El carnaval de Barranquilla es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Según la UNESCO, es después del de Río de Janeiro uno de los carnavales más grandes e importantes del mundo hispanohalante. Cuatro días oficiales de fiesta que en la práctica se extienden durante semanas con eventos previos y posteriores en las calles, en los barrios, en las casas, en los salones comunitarios.
Todo el Atlántico se mueve en torno a ese evento. Para los jóvenes, el carnaval tiene una dimensión específica. Es el momento del año en que las reuniones de amigos se multiplican, en que las salidas nocturnas se normalizan, en que el barrio entero está de fiesta y salir de casa de noche no llama la atención.
Es también en esa normalización de la festividad un momento en que los controles se relajan, no de manera maliciosa, solo porque todo el mundo está en modo de celebración. El carnaval de Barranquilla termina el martes de carnaval, el último día antes del miércoles de ceniza. Es una de las fiestas más grandes de América Latina.
4 días de música, disfraces, comparsas, desfiles. El 17 de febrero de 2026 era el último día, el cierre, la noche en que los barrios del área metropolitana de Barranquilla seguían con sus propias celebraciones más pequeñas, sus fiestas de vecindad, sus reuniones de grupos de amigos en casas particulares.
Las hermanas Hernández salieron de la sierrita esa noche. Tenían pensado ir a una reunión en Malambo. El municipio que queda inmediatamente al sur de Barranquilla, del otro lado del río, a minutos del barrio donde vivían. Alguien las fue a buscar en carro. Sheridan llamó a su mamá para decirle que ya venían, que no se iban a demorar.
Eso fue lo último. La casa a la que llegaron quedaba en el barrio Maranata de Malambo. Era la casa donde vivía Fabián, el novio de Keila, con su mamá. Ahí había una reunión. varios jóvenes, música, bebidas, el ambiente del carnaval. Las dos hermanas estaban con sus novios en una fiesta como miles, que esa noche se hacían en todo el Atlántico.
Y entonces alguien tomó el celular de Shiridan. Este es el momento bisagra de toda la historia. El momento donde todo lo que vino después quedó definido en un instante que probablemente duró menos de un minuto. Una joven que también estaba en esa reunión, cuya identidad no fue publicada en los medios, aunque sí fue identificada por la investigación, tomó el teléfono de Sheridan.
No se sabe si lo pidió prestado con algún pretexto, si lo tomó porque lo vio desbloqueado sobre la mesa, si fue una situación que se presentó de manera casual. Lo que importa es lo que encontró cuando lo revisó y entonces alguien tomó el celular de Sheiridan. La fiscalía reconstruyó lo que ocurrió después con los testimonios de los implicados, con los chats recuperados de los dispositivos, con las declaraciones en audiencia.
Una joven que también estaba en esa reunión tomó el teléfono de la menor de 14 años y leyó algo que la hizo reaccionar. Lo que había en ese celular, según la hipótesis que la fiscalía presentó en las audiencias, eran mensajes donde Shirdan aparentemente hablaba con alguien sobre la posibilidad de entregar información de su propio novio a una banda criminal rival.
En el lenguaje de los grupos delincuenciales que operan en esa zona del Atlántico, eso es ser sapera, ser soplona, entregar al propio bando. La joven le mostró el teléfono a los presentes y señaló a Sheiridan. Lo que siguió después de esa acusación duró muy poco tiempo. El adolescente de 17 años que estaba en la reunión, señalado por la fiscalía como el autor material de los disparos, tomó un arma, sacó a Shirdan al patio de la casa y lo que declaró en las audiencias judiciales, en palabras que la fiscal leyó ante el
juez, es de las cosas más difíciles de escuchar que puede producir un proceso penal. Lo que la fiscal leyó en esa audiencia es uno de los momentos más difíciles de toda la cobertura de este caso. Porque no es el lenguaje distante de un informe policial, son las palabras del propio agresor describiendo lo que hizo.
dijo que le preguntó a Sheiridan quiénes eran los pelados que los iban a poner, que los iban a entregar a la banda rival y que ella respondió que eran unos novios que ellas tenían, pero que no era verdad, que solo decían eso porque estaban enamoradas de ellos. Y dijo que cuando escuchó esa respuesta le pegó un tiro en la cabeza.
dijo que ella quedó hablando, que le decía que no le pegara más tiros y que entonces le pegó el segundo. Sheridan Sofía Hernández Noriega tenía 14 años, 8 meses antes de su quinceañero. En el patio de una casa en Malambo, en la noche del carnaval murió así. A Keila Nicole, la mayor la degollaron. Tenía 17 años.
El expediente no da más detalles de cómo fue ese momento, pero la Defensoría del Pueblo sí los tuvo en la audiencia. La funcionaria de la defensoría, mientras describía lo que le hicieron a las menores, lloró. Rompió a llorar frente al juez. Porque hay cosas que se procesan con datos y hay cosas que no. Después de matar a las dos hermanas, los presentes en esa casa fueron a buscar palas.
Abrieron huecos en el patio del mismo inmueble. Las enterraron ahí en el mismo lugar donde todo había pasado y luego siguieron con sus vidas. Siete personas aproximadamente estaban presentes o participaron en lo que ocurrió esa noche en la casa de Maramata. Siete. Y durante los 11 días siguientes, mientras Maric Noriega buscaba desesperadamente a sus hijas, algunos de esos siete le enviaron mensajes al teléfono, mensajes exigiendo dinero.
Le decían que sus hijas estaban vivas, que si pagaba 10 millones de pesos, las devolvían sanas. Uno de los mensajes decía, “Te quedan 10 y da las gracias que si colaboras te las mando vivas, porque tu marido es costeño.” Sus hijas ya estaban muertas cuando esos mensajes llegaron. Estaban enterradas en ese patio desde la madrugada del 18 de febrero.
Y los que las mataron le pedían plata a la mamá, fingiendo que aún podían volver. Ponerse en el lugar de Maric durante esos 11 días requiere un esfuerzo que pocas personas pueden hacer sin que se les quiebre algo por dentro. Tu hija de 14 años te llama en la madrugada para decirte que ya viene. El teléfono se apaga. Pasan horas.
Pasan el miércoles de ceniza, el primer día después del carnaval. Sigue sin aparecer. Siguen sin aparecer las dos. Llamas a los amigos, llamas al colegio, llamas a todo el mundo que puedes pensar. Vas a la policía y la respuesta no llega tan rápido como necesitas y entonces empiezan los mensajes. Una voz desconocida que te dice que tus hijas están vivas, que si pagas regresan, que te quedan 10 millones y da las gracias.
El mensaje es de alguien que sabe cómo se llama tu esposo, que menciona que es costeño, que sabe cosas de tu familia que solo sabría alguien que estuvo cerca de ellas. Y tú no sabes que cuando ese mensaje llega, tus hijas llevan horas muertas y enterradas en un patio en Malambo. No lo sabes porque no puedes saberlo.
Porque la mente humana protege de esa verdad mientras puede. Porque una madre no puede cerrar la posibilidad mientras hay algo que se presente como esperanza, aunque esa esperanza sea falsa, aunque venga de las mismas personas que cometieron el crimen. 13 días. Cada mensaje de extorsión que llegaba era simultáneamente una tortura y una razón para seguir buscando.
Porque si exigen dinero, dicen que están vivas y si están vivas hay que hacer todo lo posible para que vuelvan. Los extorsionistas sabían exactamente lo que estaban haciendo con esos mensajes. Sabían que una madre iba a responder de esa manera. La crueldad no estaba solo en lo que hicieron esa noche en Malambo, estaba también en los 11 días siguientes de mensajes calculados.
“1 días de angustia”, dijo Maric Cruz en los medios. 13 días de mensajes de extorsión, de amenazas, de rastrear teléfonos, de ir a la policía, de buscar en el barrio, de hablar con todos los que conocían a las niñas, de hacer lo que hace una madre que no acepta que algo tan definitivo puede haber pasado.
La familia avanzó casi a ciegas, atando cabos, revisando redes sociales, tratando de entender cómo dos adolescentes que esa noche planeaban volver pronto terminaron envueltas en algo que nadie de afuera entendía del todo. La respuesta de las autoridades en los primeros días fue, “Según la propia madre, tardía.” No llegaron tan rápido como ella necesitaba que llegaran.
El 28 de febrero, 11 días después de la desaparición, vecinos del barrio Maranata reportaron a las autoridades un olor persistente que salía de un predio enmontado de la zona. Un olor que los vecinos sabían qué significaba, aunque no quisieran decírselo a sí mismos. La policía llegó, encontró los cuerpos.
El 2 de marzo, Maric Noriega fue a medicina legal en Barranquilla. Confirmó las identidades, sus hijas, las dos, 13 días esperando que algo fuera diferente. Y al final fue exactamente lo que el corazón de una madre sabe antes de que nadie se lo confirme. Lo que vino después fue la investigación y los juicios.
La policía usó el rastreo de teléfonos para llegar a los primeros implicados. El grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla coordinó con la fiscalía. En los días siguientes, al hallazgo de los cuerpos, empezaron las capturas. Juan David Taboada Olivera, el tata, de 19 años, fue capturado. El novio de Sheiridan, el hombre con el que la menor de 14 años tenía una relación sentimental.
La madre lo confirmó. Ella me lo mostraba por teléfono. Se trataban de amor. El tata fue imputado por homicidio agravado, secuestro extorsivo. El juez de Barranquilla legalizó su captura. Registraba antecedentes porte ilegal de armas. Había sido capturado en julio de 2025 por lo mismo y estaba libre otra vez.
Un adolescente de 17 años, cuya identidad no fue publicada por ser menor, fue aprendido, señalado como el autor material de los disparos, el que sacó a Shiridán al patio, el que le habló, el que disparó. Fue imputado con homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte de armas. Un juez ordenó su internamiento preventivo en un centro especializado para menores y entonces la investigación llegó al nombre que estaba en el centro de todo. Fabián. Aldelso.
Fabián Nava Díaz, 17 años. Venezolano. El novio de Keila, la mayor, el muchacho que vivía en la casa donde todo ocurrió. Aldelso Fabián Nava Díaz, 17 años, venezolano. Vivía en Malambo con su mamá. Ese es el hombre que la investigación puso en el centro de todo. Era el novio de Kea Nicole, la mayor de las hermanas.
La mamá de las niñas lo conocía de nombre, de foto, de las veces que Keila se lo mencionó. era parte de ese mundo cotidiano de los 17 años en que los novios empiezan a tener nombre propio en las conversaciones familiares. que no sabía la familia. Lo que probablemente Keila tampoco entendía en su totalidad era la otra dimensión de quién era Fabián, un adolescente venezolano que vivía en uno de los municipios del área metropolitana de Barranquilla, en una zona donde las estructuras criminales reclutan activamente a jóvenes migrantes que
llegan sin redes de apoyo, sin documentos, sin opciones visibles más allá de lo que el grupo les ofrece. Hay algo sobre Fabián que la fiscalía señaló en las audiencias y que añade una capa más a lo que pasó esa noche. Según las declaraciones del adolescente de 17 años capturado, Fabián cuestionó el ataque, preguntó o expresó algo que indicaba que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo.
Cuestionó, pero no lo detuvo. Keayla Nicole, su propia novia, fue degollada en esa casa y Fabián huyó. Cruzó la frontera hacia Venezuela, su país natal. Se refugió en el sector El Despertar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, uno de los barrios populares de Maracaibo, estado Zulia. pensó que del otro lado de la frontera estaba a salvo.
Las autoridades colombianas pusieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre su paradero. La comunidad de Maracaibo avisó. El cuerpo policial bolivariano del estado Zulia llegó al barrio donde estaba Fabián. El menor inició un enfrentamiento armado intentando escapar otra vez. El 13 de marzo de 2026, Aldelso Fabián Nava Díaz fue dado de baja en Maracaibo.
El novio de Keila, el muchacho venezolano de 17 años que vivía en la casa donde las hermanas fueron asesinadas, murió en Venezuela tres semanas después del crimen sin haber respondido ante ningún juez. Miguel Caleb Belandia Mejía fue el testigo que el 5 de marzo rindió el testimonio que la fiscalía presentó como clave en la audiencia del 10 de ese mes.
Fue quien describió en detalle el acuerdo previo entre el mono y el tata para eliminar a las adolescentes y evitar que revelaran actividades delictivas del grupo. Fue quien le puso palabras a lo que hasta entonces eran solo indicios. que existió un acuerdo previo”, dijo la fiscalía presentando ese testimonio.
Un acuerdo para silenciarlas. Hay que detenerse en esa frase, un acuerdo previo para silenciar a dos niñas de 14 y 17 años. Porque lo que esa frase implica es que la decisión de matarlas no fue un impulso de un segundo, no fue solo la reacción violenta a ver los mensajes en el teléfono. Hubo conversación, hubo acuerdo, hubo personas que hablaron entre sí y dijeron que era lo que había que hacer.
Y las hermanas Hernández no sabían nada de ese acuerdo cuando subieron al carro que las esperaba afuera de su casa en la sierrita. Hay algo que vale la pena reconstruir con más detalle sobre los 11 días entre la desaparición y el hallazgo de los cuerpos. Porque esos 11 días dicen mucho sobre cómo funcionan estas investigaciones y sobre lo que vive una familia en ese tiempo.
Cuando una persona menor de edad desaparece en Colombia, el protocolo indica que la búsqueda debe iniciarse de inmediato, sin el periodo de espera de 72 horas, que en algunos contextos se asocia erróneamente con los procesos de búsqueda. El ICBF tiene protocolos específicos para menores desaparecidos.
La policía tiene procedimientos. Las alertas tempranas existen en el papel. La realidad en los barrios populares de Barranquilla y su área metropolitana es más complicada. Las familias que van a denunciar una desaparición a veces sienten que el sistema no les cree con la urgencia que necesitan, que tienen que insistir, que tienen que volver, que tienen que convencer a alguien de que lo que está pasando es tan grave como ellos saben que es.
Maric Cruz sintió eso, lo dijo y esa sensación que tuvo no es única de su caso, es parte de una disfunción sistémica que tiene víctimas concretas, medibles, con nombres y apellidos. Lo que la familia hizo fue avanzar con lo que tenía. Rastrearon los teléfonos de las niñas mientras tuvieron señal. revisaron sus redes sociales buscando las últimas publicaciones, los últimos mensajes visibles, alguna pista de a dónde habían ido.
Hablaron con los amigos conocidos, siguieron el hilo de lo que sabían, que esa noche habían salido en un carro, que iban hacia algún lugar de malambo, que tenían novios cuyos apodos conocían, pero cuyos nombres completos tal vez no. Esa investigación paralela que hacen las familias, la que ocurre mientras esperan que el sistema institucional se active con la velocidad necesaria, es una de las realidades más dolorosas de los casos de personas desaparecidas en Colombia. No debería ser necesaria.
El Estado debería ser suficiente. Pero no siempre lo es. Hay un elemento del caso que todavía no está completamente resuelto y que tiene que ver con la joven que tomó el celular de Sheridan. Esa mujer presente en la reunión de esa noche fue quien desencadenó la secuencia de eventos al mostrarle el teléfono al grupo.
La hipótesis de la fiscalía es que las hermanas fueron acusadas de soplonería basándose en lo que esa mujer mostró en el celular. Pero hay una pregunta que los expedientes no responden con claridad todavía. ¿Qué buscaba esa mujer al hacer lo que hizo? ¿Sabía lo que iba a desencadenar? lo hizo deliberadamente como parte de un plan previo.
¿Ese acuerdo que la fiscalía describió en la audiencia del 10 de marzo o fue una delación espontánea cuyos resultados la superaron? La diferencia entre esas dos versiones importa en términos jurídicos y también en términos humanos. Si existió un acuerdo previo, como señaló la fiscalía, entonces el celular de Sheridan fue el pretexto, no la causa.
La causa fue la decisión de silenciar a las hermanas que ya estaba tomada antes de que llegaran esa noche. Eso hace el crimen todavía más oscuro de lo que ya es, porque significaría que las hermanas Hernández llegaron a esa fiesta de carnaval en una trampa, que alguien o varios alguien decidieron que esa noche era la noche y esperaron el momento.
Y el celular de Sheridan fue simplemente la excusa que se usó para ejecutar lo que ya estaba decidido. La investigación todavía tiene cuatro personas sin capturar. En alguna de esas personas puede estar la respuesta a esa pregunta. El barrio Maranata de Malambo, donde quedaba la casa, donde encontraron los cuerpos, es un barrio que, como tantos otros, en el área metropolitana de Barranquilla, existe en ese espacio intermedio entre la ciudad formal y la ciudad informal.
Malambo es un municipio de unos 140,000 habitantes, pegado al sur de Barranquilla, cruzando el río Magdalena. tiene zonas industriales, tiene barrios populares, tiene todo lo que tienen los municipios satélite de las grandes ciudades colombianas, la densidad del crecimiento no planificado, la escasez de servicios formales y la presencia de grupos criminales que llenan los vacíos que el Estado no llena.
Maranata es uno de esos barrios. Un barrio donde las casas son de material, pero construidas sin planos aprobados, donde los andenes son irregulares, donde los predios tienen solares que no siempre están cercados, donde una casa puede tener un patio grande en la parte trasera que nadie del exterior ve fácilmente. arquitectura, esa geografía de predios no vigilados fue lo que permitió que los cuerpos de Shiridan y Keila estuvieran enterrados ahí durante 11 días antes de que alguien reportara el olor.
11 días en el patio de una casa habitada con gente que entraba y salía de esa casa o de las casas vecinas, sabiendo o sospechando lo que había enterrado ahí. Esa parte del silencio también pesa el silencio de los que sabían y no dijeron nada durante esos 11 días. Las audiencias judiciales que siguieron al hallazgo de los cuerpos mostraron algo sobre la naturaleza de este tipo de crímenes que es importante entender.
Cuando la fiscal leyó en audiencia la declaración del adolescente de 17 años, cuando puso en voz alta esas palabras sobre lo que hizo en el patio con Sheridan, la representante de la Defensoría del Pueblo lloró. esa funcionaria que tiene formación jurídica, que trabaja con casos difíciles por oficio, que ha estado en muchas audiencias sobre hechos violentos, rompió a llorar.
Eso dice algo sobre la escala de lo que ocurrió esa noche. No es un asesinato abstracto cometido por seres sin cara. Es un muchacho de 17 años que llevó a una niña de 14 al patio de una casa que le hizo preguntas mientras ella respondía asustada, que le disparó en la cabeza.
que la escuchó seguir hablando, que le disparó otra vez. Esas palabras leídas en una sala de audiencias en Barranquilla meses después hicieron llorar a una funcionaria pública entrenada para mantenerse neutral en ese tipo de escenarios. Sheridan le dijo que no le pegara más tiros. 14 años en el patio de una casa de malambo en la noche del carnaval diciéndole a su agresor que no le pegara más tiros.
Hay algo en esa frase que no admite distancia, que no permite el lenguaje clínico del informe judicial, que obliga a mirar de frente lo que fue esa noche. 4 meses después del crimen, la investigación sigue abierta. La fiscalía confirmó en marzo que buscaba a cuatro sujetos más vinculados a la logística y ejecución del doble homicidio.
Personas que estuvieron presentes esa noche, que participaron de alguna manera, que ayudaron a buscar las palas o acabar los huecos o simplemente que vieron y callaron. Hay algo sobre la edad de los implicados que no puede pasarse por alto en silencio. El que disparó tenía 17 años, el tata tenía 19.
Fabián tenía 17, las víctimas tenían 14 y 17. Estamos hablando de un crimen cometido por personas que en otro contexto serían estudiantes de bachillerato, que en otro contexto serían los chicos del barrio que juegan fútbol en la tarde, que en otro contexto estarían pensando en qué quieren hacer con sus vidas. En este contexto estaban en una estructura criminal con armas, con lealtades que se pagan con sangre y con la disposición de matar a dos niñas por una acusación basada en mensajes de un celular. El sistema de justicia
colombiano trata diferente a los menores de edad. El adolescente de 17 años imputado enfrenta medidas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no el sistema penal ordinario de adultos. Eso significa que su internamiento preventivo y eventualmente la medida que se le imponga si es hallado responsable está diseñado con un enfoque de rehabilitación y no solo de castigo.
Muchas personas cuando escuchan eso sienten rabia, sienten que es insuficiente dado lo que se le acusa de haber hecho. Esa rabia es comprensible. Al mismo tiempo, hay algo que no se puede ignorar. Un adolescente que a los 17 años está en una estructura criminal con un arma en la mano.
Llegó ahí por un camino que empezó años antes, que pasó por ausencias específicas de familia, de instituciones, de oportunidades. Eso no lo hace inocente, pero sí hace más compleja la respuesta que la sociedad debería dar. Colombia tiene esta tensión sin resolver. La dureza que la gente quiere ver en el sistema.
y la comprensión de que la dureza sola no soluciona nada de fondo, que seguirá habiendo adolescentes con armas en los barrios del Atlántico mientras no cambien las condiciones que los ponen ahí. El caso de las hermanas Hernández entró en los medios nacionales con la fuerza que entran los casos donde el dolor es tan visible que resulta imposible ignorarlo.
El Heraldo de Barranquilla, El Tiempo, Infovae Colombia, los canales de televisión regionales y nacionales, todos cubrieron el caso extensamente. Pero hay una cobertura que siempre falta y que pocas veces se hace, la cobertura del después. ¿De qué pasa con Maric Cruz? un año, 2 años, 5 años después de ese 2 de marzo en medicina legal, cuando tuvo que confirmar que los cuerpos eran los de sus hijas, de cómo se reconstruye una vida o si se reconstruye cuando algo así ocurre.
De cómo continúa el barrio La Sierrita, que ya no tiene a las hermanas Hernández caminando por sus calles. Los casos mediáticos en Colombia tienen un ciclo predecible. La noticia inicial, el seguimiento de las capturas, el proceso judicial con sus audiencias y sus declaraciones, y luego el olvido.
Cuando el caso deja de tener novedades y la atención pública se mueve hacia el siguiente. Las víctimas y sus familias quedan dentro del proceso penal, esperando que ese proceso llegue a algún lado, viviendo con esa espera como parte de su cotidianidad. La familia de las hermanas Hernández está en ese punto ahora.
esperando que los cuatro que faltan sean capturados, esperando que los juicios de los que sí están capturados produzcan condenas, esperando que la justicia sea suficiente para dar algún tipo de cierre a lo que la noche del 18 de febrero de 2026 abrió. Esa espera es parte del crimen. También hay un dato sobre Fabián que apareció en la cobertura del caso y que habla sobre el mundo en que se movía.
Aldelso Fabián Nava Díaz era venezolano. Vivía en Malambo con su mamá. Tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. Era el novio de Keila, la mayor de las hermanas. En los últimos años, la migración venezolana hacia Colombia ha sido una de las más grandes en la historia reciente de América Latina. Millones de personas cruzaron la frontera huyendo de la crisis económica y política en Venezuela.
En las ciudades del Caribe colombiano, en Barranquilla y en los municipios del Atlántico, hay comunidades venezolanas establecidas trabajando, construyendo vidas nuevas. La gran mayoría de esas personas son trabajadores, familias, personas que llegaron buscando lo mismo que busca cualquier migrante, una vida mejor que la que tenían.
no tienen nada que ver con el crimen organizado. Pero también hay en ese flujo migratorio masivo personas que llegaron sin redes de apoyo y que encontraron en las estructuras criminales locales una manera de integrarse que el mundo formal no les ofrecía. adolescentes venezolanos que llegaron a Colombia sin familia, sin documentos, sin posibilidades reales y que fueron captados por grupos que les ofrecieron pertenencia, dinero y la protección que da a ser parte de algo.
Fabián parece haber sido uno de esos 17 años, venezolano viviendo en Malambo, involucrado en una estructura criminal que eventualmente lo llevó a participar en el asesinato de dos adolescentes y a morir a los 17 años en una persecución policial en Maracaibo. No hay una manera de leer esa historia que no sea trágica en todas las direcciones.
Antes de llegar al cierre de esta historia, ¿valeceañero de Shidan? Ese detalle apareció en la cobertura del caso con un titular que el Heraldo y otras publicaciones usaron para encabezar sus notas. El anhelado quinceañero, que nunca llegó. En el Caribe colombiano, el quinceañero no es solo una fiesta, es un acontecimiento que la familia entera, el barrio entero, anticipa y prepara durante meses.
Las niñas lo sueñan desde mucho antes de los 15. La quinceañera elige el vestido, la música, el bals, los chambelanes. La familia empieza a ahorrar con tiempo. Los vecinos y los amigos se anotan para ir. Es un momento de alegría colectiva que la comunidad celebra como propio. Kiridan tenía 14 años y 8 meses.
Le faltaban 4 meses para los 15. El quinceañero debería haber sido en octubre de 2026. Ese quinceañero no va a ocurrir, ese vestido no va a usarse, ese bals no va a bailarse. Esas canciones que Shiridan tenía en mente para su fiesta no van a sonar en ese contexto. Y hay algo en ese detalle específico que condensa todo el peso de lo que este caso representa.
No el caso judicial, no la investigación criminal, no los imputados y los procesos, sino la vida que no ocurrió, la fiesta que no llegó, los 4 meses que faltaban. Sheridan Sofía Hernández Noriega, 14 años, el 15ñero soñado que nunca llegó. Los procesos judiciales avanzan. El Tata enfrenta sus cargos.
El menor de 17 años está en internamiento preventivo. Fabián ya no puede responder ante ningún tribunal y los cuatro que faltan siguen sin estar identificados públicamente. Maric Noriega habló con los medios en varias ocasiones durante las semanas que siguieron al hallazgo de los cuerpos. Sus palabras son las de alguien que está tratando de sobrevivir algo que no tiene manual, que está pidiendo justicia con la misma voz con que esos 11 días pidió que sus hijas aparecieran vivas, que está carganado la presencia de las dos y
la ausencia de las dos al mismo tiempo. dijo que durante los 13 días que duró esa pesadilla, no dejó de buscar, que la familia revisó sola, sin esperar que todo viniera de la policía, que hay una rabia, además del dolor, en lo que considera una respuesta tardía de las autoridades en los primeros días, cuando todavía existía la posibilidad de que sus hijas estuvieran vivas.
Esa rabia tiene nombre y dirección. Y es la misma rabia que tienen todas las familias en Colombia que han perdido a alguien y que sintieron que el Estado llegó tarde, que el sistema que debería proteger a los más vulnerables no estaba donde debía estar cuando más se necesitaba. En el Atlántico, en Barranquilla y sus municipios aledaños, el reclutamiento de menores por estructuras criminales es una realidad documentada desde hace años.
Los grupos que operan en la zona tienen tentáculos que llegan a los barrios populares, que atraen a jóvenes que no tienen muchas otras opciones visibles, que construyen identidad y pertenencia alrededor de la lealtad al grupo y de las consecuencias de traicionarlo. Shiriddan tenía 14 años y un novio que formaba parte de una de esas estructuras.
No sabemos con certeza si ella sabía el alcance de eso. No sabemos si entendía exactamente en qué se había metido su novio o en qué se estaba metiendo ella al tener esa relación. Sabemos que a los 14 años el amor y la lealtad y el miedo se mezclan de maneras que los adultos con más herramientas apenas pueden procesar.
Lo que sí sabemos, porque la fiscalía lo presentó en audiencia es que en su teléfono había mensajes que alguien interpretó como traición. Y esa interpretación en el mundo donde se movía su novio no tenía consecuencias graduales. Tenía una sola consecuencia. Keila Nicole tenía 17 años. Era la mayor, estaba con su hermana menor esa noche porque las hermanas se acompañaban.
Porque así funciona la familia en el Caribe colombiano, con esa cercanía de cuerpo y de vida que hace que los hermanos se cuiden entre sí de manera natural. Keila fue con Sheirdan a esa reunión y Keila murió con Shirdan en esa casa. Si hay algo que este caso deja sobre la mesa, más allá de los nombres de los imputados y los detalles del proceso penal, es una pregunta que Colombia lleva décadas sin responder de manera satisfactoria.
¿Qué se hace con los adolescentes que están en los bordes del conflicto armado y la delincuencia organizada, atrapados en un mundo que los usó como instrumentos antes de que pudieran entender completamente qué estaban eligiendo? Los asesinos de Sheridan y Keila eran también adolescentes. El tata tenía 19 años, el que disparó tenía 17, Fabián tenía 17.
Estamos hablando de jóvenes que a una edad en que en otros contextos estarían pensando en la universidad o en el primer trabajo. Estaban en estructuras criminales con armas en las manos y con la disposición de matar a dos niñas por una sospecha de traición basada en mensajes de WhatsApp. Eso no es solo un problema de maldad individual, es el resultado de años de abandono institucional, de desigualdad, de falta de opciones reales, de estructuras criminales que llenan el vacío que deja el Estado.
Y es también un problema urgente porque no va a dejar de producir tragedias como esta mientras las condiciones que lo generan no cambien. Eso no absuelve a quienes jalaron el gatillo, no convierte el crimen en algo menos grave, pero ayuda a entender por qué ocurre. Y entender por qué ocurre es el primer paso para que eventualmente ocurra menos.
El quinceañero de Sheridan nunca llegó, quedó en esas conversaciones que tuvo con su mamá sobre el vestido y la música y los invitados. En esas imágenes mentales de una fiesta que debería haber ocurrido en octubre de 2026 y que ahora solo existe en la memoria de quienes la conocieron, Keila Nicole tampoco llegó a los 18.
No llegó a ese cumpleaños que es el otro rito de paso, el que en Colombia marca la mayoría de edad formal, el que la comunidad celebra con el mismo cariño con que celebra los 15 añeros. Las dos hermanas quedaron en esas edades, Shiridán en los 14. Keila en los 17. Maric Noriega sigue. Tiene que seguir porque las familias no tienen otra opción.
Siguió yendo a las audiencias, siguió hablando con los medios cuando podía, siguió pidiendo que el caso no quedara en la impunidad, que los cuatro que faltan por capturar sean encontrados, que la justicia no se quede a la mitad. Esa petición es razonable. Es lo mínimo que se le debe a una madre que recibió mensajes de extorsión, fingiendo que sus hijas estaban vivas mientras sus hijas ya estaban enterradas en el patio de una casa de malambo.
La Fiscalía Cuarta Especializada del Atlántico sigue con el caso abierto. La policía sigue con las líneas de investigación activas para dar con los cuatro implicados que restan. Hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información. Hay algo sobre la estructura de este crimen que la fiscalía fue revelando en las audiencias sucesivas y que muestra la diferencia entre lo que parece y lo que fue.
Lo que parece en la versión más superficial del caso es esto. Dos niñas fueron a una fiesta de carnaval con sus novios. Algo salió mal. Las mataron. Lo que fue, según el expediente es más sistemático y más oscuro. Un testimonio clave habló de un acuerdo previo entre el mono y el tata para silenciar a las menores. Un acuerdo, esa palabra tiene un peso legal y humano enorme.
Un acuerdo supone conversación, planificación, decisión compartida, no un impulso. Una organización. Si ese acuerdo existió, si la fiscalía puede probarlo en el juicio, entonces las hermanas Hernández no fueron a una fiesta que salió mal, fueron a una trampa que alguien preparó para ellas. Puede que quienes las invitaron esa noche ya supieran lo que les esperaba.
Puede que el carro que las recogió afuera de la sierrita fuera parte del plan. Eso es lo que tiene que establecer el juicio y eso es lo que hace tan importante que los cuatro implicados que todavía no han sido capturados sean encontrados, porque entre ellos puede estar la persona que convocó la reunión, la persona que mandó el carro, la persona que organizó lo que pasó esa noche.
El caso no está cerrado, tiene piezas que faltan. La región del Atlántico, Barranquilla y su área metropolitana ha vivido en los últimos años un recrudecimiento de la violencia relacionado con disputas entre estructuras criminales que tienen nombres distintos en distintos reportes, los costeños, los Pepes, otras células que operan en los barrios y en los municipios del sur de la ciudad.
Esa violencia tiene víctimas que no siempre llegan a los medios nacionales, personas que son asesinadas o desaparecidas en conflictos entre grupos cuyas muertes quedan en reportes locales sin que el país entero se entere. El caso de las hermanas Hernández llegó a escala nacional en parte por la brutalidad de los detalles y en parte porque las víctimas eran dos menores de edad hermanas, cuyas edades y circunstancias hicieron imposible el distanciamiento que a veces ocurre con las víctimas adultas de la violencia urbana. Pero el
contexto en que ocurrió el tejido criminal que envolvía a los implicados es el mismo que produce decenas de casos similares en el Atlántico cada año que no llegan a la primera plana de los medios nacionales. Casos donde adolescentes son asesinados en contextos de conflicto entre grupos. Casos donde las familias buscan sin que el sistema responda tan rápido como debería.
Casos donde la justicia llega incompleta o no llega. El caso de Sheridan y Keila tuvo cobertura nacional porque su historia tocó algo que es difícil de ignorar, pero no es el único. Está rodeado de historias que no tuvieron esa cobertura y que merecen la misma atención. El proceso penal en Colombia para este tipo de casos tiene sus propias velocidades y sus propias frustraciones.
El Tata, Juan David Taboada Olivera, fue capturado y vinculado a Proceso. Su caso está en el sistema de justicia ordinaria porque es mayor de edad. Los procesos penales colombianos, especialmente los que involucran estructuras criminales y múltiples imputados, pueden durar años. años en que la familia debe seguir viviendo con la espera.
El adolescente de 17 años enfrenta el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ese sistema tiene sus críticos y sus defensores, los que piensan que sus medidas son insuficientes para la gravedad de los hechos que se le imputan. Los que argumentan que la rehabilitación tiene más sentido que el castigo, cuando se habla de personas que aún no han terminado de formarse, Fabián ya no enfrenta ningún sistema judicial.
Murió en Maracaibo a los 17 años, tres semanas después del crimen. Su muerte no es para muchas personas una forma de justicia. Es simplemente otro adolescente muerto en ese ciclo de violencia donde los jóvenes entran y del que muy pocos salen de manera distinta a como entraron. Y los cuatro que faltan están en algún lugar.
Pueden estar en Colombia, pueden haber cruzado la frontera como Fabián. La recompensa sigue activa, la investigación sigue abierta, la fiscalía sigue con las líneas activas. Que esos cuatro sean capturados importa no solo para completar el expediente judicial, importa para Maric Cruz Noriega, que merece saber todo lo que pasó esa noche para entender si hubo un plan previo y quién lo organizó.
Para cerrar, en la medida en que algo así puede cerrarse, lo que ese 18 de febrero de 2026 abrió. Los que están capturados enfrentan sus procesos. El tata en la cárcel de adultos. El adolescente de 17 años en internamiento preventivo. Fabián muerto en Maracaibo sin haber respondido por lo que hizo.
El barrio Maranata de Malambo, el solar donde las encontraron, es hoy un lugar marcado en la memoria del Atlántico, como se marcan todos los lugares donde ocurre algo que una comunidad entera quisiera poder borrar, pero que sabe que no puede. Hay una última cosa sobre Maric Cruz, que merece espacio aquí.
Cuando los medios la entrevistaron en las semanas siguientes al hallazgo de los cuerpos, cuando las cámaras estaban frente a ella y el país entero miraba, lo que dijo no fue solo rabia, fue también una petición que iba más allá de los capturados y los procesos judiciales. Dijo que quería que el caso no quedara en la impunidad.
Esa frase tiene un peso específico en Colombia, donde la impunidad no es un concepto abstracto, sino una estadística cotidiana. donde las familias saben que denunciar un crimen no garantiza que el crimen sea procesado, donde el sistema judicial tiene una capacidad limitada para llevar a término todos los casos que entran.
La impunidad en Colombia tiene muchas formas. Los casos que nunca se abren, los que se abren y se cierran por falta de pruebas, los que llegan al juicio y no producen condena, los que producen condena, pero la condena es mínima. Los que producen condena justa, pero los condenados salen antes por beneficios. Cada una de esas formas es impunidad parcial y cada una de ellas le dice a la familia de la víctima que lo que les pasó no fue suficientemente importante para que el sistema lo procese completamente.
Maric Cruz pedía que no fuera así con sus hijas, que el caso de Sheridan y Keila llegara hasta el final, que los cuatro que faltan fueran capturados, que los que están capturados fueran condenados, que la justicia fuera completa, aunque incapaz de devolver lo que se perdió. Es lo mínimo que se le puede pedir a un sistema que no pudo proteger a dos niñas de 14 y 17 años que salieron de su casa una noche de carnaval.
Shady Sofía tenía una frase que le decía a su mamá cada vez que salía. Ya venimos, no nos vamos a demorar. Era la frase de siempre, la que le dijo esa madrugada por última vez antes de colgar el teléfono. Hay una familiaridad dolorosa en esa frase para cualquier madre. Él ya venimos que escucha 100 veces, 1000 veces en 10 años de criar hijos.
La frase tan repetida que ya no se escucha de verdad porque se ha vuelto parte del ruido cotidiano de la familia y que de repente una vez significa todo porque es la última. Maric Cruz la escuchó por última vez el 18 de febrero de 2026 en la madrugada. No sabía que era la última. No hay manera de saberlo.
Solo se sabe después, cuando el teléfono deja de sonar y los días pasan y la frase queda flotando en el recuerdo como la última imagen de algo que ya no existe. Ya venimos, mami, que el carro nos está esperando. No nos vamos a demorar. Yo te devuelvo la llamada. Ese fue el final de la conversación.
Antes de cerrar, quiero hablar de algo que no siempre se dice en la cobertura de estos casos y que creo que es importante. Cuando un crimen como este ocurre, cuando dos niñas son asesinadas en un contexto donde sus propios novios estaban involucrados, hay una tentación de buscar señales que deberían haber visto antes.
Las preguntas que se hacen en las conversaciones de familia, en los comentarios de internet, en los grupos de WhatsApp del barrio, ¿por qué salieron esa noche solas? ¿Por qué estaban con esos muchachos? ¿Por qué la mamá no sabía más sobre a dónde iban? Esas preguntas son injustas y es importante decirlo en voz alta. Maric Cruz sabía quiénes eran los novios de sus hijas, sabía sus apodos, conocía sus caras por foto.
Eso es lo que muchas madres saben sobre los novios de sus hijas adolescentes, lo que las propias hijas les cuentan. Las adolescentes no le cuentan todo a sus madres. Eso es una constante de la adolescencia en cualquier barrio, en cualquier clase social, en cualquier país. La responsabilidad de lo que ocurrió esa noche no está en Maricuz Noriega, está en las personas que planificaron ese crimen, que tomaron las armas, que enterraron los cuerpos, que enviaron mensajes de extorsión mientras la mamá lloraba buscando a sus hijas.
Ahí está la responsabilidad. en esos nombres, en esos alias, no en la madre. Hay una frase que dijeron en el juzgado que la defensoría del pueblo usó en la audiencia y que quedó en la cobertura del caso, como el resumen de lo que la comunidad del Atlántico sentía. Solicitó que el caso no quede en la impunidad y destacó la gravedad de los hechos.
una desaparición, un entierro en una fosa, violencia física extrema sobre menores. Esa enumeración, esa manera de nombrar lo que le pasó a las hermanas Hernández hizo llorar a la funcionaria de la defensoría y hace algo similar a cualquier persona que la escucha con atención. Una desaparición.
11 días sin saber, 11 días de mensajes de extorsión, 11 días de buscar, un entierro en una fosa, enterradas en el patio de una casa en Malambo, en el mismo lugar donde las mataron, sin marcas, sin nada que dijera que ahí había dos personas. Violencia física extrema, lo que el fiscal leyó en audiencia, lo que la representante de la Defensoría escuchó y no pudo sostener sin llorar.
Esas tres cosas juntas en dos niñas, en una noche de carnaval, el Atlántico, Colombia y el país entero que siguió el caso tiene la obligación de no olvidarlo, de seguirlo hasta que esté completamente resuelto, de exigir que los cuatro que faltan sean capturados, de exigir que el proceso judicial llegue hasta el final, no por abstracción, por Sheiridan, por Keila, por Maric, Sheridan Sofía Hernández Noriega.
14 años. Barrio La Sierrita, Barranquilla. Keila Nicole Hernández Noriega, 17 años. Barrio La Sierrita, Barranquilla. Salieron de su casa la noche del carnaval en un carro que las esperaba afuera. Shiridán le dijo a su mamá que ya venían, que no se iban a demorar. no volvieron y hay algo que se perdió en la cobertura mediática del caso y que merece nombrarse el duelo del barrio.
En los barrios del Caribe colombiano, cuando algo así ocurre, el duelo no es solo de la familia nuclear, es del vecindario entero. Las personas que vieron crecer a las niñas, las vecinas que las saludaban cuando salían a la tienda, los amigos del colegio que de repente tienen que procesar que sus compañeras no van a volver.
los maestros que les enseñaron y que ahora reciben la noticia con el mismo shock que cualquiera, pero que además tienen que estar presentes para los otros estudiantes que también la reciben. Ese duelo colectivo ocurrió en la Sierrita después del 2 de marzo. Ocurre en silencio, sin cámaras, sin titulares. La comunidad que procesa lo que perdió y ocurre también en el colegio.
Shiridan tenía 14 años. Estaba en bachillerato. Keila tenía 17. También dos alumnas que dejaron un banco vacío, dos compañeras que no volvieron después del carnaval. Esos vacíos en los salones de clase son también parte de lo que este crimen dejó. 4 meses después de los hechos, en mayo de 2026. Este caso sigue siendo un expediente abierto con piezas que faltan, los cuatro implicados que no han sido capturados.
Las preguntas sobre si hubo un plan previo y quién lo organizó, la posibilidad de que alguno de los que falta haya cruzado la frontera como Fabián y que la cooperación con autoridades de Venezuela sea necesaria de nuevo. La fiscalía tiene la presión de cerrar el caso con todos los implicados procesados.
La policía tiene la recompensa activa, la familia tiene la espera. En Colombia hay cientos de familias en situaciones similares, esperando que el sistema judicial complete lo que empezó. La familia de Sheridan y Keila es una de ellas. No es una estadística. Son Maric Noriega y los que la rodean, viviendo con esa espera como parte de su día a día.
Ese es el costo real del crimen. No el proceso judicial, no los titulares, no los análisis de expertos. El costo real es una madre en Barranquilla que cada mañana se levanta sabiendo que sus dos hijas están muertas y que el sistema aún no ha terminado de responder por eso.
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Nos vemos en el próximo video. Hay una cosa más. Shiriddan tenía 8 meses para su quinceañero cuando murió, pero hay algo que las personas que la conocían contaron y que quedó en las notas de cobertura del caso. Ella era una niña que reía, que hacía reír, que tenía esa energía que tienen los 14 años cuando todo es posible y el mundo está lleno de cosas que todavía no has experimentado.
Eso también se fue esa noche en Malambo. solo la fiesta de los 15, también la persona que iba a tener esa fiesta. La mujer que hubiera sido Sheidan Sofía a los 20, a los 30, a los 40. Esa persona completa que nunca vamos a conocer. Igual con Keila, la mujer de 17 ya empezaba a asomarse al mundo adulto, que tenía sus propios planes, aunque no los hubiera articulado todavía como planes formales.
Lo que hubiera sido Keila Nicole Hernández Noriega después de los 17 años es algo que no existe, que fue borrado esa noche. Esas pérdidas no tienen nombre en los expedientes judiciales. Los expedientes tienen hechos, pruebas, testimonios, imputaciones. No tienen espacio para nombrar lo que no llegó a existir, pero nosotros sí y vale la pena nombrarlo.
Sheridan Sofía y Keyla Nicole, dos hermanas del barrio La Sierrita en Barranquilla, que salieron una noche de carnaval y no volvieron. Que no se olviden.
