Sin embargo, el registro oficial era cuestionado desde distintos frentes. Una investigación de la organización civil Causa en común documentó que en diciembre de 2025, mientras la Fiscalía General del Estado reportaba oficialmente 128 asesinatos, el recuento periodístico basado en los propios informes diarios [música] de la institución arrojaba 166 privaciones de la vida, más 10 hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas.
La diferencia representaba una reducción del 23% en el número de homicidios reportados, conseguida mediante la reclasificación de muertes [música] dolosas bajo categorías como causa de muerte por determinar, homicidio por otros, homicidio por enfrentamiento o agresión a la autoridad. Con ese criterio contable, diciembre de 2025 se convertía en el mes más violento del siglo en Sinaloa, el mismo estado cuyo gobernador aseguraba simultáneamente que Sinaloa era una entidad tranquila y apta para el turismo. En ese contexto de homicidios
subregistrados, desplazamiento forzado, acelerado y vacío institucional, la zona norte de Culiacán funcionaba como un territorio de facto controlado por grupos armados que establecían sus propias reglas de tránsito. El padrón estatal de familias desplazadas por la violencia en Sinaloa [música] pasó de 3000 en 2025 a 3800 en 2026.
Entre [música] septiembre de 2024 y marzo de 2025, al [música] menos 810 familias habían abandonado 104 comunidades. Los municipios más afectados incluían Concordia, Cosalá, Culiacán y San Ignacio con zonas serranas y periurbanas que presentaban comunidades prácticamente vaciadas. Algunas de esas comunidades vacías se encontraban precisamente en el corredor de Mojolo, donde los hombres [música] que detendrían un vehículo de Google semanas después habían establecido su punto de control. El 4 de junio de 2026, [música]
el mismo día en que las imágenes de Mojolo comenzaron a viralizarse en redes sociales, el secretario de la defensa nacional, el general de división Ricardo Trevilla Trejo, quien asumió el cargo el puno de octubre de 2024 bajo el mandato de la presidenta Claudia Shainbound, realizó una visita no anunciada previamente a Culiacán, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño Lovera.
Durante el recorrido también estuvo presente el comandante de la novena zona militar, general de brigada Julio César Islas Sánchez, quien encabeza las operaciones militares [música] en Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional difundió la información horas después de que se realizó. Los mandos militares verificaron el despliegue operativo, sostuvieron reuniones con mandos territoriales [música] y recorrieron varios puntos del sector norte de la capital sinalo institución informó que en ese momento mantenía en Sinaloa más de 13,000
efectivos, de los cuales 9480 estaban concentrados en Culiacán. El mismo día de la visita del secretario de defensa, la propia defensa había ordenado el despliegue adicional de 90 elementos del cuerpo de fuerzas especiales del ejército para reforzar las operaciones en la entidad. El martes 2 de junio, dos días antes, Culiacán había registrado 10 carpetas de investigación por homicidio doloso en una sola jornada.
Los hechos habían ocurrido en las colonias Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de [música] Mayo, Casas Lindas y Laurel Espinos. Ese mismo 4 de junio, mientras el secretario de Defensa recorría el norte de Culiacán y el usuario El Pasado a Color publicaba las capturas de [música] Google Maps, la alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal anunciaba la conclusión de la instalación de 276 [música] nuevas cámaras de videovigilancia en 69 puntos estratégicos de los sectores centro y norte de la capital sinalo Ense. Esas
cámaras se sumaban a las 400 que el [música] Ayuntamiento había instalado previamente en el primer cuadro urbano, con lo que el sistema de vigilancia municipal alcanzaba 676 cámaras activas. La presidenta municipal indicó que los equipos habían quedado listos el 30 de mayo y que el proceso de conectividad al sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocido como C4 estaba en curso.
La propia alcaldesa señaló que con esas acciones se abonaba a la construcción [música] de paz en Culiacán. En ese mismo momento, a menos de 30 km al norte, en línea recta del ayuntamiento [música] donde ella hacía ese anuncio, un retén armado operaba en la carretera de Mojolo con total impunidad, registrado en su existencia por la cámara esférica de un automóvil de Google antes de que ninguna cámara municipal pudiera detectarlo.
La tercera pieza del rompecabezas tecnología misma. Los vehículos de Google Street View están equipados con un sistema automático de fotografía panorámica de 360º montado sobre el techo. El sistema captura imágenes de manera continua mientras el vehículo se desplaza sobre cualquier vía, sin distinción de su carácter público o privado, sin evaluación previa del contexto de seguridad de la zona y sin intervención del conductor en el proceso de disparo fotográfico.
Las imágenes son georreferenciadas de manera automática mediante receptores GPS y posteriormente procesadas por los sistemas de la empresa para ser integradas a la plataforma de Google Maps donde quedan disponibles para la consulta pública global. el conductor del vehículo que transitó por la carretera de Mojolo en algún momento anterior al 4 de junio de 2026.
La fecha exacta de la toma no ha sido confirmada públicamente, aunque medios locales sugieren que las fotografías datan de junio [música] de 2025, aproximadamente un año antes de su viralización, no tomó ninguna decisión activa de fotografiar a los hombres armados. El sistema lo hizo por él y cuando el automóvil fue detenido en la curva cerrada de la carretera rural, el sistema siguió fotografiando.
De acuerdo con la secuencia de imágenes que circuló en redes sociales y que varios [música] medios describieron en sus reportes, el vehículo de Google se topó de frente con el retén salir de una curva. Los hombres armados le hicieron señas para que detuviera la marcha. El conductor obedeció.
[música] Las cámaras continuaron operando. En las imágenes que posteriormente aparecieron georreferenciadas en Google Maps, se observa como el conductor entabló conversación con tres de los civiles armados. Otros tres se [música] acercaron al punto, atraídos aparentemente por el diseño del equipamiento fotográfico y la rotulación del vehículo con los logotipos [música] de la empresa.
Tras verificar que se trataba de un automóvil de mapeo comercial y no de un vehículo de inteligencia, de fuerzas gubernamentales o de facciones rivales, los hombres del retén permitieron que el automóvil continuara su trayecto. La última toma de la secuencia registró a uno de ellos siguiendo con la mirada el alejamiento del vehículo.
El equipamiento que portaban los seis individuos documentados en las imágenes no corresponde al armamento convencional asociado con la delincuencia común. Los rifles tipo AK47, los chalecos tácticos, las pecheras portacargadores y los cascos de protección balística configuran un conjunto de equipamiento cuya estandarización refleja una logística de adquisición y distribución que excede la capacidad individual.
En el análisis de seguridad, este tipo de dotación responde a protocolos de equipamiento colectivo, no a decisiones individuales de cada portador. Los retenes armados en carreteras rurales del norte de Culiacán no son eventos espontáneos ni expresiones improvisadas de violencia. Son infraestructura operativa, puntos de control [música] territorial destinados a detectar con anticipación el movimiento de convoyes de fuerzas armadas federales.
Identificar a miembros de facciones rivales que intenten transitar por rutas consideradas propias y filtrar el acceso vehicular [música] a zonas donde se desarrollan actividades que requieren protección perimetral. La carretera que conecta Mojolo con los algodones y el corredor hacia Tepuche tiene ese valor estratégico.
Las comunidades que la bordean registraban en el periodo de la toma de las fotografías uno de los mayores índices de desplazamiento [música] forzado del municipio de Culiacán. La resolución pacífica del encuentro entre los hombres del retén y el conductor de Google tiene una lógica. que no requiere adjetivos para ser comprendida.
Una organización con implantación territorial estable en una región específica no tiene ningún interés en generar un [música] incidente de alcance mediático internacional con una corporación tecnológica cuya sede está en Mountain View, California, y cuyos servicios son utilizados cotidianamente por millones de personas en el mundo, incluyendo agencias de seguridad, periodistas y organismos de inteligencia.
Una confrontación con el vehículo de Google hubiera atraído exactamente el tipo de atención que la operación discreta de un reténitar. La revisión del vehículo, la verificación de su propósito y la autorización para continuar son, en ese contexto una decisión racional de gestión de riesgos.
Lo que ninguno de los hombres del retén podía controlar era el resultado inevitable de esa interacción. Las cámaras ya habían disparado, las imágenes ya estaban en el sistema de procesamiento de Google y cuando ese procesamiento concluyera, quedarían disponibles en la plataforma de consulta pública global [música] con sus coordenadas exactas en un tramo de carretera cuya existencia formal reconoce el propio Estado [música] mexicano como vía de tránsito terrestre.
El precedente de lo que puede [música] hacer Google con ese tipo de material y de lo que las instituciones hacen cuando aparece no es nuevo. En marzo de 2008, un equipo de mapeo de Google [música] Street View ingresó a la base militar de Forsam Houston en San Antonio, Texas, y capturó imágenes detalladas que posteriormente fueron integradas a Google Maps.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos [música] detectó el material y emitió una advertencia formal. El portavoz de Google, Larry You reconoció ante la BBC que la grabación dentro de Fort Sam Houston había sido un error y que la empresa tenía una política de operar únicamente [música] en vías públicas.
El Pentágono prohibió formalmente el acceso de los vehículos cartográficos de Google a todas las instalaciones militares estadounidenses. portavoz del Comando Norte de los Estados Unidos, Air Force General Jean Renuart, explicó que lo que preocupaba al Departamento de Defensa era que las vistas panorámicas podían mostrar dónde están todos los puestos de guardia, cómo suben y bajan las barreras, cómo entrar y salir de los edificios, lo que representaba un riesgo real de seguridad para las instalaciones.
Google retiró las imágenes en aproximadamente 24 horas tras recibir el pedido. En Mojolo el mecanismo fue diferente, pero el resultado fue análogo. No fue el Estado mexicano quien solicitó la remoción del material, fue la viralización del contenido en redes sociales la que activó la respuesta corporativa de Google. Una vez que el caso comenzó a circular masivamente en plataformas digitales y a ser cubierto por medios de comunicación nacionales e internacionales, Google modificó la disponibilidad de las imágenes en las coordenadas
correspondientes al realizar búsquedas de la ubicación exacta del retén 25 de grila sol 44.9N [música] 9N177 de933. Minciew, la plataforma inhabilitó temporalmente la [música] visualización de Street View en ese tramo carretero. El registro visual del retén armado fue eliminado del archivo público mundial. El proceso técnico por el que esa eliminación ocurre está regulado por la política de contenido aportado por los usuarios y de imágenes propias de Google, que incluye el mecanismo denominado informar un problema.
A través de ese canal, cualquier persona o entidad puede solicitar la difuminación irreversible o la eliminación total de una imagen esférica. Lo relevante en el caso de Mojolo es que el sistema automático de moderación de Google no clasificó inicialmente la presencia de civiles armados con equipo táctico militar como una infracción a sus directrices [música] de seguridad o contenido inapropiado.
El material estuvo disponible durante un periodo indeterminado. Fue visible para quien buscara las coordenadas exactas y fue la presión social derivada de su circulación masiva, no un protocolo [música] preventivo de la empresa, lo que desencadenó su remoción. Esta secuencia, captura automática, publicación sin filtro, viralización, remoción reactiva, tiene un nombre en la literatura de análisis geopolítico contemporáneo, zona de sombra digital.
Las empresas de tecnología cartográfica [música] ocultan o difuminan sistemáticamente amplias porciones de territorio en zonas de conflicto activo, fronteras disputadas o regiones bajo gobernanza criminal, pero lo hacen de manera reactiva, no preventiva. El resultado es un mapa global que omite selectivamente las fracturas del control estatal real para proyectar una apariencia de transitabilidad civil e institucionalidad que no corresponde con la situación de seguridad imperante sobre el terreno.
En el caso de Sinaloa, esa brecha entre el mapa y el territorio es mensurable. Las 67 cámaras municipales del sistema de vigilancia de Culiacán apuntan al espacio urbano donde opera la administración interina. La carretera de Mojolo, donde opera el retén, no aparece en ninguno de los 69 puntos de instalación anunciados por la alcaldesa Ramos Villarreal.
La cuarta pieza del rompecabezas [música] la cronología que ningún actor del incidente mencionó en sus comunicaciones públicas. [música] Cuando el general Trevilla Trejo recorría el norte de Culiacán el 4 de junio de 2026 [música] para supervisar el despliegue de 9,480 efectivos militares [música] en la ciudad, las imágenes de un retén armado en la zona norte de ese mismo municipio ya estaban siendo difundidas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
[música] El secretario de defensa no hizo referencia pública a las imágenes. La alcaldesa interina Ramos Villarreal no hizo referencia pública a las imágenes. El gobierno federal no emitió comunicado sobre la constatación fotográfica de un punto de control armado no [música] estatal en una vía pública de Culiacán. La Fiscalía General del Estado no informó sobre la apertura de ninguna investigación específica por la presencia de los civiles armados en esa carretera.
La ausencia de pronunciamiento institucional ante la evidencia fotográfica de un retén armado en territorio del municipio de Culiacán no es en sí misma un dato interpretable de una sola manera. Puede responder a múltiples factores. La posibilidad de que la información ya fuera conocida por [música] los organismos de inteligencia sin necesidad del material de Google.
la decisión táctica de no señalar públicamente un punto de control cuya desactivación requería una operación específica o la evaluación de que cualquier pronunciamiento oficial sobre el material viralizado generaría más presión mediática de la que la remoción silenciosa de las imágenes permitía gestionar.
Lo que sí es verificable es que el retén existía, que fue documentado por tecnología comercial. que esa documentación fue publicada automáticamente en una plataforma de acceso global que estuvo disponible durante un tiempo indeterminado y que fue retirada de manera reactiva tras su viralización. Lo que también es verificable es el contraste entre la capacidad de despliegue del Estado y su alcance territorial efectivo.
13,000 efectivos militares en Sinaloa, 9480 concentrados en Culiacán, 90 elementos adicionales de fuerzas especiales desplegados en los días inmediatamente [música] anteriores al incidente. secretario de la defensa nacional en persona, recorriendo el sector norte de la capital, el mismo día en que las imágenes se volvían virales.
Y sin embargo, a menos de 30 [música] km del centro de Culiacán, en una carretera pública que figura en los registros cartográficos del propio Google Maps, un grupo de seis hombres armados con rifles de asalto [música] y equipamiento táctico, detenía vehículos, los inspeccionaba y decidía [música] quién podía continuar su camino y quién no.
Esa capacidad de veto sobre el tránsito en vías públicas tiene un nombre jurídico preciso. Ejerce una función de aduana que corresponde en exclusiva a la autoridad del estado. Y en Mojolo, en junio de 2026, esa función no la ejercía ninguna corporación estatal. El nombre del conductor del vehículo de Google que recorrió la carretera de Mojolo [música] no es público.
La empresa no ha emitido ningún comunicado sobre el incidente. No hay registro de que ningún funcionario de Google [música] haya comparecido ante ninguna autoridad mexicana en relación con las imágenes. Tampoco hay constancia de que la empresa [música] haya modificado sus protocolos de mapeo en zonas de alta conflictividad en México.
[música] A raíz del caso, el mecanismo de informar un problema sigue siendo el único canal formal a través del cual ciudadanos, instituciones o actores armados no estatales pueden solicitar la eliminación de imágenes de Street View. Lo que quedó fue el registro de un instante. Una carretera rural en el norte de Culiacán, seis hombres con rifles de asalto, un automóvil de Google con sus cámaras girando y la decisión de dejar pasar.
Esa decisión de dejar pasar al automóvil de Google fue paradójicamente la que permitió que el mundo viera lo que el estado con 13,000 soldados en el territorio no había logrado mostrar. que en esa carretera, en ese momento, quien ejercía el control no usaba uniforme [música] oficial. Las coordenadas 265 de Curs 44.9 N107 de [música] 19 33.
5 B ya no muestran nada. La plataforma inhabilitó la visualización de Street View en ese tramo. El retén sigue ahí, sigue sin aparecer en ningún mapa. M.
