La mañana del viernes 2 de mayo de 2025 comenzó con la promesa de una jornada laboral común para Miriam Rodríguez González, psicóloga adscrita a la Unidad de Apoyo Psicológico del DIF Municipal de Capulhuac, Estado de México. Convocada a una reunión rutinaria con sus 25 compañeros para evaluar las actividades del Día del Niño, Miriam entró a la sala con la convicción de que su trabajo, enfocado en el bienestar de las infancias vulnerables, era su mejor carta de presentación. Sin embargo, lo que encontró no fue una junta de evaluación, sino una emboscada diseñada por la propia presidenta municipal, Selene Hernández Herrera.
Lo que ocurrió a continuación no solo rompió con cualquier protocolo institucional, sino que desafió la lógica básica de la civilidad y el derecho. Según la recomendación 14/2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODEM), la reunión se transformó en una escena de terror cuando la policía municipal Ana Lucía Ríos Cano inmovilizó a
Miriam por la espalda, dejándola indefensa mientras la alcaldesa, acompañada por su hija Andrea Shanti Anzástiga Hernández, procedía a agredirla físicamente. El móvil, según trascendió públicamente, fueron celos personales alimentados por rumores sobre la pareja de la funcionaria.
Este evento marcó el inicio de un proceso que desmantelaría una estructura de poder abusiva. La violencia no se limitó a los golpes; hubo un despojo sistemático de pertenencias personales, incluyendo celular y documentos, y una humillación pública que ocurrió frente a dos docenas de testigos presenciales. La institución que debió ser el refugio de los ciudadanos se convirtió en la vitrina de la agresión más brutal.
La respuesta de Miriam Rodríguez fue un acto de valentía que resonó más allá de las fronteras del municipio. Con el rostro desfigurado por la violencia, la psicóloga tomó su teléfono y grabó un video que se viralizó instantáneamente. En él, con una voz cargada de dignidad, denunció el abuso de autoridad y señaló directamente a la alcaldesa, desafiando el miedo que suelen imponer los poderosos. Sus palabras —”que se sepa el abuso de autoridad que ejerce, creyéndose intocable”— fueron el detonante de una movilización social sin precedentes. Los habitantes de Capulhuac tomaron las calles, bloquearon carreteras y exigieron, ante la parálisis inicial de las autoridades, una respuesta que no fuera encubrimiento.
El sistema judicial, presionado por la evidencia visual y la indignación popular, comenzó a moverse. Selene Hernández, tras intentar vanamente una licencia por “asuntos personales”, intentó retomar el poder creando sedes alternas de gobierno en casas de cultura y manipulando los canales oficiales del municipio. Pero el tiempo de las maniobras políticas había terminado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó una orden de aprehensión contra la alcaldesa, su hija y la agente policial el 24 de junio de 2025, mientras la edil encabezaba un evento público. En el momento de su detención, trascendió que intentó sobornar a los agentes, un acto que solo profundizó su estatus de peligrosidad procesal y riesgo de obstrucción a la justicia.
El proceso penal que siguió duró casi un año. Durante este tiempo, la Fiscalía construyó un caso inobjetable: 25 testimonios coincidentes, registros en video que documentaban cada segundo de la agresión y la sólida recomendación de la CODEM fueron las pruebas que no permitieron el margen de maniobra para las defensas. Finalmente, el 21 de mayo de 2026, la sentencia cayó como un mazo sobre el sistema político local.
Selene Hernández Herrera, la alcaldesa que se sintió dueña de la ley, fue condenada a 5 años y 5 meses de prisión y destituida definitivamente de su cargo. Ana Lucía Ríos Cano recibió 3 años y 2 meses de prisión, y Andrea Shanti Anzástiga Hernández fue sentenciada a 2 años. Ninguna obtuvo beneficios sustitutivos. La justicia, en este caso, fue tajante y sin concesiones.
El impacto de este desenlace es profundo. Miriam Rodríguez González no solo obtuvo justicia para sí misma; se convirtió en el símbolo de una lucha necesaria contra la violencia institucional en México. Su caso demuestra que, cuando la víctima decide no callar y las pruebas son contundentes, la prepotencia del poder no siempre garantiza la impunidad. La recomendación de la CODEM, aceptada unánimemente por el Cabildo en septiembre de 2025, obligó a la institución a un desagravio público, dejando claro que el abuso de autoridad tiene consecuencias tangibles.
Hoy, mientras el municipio de Capulhuac avanza bajo una nueva gestión, la historia de “la alcaldesa intocable” sirve como una lección imperecedera. La ley debe ser un escudo para los ciudadanos, no una herramienta de agresión para quienes detentan el poder. Miriam, la psicóloga que solo quería trabajar por las infancias de su municipio, terminó enseñando a todo un país una lección sobre el valor de la voz propia y la posibilidad real de que la justicia, aunque a veces llegue tarde, encuentre a los responsables. El trienio de 2025-2027 será recordado no por la gestión de quien lo inició, sino por el momento en que una servidora pública común enfrentó al poder municipal y ganó, recordándonos que ningún cargo político otorga licencia para golpear, humillar o violentar la dignidad humana.
