La primera mujer en comandar la policía de Ecuador, un alias que le puso la mafia albanesa y una fiscal que apostó su vida para perseguirla. Lo que estás a punto de ver no es un escándalo político, es el mapa completo de cómo el crimen organizado compró un país entero desde adentro. El 31 de marzo de 2023, en una villa de lujo frente al mar en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, los agentes de criminalística encontraron cuatro cuerpos.
Estaban maniatados con señales evidentes de tortura prolongada. Uno de ellos era Rubén Cherres Fayoni, 63 años, empresario de Guayaquil, hombre de las élites, amigo íntimo del cuñado del presidente de la República. Cherres no era un narco de esquina, era el tipo que llamaba por teléfono a funcionarios de B Ecuador, de la aduana nacional y de la Corporación Nacional de Electricidad para pedir favores.
era el hombre que hacía puentes entre el palacio de Carondelet y los líderes de la mafia de los Balcanes occidentales, que habían decidido instalar su base de operaciones financieras en Ecuador. Y alguien, en algún momento entre la noche y el amanecer de ese 31 de marzo, decidió que Rubén Cherres ya había cumplido su función.
La escena del crimen en Punta Blanca tenía una característica que los investigadores forenses anotaron de inmediato en sus informes. No era una ejecución improvisada, era un mensaje calculado, enviado con la frialdad de quien conoce perfectamente el peso institucional que protege a las personas que acaba de eliminar.
un mensaje que decía sin palabras que las reglas del juego habían cambiado, que la organización ya no necesitaba a su enlace corporativo. que nadie sabía todavía. Fuera de un puñado de fiscales y agentes de inteligencia que trabajaban en silencio desde hacía casi dos años. era que la muerte de Cherres no era el inicio de la historia, era el fin de un ciclo, el momento en que una red criminal de escala transnacional, construida pacientemente durante más de una década dentro de las instituciones del Estado ecuatoriano, empezaba a
devorar a sus propios operadores para sobrevivir. Para entender por qué mataron a Rubén Cherres en esa playa, hay que retroceder casi 15 años. Hay que ir a los puertos de Guayaquil a las 3 de la mañana, cuando las grúas pórtico mueven contenedores de banano bajo luz artificial y nadie hace preguntas, hay que ir a las notarías, donde un ciudadano albanés registró ocho empresas en un solo día sin que ningún funcionario levantara la vista del escritorio.
Y hay que ir, sobre todo, a los corredores del palacio de Carondelet, donde una reunión que nunca existió oficialmente selló el destino de una investigación que podría haber cambiado la historia institucional de Ecuador. Hay dos protagonistas centrales en este expediente. La primera es Taña Yokonda Varela Coronel, 59 años y Barreña. Primera mujer en la historia del Ecuador en alcanzar el grado de general de distrito y en comandar la policía nacional.
La mujer que la mafia albanesa apodó con una mezcla de respeto y utilitarismo, la madrina. La segunda es Diana Salazar Méndez, también ibarreña, fiscal general del Estado, la funcionaria que decidió perseguirla, aunque eso significara ponerse en el centro de la tormenta política más peligrosa de la última década en Ecuador. dos mujeres de la misma ciudad, dos trayectorias que colisionaron en el punto más oscuro del estado ecuatoriano, una que ascendió hasta la cima del poder policial y según los expedientes judiciales usó esa cima para proteger
una red criminal y otra que desde una oficina rodeada de amenazas decidió que ese expediente no podía archivarse. Este documental es la historia de ese choque. la historia de los archivos que no debían existir, de los oficiales de inteligencia que guardaron copias digitales de pruebas clasificadas como póliza de vida de los generales que movieron piezas en el tablero institucional para proteger a una organización criminal que les resultaba conveniente y de una fiscal que entendió que en este caso la única manera de
ganar era no pararse nunca. En este país los casos se archivan. Los testigos se transfieren, los expedientes se pierden y los que insisten en buscar la verdad terminan solos en una sala de audiencias, mirando como el sistema que juraron proteger los mira de vuelta como si fueran el problema. Antes de que existiera el caso, antes de que hubiera un expediente o un alias o una fiscalía dispuesta a perseguirla, hubo una decisión, una decisión tomada en silencio en los niveles más altos de una institución pública que convirtió la
infiltración del crimen organizado en política institucional. Te vamos a contar exactamente cuándo y cómo ocurrió eso y por qué nadie que tenía el poder de detenerlo movió un solo dedo. El año 2009 fue en retrospectiva el punto de entrada. Dritanga, ciudadano de nacionalidad albanesa, llegó a Ecuador con la discreción característica de quien viene a quedarse.
No llamaba la atención, no ostentaba. abrió empresas en Guayaquil, se movió en los circuitos del comercio de exportación agrícola y comenzó a construir con una paciencia que solo tienen los que operan en horizontes de tiempo que los estados democráticos normales no pueden sostener, la infraestructura logística que necesitaba.
En 2013 obtuvo la ciudadanía ecuatoriana. Con eso pudo acceder a la propiedad directa de tierras agrícolas en Guayas y los Ríos. No era un dato menor. En un país donde el banano es el segundo producto de exportación más importante. Controlar tierras agrícolas significa controlar parte de la cadena de embarque que termina en los contenedores que salen por los puertos de Guayaquil hacia Europa.
Gajaca lo entendió antes que cualquier fiscal ecuatoriana. Dos años antes de que Jika llegara al país, en 2011, había llegado otro albanés, cuyo nombre se convertiría en el eje de la investigación transnacional, Dritan Rex Happy. Su perfil era diferente al de Jica. Rexepi no era el hombre de los negocios corporativos, era el articulador de la logística del narcotráfico, el que conocía las rutas, los puntos de contacto con los cargamentos colombianos, los procedimientos de contaminación de contenedores, lo detuvieron, lo procesaron y aún desde prisión continuó
coordinando envíos masivos de cocaína hacia Europa occidental, lo cual dice todo lo que hay que saber sobre la profundidad de la red que ya operaba en el país. Ecuador entre 2011 y 2021 ejecutó una transformación silenciosa que muy poca gente documentó en su momento. Pasó de ser un país de tránsito, un corredor por donde la pasta base colombiana simplemente cruzaba hacia los puertos a convertirse en un centro estratégico de acopio, refinamiento logístico, exportación transatlántica.
y blanqueo de capitales. Esa transformación no ocurrió por accidente. Ocurrió porque alguien abrió las puertas institucionales que debían estar cerradas. En enero de 2020, el Congreso Ecuatoriano promulgó la Ley de Emprendimiento e Innovación. Una de sus disposiciones más celebradas en el sector empresarial fue la introducción de las sociedades por acciones simplificadas conocidas como las SSAS.
La figura era genuinamente moderna. Permitir constituir una empresa sin capital mínimo elevado, con trámites simplificados, sin los filtros burocráticos que ahogaban a los emprendedores ecuatorianos. Era en papel una reforma virtuosa. En la práctica eliminó los controles básicos de la unidad de análisis financiero que detectaban capitales de origen sospechoso en la constitución de nuevas sociedades comerciales.
Dritanica identificó esa grieta legal en cuestión de meses. En enero de 2021, en una sola jornada, en una sola notaría de Guayaquil, registró ocho empresas de construcción y bienes raíces. Ocho. En un día, sin que ningún funcionario del organismo de control levantara una señal de alerta, esas ocho compañías servirían posteriormente para blanquear más de 4.
3 millones de dólares provenientes de Croacia y Eslovenia, canalizados como supuestas inversiones de capital extranjero en proyectos inmobiliarios de lujo en el Guayas. Para entender la figura de Taña Varela en este contexto, hay que entender primero qué representaba en el imaginario institucional de Ecuador.
40 años de carrera policial iniciada en la escuela de oficiales en 1984, comandante de la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Sanorondón. Directora de la Escuela Superior de Policía, jefa del Estado Mayor. En marzo de 2021. El presidente saliente Lenín Moreno la nombró comandante general de la Policía Nacional.
Era la primera vez en la historia de la institución que una mujer llegaba a ese cargo, un hito histórico, una ruptura de vidrio en una de las instituciones más verticales y masculinas del estado. Y mientras los medios de comunicación cubrían el carácter simbólico del nombramiento, en los sótanos de la unidad de inteligencia de la policía, un equipo de oficiales ya llevaba semanas interceptando llamadas telefónicas que los inquietaban profundamente.
Las escuchas no eran sobre traficantes de segunda categoría ni sobre bandas locales, eran sobre un empresario guayaquileño que hablaba con libertad absoluta, sin cuidar el lenguaje, sin protocolo de seguridad, sobre funcionarios de primer nivel del Estado ecuatoriano, sobre nombramientos en empresas públicas, sobre movimientos de fondos, sobre envíos y rutas.
El hombre era Rubén Cherres. Cherres era el tipo que manejaba un jeep gran sherequil, que frecuentaba los clubes de tenis exclusivos de la ciudad, que hablaba por teléfono con la indiscreción de quien está convencido de que nadie lo escucha, porque las personas que podrían escucharlo están de su lado. Su perfil psicológico encajaba perfectamente con el de un operador comercial que ha confundido la impunidad temporal con la invulnerabilidad permanente.
era el puente visible entre el mundo del crimen organizado albanés y el círculo íntimo del palacio de Carondelet. A través de su relación con Danilo Carrera Druet, el cuñado del presidente Guillermo Lazo, Cherres tenía acceso directo a la gestión de nombramientos en Van Ecuador, en la aduana nacional, en la Corporación Nacional de Electricidad.
No eran rumores, eran conversaciones interceptadas por los oficiales de inteligencia José Luis Eazo Villarreal y Rodney Rengel, quienes estaban construyendo, piedra por piedra, el expediente que bautizaron internamente como león de Troya. Ese nombre no era casual, la metáfora era perfecta. Un caballo de madera impecable, pulido, institucional, presentado como un nombramiento histórico, como una reforma de la corporación policial, como modernización y eficiencia y adentro, en el vientre de esa estructura, algo que
iba a destruir todo desde el interior. Las instituciones no se corrompen de golpe. No hay un día cero. No hay un momento en que alguien llega con un maletín y compra todo. Se corrompen despacio, nombramiento por nombramiento, archivo por archivo, transferencia por transferencia. Y cuando te das cuenta de lo que pasó, ya llevas años viviendo dentro de la estructura que construyeron para ti.
Lo que estás a punto de ver no es un esquema de corrupción ordinario. Es un sistema diseñado con la precisión de una ingeniería criminal que tardó una década en ensamblarse pieza por pieza, institución por institución. Quédate porque vamos a diseccionar exactamente cómo funciona una red que convirtió al Estado ecuatoriano en su mejor socio de negocios.
El sistema funcionaba en cuatro capas independientes, pero perfectamente sincronizadas. Cada capa tenía su propio operador, su propia lógica y su propio método de blindaje, y todas convergían en un punto central, la certeza de que ninguna investigación policial o judicial podría avanzar lo suficiente para desmantelarlas, porque las personas encargadas de investigarlas estaban dentro del sistema.
La primera capa era la logística del narcotráfico. Los cargamentos de clorhidrato de cocaína de alta pureza se compraban en las zonas de producción del sur de Colombia y se introducían a Ecuador por pasos terrestres fronterizos de baja vigilancia. Una vez en territorio ecuatoriano, la droga se distribuía en centros de acopio temporales ubicados en áreas rurales de las provincias de Guayas, Manabí y los Ríos.
No eran bodegas permanentes, eran espacios rotativos que cambiaban de ubicación cada cierto tiempo, diseñados para no acumular tiempo de exposición suficiente para que una orden judicial de allanamiento pudiera ejecutarse. La segunda capa era la exportación. Las empresas bananeras que JIKA controlaba a través de la red de las SAS servían como pantalla de exportación.
La mecánica era conocida en el mundo del narcotráfico internacional como el gancho ciego o en inglés, el método Rippof, un contenedor cargado con fruta legítima, salía de la planta empacadora con todos los documentos en regla, con los sellos de seguridad correctos, con los certificados fitosanitarios firmados, ingresaba a la zona estéril del puerto de Guayaquil, donde el control de acceso de terceros era mínimo.
Y en ese punto ciego, operadores de la organización violentaban los sellos originales, introducían los paquetes de droga en los espacios vacíos del contenedor y colocaban sellos de seguridad falsificados, clonados con la misma numeración que los originales. El contenedor continuaba su viaje hacia Europa sin haber generado una sola alerta documental.
La tercera capa era el blanqueo. Las transferencias de dinero llegaban desde entidades bancarias en Croacia, Eslovenia y otros puntos de los Balcanes occidentales, canalizadas como inversión de capital extranjero para proyectos inmobiliarios y de construcción en el Guayas. Las ocho empresas registradas por Yica en un solo día de enero de 2021 estaban diseñadas precisamente para recibir esos flujos sin encender las alarmas bancarias tradicionales.
La organización también usaba participaciones accionarias en distribuidoras farmacéuticas y empresas del sector agrícola para mezclar el dinero de origen ilícito con los flujos de caja legítimos de consumo masivo. Una técnica que los analistas financieros de la UAFE denominan ensalada de activos, colocar el dinero sucio junto a flujos limpios hasta que sea imposible distinguir el origen de cada componente.
Pero la cuarta capa era con diferencia la más sofisticada y la más perturbadora. era el blindaje institucional, el seguro de vida de toda la operación, lo que la Fiscalía General del Estado bautizaría posteriormente como el caso Poder Policial. La comandante general en coordinación con los generales de inteligencia Mauro Vargas y Giovanni Ponce controlaba las designaciones y rotaciones de personal en los distritos policiales más sensibles para el narcotráfico.
Manta y la zona 8o. El mecanismo era de una eficiencia brutal en su sencillez. Si un equipo de investigadores comenzaba a acumular evidencia sobre los movimientos de Cherres o sobre los socios albaneses, la comandancia emitía una orden de traslado por necesidades institucionales de servicio. El investigador aparecía al día siguiente en un distrito diferente en otra ciudad y su expediente quedaba huérfano, sin continuidad, sin memoria institucional, como si nunca hubiera existido.
Es importante entender la elegancia criminal de este mecanismo. No requería amenazas directas. No necesitaba sobornos que dejaran rastros en los sistemas bancarios. Bastaba con la autoridad legítima de la comandancia para ordenar rotaciones de personal, que es una facultad completamente ordinaria en cualquier institución policial del mundo.
Nadie podía impugnarla desde afuera. Nadie podía probar que una transferencia administrativa era en realidad la ejecución de una orden de silencio. El 7 de julio de 2021, a las 13:40 en el palacio de Carondelet ocurrió una reunión que no existió oficialmente. La comandante general taña Varela y el teniente coronel José Luis Erazo asistieron a un encuentro con el presidente Guillermo Lazo.
No hubo registro en la bitácora física de visitas de seguridad presidencial. El tema, según los expedientes posteriores de la fiscalía, era el contenido del informe León de Troya y los nexos de Danilo Carrera, el cuñado del mandatario, con Rubén Cherres y los operadores albaneses. Una reunión sin registro sobre un informe que debía ser reservado con el presidente de la República, su comandante de policía y el jefe del equipo de inteligencia que había levantado las pruebas.
Tres personas en una sala con el futuro de una investigación criminal sobre la mesa. Los meses siguientes confirmaron lo que esa reunión había decidido. En marzo de 2022, la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, dispuso el archivo formal del caso León de Troya, la justificación oficial, falta de indicios suficientes para continuar la investigación.
El expediente que contenía meses de escuchas telefónicas judicialmente autorizadas, informes forenses de terminales móviles, registros de seguimientos físicos y fotografías de reuniones de Rubén Cherres con funcionarios del más alto nivel, fue declarado oficialmente inexistente. Mientras tanto, Dritan Yica continuaba expandiendo su holding.
La organización movía cargamentos mensuales estimados en hasta 4 toneladas de cocaína hacia Europa occidental. Las empresas inmobiliarias crecían, los activos de lujo se multiplicaban y la estructura de blindaje policial que protegía toda esa arquitectura criminal seguía operando con la normalidad burocrática de una institución que simplemente gestiona los recursos humanos de sus agentes.
Danilo Carrera Dr, el cuñado del presidente operaba en este entorno con la comodidad de quien sabe exactamente cuánto espacio tiene. No era el perfil del narco visible, era un banquero, un dirigente deportivo, un hombre de guante blanco que evitaba ser fotografiado con elementos de la delincuencia común. Su rol era el de la bisagra institucional.
A través de su influencia informal sobre Hernán Luke Lecaro, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, gestionaba el cobro de comisiones ilegales y facilitaba el acceso de operadores afines a sectores estratégicos del Estado. Era la conexión entre el crimen organizado transnacional y las licitaciones públicas, entre los albaneses de los Balcanes y las decisiones de la presidencia de la República.
Y en ese equilibrio sofisticado entre el poder formal y el poder real, el sistema parecía blindado. Parecía capaz de sobrevivir indefinidamente. Cada amenaza potencial tenía su válvula de escape. Cada investigación tenía su mecanismo de archivo. Cada testigo incómodo tenía su orden de traslado. La organización no solo había infiltrado las instituciones del Estado, las había convertido en su infraestructura de operación.
El sistema más peligroso del mundo no es el que opera fuera de la ley, es el que opera usando la ley como herramienta. Porque cuando el mecanismo de destrucción viene disfrazado de procedimiento administrativo, de orden institucional, de transferencia por necesidades de servicio, nadie puede señalarlo.
Nadie puede probar que el trámite correcto es en realidad la orden de silencio más eficiente que existe. Dos oficiales de inteligencia acorralados entre una comandancia que los quería fuera del camino y una mafia que los habría eliminado sin pestañear. Tomaron la decisión más peligrosa de sus vidas. guardaron copias ilegales de todo.
Quédate porque esos archivos digitales que nadie debería tener son exactamente los que van a destruir a la mujer más poderosa de la policía ecuatoriana. En enero de 2022, el sistema que parecía impenetrable recibió su primera grieta externa. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitz Patrick, hizo algo inusual para la diplomacia.
habló en público, denunció la existencia de lo que denominó narcogenerales infiltrados en la fuerza pública ecuatoriana y revocó los visados de entrada a Estados Unidos de oficiales de alto rango de la Policía Nacional. No nombró a nadie específicamente, no necesitó hacerlo. El mensaje era suficientemente preciso para quienes sabían leerlo.
El 23 de enero de ese mismo año, el presidente Guillermo Lazo removió a Taña Varela de la Comandancia General de la Policía. La justificación pública fue el aumento sostenido de muertes violentas y la percepción de pérdida de control institucional. Varela abandonó el cargo sin escándalo inmediato, con la discreción de quien sabe que tiene el tiempo de su lado y con la certeza, o al menos eso debía creer, de que el expediente León de Troya había sido archivado definitivamente dos meses después, en marzo de 2022.
Pero lo que Varela y la cúpula policial no habían calculado era la decisión que habían tomado los oficiales José Luis Erazo y Rodney Rengel. En el momento exacto en que llegó la orden de archivo, Easo era el teniente coronel que había asistido a la reunión sin registro en Carondet.
Rengel era el capitán que había coordinado parte de los seguimientos físicos y las interceptaciones del expediente. Ambos conocían el contenido completo de León de Troya y ambos comprendieron de manera simultánea lo que significa ser el custodio de información que alguien poderoso quiere hacer desaparecer. comprendieron que serían los chivos expiatorios, que si algo salía mal, si la red albanesa o la propia comandancia decidía en algún momento limpiar cabos sueltos, ellos eran cabos sueltos.
Lo que hicieron a continuación fue ilegal. Hay que decirlo con claridad, extrajeron copias completas de los discos duros que contenían las escuchas telefónicas judicialmente autorizadas. Los informes forenses de teléfonos móviles incautados, los registros fotográficos de los seguimientos de Cherres guardaron esos archivos en lugares que no eran los servidores institucionales y esperaron.
El problema con guardar ese tipo de póliza de vida es que mantenerla en secreto total requiere una disciplina que muy pocos seres humanos pueden sostener indefinidamente en 2021 y en 2023. Partes de esa información clasificada comenzaron a aparecer en plataformas de periodismo de investigación.
Dos oleadas de filtraciones que encendieron la opinión pública ecuatoriana, que alertaron temporalmente a los investigados sobre los seguimientos que preparaba la fiscalía y que quebraron el factor sorpresa que la fiscal Diana Salazar necesitaba para actuar, pero que también, de manera paradójica generaron una presión política tan intensa que resultó imposible mantener el expediente archivado.
La fiscal general Diana Salazar había llegado al cargo en abril de 2019 y Barreña como Varela. 44 años en 2025. Una trayectoria que comenzó como amanuense del Ministerio Público en 2001 y que escaló de manera consistente a través de casos de delincuencia organizada transnacional, incluyendo la coordinación del FIFA Gate en Ecuador en 2016.
Su característica más documentada no era la brillantez académica ni la ambición política, era la obstinación, la capacidad de sostener casos políticamente costosos sin ceder a las presiones que en el sistema judicial ecuatoriano llegan desde todos los ángulos posibles. El 15 de marzo de 2023, 16 días antes de que mataran a Rubén Cherres en Punta Blanca, Salazar abrió formalmente la investigación de carácter reservado denominada Poder Policial.
Su objetivo era indagar la participación de generales en activo y en servicio pasivo en la obstrucción del expediente León de Troya. No era una investigación sobre narcotráfico, era una investigación sobre la cadena de mando que había ordenado destruir una investigación sobre narcotráfico, una meta investigación, un expediente sobre el expediente.
La ejecución de Cherres el 31 de marzo de 2023 cambió la geometría del caso. Su muerte no era un mensaje enviado desde afuera del sistema. Era el síntoma de que las fracturas internas de la red criminal habían llegado a un nivel de tensión insostenible. Cherres era el eslabón que conectaba el mundo político con el mundo criminal.
Y esa posición, que durante años había sido su mayor fuente de poder, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. sabía demasiado sobre demasiadas personas y alguien en algún punto de la cadena de mando criminal había calculado que era más seguro eliminarlo que seguir asumiendo el riesgo de que hablara. En febrero de 2024, el Frente Parlamentario Anticorrupción publicó un informe que hacía oficial lo que los expedientes reservados ya documentaban en privado.
El informe vinculaba formalmente a Taña Varela con el alias de la madrina, describiéndola como la responsable de organizar traslados administrativos y purgas de personal policial para facilitar el movimiento de cargamentos de droga y frustrar el avance de los expedientes judiciales contra las redes balcánicas.
Varela publicó un comunicado de prensa rechazando los cargos. negó cualquier vinculación con el crimen organizado. Insistió en que su carrera de cuatro décadas hablaba por sí sola. El 13 de mayo de 2024, la fiscal Diana Salazar compareció ante la Asamblea Nacional para exponer los avances de las investigaciones del caso León de Troya y el caso Poder Policial.
Era una sesión de fiscalización rutinaria en principio, pero en el ecuador de la sesión, un asambleísta vinculado al correísmo intentó conectar de forma virtual al político prófugo Rony Aleaga para que participara en la sesión. Aleaga era uno de los sujetos bajo investigación activa por parte de la propia fiscalía. Salazar, rodeada de su equipo de seguridad portando maletines antibalas blindados, se puso de pie y abandonó la sala.
No corrió, no gritó, simplemente se levantó y salió. Esa imagen recorrió todos los medios del país. Hay otro dato en ese episodio parlamentario que merece atención. Salazar informó ese día que se había visto obligada a modificar el nombre original de la investigación. La causa había sido bautizada inicialmente como la madrina, usando el alias que la mafia albanesa le había asignado a Varela.
Pero la propia fiscal explicó que mantener ese alias como nombre oficial del expediente constituía un acto de violencia política de género contra la procesada por su condición de mujer. La causa se rebautizó como poder policial, un detalle jurídico de superficie que ilustra la complejidad de perseguir a una figura que al mismo tiempo es símbolo histórico de avance de género en una institución patriarcal y acusada de haber usado ese cargo para proteger una organización criminal.
En noviembre de 2024, un tribunal penal emitió su veredicto en el caso Encuentro, que había unificado el expediente León de Troya con el caso de los nexos de Danilo Carrera. El cuñado del expresidente Lazo fue declarado culpable de delincuencia organizada y condenado a 10 años de prisión. Su operador Antonio Icasa, recibió 9 años carrera.
Dado su estado de salud y haber superado el límite de 65 años establecido por la ley ecuatoriana, cumplió la condena bajo arresto domiciliario. Hernán Luke Lecaro, el expresidente de la Coordinadora de Empresas Públicas que había servido como instrumento de la red, continuaba detenido en Argentina en proceso final de extradición. El 18 de diciembre de 2025 todavía no había llegado, pero las piezas ya estaban en movimiento.
Erazo y Rengel, con sus archivos digitales como única póliza, habían comenzado a negociar en silencio con los equipos de la fiscalía. Dritan Jika había huido del país tras el estallido del escándalo en 2023. Y Tania Varela en su domicilio del norte de Quito probablemente creía que lo peor ya había pasado. Hay un tipo de error que solo cometen las personas acostumbradas a ganar.
Es creer que el silencio de los que saben es sinónimo de lealtad. En realidad, ese silencio casi siempre tiene un precio. Y cuando ese precio se negocia en una fiscalía, el reloj ya no trabaja para ti. Las primeras horas del 18 de diciembre de 2025, la mujer que había comandado la Policía Nacional de Ecuador fue inmovilizada en su propia casa mientras agentes de la fiscalía incautaban sus dispositivos electrónicos.
En ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, uno de sus propios investigadores era arrestado mientras intentaba abordar un avión. Te vamos a contar exactamente por qué cayeron todos al mismo tiempo y porque eso no fue el final del caso, sino su momento más brutal. El operativo del 18 de diciembre de 2025 fue coordinado por la Unidad Antilavado y Delincuencia Organizada de la Fiscalía General del Estado.
Cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. sin filtración previa, sin aviso, la disciplina operativa que la fiscalía había aprendido a la fuerza tras años de ver como las redes de información interna alertaban a los investigados con horas o días de anticipación. En el norte de Quito, los agentes tácticos llegaron al domicilio de Taña Varela antes del amanecer.
La excomandante general fue inmovilizada. Sus teléfonos, su computadora personal, sus documentos financieros, todo fue incautado bajo las garantías del proceso penal. Varela no opuso resistencia. Fue procesada bajo el cargo de difusión de información de circulación restringida. El mismo cargo que en el lenguaje jurídico del COIP ecuatoriano describe la conducta de haber extraído y distribuido los contenidos del expediente León de Troya para alertar a los investigados.
Casi en el mismo minuto, en la ciudad de Manta, el teniente coronel José Luis Erazo era detenido. Era uno de los investigadores originales del caso, el mismo oficial que había levantado las escuchas, había coordinado los seguimientos y había asistido a la reunión sin registro en Carondelet el 7 de julio de 2021.
Su detención cerró un círculo de una ironía procesal extraordinaria. El investigador y la investigada, el custodio de las pruebas y la presunta responsable de haberlas filtrado, procesados bajo el mismo cargo en el mismo expediente. En las terminales de abordaje del aeropuerto internacional de Quito, unidades tácticas detenían al excapitán Rodnight Rengel cuando intentaba pasar el control de embarque.
No se sabe con precisión hacia dónde se dirigía. Lo que sí está documentado es que su captura en la pista fue la que completó el cuadro de detenidos que la fiscalía necesitaba. Al día siguiente, el 19 de diciembre, el juez del caso dictó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas semanales para los tres procesados.
El 18 de diciembre de 2025 fue también el año en que Dritan Gika, el cerebro albanés del holding financiero, fue arrestado en los Emiratos Árabes Unidos. Había huido de Ecuador en 2023 tras el estallido del escándalo del caso Encuentro. Su detención en los emiratos abrió el proceso de extradición hacia Ecuador.
Mientras tanto, todas las empresas de su holding constituidas mediante la Ley de las SAS, valoradas en cifras de millones de dólares, habían sido intervenidas y comenzaban a ser liquidadas por las autoridades de control de lavado de activos. El 21 de mayo de 2025, Diana Salazar finalizó su mandato al frente de la Fiscalía General del Estado.
4 años, 17 días, en el cargo más peligroso de la institucionalidad judicial ecuatoriana, ingresó al cuerpo diplomático como embajadora de Ecuador en Argentina. Desde allí siguió de cerca los desarrollos procesales de los casos que había construido. En marzo de 2026, algo que Tania Varela no había calculado terminó de ocurrir.
José Luis Erazo y Rodney Rengel, los dos oficiales procesados junto a ella, ingresaron al sistema de protección de víctimas y testigos de la fiscalía. rindieron sus testimonios anticipados bajo juramento en una sala con espejo unidireccional y micrófonos de grabación de alta fidelidad. En una cámara de Gesel, con el espejo que separa a los testigos de quienes los observan sin ser vistos, los dos hombres describieron con precisión documental las órdenes que habían recibido, los archivos que habían visto y las instrucciones que explicaban
por qué el expediente León de Troya había terminado archivado. El 21 de mayo de 2026 se realizó la audiencia preparatoria de juicio contra Taña Varela. La defensa de la excomandante general había construido su estrategia sobre la premisa de que, sin el testimonio confirmatorio de los coacusados, las pruebas documentales no eran suficientes para sostener una condena. Era una apuesta calculada.
Y ese día en la sala de audiencias la defensa vio como esa apuesta se derrumbaba en tiempo real. Erao y Rengel solicitaron formalmente acogerse al procedimiento abreviado bajo el artículo 635 del COIP ecuatoriano. Al hacerlo, aceptaban voluntariamente su responsabilidad penal en el delito de filtración de información reservada a cambio de una reducción significativa de condena, pero la consecuencia procesal de esa aceptación era devastadora para la estrategia defensiva de Varela.
Al confirmar su responsabilidad, los dos oficiales confirmaban de manera implícita la autenticidad de las grabaciones, de las órdenes de archivo, de los mecanismos de traslado de personal. confirmaban que el sistema que la fiscalía había documentado durante años era exactamente lo que los expedientes decían que era.
Taña Varela quedó sola en el banquillo de acusados, sin los coacusados que podrían haber sostenido una versión alternativa de los hechos con los archivos digitales que era So. y Rengel habían guardado como póliza de vida, ahora convertidos en las pruebas más devastadoras del expediente. Frente a una acusación que, con el testimonio anticipado de sus propios exubordinados tenía una solidez procesal que muy pocas defensas pueden superar.
Los generales en servicio pasivo Mauro Vargas y Giovanni Ponce continuaban bajo investigación abierta por Asociación ilícita en el marco del caso Poder Policial. La reputación histórica de la primera comandante general de la Policía Nacional, el hito que los medios de comunicación habían celebrado con titulares de apertura de página en 2021, quedó sepultada bajo el peso de los expedientes judiciales que documentaban que la máxima autoridad institucional encargada de combatir el crimen organizado operaba bajo el alias y la
función de la madrina de la mafia albanesa. Las instituciones se construyen sobre el principio de que quienes las lideran están dispuestos a protegerlas. Cuando ese principio se invierte, cuando quien protege la institución es la misma persona que la usa como escudo, el daño no termina con el arresto.
El daño continúa en cada expediente que alguien decidió no abrir, en cada agente que fue transferido antes de terminar su informe, en cada contenedor que salió sin ser revisado. El eco de ese sistema sigue resonando mucho después de que se cierren las esposas. ¿Crees que una sentencia cierra una historia? ¿Crees que cuando llegan las esposas y los jueces firman los expedientes? El sistema ha funcionado.
Quédate hasta el final. Porque lo que esta historia deja atrás cuando termina en los tribunales es más perturbador que los delitos mismos. El veredicto formal del caso Poder Policial todavía no está escrito al momento en que este expediente se cierra, pero los hechos que rodean su construcción permiten extraer una anatomía del daño que no requiere sentencia definitiva para ser medida.
Porque el impacto de lo que ocurrió en Ecuador entre 2011 y 2025 no se mide solo en los años de condena de Danilo Carrera ni en los archivos recuperados de los discos duros de Eraso y Renguel. Se mide en la estructura que dejaron intacta. La mafia albanesa no llegó a Ecuador con armas, llegó con dinero, con paciencia y con una lectura perfectamente calibrada de las debilidades regulatorias de un estado que se reformaba sin recursos suficientes para supervisar sus propias reformas.
La ley de las SSAS fue una grieta genuinamente legal. No fue creada para el narcotráfico, pero el narcotráfico la usó porque estaba disponible y nadie cerró el boquete a tiempo. Esa es la diferencia entre un sistema que falla y uno que fue diseñado para fallar. En el primer caso, el error es técnico. En el segundo, es político. El caso Leone de Troya no debería haberse archivado en marzo de 2022.
Esa decisión no fue un error de procedimiento, fue una elección. Alguien decidió que la estabilidad del gobierno de Guillermo Lazo tenía más valor que el avance de un expediente de narcotráfico y lavado de activos con conexiones directas al círculo presidencial. Y esa decisión tuvo un costo. El costo fue medible.
cargamentos que salieron por los puertos sin ser interceptados, dinero blanqueado sin obstáculos y una red de corrupción policial que tuvo 2 años adicionales para consolidarse antes de que la presión pública la hiciera insostenible. Rubén Cherres pagó ese costo con su vida, no porque el sistema judicial lo hubiera abandonado, sino porque la organización criminal, que él mismo había alimentado, llegó a la conclusión de que era prescindible.
Ese es el destino de los operadores que confunden la utilidad temporal con la protección permanente. Cherres creyó que era el centro de la red. En realidad era uno de sus componentes reemplazables y cuando la red sintió el peso de la investigación, lo reemplazó de la única manera que conoce. Diana Salazar Méndez terminó su mandato como fiscal y se convirtió en embajadora.
Ese tránsito puede leerse de muchas maneras, como el reconocimiento institucional de alguien que sostuvo casos imposibles durante años o como el desplazamiento discreto de una funcionaria que se había convertido en un problema político demasiado costoso para el sistema que teóricamente la sostenía. Probablemente sea las dos cosas al mismo tiempo.
Así funciona la política en los países donde las instituciones son fuertes en el papel y frágiles en la práctica. Taña Varela fue la primera mujer en comandar la Policía Nacional de Ecuador. Ese hecho no desaparece porque los expedientes la señalen como la madrina. No desaparece porque era Soy Rengel la hayan dejado sola en el banquillo.
Pero tampoco el cargo desaparece porque ella haya sido la primera mujer. La justicia que funciona solo para algunos no es justicia. Y la defensa que usa la identidad de género como escudo contra la rendición de cuentas institucional hace un daño particular a todas las mujeres que aún esperan que las instituciones las traten con la misma exigencia que a los hombres.
Dritang Hika fue arrestado en los Emiratos Árabes Unidos. Sus empresas fueron intervenidas, su holding fue liquidado, pero la infraestructura conceptual que construyó, el conocimiento de cómo usar las grietas legales de una economía en reforma, ese conocimiento no se arresta ni se interviene. y las organizaciones criminales de los Balcanes occidentales que operaron desde Ecuador lo tienen documentado como un modelo de negocio que funcionó durante más de una década antes de colapsar.
El próximo operador que llegue a la siguiente economía con grietas regulatorias disponibles lo tendrá como manual de instrucciones. El caso León de Troya, el caso Encuentro, el caso Poder Policial. Tres nombres para la misma realidad. Un estado que fue comprado por capas desde las empresas de exportación hasta la comandancia de la policía y que tardó más de una década en reunir las condiciones para que alguien pudiera nombrarlo en voz alta sin que el expediente desapareciera en una gaveta.
La pregunta que deja este caso no es si hubo justicia, hay condenas, hay procesados, hay testimonios anticipados firmados ante juez. La pregunta que deja este caso es, ¿qué pasó con los mecanismos que debían detectar la infiltración antes de que se requirieran años de escuchas ilegales, filtraciones periodísticas y la ejecución de un empresario en una playa para que el expediente se reabriera? Porque si la única forma de que la verdad llegue a los tribunales es que alguien muera o que alguien guarde copias ilegales de
los archivos como garantía de supervivencia personal, entonces el sistema no funcionó, sobrevivió, que no es lo mismo. Al final de cada caso como este, siempre queda la misma sensación. No es satisfacción, no es la catarsis que prometen los finales de las series de televisión. Es algo más parecido al silencio después de una explosión, una calma tensa, porque los que diseñaron este sistema no eran excepciones al Estado, eran parte de él, fueron nombrados por él, fueron promovidos dentro de él y el sistema que los
produjo sigue ahí, intacto en lo esencial, esperando al próximo operador con suficiente paciencia para entender cómo funciona. Desclasificar este nivel de información lleva semanas de trabajo. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal, suscríbete y activa la campana.
Deja en los comentarios qué otro imperio debemos diseccionar. Este expediente se cierra. Nuestro archivo es infinito.
