La historia reciente de El Salvador está marcada por heridas profundas que el tiempo apenas empieza a sanar. Durante décadas el país entero vivió bajo la sombra asfixiante de las pandillas estructuras criminales que dictaban la ley en las colonias controlaban el transporte público y cobraban un impuesto ilegal a cada pequeño comerciante que intentaba ganar el pan de cada día. Sin embargo el escándalo más doloroso no se gestó únicamente en los pasajes oscuros de los barrios más vulnerables sino en la frialdad de los despachos gubernamentales donde quienes tenían el deber constitucional de proteger a los ciudadanos decidieron sentarse a negociar con sus verdugos. El caso conocido judicialmente como la Tregua representa el vínculo más letal de la historia salvadoreña un pacto de conveniencia entre el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y las cúpulas de las estructuras criminales más sanguinarias.
El fallecimiento de Carlos Ernesto Mojica Lechuga conocido en el mundo del crimen organizado como el viejo Lin ha vuelto a poner bajo los reflectores este capítulo que muchos sectores políticos preferían mantener en el olvido absoluto. Este individuo quien fuera uno de los fundadores históricos de l
a facción sureños del Barrio Dieciocho no terminó sus días en un enfrentamiento armado ni rodeado del poder territorial que alguna vez presumió. Su vida se apagó por completo en una cama de hospital bajo estricta custodia estatal enfermo y resignado a un destino lejos de la impunidad de la que gozó en el pasado. Su deceso en lugar de cerrar una página histórica ha reabierto el debate sobre la responsabilidad política de aquellos gobernantes que en lugar de combatir el crimen organizado decidieron legitimar su influencia a cambio de réditos electorales y encuestas favorables.
Para comprender la magnitud de esta traición institucional es necesario recordar las insólitas imágenes que el país presenció a partir del año doce de este siglo. En pleno gobierno de Mauricio Funes el viejo Lin y otros cabecillas criminales aparecían en las pantallas de televisión ofreciendo conferencias de prensa desde el interior de los centros penales hablando de reconciliación nacional y de paz como si se tratara de líderes sociales o estadistas respetables. Las investigaciones de las autoridades judiciales demostraron posteriormente que aquellas declaraciones no eran el resultado de una conversión genuina hacia la legalidad sino el componente público de un acuerdo subterráneo y corrupto. El gobierno de turno entregó un paquete completo de privilegios que incluyó el traslado de peligrosos delincuentes desde prisiones de máxima seguridad hacia recintos con regímenes de menor rigurosidad el ingreso ilícito de aparatos de comunicación televisores alimentos especiales e incluso visitas conyugales sin control alguno.
El costo de este fortalecimiento carcelario fue pagado directamente con la sangre de las comunidades más humildes del territorio salvadoreño. Mientras las autoridades de la época celebraban ante la comunidad internacional una supuesta reducción histórica en la cifra de homicidios las pandillas utilizaban los beneficios recibidos para reorganizarse expandir su control territorial y perfeccionar sus redes de extorsión a nivel nacional. La supuesta paz que se vendía en los discursos oficiales era en realidad una trampa de tiempo suspendido puesto que cuando el pacto comenzó a fisurarse la violencia regresó con una ferocidad renovada ensañándose contra la población civil que nunca formó parte de ninguna mesa de negociación. Los gobernantes de izquierda se quedaron con los aplausos diplomáticos y las comunidades se quedaron con los ataúdes de sus jóvenes.
La conexión entre el viejo Lin y las cúpulas de la izquierda tradicional no fue un hecho fortuito surgido de la coyuntura del año doce. Los registros biográficos confirman que este cabecilla criminal militó en su juventud dentro del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos una de las tantas organizaciones político militares que posteriormente se fusionaron para dar vida al Frente Farabundo Martí. Aunque su paso hacia el mundo de las pandillas estuvo influenciado por su deportación desde territorio estadounidense este antecedente histórico añade un matiz perturbador al caso puesto que el mismo combatiente de los años de la guerra civil terminó décadas después recibiendo prebendas de un gobierno que compartía sus raíces ideológicas originales.
La llegada de una nueva administración estatal transformó de raíz las reglas de la justicia en el territorio nacional. Con la implementación del régimen de excepción y una política de tolerancia cero frente al crimen organizado las estructuras criminales sufrieron un desmantelamiento sin precedentes perdiendo los líderes históricos el financiamiento proveniente de la extorsión y la capacidad de reclutamiento que garantizaba el relevo generacional de la delincuencia. Sin embargo el verdadero hito judicial se alcanzó cuando los tribunales especializados decidieron procesar y condenar a los arquitectos políticos de la Tregua demostrando que la ley también podía alcanzar a quienes se consideraban intocables en el pasado.
La justicia salvadoreña dictó una sentencia histórica en mayo del año veintitrés condenando al expresidente Mauricio Funes a catorce años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes mientras que su ministro de Seguridad David Munguía Payés recibió una pena de dieciocho años de cárcel. El tribunal dejó plenamente establecido que ambos exfuncionarios tenían el conocimiento pleno y el dominio de todas las acciones ilegales que se ejecutaron bajo el amparo del pacto con las pandillas. A pesar de la contundencia del fallo judicial el exmandatario se encuentra actualmente en territorio nicaragüense bajo el amparo de la nacionalidad otorgada por el gobierno de Daniel Ortega evadiendo el cumplimiento de la pena impuesta por las leyes de su patria original.
La lección fundamental que deja el cierre de este ciclo histórico es que la seguridad de una nación nunca debe ser objeto de transacciones opacas con quienes ejercen la violencia. El contraste entre el año doce y la época actual es definitivo en el pasado los criminales gobernaban desde las celdas y los ministros facilitaban sus exigencias en la actualidad los cabecillas guardan prisión en condiciones de estricto aislamiento y la población civil recupera la tranquilidad en sus barrios. La memoria de las víctimas de la extorsión y la violencia homicida exige que estas verdades judiciales se mantengan vigentes impidiendo que el paso del tiempo borre los nombres de quienes prefirieron pactar con los verdugos en lugar de defender a los ciudadanos honestos.
