Durante más de veinte años, la República de El Salvador fue escenario de una guerra silenciosa que pocos se atrevieron a cuestionar desde el interior del gremio periodístico. Mientras las colonias más humildes del país vivían bajo el yugo de estructuras criminales que cobraban impuestos de guerra, reclutaban a menores y dictaban quién podía vivir o morir, una parte importante del ecosistema mediático y de organizaciones no gubernamentales se dedicaba a construir una narrativa distinta. No se trataba de una falta de información o de una imposibilidad de acceso a las fuentes; se trataba de una elección editorial sistemática y, en muchos casos, coordinada.
Lo que hoy se revela, gracias a la apertura de expedientes judiciales y registros de financiamiento desclasificados, es la existencia de una red que funcionaba como el último escudo de protección para organizaciones clasificadas internacionalmente como terroristas. Estos medios, respaldados por premios internacionales y credenciales de libertad de prensa, fueron los encargados de convertir cada operativo legítimo del Estado en una supuesta violación de derechos humanos, garantizando así la impunidad de aquellos que el pueblo salvadoreño conocía bien, pero que el mundo exterior veía a través de un lente distorsionado.
Para comprender cómo fue posible que esta maquinaria mediática operara con tanta eficacia, es n
ecesario remontarse a la posguerra. Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador emergió con instituciones fragilizadas y una sociedad profundamente fracturada. En las décadas siguientes, mientras el Estado intentaba reconstruirse, el vacío de poder en las comunidades marginales fue llenado rápidamente por organizaciones como la MS-13 y el Barrio 18.
Estas estructuras no solo cometían homicidios; se convirtieron en un sistema paralelo de gobierno. Cobraban “renta” a pequeños comerciantes bajo amenaza de muerte y controlaban la movilidad de miles de ciudadanos. La violencia alcanzó niveles insostenibles, registrando en 2015 la cifra récord de más de 6,000 homicidios en una población de apenas 6 millones de habitantes. Sin embargo, mientras el cuerpo social salvadoreño sentía el peso del miedo en cada esquina, los titulares internacionales hablaban de “jóvenes en situación de vulnerabilidad” y “estigmatización de la pobreza”.
El Lenguaje como Escudo: El Uso Táctico de los Derechos Humanos
Uno de los pilares de este sistema mediático fue la apropiación del lenguaje de los derechos humanos. Nadie puede cuestionar la importancia de estos principios como conquista de la humanidad contra el abuso de poder. No obstante, en El Salvador, el concepto fue desvirtuado. Las organizaciones vinculadas a estos medios de comunicación rara vez emitieron comunicados para defender a las víctimas de las pandillas: la señora que vendía pupusas y era extorsionada, el padre que no podía enterrar a su hijo por temor a las represalias, o la maestra que veía cómo sus alumnos eran reclutados.
Un análisis de 17 casos documentados entre 2005 y 2019 reveló que, en 15 de ellos, los comunicados de estas organizaciones aparecieron en las primeras 48 horas tras operativos contra cabecillas criminales, sin mencionar una sola vez a las víctimas civiles de los detenidos. Este tiempo era crucial: era el periodo en que los jueces decidían sobre la detención preventiva. Al citar irregularidades procesales fabricadas o exageradas, estos informes se convertían en herramientas de defensa legal que permitían la liberación de peligrosos delincuentes.
El Financiamiento de la Impunidad
La red no operaba por simple convicción ideológica; existían flujos de dinero perfectamente rastreables. Fundaciones europeas y norteamericanas transfirieron millones de dólares bajo etiquetas como “fortalecimiento democrático” o “sociedad civil”. Sin embargo, una parte significativa de estos recursos terminaba financiando organizaciones que compartían oficinas con bufetes de abogados encargados de defender a miembros documentados de la MS-13.
Los medios digitales de perfil progresista que citaban a estas organizaciones como fuentes legítimas nunca se preguntaron por el origen de sus fondos. La razón era simple: muchos de estos medios dependían del mismo ecosistema de financiamiento. Al proteger a las organizaciones que canalizaban el dinero hacia la defensa de los pandilleros, los medios aseguraban su propia supervivencia financiera y su prestigio en foros internacionales.
El “Framing” Selectivo: La Neutralidad como Máscara
La técnica utilizada por estos medios fue definida académicamente como framing selectivo. Consistía en no mentir directamente, sino en elegir cuidadosamente el orden de la información, el lenguaje empleado y las fuentes citadas. Un titular como “Joven es detenido en operativo policial cuestionado” posicionaba al lector a favor del detenido desde el primer segundo.
La investigación de 104 artículos publicados entre 2010 y 2018 demostró que el 78% de las fuentes provenían de ONGs vinculadas al sistema de protección, mientras que las fuentes gubernamentales aparecían menos del 20% de las veces y siempre bajo un tono de duda. Las víctimas de la violencia pandillera fueron citadas en menos del 4% de las notas. Este desequilibrio no fue un descuido editorial; fue una decisión tomada para consolidar una narrativa donde el Estado era siempre el agresor.
El Giro de 2019: La Transparencia como Arma
La llegada de Nayib Bukele a la presidencia el 1 de junio de 2019 cambió las reglas del juego. El mandatario comprendió que la guerra más importante se libraba en el relato. Su estrategia no fue la censura, sino la transparencia radical. El gobierno comenzó a publicar imágenes, nombres y expedientes de los capturados en tiempo real. Esto dejó obsoletos a los comunicados de las ONGs, que al llegar tarde y sin sustento ante una ciudadanía informada, perdieron toda credibilidad.
Además, la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en 2021 permitió sanear un sistema judicial que, durante años, había liberado criminales por tecnicismos procesales financiados o promovidos desde la sombra. Cuando se activó el régimen de excepción en 2022 tras una masacre de 87 personas, la población no salió a protestar como auguraban los medios internacionales; salió a celebrar la recuperación de sus espacios públicos.
Las Consecuencias Legales: De la Ideología a la Complicidad
Lo que inicialmente parecía un debate sobre líneas editoriales se transformó en una cuestión de legalidad cuando el gobierno inició la auditoría de los registros de financiamiento externo. Se descubrió que no solo existía una coincidencia ideológica, sino en algunos casos, una complicidad operacional. Periodistas vinculados a estos medios habían tenido acceso a información sobre operativos policiales antes de que estos se ejecutaran, utilizándola no para cumplir con su labor informativa, sino para preparar la defensa de los criminales a capturar.
Las consecuencias fueron inmediatas. Varias de las ONGs más prominentes cerraron operaciones, sus representantes desaparecieron del espacio público y los medios involucrados se vieron obligados a un silencio absoluto ante la imposibilidad de explicar sus vínculos financieros y personales con abogados de pandilleros. La credibilidad de estos periodistas, que alguna vez fueron aclamados en Europa y Estados Unidos, quedó destruida.
Conclusión: El Triunfo de la Verdad
El Salvador de 2026 es un país radicalmente distinto al que existía hace apenas un lustro. Las colonias que antes vivían bajo el terror hoy experimentan la tranquilidad de la vida cotidiana. Este cambio no fue un milagro ni fruto de la casualidad; fue el resultado de una decisión política de nombrar a los enemigos del Estado por su nombre, sin importar si portaban tatuajes o si vestían corbata, si firmaban columnas de opinión o si ostentaban doctorados extranjeros.
El modelo salvadoreño demuestra que el ecosistema que sostiene a las organizaciones criminales es vulnerable cuando se confronta con la verdad, la transparencia y una ciudadanía que ha recuperado su voz. Mientras otros líderes en Centroamérica intentan mantener sistemas similares de influencia y protección, el ejemplo de El Salvador permanece como una advertencia: el poder de la narrativa tiene un límite, y ese límite es la evidencia real cuando se pone en manos de un pueblo que ya ha sufrido demasiado. El tiempo de la impunidad mediática ha llegado a su fin, dando paso a una era donde el periodismo, para ser verdaderamente libre, debe empezar por ser veraz.
