El escenario político de México ha sido sacudido desde sus cimientos con una noticia que promete reescribir la historia reciente del país y marcar un antes y un después en la rendición de cuentas. En un movimiento sin precedentes y de enorme peso legal, representantes de Acción Nacional han presentado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI). El objetivo es claro y contundente: exigir que se investigue a fondo la responsabilidad de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la gestación de una de las crisis de violencia más profundas y desgarradoras que haya vivido la nación mexicana en toda su historia.
Esta tragedia humanitaria, que hoy enluta a cientos de miles de hogares a lo largo y ancho del territorio, no es producto de la casualidad, ni de la mala fortuna. Según los argumentos presentados en instancias internacionales, es la consecuencia directa de una decisión política sistemática, deliberada y perfectamente calculada desde antes de asumir el poder. La denuncia plantea una premisa escalofriante: el gobierno decidió no enfrentar a quienes estaban destruyendo al país, optando por una permisividad que fortaleció a las estructuras criminales a niveles nunca antes vistos.
Durante su mandato, López Obrador impulsó y defendió férreamente una estrategia de seguridad que él mismo resumió en tres palabras que hoy resuenan con amargura: “abrazos, no balazos”. El resultado de esta p
olítica, lejos de pacificar al país, está a la vista de todos y se cuenta en cifras que hielan la sangre. Hablamos de aproximadamente 200,000 homicidios dolosos, más de 150,000 personas desaparecidas que han dejado a familias enteras sumidas en la incertidumbre, miles de masacres a plena luz del día, comunidades enteras desplazadas por el terror y regiones inmensas donde los cárteles de la droga ejercen un control absoluto, sustituyendo al Estado.
Pero el daño estructural y social no terminó ahí. Los críticos y analistas coinciden en que la política de “abrazos, no balazos” no solo permitió que las organizaciones criminales se fortalecieran operativamente, sino que degradó de manera alarmante la delicada frontera entre el poder político y el poder criminal. Cuando el Estado renuncia a su obligación fundamental de combatir a los grupos delictivos, estos no se detienen; por el contrario, acumulan más dinero, armamento de alto calibre, control territorial y, lo más peligroso, influencia política. Tarde o temprano, ese poder desmedido termina infiltrándose en las más altas esferas de las instituciones.
La Infiltración del Crimen en la Política
Esa infiltración es exactamente el escenario que hoy denuncian diversas voces de la oposición y de la sociedad civil. Cada día aparecen más acusaciones, filtraciones e investigaciones periodísticas que apuntan a vínculos sumamente oscuros entre prominentes políticos del partido en el poder, Morena, y organizaciones criminales transnacionales. Nombres de gobernadores en funciones han salido a relucir en este entramado de complicidades. Los casos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas son señalados como la punta del iceberg de una red de narcopolítica que amenaza con devorar las instituciones democráticas del país.
La gravedad de la denuncia radica en el concepto de “omisión y permisividad”. Durante años, mientras los cárteles avanzaban sin freno, reclutando jóvenes como carne de cañón, extorsionando a comerciantes, desplazando a poblaciones vulnerables y sembrando el pánico, las autoridades decidieron mirar deliberadamente hacia otro lado. Permitir que los criminales se fortalezcan y amplíen su catálogo de delitos —pasando del narcotráfico a la extorsión sistemática y el secuestro— también genera una profunda responsabilidad penal y moral. Voltear la mirada tiene un costo elevadísimo, y ese costo lo han pagado con sangre y lágrimas millones de ciudadanos mexicanos.
La Búsqueda de Justicia en el Ámbito Internacional
¿Por qué acudir a la Corte Penal Internacional en La Haya? La respuesta revela otra arista trágica de la crisis mexicana: la profunda desconfianza en las instituciones nacionales. Los denunciantes argumentan que en México ya no existen las condiciones mínimas para garantizar que estos hechos de extrema gravedad sean investigados de manera imparcial e independiente.
Se denuncia que las fiscalías han perdido su autonomía operativa y que el Poder Judicial se encuentra en un proceso de captura política por parte del partido en el gobierno. Demasiadas instituciones encargadas de impartir justicia han sido desmanteladas o sometidas, dejando de generar confianza entre los ciudadanos. Los muertos no llegaron de la nada, los cárteles no conquistaron territorios solos y la narcopolítica no apareció por generación espontánea. Todo ocurrió bajo la mirada complaciente de un gobierno, lo que justifica la intervención de tribunales internacionales para que nadie, ni siquiera un expresidente de la República, esté por encima de la justicia.
“La Carta del Miedo” y el Mensaje de Poder
En medio de este clima de tensión, un elemento reciente ha encendido aún más las alarmas: una polémica carta enviada por López Obrador al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Analistas políticos y expertos en seguridad interpretan este movimiento no como un acto de diplomacia, sino como “la carta del miedo”. Según estas voces, el expresidente es plenamente consciente del cerco que se cierra sobre su administración y sus allegados, y busca desesperadamente tender puentes con un gobierno estadounidense que históricamente ha sido duro contra los cárteles.
Sin embargo, esta carta también es leída en clave interna. Al emitir comunicaciones de tal nivel geopolítico, López Obrador envía un mensaje claro y humillante a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum: le recuerda quién es el verdadero “dueño del circo”. Esta actitud paternalista y controladora reduce la figura presidencial actual a lo que muchos críticos han llamado una “tapadera”. En una sociedad profundamente marcada por el machismo, resulta indignante observar cómo se justifica que una presidenta deba ser “protegida” o tutelada por su predecesor, en lugar de asumir el control absoluto del Estado.
El Desmantelamiento de la Seguridad Nacional
El envío de esta misiva revela, además, un profundo desconocimiento o desdén por la nueva realidad geopolítica mundial. Estados Unidos y otras potencias han endurecido sus posturas frente a las amenazas externas, llámense drogas, flujos migratorios descontrolados o desbalances comerciales. Frente a este panorama, México ha quedado en una posición de extrema debilidad debido al desmantelamiento sistemático de sus sistemas de inteligencia.
El antiguo CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, junto con el cuerpo diplomático y la cancillería, sufrieron recortes y purgas que eliminaron a los expertos capaces de anticiparse a las crisis. El gobierno actual opera prácticamente a ciegas, sin capacidad de prever los movimientos de sus vecinos del norte ni de neutralizar las amenazas internas. Como señalan los expertos, un problema de seguridad nacional de esta magnitud requería de inteligencia de Estado, no de improvisación ni de negación de la realidad.
Ecos del Pasado: El Nuevo Maximato
La historia de México está llena de lecciones que parecen repetirse trágicamente. Las intromisiones de expresidentes en los gobiernos de sus sucesores no son nuevas. Desde Plutarco Elías Calles imponiendo su voluntad durante el Maximato sobre figuras como Pascual Ortiz Rubio —quien terminó prefiriendo la renuncia a la sumisión—, hasta las tensiones entre Cárdenas y Ávila Camacho.
Hoy, muchos ven en Claudia Sheinbaum una figura similar a la de Ortiz Rubio, peyorativamente llamada “Pascualita” en algunos círculos de análisis. La diferencia radica en que, mientras en el pasado los presidentes en funciones intentaban sacudirse el yugo de sus mentores para ejercer el poder, hoy parece existir una sumisión voluntaria que pone en riesgo la estabilidad misma de la República.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional es mucho más que un acto político; es un grito de auxilio de una sociedad asfixiada por la violencia y la impunidad. Es la exigencia firme de que México conozca toda la verdad sobre los oscuros pactos que le arrebataron la paz, y la demanda inquebrantable de que aquellos que entregaron el país al crimen enfrenten, finalmente, el peso de la ley.
