantasma que acecha su campaña. El gobierno de Castillo se caracterizó por una rotación ministerial sin precedentes, escándalos de corrupción que afloraron casi de inmediato y, finalmente, un desesperado e inconstitucional intento de golpe de Estado que terminó con su encarcelamiento. Los temores de que Sánchez pueda ser empujado por sus aliados radicales a tomar decisiones similares o que el Congreso de mayoría conservadora intente destituirlo de manera exprés son palpables en los círculos de inversión y diplomáticos.
Otro aspecto fundamental que define esta elección y el futuro de la nación es la profunda y dolorosa fractura territorial del país. Si uno observa detenidamente el mapa electoral peruano, la división es abrumadora. Lima, la enorme capital que concentra un tercio de la población nacional y la gran mayoría del poder económico y mediático, se inclina abrumadoramente hacia opciones conservadoras y de derecha. En marcado contraste, las regiones del interior, especialmente las zonas andinas, rurales y del sur del país, votan sistemáticamente por opciones que representan una ruptura total con el statu quo.
Esta división no es meramente ideológica; es el resultado de décadas de abandono estatal. Los sectores rurales sienten, con justificada razón, que el milagro económico peruano de las últimas décadas, que generó impresionantes tasas de crecimiento macroeconómico, jamás llegó a sus mesas. La falta de infraestructura, de servicios de salud de calidad, de educación y de oportunidades ha sembrado un resentimiento profundo hacia la clase política limeña. El fujimorismo, en la década de los noventa, logró construir una presencia significativa en estas áreas alejadas mediante la construcción de obras públicas básicas, algo que Keiko Fujimori intentará capitalizar desesperadamente. No obstante, en la actualidad, el control de las zonas rurales está fuertemente dominado por el discurso de izquierda de Sánchez. El próximo presidente de Perú, sea quien sea, tendrá que enfrentar este problema de seguridad nacional: la urgente necesidad de que el Estado peruano llegue de manera efectiva a los lugares donde ha estado históricamente ausente. Gobernar solo para Lima es una receta garantizada para el estallido social.
El ajedrez político peruano no se juega únicamente a nivel interno; las piezas internacionales también tienen un peso específico. En un contexto global donde las figuras populistas están resurgiendo con fuerza, la sombra de los Estados Unidos y la influencia política de líderes como Donald Trump se proyectan sobre América Latina. Las intervenciones discursivas o diplomáticas de potencias extranjeras han jugado roles clave en elecciones recientes en países vecinos como Argentina, Ecuador o Colombia. En el caso peruano, la dinámica es particular. Durante la primera vuelta, existieron figuras de la derecha radical, como el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, que intentaron emular abiertamente el estilo confrontacional de Trump.
Aunque Estados Unidos mantiene actualmente una postura oficialmente neutral, contando con una extensa delegación de observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral en la segunda vuelta, el desenlace de la elección podría detonar escenarios diplomáticos complejos. El análisis de Francisco Belaunde pone el dedo en la llaga sobre un escenario altamente probable: si Roberto Sánchez llega a obtener la victoria por un margen minúsculo, la reacción inmediata de las fuerzas fujimoristas será, casi con total seguridad, denunciar un fraude electoral a gran escala.
La narrativa del fraude se ha convertido en el arma política predilecta de las oposiciones en la región cuando los resultados no les favorecen. En este punto crítico, el pronunciamiento de los observadores internacionales y de la embajada de los Estados Unidos será determinante. Si Washington y los organismos internacionales avalan la transparencia de los comicios y reconocen la victoria de Sánchez, el fujimorismo se quedaría sin respaldo externo para su reclamo. Por el contrario, si Keiko Fujimori resulta ganadora, es probable que la relación con Estados Unidos y los mercados financieros internacionales transcurra sin mayores sobresaltos, aunque el incendio interno en las calles peruanas podría ser inmanejable.
